Derecho Público y Buen Gobierno

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La actividad de fomento en el mercado de transporte aéreo peruano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-06-01) Vega Talledo, Andrea Belen; Deza Sandoval, Tommy Ricker
El presente trabajo ha sido elaborado en atención a las distintas formas de intervención del Estado en la economía y principalmente está enfocado en el desarrollo de la técnica de fomento en el mercado de transporte aéreo peruano. Al respecto, el Programa de Promoción y Fomento de la oferta Privada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es una manifestación de la técnica de fomento de la Administración Pública y tiene como objetivo el desarrollo de esta actividad en zonas aisladas que no cuentan con suficiente oferta privada, de manera que otorga incentivos para que los privados desarrollen esta actividad en las referidas zonas. En el trabajo académico se abordan, a su vez, la intervención del Estado en este mercado a través de la actividad empresarial y los vuelos de acción cívica, siendo que establece la diferencia con los vuelos subsidiados. En ese sentido, el Principio de Buena Administración debe funcionar como guía para asegurar la toma de decisiones de calidad relacionadas a la elección de una determinada forma de intervención en el mercado de transporte aéreo peruano, asegurando satisfacer las necesidades básicas de sectores que no cuentan con las posibilidades geográficas, sociales y económicas para acceder a servicios básicos.
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Una adecuada organización de los órganos jurisdiccionales en la justicia constitucional desde los principios del buen gobierno para mejorar el amparo en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-08) Dueñas Perez, Roy Alberto; Castro Barriga, Carlos David Alberto
La Garantía Constitucional del Amparo es un proceso especial que se distingue de los procesos ordinarios por ser rápido, sencillo y eficaz, cuya finalidad no solo es la restitución de un derecho individual vulnerado, sino también la interpretación y perfeccionamiento de la Constitución; en ese sentido, pese a su importancia, también se encuentra afectado por los problemas de los que adolece el Sistema de Justicia en la actualidad, inconvenientes que ya fueron detectados hace varios años, pero que no encuentran solución, no por la inacción o falta de interés en ellos, sino por la falta de un correcto dimensionamiento del problema y lo que ello implica, es por eso que creo necesario realizar un análisis desde los principios de Buen Gobierno para comprender su correcto significado, pues entiendo que el Buen Gobierno nos dará luces en este camino lúgubre desde los problemas del Sistema de Justicia, hasta las valores fundamentales que sirven de base a nuestro Estado. Una vez entendido ello, propongo alternativas como la implementación de organismos destinados a impulsar el empoderamiento de las personas y con ello su participación activa, para afianzar el valor del capital social y con ello el principio de participación; la destinación de mayores recursos a la justicia constitucional debido a su naturaleza especial y de urgencia; mayor capacitación de jueces y personal asignado a cada órgano jurisdiccional, generando a su vez una conciencia de identidad con el Sistema de Justicia, así como cumplir con el reto de reducir el problema de los jueces provisionales y supernumerarios, generando calidad en la labor de los actores involucrados en el Sistema de Justicia.
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La afectación al derecho a la buena administración debido a la falta de motivación dentro del procedimiento de creación de reglamentos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-08) Romero Chaucayanqui, Jenny Leila; Castro Silvestre, Carlos
El presente artículo pretende realizar un desarrollo del derecho al debido procedimiento como presupuesto para el ejercicio de la potestad reglamentaria.Con el nuevo enfoque de funcionamiento de la administración pública, conocido como buen gobierno y concretizado en el derecho a la buena administración, se busca un buen funcionamiento de la Administración Pública en todos sus ámbitos. En ese sentido el derecho al debido procedimiento sirve como garantía para obtener un buen funcionamiento de la Administración Pública, a través del derecho a la motivación. Dicho derecho implica que la medida implementada (reglamento) sea racional, lo cual conlleva a que como parte de ese procedimiento, previamente se realice una exposición de motivos, dentro de los cuales se implemente como herramienta al análisis del impacto regulatorio. Dicho análisis servirá para equilibrar las posibles cargas y beneficios que puedan surgir con la creación de un reglamento, obteniendo con ello, reglamentos de calidad. Para demostrar los errores provocados por la falta de motivación y la falta del uso del análisis del impacto regulatorio presentaré como ejemplo dos casos concretos, el caso de la Acción Popular presentada en contra el art. 2.2 del Decreto Supremo 005-2012-PRODUCE, y el caso de la Acción de Amparo presentada en contra del art. 2 del Decreto Supremo 158-2007-EF.
