Derecho Bancario y Financiero
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Ítem Texto completo enlazado Propuestas para un mejor entendimiento de la naturaleza jurídica y regulación adecuada de la carta fianza en el Perú(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-07-03) Novoa Arias, Roberto Rafael; Peschiera Mifflin, Diego JesúsEn la presente investigación se profundiza en la regulación (Circular SBS N° B-2101- 2001) y concepciones doctrinarias de lo que es la Carta Fianza, toda vez que al existir problemáticas en su interpretación y en como se concatenan en forma sistemática las disposiciones de la Carta Fianza con las del contrato de fianza del Código Civil, es necesario encontrar los conceptos adecuados de esta figura. Al respecto, proponemos: (i) acercamientos conceptuales, más adecuados de las características sustanciales de la Carta Fianza como figura jurídica, (ii) criterios que la normativa puede recoger para una mejor regulación sin remisiones normativas al Código Civil y, (iii) criterios que nos permitan proteger mejor a las entidades del Sistema Financiero ante una ejecución correcta y clara de cartas fianza, considerando que debemos asimilar la Carta Fianza a las Standby Letters of Credit y no al contrato de fianza. Para esta finalidad, se recurre una revisión comparada con soft law de la International Chamber of Commerce (ICC) y recolección de la jurisprudencia pertinente. El resultado de esta investigación y conclusión principal radica en que la Carta Fianza es un Crédito o Garantía Contingente más cercano, a las Standby Letters of Credit conforme a la ISP98 de la ICC, por lo que se recomienda no hacer remisiones normativas al Código Civil, asimilar criterios más generales pero correctos para esta figura en la regulación bancaria e inclusive, se sugiere la posibilidad de abandonar el término “Carta Fianza”.Ítem Texto completo enlazado El rol del dinero electrónico en el marco de la estrategia nacional de inclusión financiera en el Perú(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-01-23) Abarca Paucar, Edgar Enrique; Pineda Galarza, John RichardLa inclusión financiera en el Perú, en la actualidad, posee una de las tasas más bajas en Sudamérica debido a que su índice de bancarización solo alcanza al 30% del total de la población, quienes acceden a los servicios financieros por medio de créditos o la apertura de cuentas de ahorro, ya que estos son los canales más comunes de acceso al sistema financiero. En ese sentido, con el fin de promover políticas inclusivas, el Estado emitió diversas normas destinadas a promover el desarrollo de la inclusión financiera. Es así que, mediante la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, creada el año 2014 mediante Decreto Supremo N° 029-2014-EF, se elaboró los parámetros para la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, cuyo objetivo es producir marcos de acceso y uso de los servicios financieros de calidad para toda la población; para ello será necesario incentivar la mejora de herramientas innovadoras que permitan elevar los porcentajes de inclusión financiera. Asimismo, en agosto del 2019 se publicó el Decreto Supremo N° 255-2019- EF, normativa a través de la cual se aprueba la Política Nacional de Inclusión Financiera con el fin de establecer una serie de objetivos prioritarios que contribuyan a remediar el problema de la inclusión financiera. Dentro de los canales innovadores propuestos por las entidades del sistema financiero se encuentran los medios electrónicos de pago, entre estos el que más resalta es el Dinero Electrónico; este medio electrónico innovador puede llegar a aquellos sectores de la población donde la banca tradicional no tiene alcance, reduciendo los costos operativos de establecer oficinas o sucursales bancarias en diversas localidades. Esta plataforma operativa se vale de los recursos que ofrece la telefonía móvil, debido a que se pueden realizar diversas operaciones financieras mediante teléfonos celulares a través mensajes de texto, por lo que se debe considerar la facilidad de uso y potencial de acceso a través de las líneas de telefonía celular. El dinero electrónico se perfila como una posible herramienta de gran potencial para la inclusión financiera considerando el notable despliegue de la telefonía móvil en nuestro país que según el Organismo Supervisor de la Inversión Privada al 2018 superan los 40 millones de líneas activas, y la penetración de la telefonía alcanza las 130 líneas por cada cien habitantes en Perú en el primer trimestre.Ítem Texto completo enlazado ¿Cómo reducir las contingencias entre entidades bancarias y consumidores? Compliance en protección al consumidor financiero: Una alternativa desde la autorregulación(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-09-13) Sotomayor Del Carpio, Carla Rosana; Tassano Velaochaga, Hebert EduardoLas transacciones bancarias conllevan a una diversidad de escenarios que ponen a prueba la suficiencia de las medidas adoptadas por las empresas y los reguladores para mantenerse alineadas a la regulación existente en materia de protección al consumidor financiero. Por ello, se debe analizar si las técnicas de autorregulación, como las prácticas de buen gobierno corporativo y, a través de éstas, los programas de “compliance” voluntarios, pueden cumplir dicho objetivo. Al respecto, el presente trabajo pretende demostrar la necesidad de que las empresas bancarias cuenten con programas de cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor, más allá de los sistemas de control de riesgos legales que puedan tener para la generalidad de la legislación; ello, atendiendo a los incumplimientos en los que incurren dichas empresas en el desarrollo de sus actividades, lo cual se encuentra evidenciado en los reportes emitidos por la entidad fiscalizadora y sancionadora en materia de consumo. La propuesta hace, especial énfasis en identificar las contingencias a las que se enfrentan las empresas por el incumplimiento de las normas de protección al consumidor en el ámbito pecuniario, esto es, por imposición de sanciones, como a nivel cualitativo en lo referido a la pérdida reputacional frente a otros competidores del mercado. Al mismo tiempo, se busca elaborar un mapa de riesgos en materia de protección al consumidor, a raíz de la normativa vigente y los pronunciamientos del Indecopi en los que dicha entidad haya dado a conocer sus criterios sobre el cumplimiento del deber de idoneidad, cuyo conocimiento puede permitir implementar y reforzar las políticas de cumplimiento ya existentes. Finalmente, se sostiene la hipótesis que el registrar tales políticas y programas de cumplimiento ante la autoridad de consumo, bajo un esquema de incentivos, puede mostrar como resultado la reducción de contingencias entre las empresas bancarias y consumidores.