Privatización y extinción del régimen concesional en materia de servicios públicos y obras públicas de infraestructura en el marco jurídico de Promoción de la Inversión privada

Abstract

En el Perú se maneja un concepto amplio o polisémico de privatización, el cual implica todo tipo de actividad que busca devolver o transferir sea propiedad o sea la gestión de activos, empresas, bienes y servicios desde el Estado hasta los sujetos privados.El marco jurídico de Promoción de la Inversión Privada ha evitado en regular o introducir legalmente, cualquier tipo de atribuciones, potestades o prerrogativas estatales que puedan incidir directamente en la ejecución del contrato de concesión, los mismos que puedan significar altos riesgos para la atracción de la inversión privada producto de la indiscriminada intervención pública en la economía del país acaecidos en la década de los años setenta y ochenta. A partir del año 1991 a la fecha, el Estado se ha preocupado en reformular constantemente el régimen legal para la captación y Promoción de la Inversión Privada mediante lineamientos adjetivos en materia de servicios públicos, obras públicas de infraestructura y recursos estatales, sin preocuparse por el régimen especial del contrato de concesión.

In Peru a broad or polysemic concept of privatization is managed, which involves all types of activity that seeks to return or transfer ownership or management of assets, companies, goods and services from the State to private individuals.The legal framework for the Promotion of Private Investment has avoided regulating or legally introducing any type of powers, powers or state prerogatives that may have a direct impact on the execution of the concession contract, which may represent high risks for the attraction of Private investment as a result of the indiscriminate public intervention in the economy of the country occurred in the decade of the seventies and eighties. From 1991 to date, the State has been concerned with constantly reformulating the legal regime for the collection and promotion of Private Investment through adjective guidelines on public services, public infrastructure works and state resources, without concern for the Special regime of the concession contract.