Explorando por Autor "Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto"

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La actividad empresarial del Estado peruano, a partir del caso de la empresa pública Petróleos del Perú S.A. - PETROPERÚ y una propuesta legal para su funcionamiento en el economía peruana, conforme al artículo 60º de la Constitución
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-21) Atoche Cabrera, Andrea Valeria; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
El estudio de la actividad empresarial del Estado peruano resulta un desafío al analizar el régimen de la empresa pública, en el marco de nuestro régimen económico y el cumplimiento de los requisitos mínimos legales que se consideran necesarios para operar como tal, para lo cual, se requiere una clara definición de su tipología jurídica. La complejidad aumenta al estudiar casos excepcionales, como el de Petróleos del Perú S.A.- PETROPERÚ, que está sujeto a un régimen legal especial debido a sus características particulares y, además, opera en un sector estratégico de la economía. En este contexto, el objetivo de esta investigación es identificar la tipología jurídica de las empresas públicas, centrándose en el caso específico de PETROPERÚ y su papel en la economía peruana según lo establecido en el artículo 60° de la Constitución. Como resultado principal, se concluye que PETROPERÚ efectivamente ejerce actividad empresarial dentro del marco legal vigente, aunque se destacan ciertos aspectos que requieren atención, como la aplicación del principio de subsidiariedad, el tratamiento legal igualitario entre empresas públicas y privadas, la rotación de directivos, la adopción de prácticas asociadas a la OCDE y el Buen Gobierno Corporativo. Estos aspectos subrayan la necesidad de que PETROPERÚ implemente medidas orientadas a mejorar su eficiencia, transparencia y rentabilidad.
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Alternativas para la implementación del Libro de Reclamaciones en los establecimientos comerciales abiertos al público sin recurrir al procedimiento administrativo sancionador
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-05-15) Álvarez Suárez, Phillip; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
El Código de Protección y Defensa del Consumidor introdujo el Libro de Reclamaciones, el cual, es concebido como un instrumento que permite a los consumidores presentar una queja o reclamo en el preciso momento en que recibe un mal servicio o un producto defectuoso, determinando como obligación que todos los proveedores con establecimientos comerciales abiertos al público deben contar con el Libro, ya sea en físico o virtual. El Indecopi, al tener como una de sus funciones la protección de los derechos de los consumidores, realiza acciones de supervisión a nivel nacional orientadas a la verificación de este cumplimiento normativo; inicia procedimientos administrativos sancionadores en aquellos casos donde comprueba que el proveedor no ha implementado esta herramienta; y posteriormente impulsa el procedimiento de ejecución coactiva donde se impuso una multa al proveedor infractor. En estas tres etapas, aproximadamente, pueden transcurrir por lo menos 2 años. En ese sentido, la implementación del Libro de Reclamaciones debe ser lo más eficiente posible a efectos que el Estado no tenga que incurrir en gastos en la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores. Motivo por el cual, en el presente trabajo de investigación se evalúan como alternativas que la obligación de la implementación de este instrumento sea incluida como requisito para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento, así como también que el Indecopi pueda determinar la responsabilidad objetiva por estas infracciones, de modo que pueda imponer la multa correspondiente en el preciso momento en que detecte su incumplimiento.
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Análisis de la aplicación de la consulta previa en minería, a propósito del caso “Tres Islas”: ¿se debe declarar la nulidad de las concesiones mineras que no fueron consultadas?
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-05-07) Marquez Muñoz, Carmen Nadine; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
El presente trabajo El presente trabajo de investigación nace del análisis realizado de la Sentencia de Vista de la Sala Civil de la Corte Superior de Madre de Dios, que resolvió la demanda de amparo presentada por la Comunidad Nativa Tres Islas contra el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH) y el Gobierno Regional de Madre de Dios (GORE MDD), con ocasión de la obtención de mi grado de abogada. Análisis que arribó a la conclusión de que existe una necesidad de identificar cuál es la vía idónea para lograr una tutela urgente frente a la vulneración del derecho a la consulta previa, y lograr dejar sin efecto los actos administrativos que fueron emitidos en perjuicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Sin embargo, ello es una tarea de complejo análisis, porque desde que el Convenio 169° de la OIT forma parte de nuestra legislación nacional (1995) hasta que se reglamentó el derecho a la consulta previa (2011), transcurrieron diesciseis (16) años sin su implementación legal en nuestro ordenamiento interno. Lo que sin duda es responsabilidad exclusiva del Estado, quien debió legislar oportunamente el derecho. Se analizan dos hipótesis: (i) los actos administrativos que se otorgaron – sin aplicación de la consulta previa – sobre los pueblos indígenas son nulos al ser inconstitucionales y (ii) se deben conservar los actos administrativos, porque no existía base legal para establecer el procedimiento de la consulta previa. La conclusión principal trasciende al análisis del procedimiento, y se involucra en la misma naturaleza de la concesión minera a ser consultada, así como el apoyo de jurisprudencia nacional e internacional para reforzar la postura.
