Punto Medio : Revista peruana de análisis, prevención y gestión de conflictos. AÑO IV Nº 4 (2011)

URI permanente para esta colecciónhttp://54.81.141.168/handle/123456789/195436

Tabla de Contenido
Tema Central
  • Alcances de la consulta previa en el convenio 169 y la legislación peruana Guzmán-Barrón Sobrevilla, César; 7-27
  • Derechos de los pueblos indígenas en las decisiones de los asuntos que les afectan Yrigoyen, Raquel Z; 28-40
  • Participación ciudadana, consentimiento y consulta previa a los pueblos indígenas en el sector minero Forno, Xennia; 41-43
  • La nueva ley forestal y de fauna silvestre: proceso de consulta en su aprobación y desafíos para su implementación Capella, Jose Luis; 44-56

    • Temas Varios
  • Responsabilidad social, comunicación y manejo de conflictos Espinoza, Pablo; 57-64
  • Los “proyectos productivos/de desarrollo” en las negociaciones entre comunidades campesinas y empresas extractivas Anchante Rullé, Marlene; 65-73
  • Los gobiernos regionales y los conflictos socioambientales : caso puno y la ordenanza 05-2011-GRP-CRP Pérez Núñez, Fabián; 74-82

    • Desde Nuestras Diplomaturas
  • Reflexiones en torno a los conflictos socio ambientales : plomo en el Callao Espinoza Paredes, María Isabel; Yurivilca Delgado, Rossemary; Armas Alvaro, Edward; Palacios Dodero, Guillermo; 83-93

    • Explorar

    Filtros

    20111

    Ajustes

    Temasearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.subject.Concesiones mineras

    Resultados de Búsqueda

    Mostrando 1 - 1 de 1
    • Miniatura
      ÍtemAcceso Abierto
      Los gobiernos regionales y los conflictos socioambientales : caso puno y la ordenanza 05-2011-GRP-CRP
      (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011) Pérez Núñez, Fabián
      En los últimos meses, los peruanos, hemos enfrentado un conflicto social muy importante que ha alcanzado graves niveles de violencia y ha significado además la muerte de seis personas y múltiples heridos, además de cuantiosos daños materiales en la región Puno, y los reclamos eran fundamentalmente de dos etnias, una de ellas Aymara y otra Quecha del sur del Perú, la primera de ellas reclamaba que se anulen todas las concesiones mineras y petroleras en la Región de Puno, en particular la que correspondía al Proyecto Minero Santa Ana, de la empresa Bear Creek Mining Corporation; y la segunda de ellas más bien solicitaba la descontaminación del Río Ramis, afectada principalmente por la minería informal. Ante ello, el Estado, tanto a nivel regional y central, fueron desbordados en cuanto a sus capacidades para prevenir y gestionar dicho conflicto; más aún por el hecho que los eventos se desencadenaron en medio de un proceso electoral por las elecciones presidenciales, con la amenaza incluso que no se votara en la Región Puno, lo cual fue finalmente evitado, aunque luego de un proceso de violencia y negociaciones duras entre los representantes del Estado y los manifestantes. En el proceso del conflicto, en su etapa inicial las primeras protestas se realizaron en el ámbito del Gobierno Regional, cuya respuesta primera fue la de buscar el diálogo, por el lado de los manifestantes, se exigía al Gobierno Regional que ordene la cancelación de la concesión minera correspondiente al Proyecto Santa Anta, a lo cual la respuesta de la autoridad fue informar que no tenía esas competencias y corrió traslado de dicha exigencia al Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo la presión fue tal que, más allá de dialogar, se le exigió al Gobierno Regional que aprobara una ordenanza que cancele las concesiones mineras, ya no sólo de la empresa, sino de todos los proyectos mineros y petroleros en Puno; a lo cual en un primer momento el Presidente Regional se resistió, aunque al final y dada la insistencia y fuerte presión social del sector de la población movilizada, tuvo que emitir una Ordenanza Regional que suspendía las concesiones mineras en la Región de Puno, y solicitaba, al MINEM, la cancelación de la concesión minera del Proyecto Santa Ana. Empero, y lejos de solucionar este conflicto, las protestas se radicalizaron, la toma de carreteras se ampliaba en extensión y empezaba a afectar seriamente el abastecimiento de los productos de primera necesidad de Puno, entonces la presión social – y sobre todo mediática – amplió el alcance del conflicto hacia Lima, no sin antes escalar, y eso hizo que al final el gobierno central emitiera cinco normas para acabar el conflicto, el cual aún en realidad, incluso a la fecha, no está concluido. Es por ello que el presente documento trata de analizar las limitaciones actuales de los Gobiernos Regionales, y del proceso de descentralización, para responder a los conflictos sociambientales, como en el caso del conflicto de Puno.