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Ítem Texto completo enlazado Informe jurídico sobre la Sentencia de Casación N°2398-ICA/2021(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-12) Suárez Infante, Romina; Rodríguez Vásquez, Julio AlbertoEste trabajo examina si la Casación N°2398-2021/ICA que dicta sobre la aplicación del delito de feminicidio agravado y la no aplicación del de violación sexual estuvo acorde a los principios de buen gobierno. Para ello, se aborda como problema principal la relación entre los principios de buen gobierno y los delitos de la casación. Se busca relacionar el compromiso del Estado Social Democrático con la violencia basada en género y la calidad de las decisiones del Poder Judicial peruano. Para ello, utilizaré diferentes posturas de la doctrina penal para hacer notar la falta de desarrollo jurisprudencial en los casos de "elementos de contexto" de feminicidio e interpretación de los medios comisivos para el cumplimiento de la violación sexual en Perú. Debo hacer hincapié en la falta de aplicación de los principios de corrección, transparencia y eficacia en cuanto a los medios comisivos de la violación sexual y algunos comentarios de la Corte, pues se replican estereotipos contra las mujeres. Especialmente considerando que Perú tiene una pandemia de violencia contra las mujeres. La Corte y el sistema de administración de justicia tiene un deber constitucional, este se puede derivar en el derecho a vivir una vida libre de violencia, respaldado de manera nacional e internacional. Por ejemplo, enmarcado como objetivo N°5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)1 hacia el 2030.Ítem Texto completo enlazado Informe jurídico sobre la Casación N° 542-2017- Lambayeque(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-08-09) Zavaleta Kusumura, Namíe Kim; Rodríguez Vásquez, Julio AlbertoEl artículo 384° del Código Penal peruano, que tipifica el delito de colusión, continúa siendo objeto de controversia debido a la falta de consenso en la interpretación de los elementos del tipo que lo conforman. La Casación N° 542-2017, Lambayeque, evidencia esta problemática a través de los votos discordantes de los magistrados, lo cual impacta directamente en la resolución del caso. Este fallo ha suscitado tres cuestiones jurídicas fundamentales: la identificación del bien jurídico protegido, la exigencia de un menoscabo patrimonial efectivo en la modalidad agravada, y la naturaleza autónoma o derivada de las formas simple y agravada del delito. Tras un análisis exhaustivo de la doctrina nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema, se concluye que el delito de colusión tutela dos bienes jurídicos específicos: por un lado, la distribución eficaz de los fondos públicos, fundamentada en los principios de imparcialidad y transparencia, y por otro, la preservación del erario estatal. Adicionalmente, se deduce que, para la configuración de la modalidad agravada de colusión, es imperativo que se produzca un perjuicio económico tangible para el Estado. Finalmente, se determina que la relación entre las modalidades simple y agravada es de tipo base a derivado, descartando la caracterización del delito de colusión como un ilícito conspirativo o de tendencia interna trascendente, por no ajustarse a los elementos objetivos que conforman el tipo penal.Ítem Texto completo enlazado ¿Por qué me castigan?: Modelos punitivos en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Santa Margarita(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-10-25) Ramos Arce, Barbara Beatriz Yulissa; Rodríguez Vásquez, Julio AlbertoRecientemente la justicia de menores ha recibido mayor atención por parte del Derecho y otras disciplinas, una vez evidenciada la relevancia de los niños, niñas y adolescentes para la sociedad. Sin embargo, las adolescentes en conflicto con la ley penal son uno de aquellos grupos que menos interés ha recibido por parte de la academia, lo cual se evidencia en una ínfima cantidad de trabajos empíricos dedicados a ellas. Los estudios llevados a cabo por el Estado, privados e individuales suelen estar orientados hacia la evaluación cuantitativa, mas no cualitativa, y en todo caso, dirigen su atención a datos acumulables en cifras que no suelen representar la dimensión humana y real de la experiencia de un infractor a través del sistema penal juvenil. Por este motivo decido que el eje de la presente tesis gire alrededor de las experiencias de las adolescentes infractoras en Lima, Perú. El objetivo de esta investigación es identificar los modelos punitivos aplicados en el supuesto sistema de reinserción del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación "Santa Margarita” para adolescentes mujeres, partiendo de la hipótesis que se trataría de un modelo predominantemente incapacitador. La primera y segunda parte de la investigación se basa en la revisión de fuentes secundarias acerca de las principales justificaciones de la pena y de las doctrinas y estándares en los que se sostiene el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Finalmente, el tercer capítulo se explaya en los resultados obtenidos tras una etnografía llevada a cabo en el mismo centro de diagnóstico. La conclusión principal de esta tesis es que las políticas del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Santa Margarita al momento de realizarse la investigación se adhieren a un modelo incapacitador-rehabilitador con la predominancia del primero sobre el segundo.Ítem Texto completo enlazado Análisis de la política criminal peruana frente a la cibercriminalidad pura(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-06-16) Llanos Carrera, Luis Ricardo; Rodríguez Vásquez, Julio AlbertoLa presente investigación analiza la política criminal peruana vigente que combate y previene el fenómeno de la cibercriminalidad en la vertiente pura. Entiéndase esta por aquella actividad cibercriminal que, valiéndose del desarrollo y uso de las TIC, dirige ciberataques hacia computadoras, programas informáticos (software), redes, terminales, y cualquier operatividad tecnológica basada en la comunicación digital de contenidos, que no tenga una réplica en términos de referencia fuera del ciberespacio, de ilícitos que se realizaban de otro modo, en el espacio físico. La finalidad de la investigación es identificar si la normativa desplegada por el Estado de los últimos años en materia de delitos informáticos, ha dotado a la política criminal de un enfoque integral y pluridimensional que posibilite comprender y atender adecuadamente los desafíos de la cibercriminalidad pura.