Participación ciudadana y propuestas de modificacion de la legislación peruana en el sector minero

Abstract

La participación ciudadana relacionada a las actividades extractivas de recursos naturales como es el caso de la minería tiene particular incidencia en los conflictos que en esta actividad se producen, la visibilidad de los conflictos socioambientales se ha incrementado en los últimos tiempos, los reportes mensuales de la Defensoría del Pueblo así lo acreditan variando aproximadamente entre el 47% y 51% del total de los conflictos registrados cada mes. Muchos de los reclamos que sostienen diversos sectores de nuestra población, especialmente las comunidades campesinas y nativas asentadas alrededor de proyectos u operaciones mineras, tienen que ver con preocupaciones que no son tomadas en cuenta, no son reconocidas a tiempo y que luego se desbordan en protestas e incluso violencia. Estamos ante procesos extractivos de recursos minerales (oro, plata, cobre, molibdeno, zinc, etc) que cuentan con la autorización del Estado y que se realizan generalmente en zonas alejadas del país, que tienen como principales habitantes comunidades campesinas y nativas, es decir grupos de comuneros en su mayoría pobres, que realizan actividades de cultivo o ganadería de subsistencia, no articuladas adecuadamente al Gobierno Local o Regional, lo cual implica que muchas veces no cuenten con servicios básicos adecuados (luz, agua, educación, salud, etc.), y que además en su gran mayoría carecen de información relacionada a la actividad minera. Por ello es objetivo de este artículo analizar en que medida las normas que regulan la participación ciudadana en la actividad minera toman en cuenta la realidad social de los proyectos extractivos, así como los objetivos que se tienen con relación a que las personas vivan en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de su vida como los señala el artículo primero de la Ley General del Ambiente. Toda vez que las normas de participación ciudadana deberían contribuir a que las comunidades se encuentren debidamente informadas, conozcan de sus derechos y deberes; y sobre todo sean consultadas, de forma tal que su participación refleje realmente sus necesidades, preocupaciones y dudas frente a la actividad extractiva, además que estas sean realmente considerados al tomarse las decisiones de llevar adelante un proyecto minero en todas sus etapas.