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Análisis de la declaración de nulidad sobre las decisiones de las entidades del estado en la fase de ejecución contractual, dentro del marco de la contratación pública
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-09-03) Quispe Lima, Frank Anthony; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
Esta investigación aborda un problema recurrente en la ejecución de los contratos públicos: la posibilidad de la Entidad de declarar la nulidad de oficio de las decisiones adoptadas durante la ejecución contractual. Por ejemplo, una Entidad identifica que aprobó una ampliación de plazo basada en información falsa o errada que presentó el contratista. ¿Puede declarar la nulidad de oficio de esa decisión? La normativa no aclara esta problemática. El OSCE y los árbitros han tenido criterios distintos e incluso contradictorios para resolver esta problemática. Esta investigación analiza si la Entidad puede declarar la nulidad de tales decisiones con base a la nulidad de los actos administrativos o en la aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo General
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Análisis de la eficiencia de la potestad sancionadora de INDECOPI y de los Colegios de Notarios en la protección del consumidor de servicios notariales
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-10-21) Gutiérrez Guerrero, Miguel; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
Today, Peruvian legislation has an exorbitant amount of laws, which is why it is not uncommon to find that in a specific subject there is more than one legislation, precisely this work will be responsible for analyzing why in many cases both Indecopi as an organ supervisor and protector of the rights of consumers, such as the Courts of Honor of the Notary Associations as an organ responsible for verifying the functional conduct of the notary, are empowered to impose sanctions, considering the damage caused to the user; then we will see that currently both instances have sanctioning powers against the notary service providers when the scope of each of them should be clearly defined; I will analyze where the confusion arises, the good and the bad of the norms that regulate the sanctioning aspects, I will describe the cases raised that have generated controversy and finally we will propose how the powers that each of these routes should have should be specified.
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Análisis de los efectos del precedente de Observancia Obligatoria recaído en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 04369-7-2018
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-23) Mamani Victorio, Joana Rina; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
El caso analizado en el presente trabajo de investigación, se enfoca en la sistematización normativa que existe en nuestro país, en él se evidencia como el derecho administrativo responde a un problema que se generó en el ámbito tributario, dado que las administraciones tributarias de los gobiernos locales y primigeniamente el Tribunal Fiscal, no consideraban dentro del ámbito de aplicación de la infectación del artículo 17° inciso “a” de la ley de tributación municipal, a los Organismos Reguladores y los Organismos Técnicos Especializados. Sin embargo, en el Año 2018, el Tribunal fiscal emite el precedente de observancia Obligatoria N° 04369-7-2018, mediante el cual se cambia la interpretación de “Gobierno Central” del artículo 17° inciso “a” y se “amplía” la inafectación del Impuesto predial e Impuesto Vehicular a los Organismos Reguladores y los Organismos Técnicos Especializados. Dado que el Tribunal cambió su interpretación histórica con el precedente de observancia obligatoria estipulado en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 04369-7-2018, es probable que se vulneraron o no principios constitucionales, como el Principio de Predictibilidad, por su aplicación “retroactiva”, el Principio de Legalidad, por lo que es necesario revisar, lo señalado por la Ley 27444, casuística de las administraciones tributarias de los gobiernos locales, casuística del Tribunal Fiscal y casuística del Poder Judicial. El derecho administrativo nos da la respuesta con respecto a la temporalidad en la aplicación de los precedentes de Observancia Obligatoria en sede administrativa, que después del análisis doctrinario y jurisprudencial, se tiene que estos por naturaleza no son retroactivos y como requisito de validez requieren de ser publicados en el Diario Oficial El Peruano, conforme lo señala el T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General, además que en materia tributaria se deben respetar los principios constitucionales señalados en nuestra constitución.
