Informe sobre el Laudo de Resolución N°21 del Caso Arbitral N°2728-2013-CCL - Echevarria Montero, Haiber Kenji (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025)
El caso se fundamenta en un marco jurídico de tres pilares. La constitución Política del Perú garantiza derechos procesales esenciales como la motivación de resoluciones y el principio de contradicción, ambos vulnerados. La Ly de Arbitraje exige la motivación del laudo y permite su anulación si una parte no ejerció su derecho a la defensa. Finalmente, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento rigen la entrega de terreno y equilibro económico en el marco de las contingencias de las obras públicas Se identifican tres problemas estructurales. Primero, el laudo arbitral presenta una motivación deficiente, sin justificar la unificación de periodos de afectación ni los descuentos aplicados. Segundo, el tribunal arbitral se extralimitó al decidir sobre la valorización de equipos, un aspecto técnico no debatido contradictoriamente. Tercero, el control judicial de la Corte Superior fue formalista, omitiendo evaluar vulneraciones al debido proceso y limitándose a un examen superficial. En conclusión, el caso evidencia las tensiones entre la autonomía del arbitraje y las garantías constitucionales del debido proceso. Para resolverla, se necesita un equilibrio que preserve la especialización del arbitre y asegure el respeto a los principios procesales. Esto implica una aplicación rigurosa de los estándares de motivación y un control judicial que, sin ser una segunda instancia, garantice el cumplimiento de las reglas del proceso.

The case is based on a three-pillar legal framework. The Political Constitution of Peru guarantees essential due process rights, such as the reasoning of resolutions and the principle of contradiction, both of which were violated. The Arbitration Law requires the award to be reasoned and allows for its annulment if a party was unable to exercise their right to defense. Finally, the State Contracting Law and its Regulations govern land delivery and economic balance within the framework of public works contingencies. Three structural problems are identified. First, the arbitral award shows deficient reasoning, failing to justify the unification of affected periods or the discounts applied. Second, the arbitral tribunal overstepped its authority by deciding on equipment valuation, a technical aspect not contradictorily debated. Third, the Superior Court's judicial review was formalistic, neglecting to evaluate due process violations and limiting itself to a superficial examination. In conclusion, the case highlights the tensions between the autonomy of arbitration and the constitutional guarantees of due process. To resolve this, a balance is needed that preserves the specialization of arbitration and ensures respect for procedural principles. This implies a rigorous application of reasoning standards and a judicial review that, without being a second instance, guarantees compliance with the rules of the process.
Keywords: Arbitraje y laudo--Jurisprudencia--Perú; Debido proceso; Contratos públicos--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01