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Alcances de la concesión como título habilitante idóneo para la gestión indirecta del servicio público local de mercados
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-06-15) Garibay Aguirre, Raisa Melody; Castro Barriga, Carlos David Alberto
El servicio público de mercados implica el abastecimiento y comercialización de productos y servicios para la población1 . De acuerdo con nuestra normativa, este servicio público es responsabilidad de los gobiernos locales y por tanto estos son los llamados a garantizarlo. Ahora bien, dicho servicio público se desarrolla en las instalaciones que corresponden a los mercados de abastos, los cuales se encargan de abastecer a la población, teniendo muy buena acogida por lo asequible de los precios. Según la Encuesta Nacional de Hogares del año 2014, el 50% de los hogares realizó sus compras en mercados minoristas, el 6% en los mercados mayoristas, el porcentaje restante se distribuyó entre comerciantes informales, bodegas, supermercados, entre otros. A pesar de la buena aceptación de los mercados de abastos, la realidad nos muestra que la infraestructura de las instalaciones en las cuales se brinda este servicio dista de tener las mejores condiciones para su prestación; de igual manera, existen deficiencias prácticas de salubridad que podrían poner en riesgo la salud de los usuarios del servicio, entre otros. En el presente trabajo, señalaremos las razones que nos hacen considerar a la concesión como el mecanismo idóneo para lograr una prestación eficiente del servicio público de mercados. Es así que, comenzaremos analizando lo que significa hablar del servicio público en la estructura descentralizada del Estado, específicamente lo que implica el servicio público de mercados, para luego analizar la concesión y sus características que nos hacen considerarla la mejor opción para la prestación de este servicio público local.
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Análisis comparativo entre la protección jurisprudencial constitucional del derecho a morir dignamente en Perú y Colombia
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-04-01) Tutaya Romero, Zonia Aurelia; Bregaglio Lazarte, Renata Anahí
En el presente artículo de investigación buscamos analizar el desarrollo jurídico jurisprudencial del derecho a morir dignamente en Perú y Colombia. Asimismo, desde un estudio comparado, entre ambos países, pretendemos determinar las similitudes y diferencias que existen entre ambas. De esta manera, el artículo se orientará, primero, a aproximarnos a qué es el derecho a morir dignamente, las maneras de efectivizar y cuáles serían los elementos básicos frente a una regulación de este derecho. Segundo, procederemos a analizar el desarrollo y tratamiento jurisprudencial constitucional del derecho a morir dignamente en ambos países. Finalmente, determinaremos cuáles son las diferencias y similitudes que se encuentran entre estos dos países luego del análisis realizado previamente.
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Análisis de la exclusión de los trabajadores del empleo público respecto al ámbito de aplicación de la Ley N° 30709
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-09-30) Tirado Cornejo, Mannie Elizabeth; León Manco, Hugo Andrés
El presente trabajo académico tiene como finalidad realizar el análisis de las posibles causas por las cuales se habría excluido del ámbito de aplicación a los y las trabajadoras del sector publico respecto del ámbito de aplicación de la Ley N°30709,Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres para poder examinar el impacto que ha traído la implementación y/o exclusión sobre la regulación emitida sobre la igualdad remunerativa entre hombres y mujeres, ello teniendo en cuenta que a pesar de ser menor que en el sector privado la brecha salarial por cuestión de género aún subsiste en el sector público. De este modo, para efectos de la metodología principalmente se analiza la legislación nacional e internacional sobre la materia, así como la regulación diferenciada aplicable a los trabajadores del sector público y sector privado. Adicionalmente, se efectúa el análisis de la situación de las mujeres respecto a la brecha salarial de género en base a la revisión de la bibliografía sobre la materia, a efectos de contextualizar el marco en el cual se han desarrollado las normativas sobre la discriminación remunerativa. Asimismo, se podrá verificar que a pesar de lo expresado por el Reglamento de la Ley N° 30709 la exclusión del sector público del ámbito de aplicación de la Ley no tiene mayores efectos al no ser legitima, y que se encuentra pendiente la regulación especifica para el sector público. Finalmente, luego de analizar las potenciales causas, concluiremos que la brecha salarial por género en el empleo público se debe la amplia presencia de mujeres en actividades ocupacionales vinculadas a las labores de cuidado, las cuales además no tienen un correlato con una adecuada remuneración y que además existe la presencia de sesgos de género que impiden el crecimiento de las mujeres en niveles directivos
