Informe Jurídico sobre la Resolución N° 1977-2023/SPCINDECOPI
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Abstract
La inocuidad alimentaria es fundamental para proteger la salud de las personas.
Sin embargo, en el año 2019, la Asociación Peruana de Consumidores realizó
una denuncia contra Mayorsa, dado que esta empresa se encontraba
comercializando alimentos enlatados con golpes y/o abolladuras en ocho de sus
establecimientos “Mayorsa y Maxi Ahorro”. Ante esto, el presente informe tiene
como objetivo analizar la Resolución 1977-2023 de la Sala Especializada de
Protección al Consumidor para evaluar si Mayorsa vulneró su deber de inocuidad
como proveedor al vender estos productos. Para ello, se determinará mediante
evidencia científica si los alimentos enlatados con estos defectos representan un
riesgo para la salud. Además, se examinará el marco normativo aplicable, las
obligaciones de Mayorsa en cuanto a la inocuidad alimentaria y la competencia
entre la Digesa y el Indecopi en este ámbito. Con estos elementos, se
determinará si Mayorsa cumplió con las obligaciones establecidas en la Ley de
Inocuidad de los Alimentos y si las medidas correctivas dictadas por la Sala
fueron adecuadas. En conclusión, debido a la posible afectación directa en la
salud de los consumidores, es esencial que el análisis de la Sala tome en
consideración el marco normativo de esta materia para asegurar que en futuras
denuncias no solo se aborde el concepto de la inocuidad alimentaria, sino
también las obligaciones mínimas que todos los proveedores deben de cumplir
al comercializar alimentos enlatados. Food safety is essential to protect people's health. However, in 2019, the
Peruvian Association of Consumers filed a complaint against Mayorsa, given that
this company was selling canned food with bumps and dents in eight of its
establishments "Mayorsa and Maxi Ahorro". In view of this, this report aims to
analyze the Resolution 1977-2023 of the Specialized Consumer Protection Court
to evaluate whether Mayorsa violated its duty of innocuousness as a supplier by
selling these products. To do this, scientific evidence will be used to determine
whether canned foods with these defects represent a health risk. In addition, the
applicable regulatory framework, Mayorsa's food safety obligations and the
competition between Digesa and Indecopi in this area will be examined. With
these elements, it will be determined whether Mayorsa complied with the
obligations established in the Food Safety Law and if the corrective measures
ordered by the Chamber were adequate. In conclusion, due to the possible direct
impact on consumers health, it’s crucial that the Chamber’s analysis takes into
consideration the regulatory framework of this matter to ensure that future
complaints not only address the concept of food safety, but also the minimum
obligations that all suppliers must comply when selling canned foods.