Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2013-12879 Ley 26905 - Biblioteca Nacional del Perú ISBN: 978-9972-623-82-0 Derechos de la primera edición, octubre de 2013 © InstitutoFrancésdeEstudiosAndinos, UMIFRE 17, CNRS/MAE- USR3337 AMÉRICA LATINA Av. Arequipa 4595, Lima 18 - Perú Teléf.: (51 1) 447 60 70 Fax: (51 1) 445 76 50 E-mail: postmaster@ifea.org. pe Pág. web: http: //www.ifeanet.org Este volumen corresponde al tomo 33 de la colección Actes & Mémoires de l'Institut Frans:ais d'Études Andines (ISSN 1816-1278) © Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú Av. Universitaria 1801, Lima 32 - Perú Telf.: (51 1) 626 26 50 E-mail: feditor@pucp.edu.pe Pág. web: http: //www.pucp.edu. pe@publicaciones Imprenta Tarea Asociación Gráfica Educativa Pasaje María Auxiliadora 156 - Breña Foto de la carátula: Diseño de Erick Ragas a partir del retrato de Abascal, pintado en 1807 por Pedro Díaz, es un óleo sobre lienzo. Forma parte de la colección de retratos de personajes célebres del Museo de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuidado de la edición: Vanessa Porree de León Entre dos fuegos: la política de Castelli en el Alto Perú Fabio Wasserman Introducción A mediados de mayo de 181 O, llegaron a Buenos Aires dos noticias que desde hacía varios meses eran esperadas por buena parte de la población con diversas dosis de temor y de esperanza: las fuerzas españolas habían sido derrotadas por el ejército francés que ocupó toda la península salvo la Isla de León, y la Junta Suprema se había disuelto. Al igual que en otras ciudades de América, las elites locales presionaron a las autoridades y lograron convocar a un cabildo abierto para resolver qué hacer ante el estado de acefalía. En esa ocasión se invocó la doctrina de la retroversión de la soberanía para legitimar la creación de un gobierno propio. Tras un vano intento de crear una junta presidida por el virrey Baltasar Cisneros, y ante la amenaza de recurrir a las milicias criollas, el 25 de mayo se le desplazó y se creó la Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata en nombre de Fernando VII integrada por seis vocales y dos secretarios bajo la presidencia de Cornelio Saavedra que comandaba el poderoso cuerpo de patricios. 1 271 Fabio Wásserman La Junta debió afrontar varios desafíos, comenzando por la necesidad de legitimarse y de afianzar su autoridad en el territorio virreinal donde sabía que iba a encontrar apoyo pero también rechazo. El 27 de mayo expidió una circular a los pueblos en la cual resumía y justificaba lo actuado, afirmando además que la Junta debía ser el centro de la unidad de los pueblos por lo que dispuso que estos enviaran diputados para que se integraran en el gobierno. Y para que quedara en claro hasta dónde estaba dispuesta a llegar, advertía que se enviaría una expedición auxiliadora a fin de garantizar que los pueblos pudieran elegir libremente a sus representantes. Pero la Junta no solo debió enfrentar una oposición interna ya que las autoridades del Perú también procuraron acabar con la revolución porteña. Este conflicto tuvo como escenario principal las provincias altoperuanas que en pocos meses pasaron de estar bajo la tutela del Virrey del Perú, a reconocer la autoridad de la Junta porteña tras el triunfo del ejército auxiliar en Suipacha, el 7 de noviembre de 1810. Se trató de una experiencia intensa pero breve que concluyó con la derrota de Guaqui el 20 de junio de 1811. El presente trabajo propone examinar este conflicto a través de un relato cronológico de sus hechos más significativos. Esta aproximación obedece a la necesidad de considerar con cierto detalle la dinámica de los acontecimientos en una coyuntura en la que las posiciones de los distintos actores no estaban del todo definidas e iban modificándose según las cambiantes circunstancias tanto a nivel local como metropolitano. Estos hechos muchas veces fueron omitidos o tergiversados en las interpretaciones tradicionales. Por un lado, porque no pueden acomodarse tan fácilmente en relatos esquemáticos y lineales que presuponen identidades y antagonismos definidos de antemano. Por otro lado, porque para poder conocer esos sucesos y comprender el proceso del que formaban parte, deben superarse las divisiones impuestas por las historiografías nacionales, en este caso, la argentina, boliviana y peruana. Este recorrido se centrará en el accionar del abogado porteño Juan José Castelli, que fue el jefe de la expedición auxiliadora y la máxima autoridad en el Alto Perú como representante de la Junta Provisoria1. Como veremos, su actuación, que motivó numerosas polémicas a lo largo de dos siglos, estuvo condicionada por el enfrentamiento con las fuerzas enviadas por el Virrey del Perú y sus aliados altoperuanos, pero también por las divergencias con la Junta de Buenos • 272 1 1 Un estudio más detallado puede encontrarse en mi libro juan José Castelli. De súbdito de la corona a líder revolucionario (2011). Entre dos fuegos: la política de Castelli en el Alto Perú Aires incentivadas por el desplazamiento, a fines de 1810, de Mariano Moreno que lideraba la facción radicalizada con la que Castelli tenía mayor afinidad. l. La reacción Los principales focos de resistencia a la Junta estuvieron en Montevideo, Asunción, Córdoba y el Alto Perú. Sus autoridades desconocieron al gobierno porteño, proclamaron su lealtad al Consejo de Regencia creado por la Junta Suprema antes de disolverse y procuraron coordinar acciones conjuntas para acabar con la revolución. El 23 de junio, Vicente Nieto, que presidía la Real Audiencia de Charcas, hizo un llamado a desconocer toda orden emanada de Buenos Aires tras lograr que un Consejo extraordinario avalara su solicitud de poner a las provincias altoperuanas bajo la protección del virrey del Perú, José Fernando de Abascal. Pero Abascal carecía de atribuciones para ejercer esa tutela y