Control gubernamental del gasto público en el Estado constitucional: reflexiones a propósito de la aprobación de las facultades sancionadoras de la Contraloría General en materia de responsabilidad administrativa funcional

Abstract

Constitutional doctrine has little addressed on the General Comptroller of the Republic and its controlling function of public resources execution and management. Efforts have been made to explain this situation in other realities, regarding high budgetary, accounting and auditing content needed to carry out auditing activities constitutionally assigned to this kind of entities. Nevertheless, identifying competences of the General Comptroller of the Republic and its nature of autonomous constitutional body shapes an important expression of Constitutional State and the principle of powers division. This entity controls State’s Public Budget execution contributing to constitutional property protection, legality of budget implementation and the appropriate management of public resources, also the «efficiency» of social needs, proper functioning of public administration and prevention of corruption, among others duties. This article analyzes the constitutional mission of the General Comptroller in a Constitutional State promoting the process of given a constitutional status to the legal system in its area of influence, also optimizing constitutional properties protected. For such purpose, the 29622 recent law («Law that modifies the 27785 Organic Law of National Control System and the General Comptroller of the Republic extending powers in order to sanction in accordance of functional administrative responsibility») shall be used as object of constitutional analysis.

La doctrina constitucional se ha ocupado poco de la Contraloría General de la República y de su función de control sobre la ejecución y gestiónde recursos públicos en el Estado. Esta situación se ha tratado de explicar enotras realidades en función del alto contenido presupuestario, contable y de auditoría de la actividad fiscalizadora atribuida constitucionalmente a esta clase de entidades. No obstante, la delimitación competencial de la Contraloría General de la República y su condición de organismo constitucional autónomo configuran una manifestación importante del Estado constitucional y su principio de división de poderes. Dicho organismo controla la ejecución del presupuesto público del Estado y contribuye a la protección de bienes constitucionales, como la legalidad de la ejecución presupuestal y la adecuada gestión de recursos públicos, la «eficiencia de las necesidades sociales», el buen funcionamiento de la administración estatal y la prevención de la corrupción, entre otros. El presente artículo se propone analizar la misión constitucional de la Contraloría General de la República en el Estado constitucional, con el fin de contribuir a la promoción del proceso de «constitucionalización del ordenamiento jurídico» en el ámbito de la actuación e influencia de dicha entidad y la optimización de los bienes constitucionales que protege. Para tal efecto, se utilizará como objeto de análisis constitucional la reciente ley 29622, «Ley que modifica la ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional».