Novak, Fabián2014-12-012014-12-012010http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/39935La complejidad y diversidad de escenarios que la lucha antidrogas enfrenta, determina en algunos casos que no se alcancen los resultados esperados de manera uniforme, ni con la celeridad que se desea. Ello genera un sentimiento de impotencia, que es más acentuado en aquellos que no están directamente involucrados en la tarea de combatir las drogas, pero que como líderes de opinión sienten la necesidad de pronunciarse. Esta sensación de frustración ha motivado que en diversos países aparezcan corrientes de opinión sosteniendo la necesidad de cambiar la estrategia antinarcóticos vigente por una consistente en legalizar el uso de las drogas psicoactivas, en la convicción de que esto beneficiará a los consumidores, reducirá los riesgos para la sociedad y el Estado, y eliminará las mafias y los costos destinados a combatirlas. Este planteamiento tuvo sus orígenes en la primera mitad de la década de los ochenta del siglo pasado,1 y se vio reforzado internacionalmente, cuando el 30 de marzo de 1989 se reunieron en la ciudad de Roma (Italia) el ex secretario de Estado norteamericano George Schultz, los escritores Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Antonio Escohotado, Mario Vargas Llosa, Fernando Savater y el economista Milton Friedman, quienes conformaron la Liga Internacional Antiprohibicionista. Años más tarde, en el 2008, en Europa y en América Latina, se celebraron reuniones entre personalidades independientes, destinadas a evaluar los resultados obtenidos en la lucha contra las drogas, paralelamente a la reunión convocada por Naciones Unidas en Viena para realizar la misma tarea. La Comisión Latinoamericana estuvo presidida por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México, quienes terminaron concluyendo en la necesidad de un cambio de enfoque, destinado a la legalización del consumo, frente al denominado fracaso de la estrategia de guerra contra las drogas. La alternativa que plantean los denominados “legalizadores”, no niega la importancia de las acciones represivas, incluso con la participación de las fuerzas armadas en situaciones límite, sin embargo, señalan que estas acciones deben dirigirse tan solo a combatir el crimen organizado.4 En otras palabras, la reforma que proponen consiste en eximir a los consumidores de drogas de ser sometidos a arrestos y procesos judiciales por el consumo y por actos preparatorios como la adquisición, la simple posesión o el cultivo para consumo personal.5 Incluso, este sector simpatiza con las propuestas de que el consumidor-traficante sea tratado en una categoría separada del resto de traficantes.6 Para tal efecto, sostienen también la necesidad de revisar la clasificación de las drogas anexas a las Convenciones de Naciones Unidas de 1961 y 1971, proponiendo por ejemplo que el cannabis7 sea considerado una droga menor. Si bien la preocupación por parte de los “legalizadores” es legítima, creemos importante analizar los alcances que puede tener una propuesta de este tipo, a efectos de sopesar los pros y contras, y establecer su viabilidad en una realidad como la peruana. El tema sin duda es complejo y está lleno de mitos y de apreciaciones subjetivas, de uno y otro lado. Por esta razón, trataremos de tener especial cuidado en el análisis de los fundamentos que vienen sosteniendo los partidarios de la legalización, buscando establecer si se trata de una propuesta coherente y con base científica y empírica suficiente.spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/SeguridadNarcotráficoArgumentación a favorEvidencia empíricaPerú.info:eu-repo/semantics/workingPaperhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05