podía ser acusado de despotismo. Es por eso que también decidió convocar a una Junta Extraordinaria que aceptó la solicitud pero en forma interina hasta que reasumieran las autoridades legítimas en el virreinato rioplatense. Esta decisión quedó plasmada en un Decreto del 13 de julio en el que el Virrey explicaba que el espíritu de engaño introducido por Napoleón había llegado a América para promover el desorden y la defensa de intereses particulares bajo el disfraz del amor a la Patria, la religión y el bien común. Además, se refería a los miembros de la Junta porteña como: «Hombres destinados por la naturaleza a solo vegetar en la oscuridad y abatimiento, sin el enérgico carácter de la virtud, y con la humillante debilidad de todos los vicios, aspiran a lograr la vil efímera representación, con que los execrables delitos, señala a los grandes criminales» (Mallié, 196 5: 362) 2. Estas palabras ganaron rápida fama pero fueron parcialmente tergiversadas por los revolucionarios que las tomaron como si estuvieran dirigidas hacia los americanos y no a los miembros de la Junta porteña. Lo cual hubiera sido un acto impolítico pues Abascal tenía en claro que no podía sostenerse en el poder sin el apoyo de las elites criollas, por lo que difícilmente hubiera publicado un escrito antiamericano. La resistencia en Córdoba fue liderada por el gobernador Juan Antonio Gutiérrez de la Concha y por el ex virrey Santiago de Liniers con quienes Nieto • 2 En esta y en todas las citas se modernizó la ortografía. 1 273 Fabio Wasserman acordó internar tropas desde el Alto Perú para que se unieran a las que estaban organizando. Este por su parte esperaba que José Manuel de Goyeneche, que comandaba el Ejército en operaciones en el Alto Perú, avanzara sus fuerzas desde Cuzco hacia el Desaguadero. En julio partió el ejército auxiliar desde Buenos Aires al mando del coronel de arribeños Francisco Ortiz de Ocampo, secundado por Antonio González Balcarce al mando de la vanguardia y bajo la dirección política de una Junta en Comisión presidida por Hipólito Vieytes. Cuando el ejército llegó a Córdoba, las fuerzas de Liniers se desbandaron y este fue hecho prisionero. La Junta dispuso que el ex virrey fuera fusilado junto a otros altos jefes civiles y militares, pero Vieytes y Ortiz de Ocampo optaron por enviarlos presos a la capital. El gobierno decidió entonces enviar a uno de sus vocales, Juan José Castelli, quien dio cumplimiento a esa orden. 2. El representante La derrota de la resistencia cordobesa había despejado el camino hacia el Alto Perú cuyo alineamiento con la Junta se convirtió en el principal objetivo de la expedición auxiliadora, tanto por su importancia estratégica como por ser la principal fuente de riqueza minera. Pero se trataba de un desafío mayúsculo: las provincias altoperuanas ocupaban un extenso territorio alejado de la base porteña y su sociedad, que era mucho más compleja y heterogénea que la del litoral rioplatense, tenía estrechos vínculos con la peruana. Es por eso que se hacía necesario nombrar un jefe confiable, capaz y con autoridad suficiente para tomar decisiones sin tener que esperar instrucciones de Buenos Aires. Castelli parecía ser el indicado, tanto por sus antecedentes, como por su probada lealtad al hacerse responsable del fusilamiento de Liniers. El 6 de septiembre se le dio a Castelli la jefatura política del ejército auxiliar y se le designó Representante de la junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata. Esto implicaba que sus decisiones debían ser consideradas como si las hubiera tomado la misma Junta, si bien esta se reservaba la potestad de ratificarlas o rectificarlas. El 12 de septiembre recibió las instrucciones que debían guiar su misión3. Estas expresaban con claridad cuál era la evaluación política que hacía el gobierno a pocos meses de iniciada la revolución: más allá del apoyo que pudiera recibir de los pueblos, había asumido que su suerte se dirimiría por las armas. Por eso se le encargaba la 27 4 1 ~as instrucciones están reproducidas en Biblioteca de Mayo, 1963 ,t. XIII' 117 64-1 17 66. Entre dos fuegos: la política de Castelli en el Alto Perú organización de una fuerza que debía contar con 1200 hombres al llegar al Alto Perú a la que debían contribuir todos los gobernadores dándole respaldo y auxilio. También se le instruyó para que en el primer triunfo dejara que la tropa hiciera estragos y sembrara el terror entre los enemigos. Las instrucciones incluían también directivas políticas. Estaba autorizado a enviar emisarios a los pueblos y a entablar tratativas secretas con Goyeneche u otros oficiales, pero sin creer en sus promesas y precisándose además que en ningún caso las negociaciones podrían detener su marcha. También se establecía que Nieto, Goyeneche, Francisco de Paula Sanz que gobernaba Potosí, el Obispo de La Paz Remigio de la Santa, así como todo otro jefe principal, debían ser arcabuceados. Asimismo se le indicaba el nombre de otros funcionarios que debían ser enviados a Buenos Aires presos o con la excusa de que se necesitaba su consejo, como el fiscal de la Audiencia de Charcas, Pedro Vicente Cañete. Del mismo modo debía averiguar quiénes se manifestaron en contra del gobierno y remitirlos a la capital. Solo podría elegirse funcionarios que fueran patricios y adictos al nuevo sistema, y los cabildantes también debían ser de confianza. Los cargos militares y civiles que designase serían interinos hasta la aprobación de la Junta. Finalmente se le indicaba que debía tratar de captar la voluntad de los indios haciéndoles saber que la expedición iba en su auxilio. Castelli partió el 22 de septiembre acompañado por Nicolás Rodríguez Peña como secretario. El ejército auxiliar mientras tanto se había reforzado con tropas de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y Salta y su vanguardia al mando de Balcarce se dirigía hacia Tupiza. 