Informe de relevancia jurídica sobre el Expediente E-2561: Anulación de laudo por indebida notificación y nulidad de oficio del contrato público por afectación al principio de presunción de veracidad
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Abstract
El presente informe analiza la controversia arbitral entre un consorcio y una entidad, que
culmina con la emisión de un primer laudo que fue anulado por la Primera Sala Civil con
Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolviéndose por
segunda vez con un laudo, dictado por mayoría, el 8 de julio de 2013. La relevancia de
estudio de este expediente radica en que con su análisis se logran consolidar
conocimientos respecto de dos grandes ramas del derecho, el arbitraje y las
contrataciones públicas. Ello, debido a que el expediente es sobre un caso emblemático
que surge cuando el arbitraje en contratación pública se encontraba en sus inicios en
nuestro país. En ese sentido, se plantean como objetivos la revisión de los siguientes
puntos: 1) La debida notificación a las partes del nombramiento de un árbitro o de las
actuaciones arbitrales, 2) El impedimento a las partes de hacer valer sus derechos
dentro del arbitraje, 3) El cumplimiento del requisito previo para acudir al proceso de
anulación de laudo, 4) Aplicabilidad de las normas de contrataciones que sustentan la
nulidad de oficio y el control difuso realizado por el Tribunal Arbitral, y, 5) La nulidad de
oficio del contrato y el derecho al debido procedimiento. Las hipótesis planteadas
radican en que la anulación de laudo por parte del Poder Judicial no fue debidamente
realizada, ya que no existía una causal aplicable, y que el contrato anulado de oficio por
la Entidad no fue realizado acorde a ley. Finalmente, la metodología empleada para
realizar dicho análisis es la dogmática, ya que todo surge por la revisión de diversas
normas, así como la jurisprudencia y doctrina relevante. Todo ello, relacionado a las
ramas del derecho de arbitraje, sobre las causales de anulación de laudo, y contratación
pública, en lo pertinente a la anulación de oficio de un contrato público.