Informe jurídico sobre la Casación Nº2097-2019-LIMA
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Abstract
El presente informe jurídico, a partir del análisis de la Casación Nº 2097–2019-
Lima, tiene por objetivo dar respuesta a dos problemáticas principales. Primero,
respecto a qué debe evaluarse para deducir razonablemente que el incremento
patrimonial es consecuencia del abuso del cargo en el delito de enriquecimiento
ilícito. Y, segundo, respecto a cuál es el límite para la inversión de la carga de la
prueba en este tipo penal. Para ello, la realización del presente informe se ha
valido del análisis de distintos instrumentos jurídicos, como la normativa penal y
procesal penal, la principal jurisprudencia de la Corte Suprema y la doctrina.
De esta manera, luego de la investigación llevada a cabo, se ha concluido, por
un lado, que para deducir razonablemente que el incremento patrimonial es
consecuencia del abuso del cargo, debe evaluarse si el marco competencial del
funcionario o servidor público y la calidad de la posición o puesto que desempeña
en la Administración Pública son susceptibles de generar las condiciones para
un enriquecimiento ilícito. Y, por otro lado, que la inversión de la carga de la
prueba al procesado tiene como límite el deber de la carga de la prueba del
Ministerio Público, el cual consiste en acreditar, primero, el incremento
patrimonial y, segundo, el vínculo funcionarial entre el mismo y el abuso del
cargo. This legal report, based on the analysis of Cassation No. 2097-2019-Lima, aims
to respond to two main problems. First, regarding what must be evaluated to
reasonably deduce that the increase in assets is a consequence of the abuse of
charge in the crime of illicit enrichment. And, second, regarding what is the limit
for reversing the burden of proof in this type of crime. To this end, the preparation
of this report has used the analysis of different legal instruments, such as criminal
and criminal procedural regulations, the main jurisprudence of the Supreme Court
and doctrine.
In this way, after the investigation carried out, it has been concluded, on the one
hand, that to reasonably deduce that the increase in assets is a consequence of
the abuse of charge, it must be evaluated whether the competency framework of
the official or public servant and the quality of the position or position held in the
Public Administration are susceptible of generating the conditions for illicit
enrichment. And, on the other hand, that the reversal of the burden of proof on
the accused is limited by the duty of the Ministerio Público's burden of proof,
which consists of proving, first, the increase in assets and, second, the official
link between it and the abuse of charge.