3. La batalla de Suipacha El fusilamiento de Liniers trastocó los planes de Nieto que confiaba en ahogar a la revolución en Buenos Aires con el concurso de la marina de Montevideo. A esto se sumó la dificultad de Abascal para enviarle refuerzos y el hecho que empezaran a producirse acciones contrarias a su autoridad en varias zonas del Alto Perú. La más importante ocurrió el 21 de septiembre cuando triunfó en Cochabamba un movimiento al mando de Francisco del Rivero que reconoció a la Junta porteña y entró en contacto Balcarce para acordar un plan de acción. Nieto se encontraba ahora a la defensiva y con desafíos en varios frentes. 1 275 Ante el avance del ejército auxiliar decidió replegarse hacia Potosí, dejando al Fabio Wásserman capitán José de Córdova y Rojas al mando de la vanguardia que se atrincheró en Santiago de Cotagaita. Balcarce decidió tomar ese punto el 27 de octubre, pero fue rechazado por lo que ordenó emprender la retirada. Tras vadear el río Suipacha, acampó en el pueblo de Nazareno. Las tropas de Córdova llegaron pocos días más tarde y acamparon en la margen norte. Pero ahora las condiciones eran otras y no solo por las posiciones: el grueso del ejército auxiliar estaba acercándose y Balcarce recibió un refuerzo de 200 hombres y dos piezas de artillería además de la paga de los soldados. El 7 de noviembre le ordenó a un grupo que se adelantase para que cuando fuera atacado simulase una fuga precipitada que condujera a los enemigos a una emboscada. El plan resultó exitoso, provocando el desbande de los enemigos y un rápido triunfo. Tras la victoria se organizó la persecución de los jefes enemigos, algunos de los cuales fueron capturados en los días siguientes mientras que otros lograron escapar a Perú. Las tropas marcharon hacia Tu piza adonde se instaló el cuartel general. Desde allí Castelli se dirigió a la Junta dando cuenta del triunfo en un extenso parte. Al alabar el ardid de Balcarce y el valor de los soldados, puso en práctica una estrategia a la que recurriría en varias ocasiones: polemizar con Abascal. En este caso lo hizo irónicamente al destacar que la táctica de Balcarce: «( ... ) trayendo sus tropas a pecho descubierto, donde se viese, que el americano nacido para vegetar y vivir en la oscuridad por misericordia del gobierno que ha tenido, excede a los militares venidos de España, donde por virtud del nuevo gobierno se ha enseñado la táctica de fugar, manchando la memoria de nuestros abuelos y héroes de la milicia que nosotros queremos renacer» (Carranza, 1894, t. II: 22-23)4. La batalla de Suipacha fue de gran importancia ya que se trató del primer triunfo militar de la Junta, pero sobre todo porque puso en sus manos al Alto Perú. Para ello también contribuyó el triunfo que días más tarde obtuvieron en Aroma las milicias de Cochabamba dirigidas por Rivero. En pocas semanas las principales ciudades altoperuanas realizaron cabildos abiertos que reconocieron a la autoridad de Buenos Aires y decidieron poner fin a la protección de Abascal. El propio Virrey asumió la nueva situación señalando que su intervención había sido realizada por pedido de las autoridades altoperuanas. En una Junta de Guerra celebrada el 10 de diciembre se decidió que las tropas de Goyeneche se detendrían en la frontera entre ambos 276 1 ~ destacado en el odg;nal. Entre dos fuegos: la política de Castelli en el Alto Perú virreinatos, señalando además en el acta de esa reunión que no se realizarían actos de agresión y que se aspiraba a que no se perturbaran las relaciones comerciales entre vasallos de un mismo Rey. La Junta mientras tanto había decidido reorganizar la jefatura del ejército auxiliar, poniendo al frente al general Balcarce, secundado por el coronel Juan José Viamonte que era allegado a Saavedra, y el teniente coronel Eustoquio Díaz Vélez en tercer lugar. Asimismo se decidió nombrar coronel a Rivero y ponerlo al frente de un regimiento de infantería de Cochabamba de 1 200 plazas cuyos oficiales debían ser de esa jurisdicción. 4. En Potosí Castelli y Balcarce arribaron a Potosí el 25 de noviembre al frente de la vanguardia del ejército auxiliar. A pesar de haber sido una plaza fuerte de la oposición, las autoridades locales mostraron su lealtad colaborando activamente con la captura de los jefes prófugos. Castelli también recibió apoyos individuales como el de Bernardo de Monteagudo, un joven abogado que había ido a ofrecerle sus servicios tras escapar de la cárcel en Chuquisaca. Algunos apoyos eran ambiguos pues provenían de actores que no querían quedar descolocados ante quien ejerciera el poder. Castelli tenía en claro esto, así como también la existencia de una oposición soterrada. Es por eso que sus medidas estuvieran dirigidas a producir una reorganización de la administración y del ejército que permitiera afianzar su poder, pero también a perseguir a los simpatizantes del orden vencido. El 28 de noviembre le envió a la Junta una serie de notas que evidencian tanto la intensa labor que estaba desarrollando como su desbordante entusiasmo que lo llevó a idear planes más ambiciosos. Entre otras cuestiones manifestaba su intención de cambiar algunos funcionarios en la administración local. Asimismo dispuso reorganizar la Casa de la Moneda y remitir a Buenos Aires cientos de miles de pesos fuertes en oro y plata. También introdujo cambios en el ejército a la vez que proponía poner fin al régimen de milicias que consideraba impolítico y de escasa utilidad, reemplazándolo por un sistema de reclutamiento en las provincias. Finalmente presentó a la Junta un plan audaz: ocupar el sur del Perú. En ese sentido advertía que las provincias de Puno, Cuzco y Arequipa no podían subsistir sin el vínculo con las altoperuanas y que su adhesión a los principios 1 277 278 1 Fabio "Wasserman de la Junta porteña les abría un futuro más promisorio. Pero aún cuando no