Las demandas indígenas en el conflicto socioambiental hidrocarburífero entre el pueblo indígena amazónico quechua del Pastaza y la empresa Pluspetrol norte entre los años 2012 y 2013.

Abstract

A través del caso “Las demandas indígenas en el conflicto socioambiental hidrocarburífero entre el pueblo indígena amazónico Quechua del Pastaza y la empresa Pluspetrol Norte entre los años 2012 y 2013”, esta investigación pretende reflexionar sobre la siguiente interrogante: ¿Cómo se construyen las demandas indígenas en este conflicto? De esta pregunta se desprenden los 3 sub objetivos planteados: (i) describir a los actores y sus demandas, (ii) comprender el desarrollo de la estructura de oportunidad política y los recursos movilizadores en la movilización indígena y (iii) determinar los procesos de “encuadre” del discurso político indígena en la movilización. Este caso es un ejemplo de los conflictos que tienen como elemento la superposición de lotes de hidrocarburos en territorios indígenas, lo que ha originado intereses divergentes entre pueblos indígenas amazónicos y empresas petroleras, donde el Estado es el supuesto mediador de las confrontaciones y garantista de sus derechos. Sin embargo, son los pueblos indígenas los actúan colectivamente para exigir demandas mínimas y concretas al Estado, construyendo una serie de acciones a partir de una estructura de oportunidad política poco exitosa a nivel nacional y regional, fuertes recursos de movilización y el uso de discursos legitimados a través de hechos concretos, que combina el paradigma multicultural con el paradigma de la igualdad. Así, se generan movimientos indígenas como el dirigido por el pueblo Quechua del Pastaza en Loreto que ha sido afectado por impactos ambientales y sociales tras 40 años de contaminación petrolera en sus territorios. De modo que, la construcción de las demandas indígenas estaría ligada al inefectivo rol que cumple el Estado para garantizar el respeto por sus formas de desarrollo, el ejercicio de sus derechos fundamentales como colectivos y la adecuada fiscalización de impactos negativos generados por los proyectos de inversión de hidrocarburos.