Principales manifestaciones de los oficios notariales en Lima que actúan como empresas proveedoras de servicios notariales y motores generadores de desarrollo económico

Abstract

El objetivo del presente trabajo consiste en identificar las principales manifestaciones que evidencian los oficios notariales de Lima, que permitan sustentar que vienen actuando como empresas proveedoras de servicios notariales, con lo que estarían adquiriendo un nuevo rol en nuestra sociedad como motores generadores de desarrollo económico y en consecuencia, promotores de seguridad jurídica, paz social y justicia. Como conclusiones tenemos que, se demuestra que efectivamente, los oficios notariales en Lima manifiestan la existencia de un mercado de servicios notariales y la consecuente demanda de un mercado laboral especializado en la materia notarial, actuando los oficios notariales como proveedores de servicios notariales e importantes motores que generan desarrollo económico en la localidad. La comprobación de dicha transformación de los oficios notariales como proveedores de servicios notariales está referido a la gestión empresarial del notario, que es absolutamente distinto a la función notarial que le fuera encomendada por el Estado al notario. Propuesta de algunas reformas: - Modificar el régimen tributario de los notarios a uno que les sea más favorable. - Autorizar que los notarios puedan constituir una empresa para administrar su oficio notarial y delimitar el riesgo y el patrimonio que podría ser afectado en caso de responsabilidad patrimonial. - Se debe legislar para la creación de un seguro patrimonial que proteja el patrimonio del notario. - Implementar nuevas plazas de notarios en Lima, al número de 200, además de implementar un mecanismo que permita democratizar el acceso de los notarios a la carga de trabajo notarial que proporciona el sector financiero. - Legislar con mayor detalle la figura del dependiente del notario. - El Colegio de Notarios de Lima debe apoyar a los notarios frente a las obligaciones informativas impuestas por el sistema de detección de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.