lograra la adhesión de esos pueblos, lo cierto es que temían a las fuerzas porteñas y cochabambinas pues era sabido que Abascal no las podía defender. Contaba además en favor suyo el hecho de que los indios se estuvieran sublevando y que se hubieran creado juntas en Santiago, Bogotá y Quito, obligando al Virrey a dispersar sus fuerzas. De ese modo se permitía augurar que «la gloriosa empresa de la Capital se sentará en el virreinato de Lima para confundir el orgullo de estos habitantes» (Carranza, 1894: 57-58). En otra nota insistía en incorporar a las provincias de Cuzco, Puno y la Costa «dejando amenazada a Lima, abatido su orgullo y castigado su mimoso carácter>> (Carranza, 1894: 58). Argüía que así lo querían esos pueblos y que lo mejor sería concretarlo antes que se enfriase su entusiasmo. Se trataba de una decisión tan audaz como delicada, tanto por las dificultades que entrañaba como por su legitimidad, ya que difícilmente podía justificarse la intervención en otra jurisdicción aunque se hiciera en nombre de los pueblos. La propuesta fue discutida en la Junta y recibió el apoyo de algunos vocales para quienes se trataba de una respuesta legítima a la incorporación ilegal que había hecho Abascal del Alto Perú. Pero Mariano Moreno se opuso y logró imponer su punto de vista. Su argumento era que las tropas debían limitarse a cuidar los pueblos que habían formado parte del virreinato y que atacar otra jurisdicción era una medida inapropiada e injusta. Esta posición era coincidente además con su crítica a la convocatoria de un congreso americano que estimaba tan impracticable como innecesaria. Como a mediados de diciembre aún no había recibido respuesta a su plan para ocupar Perú, Castelli propuso estacionar sus tropas en el Desaguadero permitiendo que se le sumasen desertores mientras estrechaba vínculos con los pueblos del sur de ese virreinato. Además del prestigio que le precedía, decía contar en favor suyo con la debilidad del ejército enemigo que, aparte de mal equipado, estaba siendo corroído por las deserciones y las disidencias entre Goyeneche y Abascal. Adicionalmente contaba con el apoyo del gobernador de La Paz, el arequipeño Domingo Tristán, que había reconocido a la Junta porteña y estaba desarrollando una intriga para hacer cambiar de bando al ejército dirigido por su primo Goyeneche. Pero antes de proseguir su marcha, Castelli tenía que resolver un tema grave que no podía dejar pendiente: qué hacer con los vencidos y, en particular, con sus jefes. En Potosí tomó varias medidas contra quienes habían apoyado a las autoridades depuestas como el prefecto bethlemítico al que encarceló por Entre dos fuegos: la política de Castelli en el Alto Perú acoger a oficiales que escaparon de Suipacha, designando en su reemplazo a un fraile americano. Asimismo dispuso que el clero cortase toda comunicación con sus superiores que residieran en jurisdicción enemiga y el 13 de diciembre ordenó que 5 3 vecinos cuya permanencia en Potosí estimaba peligrosa, fueran desterrados a Salta. Al día siguiente de la deportación, y tras haber tomado férreas medidas para asegurar el control de la ciudad, Castelli decidió que podía cumplir la orden de ejecutar a los jefes prisioneros: Sanz, Nieto y Córdova. El coronel Díaz Vélez instruyó un breve proceso por los cargos de alta traición, usurpación y perturbación pública con violencia. La acusación se centraba en su asociación con Liniers y otros jefes para separar a los pueblos de su capital e incorporarlos a Perú; mentirles sobre la situación política para tiranizados y utilizar sus recursos e impedirles decidir libremente su suerte. La sentencia de muerte se cumplió en la mañana del 15 de diciembre ante una plaza colmada de gente que había concurrido a presenciar ese espectáculo que fue seguido por una parada militar. Las medidas tomadas por Castelli en Potosí fueron aprobadas por la Junta que también había terminado de definir los nombres de las máximas autoridades en las intendencias altoperuanas. La lista incluía a dos revolucionarios porteños que ya habían ejercido cargos similares en Salta y Córdoba, Feliciano Chiclana en Potosí y Juan Martín de Pueyrredón en Charcas. Pero también a dos figuras locales de diversa trayectoria previa: Rivera en Cochabamba y Tristán en La Paz. S. En Charcas Mientras el grueso del ejército se dirigió a Oruro bajo la dirección de Viamonte y Díaz Vélez donde se decidió establecer el cuartel general para organizarlo antes de marchar al Desaguadero, Castelli partió hacia Charcas acompañado por Balcarce y 300 hombres. Cuando arribó a la ciudad el 25 de diciembre se encontró con una recepción fastuosa. Los festejos se prolongaron durante varios días en las que abundaron los brindis y los homenajes. Además se les eligió alcaldes de primer y segundo voto, presentando de inmediato su renuncia tras haber jurado para que asumieran sus reemplazantes. La Universidad de San Francisco Xavier le dedicó a Castelli una función literaria en la que se pronunciaron discursos laudatorios ante una nutrida 1 concurrencia y el Rector le dio una tarja de plata y dos medallas de oro. 279 Fabio "Wasserman También se decidió nombrarlo Rector, pero tras tomar posesión del cargo lo delegó en el Vicerrector. La actuación de Castelli en Charcas siguió la misma línea que había desarrollado en Potosí, comenzando por el desplazamiento de los peninsulares de los cargos de gobierno y su reemplazo por criollos adictos al nuevo orden. El 5 de enero publicó un extenso bando en nombre de la Junta Provisional Gubernativa a los habitantes de la jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas en el que daba a conocer una serie de disposiciones como el cese de las causas contra los participantes del movimiento juntista de 1809 o el embargo de los bienes de los jefes vencidos. En ese sentido advertía que la política moderada había sido inútil ya