La suspensión del derecho de voto de los acreedores concursales ante supuestos de conflicto de interés

Abstract

¿Qué tratamiento le debemos dar al acreedor que vota inducido por motivos ajenos al de maximizar la recuperación de su crédito? O, dicho de otra manera: ¿cómo tratar a un acreedor que pretende votar en una Junta de Acreedores sabiendo que lo que vaya a perder en el concurso lo va a ganar, incluso con creces, por otro?.Las preguntas anteriormente expuestas son solo algunas de las interrogantes que resuelven los autores, a través del presente artículo, el mismo que partiendo de un interesante caso, ofrece al lector un análisis claro referido al conflicto de interés de los acreedores concursales en el marco de las juntas de acreedores en materia concursal.Como se podrá observar a lo largo del texto, en opinión del autor, ante la falta de regulación expresa sobre este tema en nuestra Ley General del Sistema Concursal, son trasladables las limitaciones estatutarias o aquellas establecidas en la Ley General de Sociedades sobre conflictos de interés. En ese sentido, el autor sugiere como alternativa que se someta a consideración de la Junta de Acreedores la suspensión del derecho de voto del acreedor conflictuado. Sin embargo, más allá de la solución que se construye, resulta urgente e importante que se trabaje una modificación a la Ley General del Sistema Concursal a fin de tratar este asunto.

How should we treat the creditor who votes induced by motives other than maximizing the recovery of his credit? Or to put it another way: how should we treat a creditor who intends to vote in a Meeting of Creditors knowing that what he will lose in the insolvency proceeding will be gained, even more, by another creditor?.The above questions are just some of the questions that the authors resolve in this article, which, based on an interesting case, offers the reader a clear analysis of the conflict of interest of creditors in bankruptcy in the context of creditors’ meetings in bankruptcy matters.As can be seen throughout the text, in the author’s opinion, in the absence of express regulation on this subject in our General Law of the Insolvency System, the statutory limitations or those established in the General Corporations Law on conflicts of interest are transferable. In this sense, the author suggests as an alternative that the suspension of the conflicted creditor’s voting rights be submitted to the consideration of the Meeting of Creditors. However, beyond the solution that is constructed, it is urgent and important to work on an amendment to the General Law of the Insolvency System in order to address this issue.