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Análisis de la norma que establece procedimientos de aprobación automática para la instalación de torres de telefonía móvil desde el principio del buen gobierno hacia una protección eficaz de derechos fundamentales
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-31) Masgo Tello, Sissi Margareth; Novoa Curich, Yvana Lucía
El presente trabajo académico es relevante debido a que, con la Ley No 29022 – Ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones y modificatorias, que regula el procedimiento de aprobación automática para la instalación de torres de telefonía móvil se produce la vulneración de los derechos a la propiedad, al medio ambiente equilibrado y adecuado y a la salud; así como, la vulneración de los principios de desarrollo sostenible o sustentable, de prevención y precautorio. Pese a que el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias ha realizado un análisis y determinado que en toda actividad económica que implica un riesgo en perjuicio del medio ambiente, como en el presente caso, se deben cautelar los referidos derechos y principios. En ese sentido, el objetivo del presente estudio es analizar la norma legal que establece procedimientos de aprobación automática para la instalación de torres de telefonía móvil desde el principio de buen gobierno hacia una protección eficaz de derechos fundamentales. Concluyendo que, con la incorporación y aplicación de los principios de buen gobierno, en específico de los principios de corrección, participación y transparencia se propone la modificación de la referida Ley, con la finalidad de orientar de manera positiva la actuación de las autoridades públicas, que garantice la protección de los derechos fundamentales y el interés general.
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Análisis de la participación ciudadana en la gestión ambiental: A la luz de los principios del buen gobierno
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-05-08) Tenorio Palomino, Kely Milagros; Higa Silva, Cesar Augusto
El propósito de este estudio es analizar la participación ciudadana en la gestión ambiental en el Perú. Sin embargo, la participación ciudadana, que es uno de los principales pilares de la buena gobernanza, debe orientar las acciones de todos los órganos públicos que buscan cumplir con las decisiones resultantes de la negociación de intereses, de acuerdo con normas transparentes definidas en el ámbito público. En ese propósito, es necesario que el Estado promueva marcos institucionales transparentes y participativos, con el objetivo de garantizar de manera estructural el correcto funcionamiento del sistema estatal, la realización de los derechos humanos, así como el interés general. Ciertamente, en el marco de la Evaluación de Desempeño Ambiental al Perú, realizada por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe cumplimiento deficiente respecto a la obligación por parte de las autoridades sectoriales, encargados de regular los procesos de participación; entre otros. Aunado a ello, la alta tasa de conflictividad socioambiental, sugiere la urgente necesidad de adoptar medidas destinadas a mejorar los procesos de participación ciudadana, por parte del Estado peruano, con la finalidad de cautelar los derechos de los y las ciudadanas, con especial énfasis de aquellas en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas. En ese propósito, es fundamental que el Ministerio del Ambiente procurar ejercer la participación ciudadana de manera directa, mediante las sugerencias, consultas y/o comentarios de los ciudadanos, a través del portal digital exclusivo de los organismos de gestión ambiental; y procurar informar sobre el presupuesto participativo de gestión ambiental. Esta investigación se divide en tres capítulos: el primero tratará sobre el Derecho a la Participación Ciudadana en la gestión de políticas públicas en general.
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Análisis de la Resolución No. 065-2020-CD/OSIPTEL
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-10-04) Fuentes Ñique, Sandra Judith; Deza Sandoval, Tommy Ricker
Durante el contexto de pandemia, los servicios públicos de telecomunicaciones cobraron gran importancia al punto de ser equiparados con los servicios básicos de agua o luz. Dicho reconocimiento social generó que tanto el Congreso de la República como OSIPTEL emitieran diversas normas con miras a fiscalizar la adecuada provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones. En ese contexto de intenso ejercicio normativo, cabe preguntarnos si las entidades estatales analizan el impacto regulatorio de sus propuestas previo a la emisión de las mismas. El propósito del presente trabajo es analizar uno de los proyectos normativos de OSIPTEL más cuestionados, a fin de identificar si la entidad prioriza la utilización de medidas alternativas al ejercicio de la potestad normativa para regular la provisión de servicios. En el presente trabajo utilizaremos la teoría del impacto regulatorio concluyendo que OSIPTEL, en aras de “proteger a la sociedad”, puede llegar a perder de vista cuándo es necesario imponer normas gravosas.