que los obcecados siguieron mostrándose contrarios a cualquier intento de reconciliación. Por eso había sido necesario recurrir a medidas drásticas como la cárcel, el destierro, la expropiación e incluso la pena de muerte, pues eran las únicas que aceptaban quienes fueron forjados en la arbitrariedad y el despotismo. Este pasado lo contraponía a un presente en el que podían reconocer a la Junta Provisoria en libertad y orden, sin tumulto, violencia u opresión, dando lugar así a una relación pacífica y armónica entre gobernantes y gobernadoss. Al día siguiente recogió un apoyo decisivo: el arzobispo de Charcas, Benito María de Moxó, ofició una misa de reconocimiento a la Junta y al Representante en la que pidió terminar con las discordias manifestando además que Fernando VII contaba en América con cuatro millones de vasallos fieles. Este apoyo, expresado también en la donación de dinero para el ejército y la biblioteca pública de Buenos Aires, tenía mucho de sobreactuado. El año anterior Moxó había aceptado la protección de Abascal y recién se había decidido reconocer a la Junta tras el triunfo de Suipacha. En ese sentido era un fiel representante de varios sectores que se subordinaban ante quien ejerciera la autoridad pero que, por eso mismo, eran de dudosa lealtad. Al igual que en Potosí, en Charcas existía un soterrado rechazo que a veces se hacía explícito. Un episodio en ese sentido resulta revelador: Castelli dispuso que Balcarce tuviera un asiento de distinción a la cabeza del Cabildo, pero en el Te Deum su asiento había sido retirado por orden del Regente de la Audiencia. Castelli le ordenó a la Audiencia que solicitara disculpas a Balcarce, a quien además nombró presidente de esa corporación en señal de desagravio. 280 1 ~El Bando» en Biblioteca de Mayo, 1963, t. XIII' 11487-114 91. Entre dos fuegos: la política de Castelli en el Alto Perú 6. La Junta Grande Hasta aquí un rápido panorama del accionar de Castelli al frente de la fuerza que ocupó el Alto Perú tras el triunfo de Suipacha mientras se disponía a expandir su influencia hacia el sur de Perú. Pero estos no eran los únicos desafíos que debió afrontar. Para ese entonces sus relaciones con la Junta comenzaron a deteriorarse pues se había producido un cambio en el gobierno que lo dejó sin aliados en la capital. A principios de diciembre se había hecho insostenible la tensión entre la facción radicalizada liderada por Moreno que era tildada de jacobina y la más moderada que guiaba Saavedra. El 18 de diciembre se saldó la disputa en favor de este último al decidirse que los diputados de los pueblos se incorporasen a la Junta. En ese nuevo gobierno, que se hizo conocido como Junta Grande por la cantidad de sus miembros, tuvo mayoría el saavedrismo y asumió un rol destacado el deán cordobés Gregorio Punes. Moreno renunció a su cargo de secretario y fue enviado en misión diplomática a Londres teniendo en marzo de 1811 una muerte dudosa en alta mar. Junto con la noticia sobre el cambio en el gobierno, Castelli también se notificó de una serie de designaciones que ponían en entredicho su autoridad y, según creía, comprometían la causa. Es el caso de José Calvimonte y Lorenzo Pernández de Córdoba a quienes se designó en la Audiencia de Charcas, cuando Castelli sostenía que eran reputados enemigos de la revolución. O Matías Bernal, un empleado español de segundo orden apañado por el deán Punes al que se había nombrado gobernador de Potosí, despertando una ola de protestas. La Junta ordenó asimismo el retorno de los desterrados a Potosí para que se los indagara, advirtiendo además que solo en caso de haber cometido un delito se les podría iniciar una causa sin la cual tampoco podría dictársele pena alguna. Castelli aceptó esta decisión con la que no acordaba, permitiéndose ironizar en su respuesta a la Junta que esta tuviera mayor conocimiento a la distancia que él en el lugar de los hechos. Sin duda tenía en mente la actuación que el 11 de febrero le había encomendado a Monteagudo para que oficiara como Juez Instructor a fin de averiguar quiénes habían sido cómplices de Nieto en Potosí. Monteagudo recogió testimonios que coincidían en señalar una extensa lista de nombres que incluían a Calvimonte y Córdoba. Pocos días después, Monteagudo debió regresar rápidamente a Charcas donde se descubrió una conspiración en la que estaban involucrados varios de los mencionados. En esta ocasión Castel!i 1 281 282 1 Fabio Wásserman respetó los procedimientos para que la Junta no pudiera objetar su actuación y envió el proceso a la capital junto con una nueva lista de desterrados a Salta. Los acusados procuraron frenar la medida atacando a Monteagudo al que acusaban por su participación en el movimiento del 25 de mayo de 1809 y por ser hijo de una esclava. Castelli constituía un verdadero problema para la Junta. No podía destituirlo ya que era imposible predecir cuál podría ser su reacción estando al frente de un ejército y, además, porque quedarían debilitados frente al enemigo. Es por ello que lo que se intentó fue recortar su poder buscando apoyos entre sus subordinados y entre las elites locales. Esta última decisión coincidía además con la nueva política del gobierno que se proponía darles una mayor participación. El 11 de febrero dispuso la creación de Juntas Provinciales en cada capital de intendencia que debían integrarse por cuatro vocales elegidos por los vecinos, pero serían presididas por el Gobernador Intendente designado por el gobierno central. Asimismo dispuso la creación de juntas subordinadas en las ciudades dependientes integradas por un presidente que era el comandante de armas y dos vocales electivos. Lo que no quedaba en claro era cuál iba a ser la relación entre el Representante y las Juntas que no dependían de él, pero en cuya elección, al igual que en la de los diputados altoperuanos, también procuró influir con diversa suerte. 