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Ítem Texto completo enlazado Reivindicando los derechos sociales en el Perú: la aplicación de las sentencias estructurales por el Tribunal Constitucional(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-01-31) Chuy Colonia, Astridt Lucero; Landa Arroyo, César RodrigoEl reconocimiento formal de los derechos sociales como derechos fundamentales en el Perú resulta una tarea acabada. Sin embargo, en la actualidad, se presenta un segundo desafío que consiste en asegurar su plena efectividad. Por ello, esta tesis tiene como fin responder a la interrogante de cómo las sentencias estructurales pueden convertirse en una herramienta en manos del Tribunal Constitucional para contribuir con la efectivización de estos derechos. En ese sentido, a partir de un análisis jurisprudencial comparado y doctrinal interdisciplinario, concluimos que el Tribunal Constitucional al expedir una sentencia estructural asume el rol de decisor dentro del ciclo completo de formación de una política pública. Con lo cual, se le otorga la oportunidad excepcional de crear un plan de acción que coadyuve a efectivizar realmente los derechos sociales en favor, en este caso específico, de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. De esa manera, será oportuno establecer la definición de este tipo de sentencia y la de una política pública, la conexión entre ambas; así como, los principales obstáculos que impiden la concreción de los derechos sociales en Perú. Ello a fin de visibilizar la diferencia entre un proceso tradicional de gestación de una política pública social en la que no interviene el Tribunal Constitucional y otro anclado en el marco de una sentencia estructural.Ítem Texto completo enlazado Informe sobre Expediente N°01257-2013-0-0401-JR-PE-03(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-03-30) Verano Calero, Magda Cristina; Landa Arroyo, César RodrigoEl caso versa sobre la vulneración del derecho a la libertad personal de Juan José Guillén en el marco de un proceso constitucional de habeas corpus. Juan José Guillén es una persona con discapacidad intelectual interdicta, cuya curadora es su madre. Esta colocó dos rejas cerradas y tapió la ventana de la habitación de su hijo a fin de que este permanezca encerrado durante el tiempo en que ella no está en casa a fin de resguardar su seguridad y la de terceros. El caso fue visto por el Tercer Juzgado Unipersonal de Arequipa en primera instancia que declaró fundada en parte la demanda. Luego de apelada la sentencia el caso fue visto por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que revocó la apelada declarándola infundada. Por último, mediante un recurso de agravio constitucional, el caso llegó al Tribunal Constitucional que declaró fundada la demanda por la vulneración del derecho a la libertad individual. Frente a ello se discute en el presente informe si el encierro temporal de Juan José Guillén constituyó una privación arbitraria de libertad a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; si existían circunstancias válidas en el marco de la curatela que justificaban el encierro de Juan José Guillén; si fue adecuada la respuesta de los operadores de justicia frente a la actuación de los familiares de Juan José Guillén; y si constituye el hábeas corpus la vía idónea frente al petitorio de la demanda.Ítem Texto completo enlazado Correos electrónicos de las cuentas oficiales de los funcionarios públicos como ámbito de protección del derecho de acceso a la información pública en el ordenamiento jurídico peruano(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-01-23) Gamarra Galindo, Marco Antonio; Landa Arroyo, César RodrigoEste trabajo tiene por objetivo explicar por qué el derecho de acceso a la información pública permite que las personas puedan solicitar y recibir los correos electrónicos de cuentas oficiales de sus servidores públicos. Se parte de la hipótesis de que dicho bien constitucional abarca la facultad subjetiva de acceder a documentación en soporte digital que refleja el desempeño de las autoridades públicas. Su estudio se justifica porque, en el contexto de la sociedad de la información, el Estado emplea el servicio de correo electrónico para realizar, de manera eficiente, sus funciones y obligaciones, lo cual produce que los órganos públicos posean documentación en buzones institucionales, sobre los cuales los individuos tienen interés en conocer. Este trabajo se basa en el tratamiento jurídico que el bloque de constitucionalidad y los estándares internacionales proveen, tomando en consideración las respuestas denegatorias de cuatro Ministerios a pedidos ciudadanos de emails institucionales, los fallos emitidos por el Poder Judicial y las decisiones administrativas de los órganos garantes del derecho a saber de México y Chile. Se concluye que el derecho de acceso a la información pública asegura la apertura de correos de cuentas oficiales de funcionarios públicos porque estos documentos se hallan bajo su posesión (criterio que permite optimizar los fundamentos de dicho derecho) y porque toda información bajo tenencia de órganos públicos le pertenece a la sociedad, en tanto el poder que titularizan (que les permite conocer información) debe ejercerse en favor de principios y derechos fundamentales (dignidad, transparencia y Estado democrático). En tanto el derecho a saber no es absoluto, la entrega de emails oficiales puede estar sujeta al régimen de excepciones. De este modo, a la luz del test de proporcionalidad, las autoridades podrán denegar la apertura de dicha documentación para tutelar otros bienes legítimos como el de intimidad.