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Análisis del aplicativo móvil “Empresas de Transporte Acuático” como evidencia de la transparencia proactiva
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-04-22) Sosa Pajuelo, Pierina Yerusa; Vidal Rodríguez, Nancy
La población no cuenta con información útil para poder cuestionar las acciones del Estado, dado que las instituciones públicas no ofrece un conocimiento útil, que a su vez sea sencillo de entender y de fácil acceso, uno de los problemas identificados es que a pesar de encontrarnos en el marco de un gobierno abierto, muchas de las instituciones públicas no ofrecen una transparencia proactiva, solo se quedan en la fase de una transparencia activa, limitándose a publicar su información que es requerido por norma. Es importante que la población pueda conocer el estado de los diversos servicios que ofrece el Estado para así poder realizar una participación consciente y activa en el fomento de un mejor desarrollo de los servicios públicos. Ante esta problemática la Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte y Comunicaciones tomo la decisión de salir del circulo de instituciones que solo ofrecen una transparencia activa para pasar a ofrecer un conocimiento útil mediante la transparencia proactiva, por lo cual, implementó su aplicativo móvil “Empresas de Transporte Acuático” como una herramienta de información masiva, mediante la cual se ofrece información sobre las autorizaciones y permisos de operación en materia acuática, así como el estado de las naves, listado de empresas autorizadas, convirtiéndose en un canal de comunicación directa con las personas, dado que, su objetivo es dar a conocer el real estado del transporte acuático para que tanto la población como el Gobierno puedan gestionar acciones en beneficio de este servicio público.
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La aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas para casos médicos en materia de protección al consumidor
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-08) Terrazas Cosio, Bresia Rosalid; Higa Silva, César Augusto
La teoría de la carga probatoria dinámica, jurisprudencialmente reconocida y aplicada en el Perú -especialmente en casos médicos en materia de Protección al Consumidor- fue utilizada discrecionalmente a criterio de los Colegiados del INDECOPI y, respecto a su momento de aplicación, recién planteada en las resoluciones finales de las denuncias presentadas por los consumidores. Al respecto, en el presente trabajo se propone la fijación de ciertos requisitos mínimos que permitirían un mejor entendimiento y aplicación de la teoría en mención en nuestro país, valiéndose de la doctrina res ipsa loquitur. Asimismo, se plantea que el juzgador ponga en conocimiento de las partes la aplicación de la teoría de la carga probatoria dinámica antes de la emisión de la resolución final, con el fin de no vulnerar el derecho de defensa de las mismas y para salvaguardar el principio de seguridad jurídica reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
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La aplicación de las cláusulas abusivas en el código de protección y defensa del consumidor y la posible vulneración de los artículos 58° y 59° de la Constitución de 1993
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-04-01) Herrera Carrasco, Kristiam; Higa Silva, César Augusto
Las cláusulas abusivas sirven para evitar contratos de consumo exorbitantes o injustificados para el consumidor sin que éste haya sido advertido, lo cual afecta directamente al desarrollo del mercado. La discusión, por lo tanto, surge si la existencia de esta regulación está debidamente justificada para corregir las fallas del mercado. O, por el contrario, sobreprotege al consumidor bajo la débil premisa de que estas cláusulas evitan el supuesto abuso de las empresas sobre los servicios o productos que ofrecen en el mercado, a pesar de que el consumidor debería ser diligente al leer y conocer todas las cláusulas de un contrato. De este modo, el presente trabajo busca responder las interrogantes que podemos encontrar en la aplicación de las cláusulas abusivas en el contrato de consumo bajo el marco constitucional. Ante ello, este debate nos hace preguntarnos si la falta de diligencia del consumidor al leer las cláusulas de un contrato para que decida libremente si opta o no por el servicio o producto, justifica la sobreprotección del Estado frente al error de no leer las condiciones establecidas por el proveedor. Finalmente, este trabajo concluye que la regulación de las cláusulas abusivas origina, en algunos casos, la vulneración del derecho fundamental a la libertad de empresa reconocido en la Constitución, en especial a la libertad de organizar su modelo un negocio que sí cumple con brindar la información e idoneidad requerida. Como consecuencia, la Administración muchas veces interviene para establecer cómo se tiene que conducir una empresa a pesar de que cumpla con los principios y derechos de información e idoneidad, sin considerar las razones económicas que tiene cada negocio para el desarrollo de su actividad empresarial, afectando de esta manera el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el derecho a equivocarse del consumidor no justifica una sobreprotección del Estado si se refuerza la regulación de la información e idoneidad en vez de las cláusulas abusivas. Puesto que puede ocurrir como el conocido caso de Cineplex vs Aspec, en el que la Sala ha asumido un derecho inexistente en nuestro ordenamiento, el cual esta investigación ha denominado: “el derecho a ingresar con productos alimenticios adquiridos fuera del establecimiento para acceder a ver una película”, ya que de esta sería la única manera que justificaría su intervención en el caso analizado para proteger al consumidor.