7. Entre la pluma y la espada Castelli debía lidiar con la Junta Grande mientras procuraba afianzar su poder en el Alto Perú. Pero también tenía que decidir qué hacer con Perú. Como su plan de ocupación no prosperó, decidió mantener negociaciones con Goyeneche. Asimismo entabló vínculos con actores contrarios a Abascal como Fernando López de Aldana, el autor del Diario Secreto de Lima, mientras enviaba agentes a Perú para reunir información y tomar contacto con potenciales aliados. En ese sentido contamos con un documento excepcional: el extenso informe del potosino Mariano de Argandoña y Echeverría sobre un viaje que hizo por las principales ciudades del sur del Perú entre mediados de diciembre y principios de febrero. El informe era rico en observaciones y sugerencias, destacándose su solicitud para que se mandasen impresos: «Pues están las gentes muy ilusas de todo acaecimiento y aún persuadidas de que nuestra capital y su $abia junta se han destruido. Ya se ve que no les dan ascendiente por ser voces que las difunde el tirano y sus secuaces, Entre dos fuegos: la política de Castelli en el Alto Perú pero no dejan de hacer titubear y claudicar a los más constantes» (Benencia, 1960: 103). Este pedido da cuenta de la importancia estratégica que había adquirido la circulación de rumores e impresos, ya sean proclamas, bandos, pasquines o periódicos. Pero no solo era un arma utilizada por los insurgentes: como muestra el informe, las autoridades virreinales también apelaron a este recurso, comenzando por el propio Abascal. Esto implicaba una novedad radical, pues tenían que participar de un campo polémico que ya no dominaban por entero como años antes cuando solo contaba la palabra oficial. Castelli desarrolló una intensa actividad propagandística que fue motivo de preocupación para las autoridades virreinales pues sus textos circularon profusamente en Perú. Solía dirigirse a los pueblos o a los cabildos ya que desconocía a la administración virreinal. Esto obedecía a una concepción de la soberanía y de las autoridades legítimas, pero también a una estrategia fundada en la posibilidad de llegar a acuerdos ante el temor de las elites locales por los efectos de la guerra. La prédica de Abascal por su parte apuntaba en dos direcciones: atacar a las Juntas por considerarlas insurrectas y legitimar su autoridad y sus acciones. Pasa ello se rerrUtía a la reorganización de la nación t::)paiiula t:n la:) CurLt::) tt:uniJa:) t:!l la hla Jt: Lt:Úil, prucurar1Ju Jar por tierra con la idea de que España carecía de toda autoridad y había sido completamente derrotada por Napoleón. En la discusión se apelaba a distintas concepciones de la soberanía, pero no se trataba de una disquisición teórica: lo que estaba en juego era quién ejercería el poder y cómo se organizarían los pueblos ante la ausencia del Rey. Para contrarrestar el discurso de Abascal, Castelli publicó el 3 de abril un manifiesto dirigido a los pueblos interiores del virreinato del Perú que en clave regeneradora anunciaba el nacimiento de una nueva era para el continente6. Apelando a la identificación con una misma causa, se dirigía a los «ciudadanos compatriotas» anunciándoles que había llegado la época suspirada en que los opresores de la patria se estremecen al saber que carecen de toda fuerza moral y material para prolongar su despotismo. Por eso les planteaba que podían ser libres cuando quisieran y que contaban con el auxilio de las armas que él les ofrecía. Advertía además que ya era hora que los ciudadanos virtuosos fueran preferidos a los inmorales extranjeros para ocupar cargos en su patria. • 6 «El Manifiesto» fue reproducido en La Revolución de Mayo ... , 1965: 443-446. j 2s3 284 1 Fabio "Wasserman El punto más delicado de su programa era la definición del vínculo entre los pueblos peruanos y el gobierno de Buenos Aires. En ese sentido señalaba que este se había constituido en garante de la libertad civil de los pueblos, no conformándose con su propia suerte sino cuando pudieran gozarla todos los americanos. Además puntualizaba que no cometería el error de aspirar al mando exclusivo de las demás provincias, pues no harían más que renovar el sistema metropolitano adoptado por la «antigua España». Para aquellos que quisieran alcanzar la libertad les ofrecía protección, exigiendo a cambio alianza, unidad, fraternidad y uniformidad de ideas y sentimientos. Si los peruanos querían recuperar la libertad, y la lograban gracias al auxilio de los rioplatenses, estos no aspirarían a nada más que lo dicho. Y él en lo personal no se creería con mayores derechos. En cuanto a los dichos de Abascal insistía en destacar que en el Perú había gente pensante y de valor que no podía creer sus imposturas. Pero no solo lo acusaba de mentiroso: también buscaba restarle legitimidad pues en tanto el Virrey era «un simple ejecutor de las leyes» y no estaba autorizado a disponer de los intereses de los pueblos cuyo destino dependía de su libre consentimiento. Las provincias debían decidir si querían o no el auxilio de la fuerza que él comandaba, por eso se dirigía a ellas para que hicieran uso de sus derechos y expusieran su voluntad. En ese sentido concluía señalando que América del Sur podría constituir una gran familia ligada por la fraternidad y equiparable a las naciones más respetables. Pero también se permitía advertir que si primaba la división no podría evitar la ruina del comercio de esas provincias y los males que trae la guerra. Las cosas debían cambiar y si no lo hacían por la razón, también contaba con la fuerza. De hecho, el Manifiesto lo firmó en el Cuartel General de Oruro donde se encontraba desde hacía pocas semanas para terminar de organizar el ejército. Aparte del entrenamiento, la disciplina y el aprovisionamiento, tenía que arreglar la incorporación de las fuerzas locales. Como Rivero no cumplía con la directiva