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    ÍtemAcceso Abierto
    Sociedad civil y gobernabilidad democrática en Perú
    (Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2002) Kahhat, Farid
    Perú es un país que cuenta con un tupido tejido social. Por ejemplo, hacia 1995 existían en el país más de 110 000 organizaciones privadas sin fines de lucro (OPSFL). Esa cifra incluía, entre otras, a 64 905 organizaciones sociales de base, 29 491 organizaciones deportivas o culturales, 14 346 instituciones educativas y, según algunos cálculos, alrededor de 1 600 ONG - la mayor cifra de América Latina después de Brasil, México y Colombia- (Portocarrero y Sanborn, 1998: 14). Si bien la categoría de "organizaciones privadas sin fines de lucro" no es coextensiva con la de "organizaciones de la sociedad civil" - pues no incluye ·a los partidos políticos, los gremios sindicales y de otra índole, las organizaciones religiosas o cooperativas- , dicha cifra nos da una idea cabal de la densidad organizativa de la sociedad peruana. Prácticamente la mitad de la población del país ( 48. 7%) participa en algún tipo de organización social. De ese total, alrededor de 60% interviene en ellas con relativa intensidad - medida en términos de la frecuencia con la que asisten a las organizaciones a las que pertenecen . Ahora bien, parafraseando lo que se dice ocasionalment e sobre el Est ado, u na sociedad civil grande (i. e., ampliamente organizada) no n ecesariamente implica una sociedad civil fu erte (p. e., con capacidad de influir en el proceso político). En el caso peruano, tras una den sa trama organizativa se oculta una escasa vertebración más allá de lo local o sectorial. Una porción significativa de las organizaciones en mención apenas procura velar por los intereses inmediatos de sus afiliados, y esto en un contexto de relativa precariedad institucional y material. En lo que sigue intentaremos, en primer lugar, reseñar brevemente la evolución de la relación entre el Estado y la sociedad civil en el Perú republicano. Luego abordaremos esa relación en la presente década (1990), intentando dilucidar el grado en que los espacios disponibles para la organización y movilización de la sociedad civil se encuentran constreñidos por las características del régimen político dentro de cuyo marco institucional debe operar.