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La Aplicación del Principio de Buena Administración en la Asignación de Cargos de Oficiales de la Policía Nacional del Perú y su implicancia en el Principio de Objetividad
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-04-29) Alfaro Soto, Karen Rosario; Bregaglio Lazarte, Renata Anahí
En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo utilizar los principios de la buena Administración como son la Corrección, transparencia y eficacia, en el proceso de asignación de cargos de los oficiales de la Policía Nacional del Perú, desde un enfoque de buena administración la cual va a legitimar el trabajo de la Policía Nacional del Perú, ya que se va utilizar procesos técnicos claramente definidos en los diferentes instrumentos técnicos de gestión administrativa contemplados en la ley, no dando espacio a la discrecionalidad ya que mal utilizada por la administración policial puede convertirse en arbitrariedad. En ese sentido, se ha propuesto en el presente trabajo un conjunto de instrumentos técnicos que pueden utilizar el proceso de asignación de cargos de Oficiales de la PNP, bajo el principio de objetividad como son el Manual de perfil de puestos el cual debe contener (formación académica, conocimiento y experiencia laboral), elaboración de una directiva única para el proceso de asignación de cargos que genere predictibilidad en los Oficiales de la PNP, elaborar las resoluciones de asignación de cargos motivada en derecho, fortalecer la especialidad funcional, realizar una adecuada evaluación anual de idoneidad en el desempeño del cargo y el desempeño personal. Asimismo en el presente trabajo de investigación se utilizó el método deductivo, partiendo desde las premisas generales para llegar a las particulares. Finalmente se concluye que al establecer estos procesos técnicos bajo un enfoque de los principios de buena administración en los Procesos de Asignación de Cargos de Oficiales de la PNP, se le impone a la administración policial el deber de actuar de manera imparcial y conforme a Ley e imponiéndole de manera positiva la obligación de orientar el ejercicio de la discrecionalidad y obtener decisiones de calidad que garanticen el interés general y legitimen a la institución policial.
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Buen gobierno y fiscalización: implicancias de la actividad de policía en el desarrollo estatal
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-05) Calderón Jiménez, Annie Teressa Guadalupe; Higa Silva, César Augusto
Cuando hablamos acerca del Estado de Derecho es inevitable hacer referencia a la defensa de los derechos fundamentales de las personas dentro de la sociedad, sin embargo el Estado de Derecho se encuentra estrechamente vinculado con los conceptos de Buen Gobierno y de Gobernanza. El primero hace referencia a la actuación de los poderes públicos en el marco de sus competencias constitucionales mientras que el segundo se encuentra vinculado al proceso de formación de nuevos y flexibles marcos regulatorios para orientar la interacción entre una pluralidad de actores públicos y privados en el proceso de toma de decisiones respecto de asuntos públicos. En el contexto del ejercicio de las funciones gubernamentales, la gobernanza es el proceso por el cual los gobiernos adoptan sus decisiones, conducen los asuntos públicos y gestionan sus recursos. Por lo tanto la gobernanza se encuentra referida “al conjunto de procesos de formación de marcos regulatorios mediante los cuales el Estado desempeña sus funciones o, en otras palabras, que determinan la forma en el que el Estado ejerce el poder” (Castro 2015:02)
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Buena administración en el marco del control gubernamental
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018) Chipana Castillo, Francisco Daniel; García Westphalen, Luis Enrique
Este trabajo busca reflexionar respecto al rol que ocupa el principio de buena administración en el ejercicio del control gubernamental, el Sistema Nacional de Control y la Contraloría General. Como dicho principio se encuentra presente en el desarrollo de la función de control, entendido su ejercicio en el marco de la interpretación de los artículos 39 y 82 de la Constitución Política del Perú. De tal manera que se pueda entender el papel que cumple en el adecuado funcionamiento de la administración pública bajo parámetros de legalidad y resultados en la gestión, a través de la supervisión que la Contraloría General de la República hace de los actos de las entidades públicas. Permitiendo el desarrollo del contenido del principio de buena administración y la conexión con sus subprincipios. A la vez esta función de supervisión consolida el cumplimiento de los fines que la buena administración propugna en el desarrollo de la actividad estatal, los cuales no son otros que la consolidación de un Estado social y democrático de Derecho, que no es otra cosa que el bienestar general.