de acudir al frente de sus tropas, Castelli decidió realizar un viaje relámpago a Cochabamba. Si bien se congratuló por la adhesión de la provincia a la causa, se llevó una mala impresión de su jefe. También encontró que había muchos enemigos, pero no realizó sumarios, quizás porque excedía sus posibilidades. En ese sentido parecía mucho más urgente concentrar los esfuerzos en organizar el ejército, logrando que una división cochabambina partiera hacia Oruro, seguida por el resto días después. Entre dos faegos: la política de Castelli en el Alto Perú Para ese entonces las tropas ya habían comenzado a adelantarse hacia Sicasica y Laja en las cercanías del Desaguadero, donde se estableció el nuevo cuartel general. En parte a la Junta del 8 de abril, Castelli informaba que esperaba totalizar 8 000 hombres en armas, a los que debía sumarse el apoyo de los indios. Pero no solo se había incrementado el número de efectivos: el «ejército auxiliar» había pasado a denominarse «ejército auxiliar y combinado», aludiendo así a la integración de tropas altoperuanas bajo una misma jefatura. 8. La campaña contra Castelli Castelli arribó a La Paz el 1 O de abril en medio de vítores, honores y regalos que rechazó con cortesía. La escena parecía repetir lo que sucedía cada vez que entraba a una ciudad. En esta ocasión, sin embargo, fue muy criticado ya que su arribo coincidió con el miércoles santo, dando lugar a la calificación de impiedad. Esto fue aprovechado por sus enemigos para alimentar una campaña de desprestigio en su contra que caló hondo en la sociedad altoperuana. Esta campaña se nutrió de hechos verdaderos, pero también de otros apócrifos o imposibles de comprobar como su aseveración de que sería capaz de triunfar incluso contra la voluntad de Dios. Las acusaciones eran de todo tipo, pues aparte de las derivadas de sus decisiones políticas como los fusilamientos y los destierros de Potosí que permitían caracterizarlo como un ser cruel y pérfido, también era tildado de jugador, borracho y mujeriego, señalándose que por esa razón se había quedado más de dos meses en Charcas. Ciertas o no, lo decisivo es que para muchos estas acusaciones eran verosímiles, sobre todo las referidas al carácter impío. En rigor de la verdad esto se debió no tanto a la actuación de Castelli como a la de algunos subalternos. Las anécdotas en ese sentido son numerosas, destacándose un episodio sucedido en Chuquisaca cuando unos oficiales borrachos arremetieron contra una cruz que adoraban unos indios por considerar que se trataba de una superstición. Otro episodio que no sabemos si fue cierto o no, lo tuvo a Monteagudo como protagonista, quien se habría subido a un púlpito vestido de sacerdote para predicar que «la muerte es un sueño eterno». Aunque a Castelli se le responsabilizó por estos episodios, hay evidencias de que intentó ponerles coto y de que procuró ser cuidadoso en el respeto a la religión, aunque no necesariamente con sus ministros cuando 1 los consideraba enemigos. 285 Fabio "Wasserman Más allá de estos episodios volterianos, debe tenerse en cuenta que la sola presencia de porteños en el escenario altoperuano era una fuente de conflictos pues muchos tenían un sentimiento de superioridad que no favorecía la concordia y menos aún en el caso de los militares que se consideraban un estamento superior. Era usual por ejemplo que se burlaran de los cochabambinos por su forma de expresarse, recibiendo llamados de atención tanto de Castelli como de Balcarce. Estas diferencias, a las que se sumaron las provocadas por la incorporación de milicias paceñas, eran una constante fuente de tensiones que afectaba a las fuerzas aliadas. Pero no se trataba de la única. También comenzó a hacerse sentir la división entre morenistas y saavedristas: a principios de marzo un grupo de oficiales se propuso arrestar a Castelli y Balcarce en Oruro para que los reemplazara Viamonte, pero desistieron cuando este no aceptó la propuesta aunque tampoco avisó de lo sucedido a sus superiores. Esta situación de crisis interna en la que arreciaban las intrigas, sospechas e imputaciones, fue aprovechada por los enemigos para difundir todo tipo de especies y rumores. En algunos casos las cosas pasaron a mayores: el 21 de abril se desbarató en Potosí un golpe que iba a ejecutarse al día siguiente con el objetivo de hacerse con el gobierno de esa ciudad dejando cortadas las comunicaciones entre el ejército y la capital. 9. Al borde de la ruptura Castelli no dudaba en responsabilizar de este intento fallido a las medidas concesivas de la Junta como el haber permitido el retorno de los desterrados. Lo que aún no sabía era que dos semanas antes se había producido un movimiento que lo había dejado sin ningún apoyo en el gobierno de la capital. El 5 y 6 de abril se produjo una movilización liderada por los alcaldes de barrio e instigada por jefes y oficiales adictos a Saavedra. Esto provocó la salida de los últimos morenistas que permanecían en la Junta, quienes además fueron enjuiciados e internados al igual que otras figuras de esa facción. De ahí en más la tensión con el gobierno aumentó a niveles difíciles de sostener y Castelli se colocó al borde de la ruptura. El tráfico epistolar y los rumores se intensificaron en una y otra dirección desgastando aún más las relaciones: mientras que a Buenos Aires llegaban noticias escandalosas sobre 286 1 el Representante y sus allegados, en el Alto Perú se acusaba a Saavedra y Funes Entre dos fuegos: la política de Castelli en el Alto Perú de promover la regencia de Carlota. La distancia hacía que muchas de estas misivas perdieran sentido al producirse nuevos hechos. Balcarce por ejemplo presentó su renuncia, que le fue rechazada cuando ya habían pasado casi dos semanas de la derrota de Guaqui. En ocasiones las cartas no llegaban a su destinatario o podían ser leídas por quienes no debían. Es el caso