Autonomía de la diferencia entre indígenas de la Amazonía y los Andes de Colombia

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Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial

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Resumen

La lectura colonial que pretendió oponer imperios y civilizaciones andinas a las behetrías de pueblos «salvajes» y «bárbaros» de los valles interandinos y las tierras bajas sudamericanas, se proyectó hasta el siglo XX. A finales del siglo XIX las clasificaciones del estado diferenciaban las «comunidades indígenas» reducidas a la vida civil que estaban sujetas a las leyes de la República, de las que se hallaban en proceso de reducción, y de los «salvajes» que deberían ser reducidos por las misiones católicas (Ley 89 de 1890). A mediados del siguiente siglo el Estado precisó que las «comunidades» de los Andes, siendo sedentarias y habitantes de resguardos que protegían sus tierras, sin embargo perdían su cultura precolombina por su relación con la no indígena; mientras que las tribus y subtribus semi-nómadas que se hallaban en las selvas, las llanuras y otras regiones periféricas del país, por lo mismo, mantenían su cultura primitiva. En la década de los años 1970 se distinguieron las «tribus que pertenecen a las altas culturas precolombinas, notablemente asimiladas a la cultura nacional», de las «tribus nómades o semi-nómades que viven dentro de una economía rudimentaria de caza y pesca y mantienen escasos contactos con la sociedad nacional» (Decreto 2117 de 1969). Todavía a fines de siglo XX, el lenguaje administrativo mantenía las diferencias entre indígenas campesinos, tribus de economía campesina y tribus e, incluso, en el lenguaje administrativo era de uso común distinguir las «comunidades» y «parcialidades», de «los indígenas de selva y llanura»(Departamento Nacional de Planeación, 1989). Tales clasificaciones no sólo tenían su fuente en aquella lectura evolucionista que leía la historia desde el primitivismo a la civilización, sino que descansaba en una prolongada política del Estado que, desde tiempos coloniales, promovió la integración de los pueblos indios a la sociedad estatal como única alternativa de futuro.

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Páginas 325-353

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