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La Buena Administración y la calidad de los procedimientos administrativos en la regulación portuaria de la selva
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-30) Gutiérrez Vega, Nelly Renee; Castro Barriga, Carlos David Alberto
En la zona fluvial, especialmente en Iquitos, los titulares de embarcaderos no cumplen con la normativa portuaria, debido a que en el diseño del procedimiento administrativo de Viabilidad Técnica Temporal Portuaria no se ha aplicado adecuadamente el análisis de calidad regulatoria, obstaculizando que el administrado pueda continuar con los demás procedimientos administrativos hasta obtener la licencia portuaria, que otorga la autorización para la operación de la instalación portuaria. El examen del mencionado procedimiento administrativo a partir de los principios de necesidad, de efectividad y de proporcionalidad del análisis de la calidad regulatoria (excepto el principio de legalidad, dado que, la Autoridad Portuaria Nacional es la única entidad competente para otorgar las vialidades técnicas a los proyectos portuarios) nos permite advertir que en la selva es necesaria una regulación diferenciada que tenga en consideración la realidad de la zona fluvial. La informalidad en la zona fluvial pone en riesgo a la población, toda vez que los embarcaderos informales no cumplen con las medidas de protección y de seguridad, debido a que son desarrollados por personal que no cuenta con conocimientos básicos para brindar los servicios y las actividades portuarias con estándares de calidad idóneos; produciéndose accidentes que han cobrado vidas humanas y pone en riesgo la vida los pobladores.
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La buena administración y la facultad discrecional en los cambios generales de colocación de oficiales de la Policía Nacional del Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-10-04) Alvarez Raico, Maythe Katherine; Segura Alania, Joel Freddy
La Policía Nacional del Perú en virtud de la normatividad vigente, de manera anual realiza el proceso de Cambios Generales de Colocación de los Oficiales, el presente trabajo de investigación se va a desarrollar desde una visión de la buena administración, siguiendo a los principios de meritocracia, transparencia y corrección, instrumentos que permiten garantizar de manera eficiente y eficaz el procedimiento de asignación del personal policial, el cual está constituido por profesionales capacitados en el ámbito operativo y administrativo, con conocimientos especializados, habilidades y destrezas para desempeñar un puesto y/o cargo, con la finalidad de cumplir lo regulado en el artículo 166° de la Constitución Política del Perú, como es la de garantizar el orden interno, así como prestar ayuda y protección a la comunidad y a las personas. Esta investigación tiene como objetivo aplicar los principios de buena administración, como la meritocracia, la transparencia y la corrección, en los cambios generales de colocación de los Oficiales de la Policía Nacional del Perú, y determinar si la materialización de estos principios en el mencionado proceso garantiza un eficiente y efectivo cumplimiento de sus funciones policiales, que coadyuve al eficaz cumplimiento de sus funciones, como velar por la seguridad ciudadana y mantener el orden interno. Asimismo, se establecerá cómo el principio de buena administración, a través de sus sub principios pueden orientar el procedimiento administrativo de forma positiva en los Cambios Generales de Colocación en la Policía Nacional del Perú, y que esta asignación del personal no devenga en arbitrariedades, actos de corrupción o favoritismos, que deslegitimen la línea de carrera de los oficiales; sino por el contrario, que esta sea realizado dentro de un accionar legítimo de la institución policial, en el cual los Oficiales sean promovidos o asignados con un criterio objetivo, meritorio y transparente, a fin de responder a las exigencias de un servicio policial de calidad y que satisfaga los intereses colectivos.