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Análisis paralelo del proceso de la liberalización del sector eléctrico francés, en el marco de la Unión Europea, y el sector eléctrico peruano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-08-07) Ramirez Arias, Diego Jesús; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
El proceso de liberalización del sector de electricidad en Europa puede ser considerado como un referente a nivel mundial, una transformación progresiva, coordinada y por etapas fueron las características más importantes de este fenómeno. En la gran mayoría de países europeos, la liberalización del sector de electricidad fue hecha a partir de la segmentación de grandes monopolios legales. Estos monopolios, estaban constituidos por una sola empresa de propiedad del Estado, por lo que las actividades estaban sujetas a un régimen de derecho público. Sin embargo, con la creación del mercado único de la energía (creación de la Unión Europea), el antiguo régimen será substancialmente modificado con el fin de alcanzar el objetivo de un mercado interno único, y aplicar como regla de principio el derecho de la competencia en lugar del derecho público. En este contexto se encuentra Francia, este país presenta una muestra interesante de como el derecho público y el derecho de la competencia pueden ser armonizados y equilibrados. El sector de electricidad francés es considerado como un sector esencial para el desarrollo del país por el solo hecho de ser considerado como servicio público, por este motivo se le consideró, en un inicio, como exclusivamente reservado al Estado. Por otro lado tenemos la realidad peruana, el sector eléctrico peruano, el cual fue sujeto de una extensa nacionalización, fue liberalizado de la misma manera pero por razones de un funcionamiento defectuoso y una gestión estatal ineficaz. Existía una reticencia a la actividad económica del Estado, considerándola como inapropiada y deficiente. El principio de subsidiariedad aplicado a la acción pública y la promoción de la iniciativa privada serán los principios que guiarán esta nueva etapa en la evolución del sector eléctrico peruano. Muchos puntos en común se pueden notar entre la evolución del sector eléctrico peruano y francés, más allá de diferencia estructurales del mercado, será muy interesante analizar cómo los poderes públicos afrontaron la compleja decisión de abrir el sector eléctrico a la libre competencia, qué mecanismos y qué plan de ruta se estableció para cada realidad.
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Aportes al diseño institucional de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), un análisis a su naturaleza jurídica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-04-19) Farfán De la Fuente, Victor Eduardo; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (en adelante ATU) es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que posee competencias de planeamiento, otorgamiento de títulos habilitantes, emisión de normativa técnica, regulación tarifaria, fiscalización y sanción del cumplimiento de las obligaciones de servicio público del transporte urbano de pasajeros, que se configuró como una respuesta legal prágmatica que intentar palear los efectos generados por el régimen de permisos municipales que ha sido gestionado asimétricamente por la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, MUNILIMA) y la Municipalidad Provincial del Callao (en adelante, MUNICALLAO) que se configuró como una respuesta pragmática al régimen de liberalización del transporte de la decada de los noventa, que a su vez fue una respuesta pragmática de la limitada capacidad de la empresa pública eregida durante un gobierno de facto; sin embargo, el transporte urbano de pasajeros es natural e históricamente un servicio público municipal que requiere tutela dada la autonomía municipal que se fundamenta en la teoría de la garantía institucional. Asimismo, ante las competencias otorgadas a la ATU se requiere un grado de autonomía elevado dada la potestad de intervenir en el mercado de transporte urbano, por consiguiente, se sugiere la creación de un organismo municipal paritario que se encargue de planificar y otorgar los títulos habilitantes del servicio público y se erija en la ATU la competencia normativa, reguladora, fiscalizadora, sancionadora y de atención quejas y reclamos, creandose un organismo regulador local que goce de autonomía de las autoridades subnacionales.
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La asociación público privada como alternativa de solución de los problemas de distribución de agua potable en la ciudad de Lima
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-06-19) Ramirez Trujillo, Natalia Mia; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
En el mundo existen en la actualidad aproximadamente 850 millones de personas que no cuentan con acceso al agua potable, y 2500 millones sin servicios básicos de desagüe y alcantarillado. Dichas carencias generan altas tasas de mortalidad, así como un desmedro en la calidad de vida y dignidad de las personas, sobre todo de las pertenecientes a los sectores de más bajos recursos. Esta situación se presenta también en nuestro país, y en particular en la ciudad de Lima, en donde se agrava por la alta densidad poblacional de la ciudad y por las características geográficas e hidrográficas propias de la misma, que generan que el servicio de saneamiento se torne insuficiente e inadecuado para el abastecimiento de sus 10 millones de habitantes. El problema del servicio de saneamiento (que abarca en nuestro país tanto los relacionados con el suministro de agua potable, como los relacionados con el tratamiento de residuos sólidos y alcantarillado) tendría como causa principal la falta de recursos económicos y humanos para efectuar importantes inversiones en infraestructura en el sector, indispensables para poder proveer de un adecuado servicio de saneamiento a la gran ciudad.
