¿En qué medida la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N.o 27806, se complementa con lo dispuesto en la Ley General de Salud, Ley N.o 26842, garantizando el Derecho fundamental al acceso a la información?

Abstract

El presente trabajo pretende exponer algunos casos en los cuales el administrado requiere documentos que considera de público conocimiento, en mérito a la ley de Transparencia y Acceso a la Información, y por cuanto los posee la Administración, específicamente nos estamos haciendo referencia a aquellos supuestos en los que una persona solicita a una entidad pública, hospital del estado, copia de la historia clínica de un paciente que no tiene un vínculo con el requirente. Y antes de desarrollar los casos obtenidos por el propio Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (el “Tribunal”), órgano que pertenece al Ministerio de Justicia, se expondrán algunos conceptos que se han podido recopilar de las leyes que serán aplicables a nuestro caso completo, además de lectura adicional que nos ayudará a demostrar que no toda información que obra en algún ente del estado, debe ser considera como pública, y en ese contexto, que tampoco se transgrede el derecho de acceso a la información pública. La razón de promover esta información es por cuanto existe un desconocimiento sobre estos hechos y los administrados, que creen que se está transgrediendo su derecho constitucionalmente reconocido, dando inicio a un procedimiento administrativo que genera costos al aparato del Estado, que podrían ser destinados a otros temas incluso otras carteras que requieran de mayor presupuesto, reclamando sobre algo que no resulta otorgable.

Asimismo, con esta breve exposición, busco dar a conocer que (i) no existe un correcto entendimiento sobre la información que es considerada como pública; de otro lado, (ii) las excepciones a una norma no siempre se encuentran contenidas en la misma ley, debiendo recurrir a otras fuentes normativas para su correcto entendimiento. Ambos hechos conllevan a pensar que el Estado no está cumpliendo a cabalidad con su deber de difusión normativa

The present paper will show cases in which the citizen requires documents that it considers to be publicly known, due to the Law on Transparency and Access to Information, and since the Administration has them, we are specifically referring to those cases in those in which a person requests a copy of the clinical story of a patient who has no relationship with the applicant, in a state hospital.

Before develop the cases obtained by the Court of Transparency and Access to Public Information (the "Court"), that belongs to the Ministry of Justice, some concepts that have been compiled from the laws, will be expose, in addition I will use some additional lectures that will help us demonstrate that not all information that guard a public hospital should be considered as public, and in this context, that the right of access to public information is not violated either.

The reason for promoting this information is because there is a lack of knowledge about these facts and those citizens, who believe that their constitutionally recognized right is being violated, initiating an administrative procedure that generates costs to the public hospital, which could be allocated to others topics including other portfolios that require a larger budget, claiming about something that is not grantable.

Also, with this brief presentation, I seek to make it known that (i) there is no correct understanding of the information that is considered public; on the other hand, (ii) the exceptions to a norm are not always contained in the same law, so it is necessary to resort to other normative sources for their correct understanding. Both facts lead us to think that the State is not complying with its duty to disseminate the regulations.