Departamento Académico de Economía
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El Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú fue creado en agosto de 1969 y desde entonces el equipo de profesores que lo conforman se ha caracterizado tanto por su labor docente como por su dedicación permanente a la investigación de los temas relevantes para la sociedad y la economía peruana.
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Ítem Acceso Abierto Las políticas antimonopolio y la promoción de la competencia en el Perú(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 1997) Távara Martín, José I.El objetivo del trabajo es explorar los principales dilemas y desafíos que enfrentan las políticas antimonopolio y la promoción de la competencia en el Perú. Se presenta una evaluación del impacto de las reformas estructurales en las barreras a la competencia y en las posibilidades de colusión, identificando aquellas barreras y restricciones que han sobrevivido a la liberalización de los mercados. Luego se analiza el sistema de promoción de la competencia, examinando el rol jugado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). El análisis comprende la identificación de los atributos que caracterizan la estructura institucional de este sistema y, en particular, los mecanismos que condicionan el márgen discrecional de los organismos competentes. También se examinan las premisas y concepciones dominantes sobre las políticas de competencia, poniendo de relieve los rasgos más destacados de la legislación vigente. El trabajo ofrece una evaluación de las consecuencias de estas políticas, teniendo en cuenta las peculiaridades institucionales específicas a la sociedad y al Estado peruanos. El método utilizado es la revisión de la legislación y de la jurisprudencia generada durante los primeros años de funcionamiento de INDECOPI. La conclusión central del trabajo es que, en general, las reformas han logrado remover las barreras artificiales a la competencia, estimulando la inversión y la entrada de nuevos competidores. Al mismo tiempo, sin embargo, aún subsisten elementos monopólicos que reducen la eficiencia del sistema económico y afectan el bienestar de los consumidores. Además, algunos de los cambios generados por las propias reformas elevan las posibilidades de colusión entre las empresas. En efecto, la reducción del ritmo inflacionario permite una mayor visibilidad de los precios y en esa medida facilita el funcionamiento del mecanismo central que sustenta la colusión (la amenaza de represalias entre las empresas rivales). De otro lado, la reducción gradual en las tasas de descuento temporal ha elevado la ponderación de los ingresos futuros en el cálculo del valor presente y en la evaluación de las estrategias de precios, elevando el costo de desviarse de los acuerdos oligopólicos. Las posibilidades de colusión también habrían aumentado en aquellas industrias afectadas por la renovación de maquinaria y equipos, en la medida en que dicha renovación ha dado lugar a la adopción de estándares comunes y a la reducción de las asimetrías de costos, facilitando la coordinación en torno a un precio de equilibrio. En la misma línea, las fusiones y adquisiciones registradas en algunas industrias han elevado las posibilidades de colusión y de abuso de poder de mercado. De otro lado, la competencia efectiva y potencial de las importaciones ha reducido las posibilidades de abuso de poder de mercado por parte de las empresas localizadas en el país. Sin embargo, este mecanismo está limitado, por definición, a aquellas industrias que producen bienes y servicios transables. Los organismos responsables de las políticas de competencia podrían priorizar entonces la supervisión de aquellas industrias altamente concentradas, que involucran costos hundidos elevados, y que están menos expuestas a la competencia internacional. Pueden destacarse al respecto las industrias caracterizadas por la acumulación de activos intangibles, asi como aquellas que producen bienes totales o parcialmente perecibles, o que tienen un elevado peso o volumen por unidad de valor. Las empresas de mayor envergadura cuentan con recursos que pueden ser utilizados para intentar influir en las decisiones y “capturar” a los organismos de regulación. La autonomía de las agencias de promoción de la competencia resulta entonces decisiva. Al revisar la legislación peruana encontramos que el nombramiento de los principales funcionarios del INDECOPI depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, un poder que no tiene, actualmente, contrapesos institucionales efectivos. Si bien las resoluciones del Tribunal de INDECOPI pueden ser apeladas en la Corte Suprema de Justicia, la autonomía del Poder Judicial ha sido mellada por la interferencia sistemática del Ejecutivo. Luego de revisar brevemente el marco normativo en otros países latinoamericanos, se postula la conveniencia de dotar a esta agencia con autonomía constitucional y con personal especializado, evitando su politización. También se propone la incorporación formal y orgánica de