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Autonomía institucional de los Organismos Reguladores de Servicios Públicos en el Perú, evaluada a partir del estatuto jurídico de su consejo directivo
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-01-22) Abregú Calderón, Pabel Soyim; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
A fines del siglo pasado se crearon los organismos reguladores de los servicios públicos: Ositran, Osinergmin, Osiptel y Sunass, en el contexto de un proceso orientado a la privatización y concesión de la infraestructura de dichos servicios, proceso que trajo consigo cambios en el rol del Estado, que restringió su papel de empresario para fortalecer su función como regulador. Ahora bien, para que estos reguladores cumplan de manera eficiente sus funciones es necesaria la implementación de un diseño institucional que los dote de atributos indispensables de autonomía que garantice su actuación independiente y alejada de las influencias externas de los tres grupos de interés existentes en el proceso regulatorio: usuarios, empresas concesionarias de los servicios públicos y Estado, quienes pretenderán influir en las decisiones que adopten los reguladores y perseguir sus propios objetivos. Si bien el ordenamiento jurídico peruano (Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores Peruanos y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo) reconoce la autonomía de los reguladores se evidencian situaciones que ponen de manifiesto que esta ha sido mellada en sus diversos aspectos, mediante la implementación de mecanismos por parte del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la presente investigación se centrará en analizar cómo tales mecanismos han incidido en el estatuto jurídico de su Consejo Directivo. Es así que la presente investigación evalúa la autonomía institucional de los organismos reguladores de servicios públicos peruanos a partir del análisis del estatuto jurídico de su Consejo Directivo, planteando como pregunta central la siguiente: ¿Dichos organismos gozan de una autonomía real?; o, en todo caso, ¿cuál es el grado de autonomía que tienen, tomando en cuenta el estatuto jurídico de sus presidentes y directores?; siendo la hipótesis de trabajo la siguiente: Existe una serie de factores que han menoscabado la autonomía de los organismos reguladores peruanos, entre ellos: i) concursos públicos de selección poco predecibles y demoras en la designación de los presidentes y directores, ii) intromisión de los presidentes de los organismos reguladores en la función primigenia de los directores de nombrar a los gerentes generales; e, iii) injerencia del Poder Ejecutivo en los organismos reguladores a través 4 de normas que disponen la transferencia de recursos de estos a favor de otras entidades públicas, aspecto que afecta su autonomía financiera. Finalmente, se concluye que la hipótesis planteada ha quedado corroborada, habiéndose demostrado la existencia de una vulneración de la autonomía institucional de los organismos reguladores por parte del Poder Ejecutivo en referencia al estatuto jurídico de sus presidentes y directores. En ese sentido, se recomienda la modificación de algunas disposiciones de la referida Ley Nº 27332, de la Ley Nº 29158 y de los Reglamentos Generales de dichos reguladores.
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Autonomía presupuestaria en los consejos regionales del Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-04-21) Cupi Gallegos, Sheyla Johanna; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
El presente artículo tiene como finalidad determinar si es viable el otorgamiento de autonomía presupuestal de los Consejos Regionales. (i) Desde el 2002, nuestro país se encuentra en constante y progresivo desarrollo de la descentralización. La Constitución Política del Perú y la Ley de Bases de la Descentralización, determinan que los gobiernos regionales como organismos cuentan con autonomía política, administrativa y económica. Sin embargo, los Consejos Regionales son un órgano regional, los cuales ejercen funciones de carácter normativo y fiscalizador. Los Consejos Regionales están constituidos por consejeros regionales quienes representan a cada una de las provincias de una región. (ii) La función fiscalizadora permite que se realicen los controles necesarios al ejecutivo regional con la finalidad de determinar el cumplimiento de sus labores. Para el cumplimiento de dicha función, los recursos que le son asignados a los Consejos Regionales se encuentran supeditados a la disponibilidad y discrecionalidad de los gobernadores de turno, lo cual podría ser un factor limitante para la potestad fiscalizadora (iii) La normativa vigente requiere de reformas de carácter constitucional y legal, lo que se permitiría tener una independencia presupuestaria a los Consejos Regionales a fin de potenciar sus facultades fiscalizadoras a través de la contratación de servicios y adquisición de bienes.