Ítem Texto completo enlazado Informe sobre expediente de relevancia jurídica E-2650, demanda de nulidad de despido contra tiendas por departamento Ripley S.A por despido arbitrario(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-05-09) Castro Estelo, Luis Angel; Rodríguez Vásquez, Julio AlbertoEl presente informe es acerca del expediente de relevancia jurídica E-2650 con contenido en materia penal-laboral, en el que radica su importancia en la investigación y estudio de la “injuria” como acto causal de falta grave con consecuencia de despido, de acuerdo a la legislación laboral; y como acto causal de sanción penal. Asimismo, se analiza la relevancia de las redes sociales como un medio de comunicación el cual se pueda utilizar para lesionar el derecho al honor, en un contexto social en el que las relaciones digitales se abren paso dentro de un vacío jurisprudencial para dicho tipos de casos. Por lo tanto, el objetivo del presente informe radica en desarrollar los derechos que se presentan a lo largo del proceso, tales como: derecho al honor, derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, derecho a un debido proceso y todo lo que ello implica; de manera que pueda resolverse el problema principal que concierne al caso el cual es: si se puede configurar como falta grave laboral las publicaciones “injuriantes” que se realicen a través de las redes sociales. Llegando finalmente a concluir que en el presente caso sí se habría configurado la falta grave laboral por parte de demandante, vulnerando el derecho al honor de las personas, al haber injuriado de forma agravante a los directivos de RIPLEY, siendo Facebook un medio de comunicación masivo. Asimismo, se tiene en consideración el derecho penal como de ultima ratio y el derecho que dictará los lineamientos sobre conceptos jurídicos que puedan contener otras ramas del derecho por la importante razón de proteger intereses jurídicos de interés público.Ítem Texto completo enlazado Informe sobre Expediente N° 06-2001 AV(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-08-06) Fosca Gamarra, Adriana Sofía; Rodríguez Vásquez, Julio AlbertoLa sentencia contra Alberto Kouri Bumachar, el primero de los “Vladivideos” en los años 2000, marca el descubrimiento de la corrupción sistematizada durante el régimen fujimontesinista; un momento decisivo para la historia política peruana. Así también, para la reforma del sistema judicial peruano y el diseño de una estrategia pública que dotase a los y las operadores de justicia de las herramientas necesarias para prevenir situaciones de impunidad frente a casos de corrupción. En este sentido, el objetivo principal de este Informe es analizar los aspectos de la aplicación del concepto de funcionario público, específicamente en la situación de Alberto Kouri. Partimos de la premisa de que el contenido de la figura de “funcionario público” viene pautada como respuesta político-criminal para la protección de la Administración Pública. Para ello, empleamos la teoría del correcto funcionamiento de la Administración Pública y el análisis de la ratio-legis de la misma como bien jurídico protegido por el Derecho Penal. Lo que, finalmente, nos permite concluir que Alberto Kouri ostentaba, desde el día de las elecciones (9 de abril del año 2000), un deber de protección del bien jurídico (Administración Pública), sin el cual no hubiera podido acceder a una ventana de negociación con Montesinos, meses antes incluso de la juramentación formal del cargo.Ítem Texto completo enlazado Informe sobre Expediente N° 48004-2007(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-07-13) Bobadilla Vásquez, Fernanda Isabel; Rodríguez Vásquez, Julio AlbertoEl presente informe contiene un análisis jurídico del proceso penal ordinario que tiene como imputado a Rider García Inga. Dicho proceso se desarrolla entre los años 2007 y 2009 en el departamento de Lima, bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Código Procesal Penal de 1991. La elección del expediente radica en la vigencia que mantienen ambos códigos a la fecha en Lima Centro y Lima Sur, vigencia que continúa siendo interpretada como un obstáculo frente a la necesidad de constitucionalizar el sistema procesal penal. En esa línea, se tiene como objeto determinar si las interpretaciones realizadas por muchos fiscales, jueces penales y Colegiados se condicen con los principios y derechos reconocidos por la Constitución vigente. Al respecto, el expediente contiene materias jurídicas de especial relevancia, entre ellas el rol que le otorga la Constitución de 1993 al Ministerio Público dentro de la investigación preliminar, la detención policial, la medida cautelar de mandato de detención, los estándares de sospecha a lo largo del proceso, el razonamiento probatorio y la necesidad de motivar las resoluciones judiciales. A efectos de realizar el análisis, se hace una revisión de las normas, doctrina y jurisprudencia relativas al Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, así como de los derechos y garantías procesales reconocidos por la Constitución de 1993 y por el Tribunal Constitucional peruano. Finalmente, se concluye que Rider García Inga fue víctima de medidas arbitrarias y actuaciones inconstitucionales llevadas a cabo por las autoridades policiales, fiscales y judiciales en su contra, denotándose así una carencia de capacitación de las mismas en materia de Derecho Penal Constitucional, debido a que la vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1940 y del Código Procesal Penal de 1991 no debe representar una limitación al respeto del principio de interdicción de la arbitrariedad, a la garantía al debido proceso, al derecho de defensa, al derecho de igualdad procesal, entre otros