las asociaciones de consumidores, facilitando su acceso a la información relevante. En la misma línea, se recomienda que los procesos abiertos por la infracción de las normas tengan el carácter de audiencias públicas, a fin de elevar su transparencia y reducir los riesgos de corrupción. Por último, se pone de relieve la necesidad de capacitar a los magistrados del poder judicial a fin de especializar la administración de justicia en casos de regulación y libre competencia. Al examinar la concepción que ha orientado las políticas de competencia en el Perú, se encuentran algunos vacíos e insuficiencias. Se destacan al respecto la negativa a adoptar una política explícita de fusiones, así como la hostilidad frente a modalidades de cooperación empresarial que, en principio, podrían elevar el bienestar de la población. También se cuestiona el sesgo legalista y coercitivo de la concepción vigente, que prioriza la corrección de los procedimientos y coloca en un segundo plano el impacto de las decisiones en el bienestar y el crecimiento. Uno de los resultados del análisis es que la función de INDECOPI tiende a limitarse a la búsqueda de culpables y a la sanción de acciones pasadas, descuidando la investigación y la prevención ex-ante de acciones que limitan o distorsionan la competencia. La revisión de la jurisprudencia generada ilustra estas limitaciones. En efecto, la mayoría de denuncias se ha dirigido contra municipios, gremios tradicionales, sindicatos de trabajadores y empresas informales. En contraste, y salvo algunas excepciones destacadas, las empresas que cuentan con poder de mercado no se han visto afectadas. Como podía esperarse, las empresas de mayor envergadura se han adaptado rápidamente al nuevo marco legal, y han empezado a utilizarlo en su propio provecho. Los resultados del trabajo ponen de relieve la necesidad de definir con mayor rigor los objetivos de las políticas de competencia teniendo en cuenta las características específicas de la sociedad peruana. Se concluye en la importancia de revisar las prioridades del INDECOPI, reorientando sus actividades a partir de un diagnóstico más elaborado sobre la estructura de los mercados y las barreras que han sobrevivido a las reformas. Al mismo tiempo, se propone adoptar, de manera simultánea, medidas orientadas a elevar la capacidad de competir de las empresas localizadas en el país. El trabajo concluye postulando que la promoción de la competencia no puede ser concebida como una función exclusiva y excluyente de las agencias del gobierno central. Por el contrario, resulta indispensable constituir sistemas permeables a la participación de los ciudadanos y de las instituciones localesÍtem Acceso Abierto Servicios no financieros y producción a pequeña escala : desafíos y lecciones de política(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 1996) Távara Martín, José I.El objetivo de este trabajo es poner de relieve los principales desafíos que enfrentan las políticas de generación de empleo calificado en el Perú, en un contexto caracterizado por la expansión sostenida del número de trabajadores por cuenta propia y de empresas de menor tamaño, que generalmente operan con niveles de productividad e ingresos reducidos. El propósito es explicar las razones por las cuales el mercado es incapaz de generar diversos servicios que las empresas pequeñas necesitan para sobrevivir y desarrollarse, en un entorno cuyos rasgos distintivos son la desregulación, la liberalización de los mercados y el debilitamiento de las instituciones heredadas de la década anterior. El argumento central es que la capacidad de generación de empleo e ingresos por las empresas de pequeña escala depende, entre otros factores, de su acceso a servicios de información especializada sobre mercados y tecnología, y a servicios de formación y asistencia técnica. En el contexto actual de apertura de la economía y de apreciación del tipo de cambio, la competencia de empresas extranjeras que sí tienen acceso a estos servicios en sus lugares de origen, amenaza la viabilidad de muchas firmas de menor tamaño localizadas en el Perú. Estos servicios no son generados espontáneamente por el mercado debido a que tienen, en cierto grado, las características de los bienes públicos: no se agotan con el consumo individual y ofrecen la posibilidad de consumo colectivo y, de otro lado, es difícil o costoso regular su provisión a los usuarios. Además, esta provisión involucra economías de escala, interacciones caracterizadas por la asimetría de información así como también costos hundidos relativamente elevados. Estos factores elevan el riesgo, inhiben la oferta privada y limitan el desarrollo de un mercado por estos servicios. En ciertos casos la provisión de estos servicios puede tener lugar en el contexto de relaciones verticales y bajo la modalidad de transacciones articuladas por medio de contratos. En este caso una empresa de mayor envergadura, un distribuidor mayorista o una trading vinculada a los mercados de exportación, subcontrata los servicios de empresas más pequeñas encargándoles una o