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Las cajas municipales de ahorro y crédito y su cuestionamiento por ser sociedades anónimas de derecho público o derecho privado en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-12-03) Ayma Acurio, Fiorella Denisse; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
La determinación de la naturaleza jurídica de las Cajas Municipales en la actualidad es un problema que está acarreando un manejo deficiente de las Cajas Municipales, lo cual está generando una inestabilidad dentro de su administración puesto que al no estar reconocido su ámbito jurídico la encontramos envuelta en una serie de confusiones, pues bien el inicio de su falta de determinación se debe a la contraposición de normas, leyes y reglamentos que se dan en nuestra legislación, debido que al existir dicho cuestionamiento por su ámbito acarrea en la actualidad aspectos negativos que afectan el normal funcionamiento de una Caja Municipal, es por ello que nuestro objetivo principal es la determinación de su naturaleza jurídica y que ésta sea considerada una empresa de derecho privado, amparándonos para ello en la influencia que recibimos desde su creación por parte de la Agencia de Cooperación Alemana GTZ, la cual consideraba a la Caja Municipal como empresa privada, derivando de ello la reducción de la injerencia de los Concejos Municipales dentro de su administración, pues al ser reorganizada y transformada en sociedad anónima adquiere tal condición, asimismo porque el Estado se encuentra según nuestra Constitución Política prohibido de realizar actividad financiera, es por ello que gracias a estas consideraciones proponemos que se realice un reconocimiento expreso de las Cajas Municipales, es decir la determinación de su naturaleza jurídica considerándola una empresa de derecho privado, por ende como objetivo pretendemos la persecución del cumplimiento de la finalidad de dichas entidades que ha sido olvidada para seguir brindando subsidio a las personas que no cuentan con acceso al Sistema Financiero, así como brindar el apoyo social a la sociedad para su bienestar y mejora.
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Consideraciones de orden constitucional sobre la potestad sancionadora de la Administración Pública: un enfoque sobre los principios de reserva de ley, legalidad y tipicidad
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-04-01) Meza Astuvilca, Luis Alberto; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
El presente artículo académico revisa el régimen jurídico de la potestad sancionadora de la Administración Pública y pone en relieve a los principales problemas que enfrenta su actual regulación. Asimismo, compara el modelo constitucional peruano con modelos propios de la región (Chile y Colombia) y de Europa (España), con el objetivo de analizar la pertinencia de realizar posibles cambios constitucionales para reforzar el régimen establecido en la Ley.
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Control de concentraciones en el Perú: Balance desde el año 1997 hasta la actualidad
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-05-29) Romano Vergara, Natalia Alessandra; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
El artículo tiene como eje principal el control de concentraciones en el sector eléctrico y se realizarán apuntes desde el derecho administrativo. Así, el asunto particular a desarrollar en el texto comprenderá una revisión general del procedimiento de autorización (etapas, recursos, infracciones al procedimiento), y se incorporará en dicho análisis resoluciones emitidas por la Comisión y/o Tribunal relevantes en la materia desde el año 1997 hasta la actualidad. La investigación atiende a un tema altamente sensible en el derecho de la competencia, pues en defensa de la libre competencia son dos herramientas las empleadas para promover una eficiente asignación de los recursos en el mercado: el control de conductas y el control de estructuras. A pesar de la importancia y el tiempo que viene empleando la autoridad de competencia ambas herramientas, en Perú no se ha realizado un estudio del procedimiento de autorización de concentraciones en el sector eléctrico. Como aporte académico, considero necesario presentar el detalle del procedimiento de autorización y su reflejo en la casuística desarrollada por Indecopi. Esto nos permitirá ver de forma más clara el real alcance que ha tenido el control previo hasta la actualidad. Para lograr el objetivo propuesto, el artículo comprenderá la base del control de concentraciones y las razones de su implementación. Otorgándole al control previo una base firme, el propósito de la investigación no se centra en criticar su aplicación o debatir sobre su conveniencia, siendo ambos temas ampliamente debatidos desde el año 1997 e incluso hasta la actualidad (2019) a partir de la publicación del Decreto de Urgencia 013-2019, sino que se pretende de forma objetiva presentar la labor realizada por la autoridad de competencia en aplicación de dicho control. Así, el artículo busca a modo de guía, introducir los detalles del procedimiento, como los plazos, recursos y resultados, así como un análisis de los casos que permitan ilustrar de una mejor manera el verdadero aporte de la agencia de competencia en esta área.