Ítem Texto completo enlazado Democratizando el proceso : la acción popular de inconstitucionalidad en el Perú(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-07-19) Pomareda Muñoz, Diego Alonso; Landa Arroyo, César RodrigoLa legitimación procesal activa en el proceso de inconstitucionalidad ha sido tradicionalmente otorgada a un grupo reducido de órganos y sujetos. Este carácter restrictivo ha impedido un cambio estructural que posibilite brindar la más fuerte garantía que un Tribunal Constitucional podría otorgar a sus ciudadanos: someter a su jurisdicción las leyes a solicitud de cualquiera. El planteamiento de la actio popularis kelseniana, en el proceso de inconstitucionalidad, se propone como un ideal que tendría dificultades para corresponderse con la realidad por la excesiva carga procesal que traería consigo. En la presente tesis se cuestiona esta perspectiva y se proponen los beneficios de adoptar un modelo abierto con miras a que la colectividad pueda cuestionar las normas que la regula. La fundamentación de la legitimación amplia basada en la democracia participativa, en los derechos políticos, en el activismo ciudadano, en la defensa de los derechos colectivos, en el principio de solidaridad y, principalmente, en la efectividad del principio de supremacía constitucional, brinda un primer acercamiento a la propuesta. En un segundo momento, se realiza el estudio de la aplicación actual, y de manera comparada, de la actio popularis en países de Europa tales como Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Eslovenia y Hungría. En esta misma línea, se presentó los diversos modelos de legitimación activa en los procesos de inconstitucionalidad que se reconocen en América Latina dando una mayor profundidad al estudio de realidades como las de Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Venezuela en los cuales se establece una auténtica legitimación amplia y popular. En el tercer capítulo, se formula la propuesta de acción popular de inconstitucionalidad para el Perú. Al respecto, se analiza críticamente el actual estado de los legitimados activos reconocidos en la Constitución Política del Perú, se recoge la opinión de los Coordinares de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional del Perú sobre el particular y, finalmente, se concluye con la propuesta de reforma constitucional, con el objetivo que el Perú, procesalmente, adopte el referido modelo siendo que, a través de esta legitimación, se reivindique el principio de supremacía constitucional y se le otorgue el protagonismo a los ciudadanos para que sean los nuevos guardianes de la Constitución.Ítem Texto completo enlazado El ejercicio de la potestad de inspección por el organismo de evaluación y fiscalización ambiental en el sector minero como mecanismo de cumplimiento a los deberes y obligaciones del Estado frente al derecho fundamental al medio ambiente equilibrado y saludable(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-22) Lozada Calderón, Fernando Domingo; Landa Arroyo, César RodrigoEl presente estudio tiene como objetivo demostrar que las instituciones jurídicas creadas por el hombre deben buscar detener el deterioro de nuestro planeta producto de las distintas actividades económicas, debido a que ellas son las que vulneran lo más profundo de nuestro ser: los derechos fundamentales. Además, pretendemos establecer puentes de comunicación entre el derecho administrativo y constitucional, ya que consideramos que estas dos ramas, fundamentales para el ordenamiento, tienen la obligación de acercarse y comunicarse mutuamente para hacer frente a los nuevos retos que este futuro incierto nos depara. Para lograr este objetivo, buscamos demostrar que el ejercicio de la potestad de inspección del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el sector minero establece como fundamento jurídico la conversión en realidad de los deberes y obligaciones del Estado de contribuir a la tutela del derecho fundamental al medio ambiente equilibrado y saludable que asiste a todas las personas. Esto se logrará mediante la revisión del concepto de deber y obligación, el análisis del derecho fundamental al medio ambiente, y los deberes y obligaciones de protección que posee el Estado frente a este derecho. Además, se evaluará las potestades de intervención del Estado en la esfera jurídica de los privados; se describirá el marco teórico sobre el que se construye la potestad de inspección; se determinará la figura jurídica del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental por medio del estudio de sus instrumentos normativos; se contrastará la inspección como figura doctrinaria frente al desarrollo normativo de la supervisión directa en el sector minero realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental; y, finalmente, se desarrollará la conexión entre la supervisión directa en el sector minero y el deber de protección del Estado frente al derecho fundamental al medio ambiente.Ítem Texto completo enlazado La aplicación del control difuso de la constitucionalidad de las leyes por parte de la jurisdicción indígena como mecanismo de defensa de sus derechos colectivos(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014-10-29) Trujillo Solís, Rocío Roxana; Landa Arroyo, César RodrigoLa presente investigación tiene por objeto sustentar, desde los ámbitos del Derecho Constitucional y del Derecho Internacional de los pueblos indígenas, la legitimidad y viabilidad de la aplicación del denominado control difuso de la constitucionalidad de las leyes por parte de las autoridades indígenas que ejercen jurisdicción. La pertinencia y viabilidad de la aplicación de dicho mecanismo de defensa del principio de supremacía de la Constitución por parte de la jurisdicción indígena se abordará ponderando su especial utilidad, tanto en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas frente a normas del derecho ordinario que los desconozcan o reconozcan parcialmente, como respecto de la defensa de los derechos humanos fundamentales que pueden verse afectados por la aplicación de las disposiciones de su derecho propio (derecho consuetudinario). En este orden de ideas, en los primeros dos capítulos se abordan - con el detalle que consideramos pertinente a los efectos de nuestro propósito - los dos principales institutos jurídicos interrelacionados en la presente investigación: la jurisdicción especial indígena y el control difuso de la constitucionalidad de las leyes.