más operaciones del proceso productivo. La empresa contratista puede desempeñar diversas funciones, incluyendo la selección de las empresas subcontratadas, la capacitación de su personal, la asistencia técnica, el control de calidad, la comercialización del bien final y, eventualmente, la provisión de algunos insumos y recursos financieros. Esta solución al problema ha mostrado su efectividad en la agroindustria de exportación. En este caso las transacciones involucran, por un lado, a pequeños productores agrícolas y, por el otro, a empresas agroindustriales y agroexportadoras vinculadas a los mercados de consumo final y con acceso a fuentes de financiamiento y tecnología. Pero no hay evidencia suficiente sobre la extensión y la naturaleza de estas transacciones en el entorno urbano. La pequeña empresa urbana está mayoritariamente concentrada en el comercio, los servicios y en la producción de bienes de consumo (confecciones, calzado, carpintería, alimentos, etc.). Puesto en otros términos, opera en los últimos “eslabones” de la cadena de valor. Además, generalmente produce bienes de calidad inferior para segmentos de ingresos reducidos, y se caracteriza por la heterogeneidad tecnológica y la ausencia de estándares de producción. En estas condiciones, la integración vertical parece constituir una opción más rentable y atractiva que la subcontratación, considerando la magnitud de las inversiones requeridas en equipamiento y maquinaria así como los costos de selección y negociación con los potenciales subcontratistas. De otro lado, la organización de esta oferta de servicios a partir de asociaciones (horizontales) de empresas privadas enfrenta complejos problemas de acción colectiva que en muchos casos no han logrado resolverse. Estos problemas parecen estar asociados a la fragmentación de las asociaciones de empresarios y a la heterogeneidad de las normas sociales. También pueden mencionarse, como factores explicativos, la debilidad de los incentivos y las sanciones informales, y el deterioro del sistema policial y judicial. Los fracasos asociados a la intervención del Estado en el Perú han dado lugar a un clima adverso a la innovación en el diseño de políticas públicas, en el cual se cuestionan no solo las modalidades erradas de intervención estatal sino la intervención en sí misma. Sin embargo, la lección más importante en materia de políticas es que la intervención estatal es exitosa cuando complementa, en lugar de desplazar, al sector privado. En el trabajo se examinan brevemente las experiencias del Japón, Italia y Chile. En estos países los gobiernos subvencionan la oferta de servicios priorizando el estímulo a las exportaciones y delegando la conducción de los programas al sector privado. La evidencia revela que las empresas localizadas en estos países están compitiendo exitosamente en el mercado internacional (incluyendo, por cierto, el mercado peruano). En contraste, los escasos programas promovidos por el Estado peruano para ofrecer estos servicios ¾generalmente con apoyo de recursos externos¾ se han caracterizado por la escasa participación del sector privado en su conducción y en su financiamiento. Esta participación es fundamental para asegurar la calidad de los servicios ofrecidos y su adecuación a las necesidades de las empresas, condiciones necesarias para la sostenibilidad de los programas. La coordinación de las actividades ha sido muy débil o inexistente, dando lugar a la duplicación de esfuerzos y a la pérdida de economías de escala. Este resultado se explica por la ausencia de políticas de largo plazo que orienten los proyectos en marcha, y por la debilidad de las redes institucionales que constituyen el entorno en el que operan las empresas. El trabajo concluye afirmando que la concepción según la cual el Estado no debe promover nada ni cooperar con las empresas, pues toda cooperación necesariamente degenera en la formación de coaliciones rentistas y en el “mercantilismo”, está profundamente errada. De hecho, las economías más dinámicas del planeta se caracterizan por la proliferación de asociaciones empresariales orientadas a la creación de valor y no a la extracción de rentas. La vigencia de esta concepción en algunas esferas del gobierno, podría explicar la postergación de una serie de propuestas dirigidas a estimular la creación de empleo calificado y la expansión de la oferta exportable. Es urgente, por lo tanto, acelerar la modernización del Estado, constituyendo los contrapesos institucionales requeridos para asegurar una asignación eficiente y transparente de los recursos públicos, a fin de responder a los desafíos del momento actual.Ítem Acceso Abierto Reflexiones y propuestas sobre la industrialización en el Perú(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 1986) Iguíñiz Echeverría, Javier; Távara Martín, José I.Reflexiones sobre algunos elementos para formular una estrategia de industrialización en perspectiva de largo plazo desde una experiencia como la peruana. Se trata principalmente de proponer una agenda de asuntos y no un conjunto de propuestas ordenadas.