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La calidad de cosa juzgada en los laudos arbitrales y su importancia en la resolución de controversias en el Régimen de Contrataciones del Estado
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-30) Echandía Moreno, Tania Miluska; Moscol Salinas, Alejandro Martín
El presente artículo analiza la Ley de Arbitraje peruana aplicada en las Contrataciones Públicas, de la mano con diversas posturas de la doctrina nacional y comparada; así mismo, se refuerza con jurisprudencia nacional. Por tanto, tiene por finalidad estudiar uno de los aspectos más importantes en temas arbitrales, el cual es la cosa juzgada. En ese sentido, desarrollaré la implicancia que tienen los laudos arbitrales en las Contrataciones con el Estado, debido a que, siendo el Estado una de las partes, las controversias que puedan surgir dentro del periodo de ejecución contractual tendrá que ser resuelto por un tercero imparcial, independiente de ellas. Por tanto, el problema que logro identificar es que, si bien se otorga cierta facultad jurisdiccional a los miembros del tribunal arbitral para emitir pronunciamiento y que estos sean plasmados a través de un laudo arbitral, el cual tiene la particularidad de constituir cosa juzgada y siendo así, se genere la prohibición que dicha decisión se vulnere en sede judicial o arbitral por algún aspecto del fondo de la controversia resuelta; sin embargo, aún queda pendiente la necesidad de ser correctamente fundamentada con la finalidad de ser ejecutables, sobre todo en temas de Contrataciones Públicas. donde lo que se quiere garantizar es el interés general. En conclusión, se logra establecer que, el arbitraje en contrataciones con el Estado, parecería ser, un tema distinto entre privados, cuando es el Estado una de las partes.
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Calidad regulatoria en gobiernos locales
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-05-12) Loaiza Porcel, Ximena Azucena; Deza Sandoval, Tommy Ricker
Considerando la importancia de calidad regulatoria para la eficiencia y eficacia de la acción estatal, y que los gobiernos locales muchas veces no ejercen adecuadamente sus competencias regulatoria exclusivas y discrecionales sobre diversas materias, el presente artículo tiene el objetivo identificar mecanismos de mejora de la calidad regulatoria a nivel local a partir del análisis de tres ordenanzas identificadas como barrera burocrática carente de razonabilidad. El análisis de los tres casos revela múltiples debilidades incluso en municipalidades de altos ingresos y con amplios recursos humanos. Concluimos que es posible y necesario que los gobiernos locales incorporen en el corto plazo mecanismos de AIR, por lo menos en un nivel básico. Esta obligación debe formar parte de una estrategia de mejora regulatoria a nivel local liderada por la Secretaría de Gestión Pública donde se incluya también orientación, guías y capacitaciones al personal de los mismos. Esta estrategia debe ser adecuada a los diversos tipos de municipalidades y progresivamente aumentar el estándar de calidad regulatoria.
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¿Cómo garantizar la selección del mejor postor en contrataciones con el Estado bajo la modalidad de concurso oferta? Análisis desde el principio de Valor por Dinero
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-23) Chavez Garcia, Gabriela Roxana; León Manco, Hugo Andrés
Esta investigación tiene como objetivo demostrar que la aplicación del principio Valor por Dinero en cada etapa de la contratación pública, especialmente durante la elaboración de los documentos del procedimiento de selección, permite a las Entidades públicas seleccionar al postor que se encuentra en mejor capacidad de cumplir con el requerimiento de forma eficiente. Si bien es cierto que el principio Valor por Dinero puede ser aplicado en cualquier modalidad de contratación, esta investigación se enfoca en el concurso oferta debido a que, en esta contratación, el postor que obtenga la Buena pro deberá realizar el Expediente Técnico de Obra y ejecutar la obra sobre la cual ha elaborado dicho Expediente. En consecuencia, la Entidad debe emplear todas las herramientas disponibles para seleccionar de forma informada al postor con mayor idoneidad para cumplir con ambas obligaciones. En ese sentido, se desarrollarán las características de la modalidad concurso oferta, el concepto propuesto por la doctrina sobre el principio valor por dinero y el marco normativo que recoge dicho principio en el ordenamiento peruano; así como la interpretación propuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado al respecto. Finalmente, se plantean algunas alternativas que las Entidades Públicas podrían tomar en cuenta al elaborar las Bases del procedimiento; específicamente, al establecer los Factores de Evaluación, de forma que se garantice que la selección del postor se ha realizado de forma informada, diligente y de acuerdo al principio valor por dinero