“Ibas darle equilibrio a la Fuerza, no dejarla en la oscuridad”: Informe Jurídico sobre la Sentencia N.° 74/2023 recaída en el Expediente N.° 0003-2022-PCC/TC

Abstract

El Congreso de la República interpuso una demanda competencial contra el Poder Judicial aduciendo que la revisión de sus actos en el marco de tres procesos de amparo afectaba sus competencias exclusivas y excluyentes y que, por lo tanto, la parte demandada había incurrido en vicios competenciales que ameritaban la intervención del máximo intérprete de la Constitución. Ante ello, el Tribunal Constitucional determinó -bajo una interpretación de espaldas al principio de separación de poderes- que existían zonas exentas del control constitucional y, con ello, abrió paso la doctrina de las “political questions” en el Perú. Dicha postura ignoró, plenamente, la jurisprudencia del máximo intérprete de la Constitución, la cual había establecido largamente que, en tanto la norma fundamental vinculaba a todos los poderes públicos, no era posible concebir que alguno realizase actos que no pudiesen ser controlados constitucionalmente. A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional desnaturalizó el proceso competencial y se advocó al análisis de fondo de los procesos de amparo que fueron motivo de la demanda, a fin de resolver las controversias bajo su propio criterio. Al hacerlo, no solo comprometió diversos principios constitucionales, sino que, a su vez, permitió la vulneración de derechos fundamentales y se advocó a causas pendientes ante órganos jurisdiccionales.

The Congress of the Republic filed a jurisdictional claim against the Judiciary, arguing that the review of its actions within the framework of three amparo processes affected its exclusive and excluding competences. Consequently, the defendant had committed jurisdictional errors that warranted intervention by the highest interpreter of the Constitution. In response, the Constitutional Court, under an interpretation that disregarded the principle of separation of powers, determined that there were areas exempt from constitutional control. This paved the way for the doctrine of 'political questions' in Peru. Unfortunately, this stance completely ignored the jurisprudence of the highest interpreter of the Constitution, which had long established that all public powers were bound by the fundamental norm, making it impossible for any of them to perform acts beyond constitutional scrutiny. Furthermore, the Constitutional Court distorted the jurisdictional process by delving into the substantive analysis of the amparo cases that were the subject of the claim. In doing so, it not only compromised various constitutional principles but also allowed for the violation of fundamental rights and deferred to pending cases before judicial bodies.