El fraude registral : análisis institucional del Sistema Nacional de los Registros Públicos – SINARP y de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP

Abstract

El Sistema Nacional de los Registros Públicos - SINARP tiene la obligación de garantizar la intangibilidad de las inscripciones registrales y la seguridad jurídica de los derechos de quienes se amparan en la fe de los Registros Públicos. Sin embargo, hace algunos años se ha conocido con mayor fuerza el problema de las inscripciones registrales fraudulentas o fraude registral en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, el cual se configura cuando dichas inscripciones registrales se realizan en base a documentos falsos, falsificados, con suplantación de identidad o fraude a la ley, anomalía que muchas veces ocasiona que algunas personas sean injustamente despojadas de sus derechos y titularidades válidamente inscritas, situación que precisamente afecta en forma directa a las mencionadas garantías de intangibilidad de las inscripciones y de seguridad jurídica de las personas que confían en la publicidad que otorga el Registro. La presente investigación tiene como objetivo principal identificar los espacios y fallas del SINARP que están permitiendo la ocurrencia del fraude registral en la SUNARP en el marco de algunos pilares y ejes de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, encontrándose que estos son: la inexistencia o deficiencia de algunos insumos esenciales para el correcto desarrollo del proceso de producción del servicio de inscripción (procedimiento registral), la desvinculación de actores claves dentro del diseño institucional y organizacional, la inexistencia de lineamientos de coordinación interinstitucional, el mayor desarrollo y uso de tecnologías de la información y su adecuada implementación, así como la inexistencia de una verdadera política pública registral y la ineficiente priorización de objetivos institucionales, razones por las cuales se considera que en la actualidad la SUNARP carece de la capacidad institucional para prevenir el fraude registral.