Análisis de la carga de la prueba en la fiscalización ambiental: una visión alternativa

Abstract

La presente investigación tiene como finalidad explorar si resulta socialmente óptimo el empleo del denominado principio de presunción de licitud de la manera como viene siendo utilizado en el derecho administrativo sancionador peruano. Desde el Análisis Económico del Derecho, los autores evalúan si: a) si es eficiente utilizar el estándar de la presunción de licitud en todos los casos; y, b) si en algunos casos, resulta más eficiente probar un hecho intermedio a partir del cual se dará por probada la comisión de la infracción, salvo que el particular demuestre que no cometió ese hecho. Para demostrar la necesidad de este cambio en situaciones concretas, se analizó la entrega de informes de monitoreos ambientales de empresas pesqueras, mineras e hidrocarburos en diferentes zonas del país durante el periodo 2013-2016. La revisión muestra diversas tasas de incumplimiento y evidencia de excesos de Límites Máximos Permisibles (LMP). Considerando la información disponible, se concluye que la conducta del administrado justificaría el cambio de la carga de la prueba en casos de entrega de información formal a fin de incentivar el cumplimiento de la normativa y evitar un daño al ambiente.The present research aims to explore if the use of the presumption of innocence principle in the Peruvian sanctioning administrative law results in a social optimum. For this, the authors explore through the lens of the economic analysis of law the following: a) if is efficient to use the standard presumption of innocence in all the cases, and, b) if in some cases is more efficient prove an intermediate fact to determine the commission of the offense, unless that the individual proves otherwise. To show the need of this change in specific scenarios, the study analyses the delivery of environmental monitoring reports from fisheries, mines, and hydrocarbons in different zones of the country between 2013 and 2016. The revision shows diverse rates of non-compliance and evidence of excess of Maximum Allowable Limits (MAL). Considering the available information, we conclude that firms’ behavior would justify the change of the burden of the proof in cases where formal information should be delivered in order to incentivize compliance and avoid environmental damage.