La privación de libertad por motivos de salud mental en el proceso penal argentino

Abstract

En México, observamos la pretensión de transitar de un modelo asilar a uno de atención comunitaria de la salud mental y de atención a las adicciones. Sin embargo, los desafíos persisten. En este artículo damos cuenta del contenido de la reforma a la Ley General de Salud de 2022, que estableció cambios clave en el consentimiento médico informado y en la prestación de servicios de salud mental; reconoció el derecho de las personas a decidir sobre los tratamientos que reciben, salvo casos excepcionales; y prohibió los internamientos involuntarios. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos en la elaboración de programas de acción específicos, persiste una atención mayoritaria en hospitales especializados, por lo que exponemos que se está en un periodo de transición en el que está pendiente armonizar las normas oficiales mexicanas y las leyes estatales en la materia con la Ley General de Salud. También, explicamos la regulación que rige a los servicios privados de atención a la salud mental y de tratamiento de adicciones, debido a su relevancia para impedir que se den casos de violaciones a derechos humanos. Finalmente, exponemos la creciente tendencia de los estados a prohibir las terapias de conversión, o Ecosig, y las resistencias que se pueden advertir a partir de las diferencias en las diversas normas.