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    Informe Jurídico - Prosecutor v. Radislav Krstić (IT-98-33-A)
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-13) Novoa Del Mastro, Alvaro Mateo; Reyes Milk, Michelle Elisa
    El presente informe jurídico analiza la sentencia del 19 de abril de 2004 de la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) que condenó a Radislav Krstic por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por su participación en los crímenes cometidos en Srebrenica en 1995, en el contexto de la Guerra de Bosnia. El problema principal del caso consiste en la modificación de la Sala de Apelaciones en la modalidad de atribución de responsabilidad para condenar a Krstic genocidio. Mientras la Sala de Juicio lo consideró como coautor mediante una empresa criminal conjunta, la Sala de Apelaciones consideró que la modalidad que mejor se ajustaba a sus actos era la de ayudante y alentador al genocidio. El informe analizará los motivos de esta decisión, analizando los fundamentos de la Sala de Apelaciones para cambiar la modalidad de atribución de responsabilidad, basándose principalmente en que Krstic no compartía la intención genocida. Para profundizar en ello, se analizará la intencionalidad específica requerida en el delito de genocidio a partir de doctrina y jurisprudencia. También se analizará en profundidad las modalidades de atribución de responsabilidad para este delito, con el fin de determinar si la modificación de la Sala de Apelaciones fue adecuada. Finalmente, el autor sostendrá que el cambio de modalidad de atribución de responsabilidad no fue adecuado y que la modalidad de coautor a través de la empresa criminal conjunta era la más adecuada para Krstic.
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    El principio de legalidad en la persecución de crímenes internacionales en Perú
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-07-05) Miró Quesada Gayoso, Josefina; Meini Méndez, Iván Fabio
    La persecución y sanción de crímenes internacionales enfrenta aparentemente una barrera en el Perú: el principio de legalidad. Dado que no están implementados (o no lo están debidamente) en el derecho interno, aplicarlos directamente desde el derecho penal internacional es para un nutrido sector de la doctrina, un imposible jurídico que solo podría solucionarse si antes se tipifican correctamente en el Código Penal o en una ley penal especial. Ello, a fin de garantizar el fiel cumplimiento del nullum crimen sine lege, en virtud del cual el Estado -se sostiene- sólo puede sancionar penalmente las conductas calificadas como delito antes de su comisión en una ley previa, estricta, escrita y clara. La presente investigación parte de la premisa que, al día de hoy, es insuficiente la respuesta que ofrece el principio de legalidad estricta y formal al momento de investigar y procesar hechos que califican como crímenes internacionales ocurridos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. La impunidad generada en ciertos casos, los vacíos legales y el desconocimiento del real desvalor de dichas conductas lleva a la autora de este trabajo a optar por una salida que permita revertir este escenario y con ello, garantizar de manera idónea las obligaciones internacionales de investigar, perseguir y sancionar tales hechos, en conformidad con los principios constitucionales del derecho penal. Esta tesis propone, así, una interpretación alternativa del principio de legalidad que, primero, reivindique el fundamento material que lo legitima, según el cual la ley penal, antes de ser un mandato de autoridad, debe ser la válida expresión de una conducta merecedora de sanción penal solo en tanto salvaguarda de bienes jurídicos fundamentales, y segundo, que recoja el sentido que de este brinda el derecho internacional, cuyas fuentes -tratados, costumbres y principios- finalmente autorizan la prohibición de los crímenes internacionales y obligan a los Estados vinculados a sancionar estos actos, por encima, incluso, de su legislación interna. Esta nueva lectura habilita, por tanto, procesar los crímenes internacionales ocurridos en Perú, según la tipificación que recogen las fuentes de derecho penal internacional, conforme a un modelo de aplicación, aquí sugerido, para operadores del derecho.