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El control difuso administrativo
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-05-27) Meléndez Lázaro, María Teresa; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
El Control Difuso propiamente dicho, define que ante un conflicto de una norma legal frente a una constitucional, ha de prevalecer esta última; esta facultad para un sector respetable de la doctrina solo ha sido encargada a jueces. El Control Difuso de la constitucionalidad de las leyes, es competencia de cualquier órgano constitucional, sin importar la especialidad; la ley no deja de estar vigente, sólo se inaplica al caso litigioso. La discusión de si el Control Difuso debe ser ejercido por entes administrativos encuentra su génesis, en una sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente 3741-2004- AA/TC, donde se le reconoció a la administración pública la facultad de ejercer el Control Difuso, estableciendo para ello algunos presupuestos que deben concurrir para el ejercicio de dicha facultad. Sin embargo, creemos que los entes administrativos no tienen competencia para ejercer la constitucionalidad de la norma aplicable a un caso concreto; independientemente de la obligación que tienen de respetar y defender la Constitución, pues una de las razones por las cuales se deja sin efecto el Control Difuso administrativo, es porque estas entidades forman parte del Poder Ejecutivo; esto es, que se permitiría un control de constitucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, con respecto a las normas emitidas por el Poder Legislativo; y esto sin lugar a dudas menoscaba el sistema de control dual de la jurisdicción constitucional, y en esa línea de razonamiento también afecta el Principio de División de Poderes, y por tanto, consideramos que otorgar facultades a tribunales administrativos para que ejerzan el Control Difuso, conllevaría al quebrantamiento del equilibrio entre democracia y constitucionalismo.
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Las cooperativas de ahorro y crédito en el Perú, importancia y necesidad de un nuevo modelo de supervisión
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-10-19) Morales Yataco, Juan Joans Christian; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
Con una legislación de mas de 30 años de antigüedad, las Cooperativas de Ahorro y Crédito en nuestro país han estado bastante olvidadas desde el punto de vista legislativo. Este abandono claramente ha sido utilizado por estas entidades como un beneficio, actuando estas con libertad total y sin ningún tipo de supervisión real ni efectiva por parte de una superintendencia. Actualmente han vuelto a tomar protagonismo debido a su crecimiento en base los importantes ahorros que administran, hecho que podría causar un grave daño a la economía de las personas con menos recursos, que son las que acceden a este tipo de servicios financieros. A pesar de que actualmente en el mundo, estas son consideradas entidades financieras como cualquier banco, nuestra legislación no las considera como tal y por tanto no forman parte de nuestro sistema financiero nacional. Por ello, la presente investigación tiene como objetivo evidenciar la importancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las mismas que deben ser consideras entidades financieras parte de nuestro sistema financiero nacional, correspondiéndole una supervisión directa por parte de nuestra Superintendencia, hecho que se traduce en la necesidad de adoptar un nuevo modelo de supervisión para estas entidades que mejor se adapte a nuestra realidad. Por ello, aquí sustentaremos la necesidad de implementación de un sistema de supervisión directa auxiliar, la misma que deberá ser ejercida por la Superintendencia Bancos, Seguros y AFPs, debido a que es el supervisor natural y constitucional del sistema financiero, pudiendo esta, ser auxiliada o ayudada por una entidad promotora de estas, como es el caso de las Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito, ello con la finalidad de que esta ayude a comprender a estas entidades en el marco de una supervisión prudencial y ayude también a eliminar barreras geográficas ayudando a la superintendencia ejercer su función de supervisar el universo de cooperativas de ahorro y crédito que aperan a nivel nacional.
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Deconstruyendo la municipalización de los servicios públicos: a propósito del análisis de la pertinencia legal de la creación de empresas municipales prestadoras del servicio público de distribución de gas natural por red de ductos a la luz del actual régimen económico constitucional peruano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-04-03) Delgado de la Flor Dondero, Cinthya; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
A lo largo de la elaboración del presente trabajo, hemos tomado como referencia determinados hechos históricos que fundamentan la evolución de las instituciones jurídicas estudiadas en esta investigación; sin embargo, somos conscientes que en simultáneo se han ido produciendo otros acontecimientos, que ya no los podremos incluir y que serán objeto de análisis de quien tome la posta en un ulterior intento de continuar con nuestra investigación.
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Los derechos antidumping como medidas aplicadas para corregir las distorsiones en el mercado
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018) Ramírez Estrella, Andrea; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
El presente trabajo de investigación busca analizar si la regulación nacional permite que los derechos antidumping cumplan con la finalidad para la cual fueron impuestos, esto es, corregir las distorsiones generadas en el mercado como consecuencia de las prácticas de dumping. En esta entrega, se parte de la hipótesis de que la normativa nacional resulta insuficiente para garantizar la efectividad de tales derechos, pues ha regulado una sola modalidad de prácticas de elusión. Este tema resulta relevante en tanto, en los últimos años se ha incrementado el envío de productos extranjeros hacia el territorio peruano, en un contexto en el cual los productores nacionales buscan competir con dichas importaciones. En este análisis, se parte de explicar en qué consisten los derechos antidumping, las prácticas de elusión, para luego evaluar la legislación comparada y, finalmente, analizar la normativa nacional. En base a ello, se concluye que la normativa nacional resulta insuficiente para garantizar la efectividad en la aplicación de los derechos antidumping.
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Los dispute boards: ¿el salvador de las controversias en los contratos de obra?
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018) Pozo Horna, Andrea Elizabeth; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
El presente trabajo de investigación busca analizar el nuevo mecanismo de solución de controversias conocido como Dispute Board o Junta de Resolución de Disputas (en adelante, JRD) que ha sido recogido en la actual Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Se parte de la hipótesis que la JRD nació como un mecanismo de solución de controversias que busca cubrir las desventajas del arbitraje, dado que los que intervienen en la JRD son especialistas que conocen la controversia desde antes de su surgimiento formal, por lo que tienen mayor alcance del problema. Este tema resulta sumamente relevante de investigar en tanto se trata de un nuevo mecanismo en el cual las controversias son resueltas durante la ejecución de la obra, significando así aparentemente una prontitud en la decisión. En esta investigación, se parte del análisis del sector de la construcción y del contrato de obra pública para posteriormente analizar la experiencia de la JRD en el ámbito internacional y de cómo este mecanismo ha sido recogido en el ámbito nacional. Se concluye que pese a todos los beneficios propios de la JRD, éste resulta ser solo un mecanismo pre-arbitral, toda vez que la decisión de la Junta no tiene carácter de cosa juzgada como sí lo tiene el laudo arbitral, por lo que como está diseñada la JRD, se obtendrá una decisión susceptible de ser examinada y revisada en un arbitraje, lo que podría significar un efecto contrario al que se busca con la aplicación de la JRD.
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La distribución de competencias compartidas en el servicio público de atención médica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-01-13) Guzmán Palomino, Jennifer Alexandra; Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto
La salud y la asistencia médica son derechos humanos que exigen una actividad prestacional del Estado, para cuya eficacia la Administración Pública dirige cuerpos organizados que conforma un sistema de salud. En el caso peruano, existe una generalizada insatisfacción respecto del funcionamiento del sistema de salud. Con esta investigación se busca aportar en el elemento gobernanza del sistema, proponiendo un modelo claro y estratégico para la dirección de gestión sanitaria por un Poder Ejecutivo descentralizado. Para ello, primero se estudia el contenido del derecho a la salud, a partir de la lectura sistemática de normas y sentencias de índole constitucional. Determinar ello nos permite evaluar la eficacia del sistema peruano, para lo cual se añade un análisis comparativo de los sistemas de salud inglés, español, chileno y colombiano. El trabajo incluye un estudio histórico en materia de salubridad y el rol del Estado desde la independencia del Perú en el siglo XIX, para determinar los intereses que obstaculizaron su desarrollo. Finalmente, la investigación concluye que es necesario repotenciar el rol de los gobiernos regionales para asumir un protagonismo en la gestión de servicios de salud y el cumplimiento de las garantías de la asistencia médica, con participación de los gobiernos locales; así como definir el rol del gobierno central en la coordinación local para la eficiencia, directrices técnicas, administración financiera y vigilancia de la igualdad en el ejercicio del derecho a la salud