Beltrán Varillas, Cecilia EsperanzaAngulo Tejada, Jorge Luis2016-09-082016-09-0820152016-09-08http://hdl.handle.net/20.500.12404/7245“La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Así lo expresa el artículo °1 de nuestra Constitución Política, en donde el Estado soberano señala su voluntad de proteger a la persona humana, asegurar su calidad de vida, y garantizar la convivencia en un ambiente de tranquilidad y paz social. Una de los principales acciones que se derivan de este deber es el proveer a la ciudadanía servicios de seguridad eficientes y eficaces, frente a los actos delictivos en todas sus formas. Ante un “crimen organizado", con orígenes multi-causales, y características de “enemigo” cada vez más común, pero con estrategias innovadoras y no tan comunes, que también analiza y se adelanta, tratando de sacar ventaja a su perseguidor, el Estado busca soluciones mediante políticas públicas, al gestor político y sujeto regulador de las políticas públicas de seguridad.spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/Policía Nacional--Perú--Aspectos educativos--2013.info:eu-repo/semantics/masterThesishttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00