Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública

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La capacidad de agencia de las organizaciones juveniles en el uso de mecanismos de accountability. El caso: “la despenalización de las relaciones sexuales consentidas con adolescentes (Perú - 2008-2013)”
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-01-24) Rosas García, Alice Hazel; Alza Barco, Abelardo Carlos Alberto
En Abril del 2006 el Congreso de la República aprobó la Ley 28704 que modificó el artículo 173° del Código Penal, que tuvo por efecto la criminalización de todas las relaciones sexuales con adolescentes, incluyendo las ejercidas de manera libre y autónoma. En consecuencia, y sin proponérselo, la ley impuso graves obstáculos para la provisión de información sobre salud sexual y reproductiva y la atención médica de esta población vulnerable. En este contexto, cobra especial importancia el esfuerzo de un grupo de jóvenes que de manera organizada, tomaron la decisión de demandar ante el Tribunal Constitucional - TC, el reconocimiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Tras trece meses de movilización nacional, el 24 de enero de 2013 el Tribunal Constitucional publicó la sentencia que declara fundada la demanda y reconoce el derecho a la libertad sexual de los adolescentes. El fallo es un hito en materia de conquista de derechos sexuales; y el proceso, una muestra de la capacidad de agencia de los jóvenes en el uso de mecanismos de accountability para la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos. La acción de inconstitucionalidad es una valiosa y exitosa experiencia de participación política ciudadana su análisis nos permite conocer los factores que determinan la capacidad de agencia de los jóvenes para el uso de mecanismos de accountability. La experiencia ha sido reconstruida a partir de la percepción y valoración de los entrevistados para este estudio, sus testimonios permitieron ahondar acerca del uso de la accountability vertical social y de su eficacia cuando participan las agencias estatales. Esta experiencia es una evidencia de que la articulación de los mecanismos de accountability vertical social y accountability horizontal permitió la solución de un problema público favoreciendo el ejercicio de la democracia.
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Problemas y posibilidades de la coordinación en el sector público en el proceso de consulta previa del Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-02-09) Ramos Montes, Carlos; Alza Barco, Abelardo Carlos Alberto
El propósito de la tesis fue indagar sobre los factores de coordinación entre las entidades del sector público que dificultaron o facilitaron el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas para la emisión de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. La investigación encontró que los factores que dificultaron el proceso de consulta previa fueron la inadecuada comunicación y el escaso conocimiento; mientras que el liderazgo técnico y político facilitó la coordinación entre las entidades del sector público. Por un lado, la inadecuada comunicación fue evidente entre las instituciones del sector público y en su relación con los pueblos indígenas expresado en: la falta de respuesta a las solicitudes, cambios de las fechas de reuniones programadas, aparición de cartas apócrifas, uso de materiales educativos sin tomar en cuenta el grado de instrucción de los indígenas, uso de discursos confrontacionales que se materializó en denuncias a los dirigentes y la descalificación a la cosmovisión indígena. Por otro lado, el escaso conocimiento se evidencia en: no se convocó -desde el inicio- a todas las organizaciones indígenas; ausencia de expertos en la implementación de la consulta previa; inexistencia de un procedimiento para implementar dicho proceso; así como no se consideró la forma como los pueblos indígenas trasmiten conocimientos y toman decisiones. Sin embargo, es posible afirmar que la inadecuada comunicación y escaso conocimiento no impidieron el desarrollo del proceso de consulta previa, debido fundamentalmente al liderazgo técnico y político que facilitó la coordinación entre las instituciones que participaron, lo señalado se evidencia en: la creación del Grupo de Trabajo Interministerial (GI) que asumió la dirección técnica; la Comisión Agraria del Congreso de la República que asumió la dirección política y decidió consultar una medida legislativa a los pueblos indígenas, a pesar de no tener presupuesto, equipo técnico ni norma que regulará el proceso de consulta previa; así como la predisposición al diálogo y la flexibilidad para permitir la participación de los pueblos indígenas.
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El proceso de "agendación" de la concesión de los establecimientos penitenciarios en el Perú (2001-2008)
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012-08-24) Cori Calixto, Julia Yovana; Alza Barco, Abelardo Carlos Alberto
De acuerdo a la bibliografía recopilada que data de fecha posterior al año 1980, el hacinamiento existente en casi la totalidad de cárceles constituye uno de los principales problemas que ha presentado el sistema penitenciario en nuestro país. Así, la población penitenciaria hasta el mes de diciembre del 2008 ascendía a 43,466 internos1 mientras que la capacidad de albergue a nivel nacional era tan sólo de 23,333. Es importante resaltar el caso particular del penal de Lurigancho, donde se alberga alrededor del 25% del total de la población penal.
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Propuesta de proyecto piloto de educación universitaria a distancia en las zonas rurales de la Región La Libertad.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-12-09) Alván Cabanillas, Sergio Hermes; Alza Barco, Abelardo Carlos Alberto
El desarrollo humano integral, la superación de la pobreza y la igualdad de acceso a las oportunidades para todos los ciudadanos del Perú, sin ningún tipo de discriminación, constituyen el eje principal de la acción del Estado. En este sentido, garantizar el acceso universal a una educación integral de calidad orientada al trabajo y a la cultura, enfatizando los valores éticos, con gratuidad en la educación pública, y reducir las brechas de calidad existentes entre la educación pública y privada, rural y urbana, constituyen parte del concepto de desarrollo humano integral.