de una misiva que Punes le envió a Tristán avisándole que los exaltados habían sido desplazados del gobierno. Esta llegó a manos de Castelli, quien por su parte había instruido a Monteagudo para que le escribiera a los morenistas internados instándolos a escapar al Alto Perú. Esta carta también fue interceptada y llegó a Saavedra que decidió adoptar medidas más duras contra los confinados. Esto le confirmó además su presunción sobre el peligro que entrañaba Castelli pues era el único dirigente del ala radical que quedaba en pie, pero sobre todo porque estaba al frente de un poderoso ejército. En esto no se equivocaba, pues allegados a Castelli amenazaban con utilizar esa fuerza para terminar con el gobierno, aparte de promover la convocatoria a un congreso de las provincias altoperuanas. No es claro si estos planes fueron alentados por Castelli, pero sí que dispuso que los diputados no bajaran a la capital hasta que las cosas no se aclararan. El 28 de abril la Junta le prohibió a Castelli entrar en combate sin tener plena seguridad del éxito. Esa misma directiva también se les hizo llegar a Viamonte y Balcarce por conducto separado. El gobierno argüía que ya se habían cumplido los objetivos de la expedición auxiliadora: los pueblos se habían incorporado a la causa y había orden, por lo que solo restaba reunir el congreso. Su temor era que si los enemigos lo derrotaban se podría perder lo ganado. La propuesta era estacionar al ejército en el Desaguadero para fortalecerlo confiando en el paso del tiempo para que se difundiera la idea de libertad y los pueblos peruanos se cansasen de su situación. En ese sentido la Junta establecía que mientras no hubiera demandas explícitas de esos pueblos, la intervención del ejército dejaría de ser en calidad de auxiliar para convertirse en conquistador. Pero por las dudas también precisaba que incluso en caso de solicitarse ese apoyo, solo debía atacar si tenía la absoluta certeza de poder triunfar. El 3 de junio Castelli escribió desde La Paz advirtiendo que no podía mantenerse en ese estado de inacción y que la situación se resolvería por la negociación o por las armas «cuyo resultado feliz pronostico metafísicamente». 1287 Fabio Wasserman 10. El armisticio Castelli, en efecto, no descartaba una negociación y de hecho cuando escribió su respuesta estaba en medio de una tregua formal que había acordado con Goyeneche. No era la primera: cuando a fines de 1810 se le prohibió atacar al Perú, inició a través de Tristán una negociación que no prosperó y de la que no se conocen mayores pormenores. Aunque desconfiaba de Goyeneche, siguió tentando la vía de la negociación mientras procuraba extender su influencia en el Perú. Las conversaciones se mantuvieron hasta mayo sin que eso implicara un cese en la organización de los respectivos ejércitos. De hecho hubo varios incidentes que provocaron muertos, heridos y prisioneros, con los consiguientes reclamos de ambos bandos. El 11 de mayo Castelli le envió un oficio a la Junta señalándole que había puesto fin a las conversaciones pues estas habían llegado a un punto muerto por lo que se aprontaba para enfrentar al enemigo. Pero también era una forma sutil de declarar su ruptura con la capital, pues su decisión coincidía con las noticias de los cambios ocurridos en el gobierno de Buenos Aires. Ese mismo día, y ante la inminencia de un choque armado, emitió desde La Paz una circular a los Cabildos del virreinato de Lima en la que retomaba los argumentos que venía esgrimiendo desde hacía meses?. Advertía que los pueblos de ese distrito seguían sometidos a los caprichos y la tiranía de un gobierno que usurpaba los derechos de los ciudadanos. Por el contrario, el gobierno que él representaba solo procuraba respetar la voluntad de los pueblos y no estaba guiado por el afán de ocupar o regir lo que estaba fuera de su jurisdicción. Por eso, aunque los propios pueblos peruanos quisieran someterse al gobierno de Buenos Aires, no lo permitiría y solo los alentaría a crear uno propio. Lo que les proponía en suma era que decidieran su destino por su cuenta sin la intervención de Abascal u otros funcionarios, pues la soberanía residía en los pueblos representados por los Cabildos y por eso se dirigía a ellos. Pero eso no era todo: también advertía que estaba por entablarse un combate y por eso tenía que saber qué pensaban pues no consideraba válida la opinión de los jefes que decían representarlos. En ese sentido señalaba que incluso si el ejército del Desaguadero quisiera entrar en tratativas, tenía que ser clara cuál era su representación pues desconocía la que pudiera haberle dado Abascal a Goyeneche . • 288 1 ' En Biblioteca de Mayo, 1963, t. XIV, 130 30-130 3 2. Entre dos fuegos: la política de Castelli en el Alto Perú Cuando el enfrentamiento parecía inminente, Castelli recibió una nota enviada el 28 de abril por el Cabildo de Lima con una propuesta para mantener la unidad y la subordinación que apelaba a un oficio de los diputados suplentes de América y Asia que participaban de las Cortes reunidas en la Isla de León. En el mismo se sostenía que los dominios españoles europeos y ultramarinos integraban una monarquía cuyos miembros formaban una misma familia con iguales derechos, incluyendo a los indios y mestizos. Por eso se les daría a los americanos mayores derechos políticos y económicos al suprimir restricciones a la producción y al comercio y al propiciar su acceso a los cargos civiles, eclesiásticos y militares. Finalmente les prometía a quienes hubiesen provocado conmociones que serían perdonados si reconocían a la autoridad soberana. Aunque existían fundadas razones para desconfiar de la propuesta, Castelli consideró que era una buena oportunidad para tentar un acuerdo. El 13 de mayo le respondió al Cabildo limeño desde el Cuartel de Laja señalando que las propuestas de los Diputados americanos suplentes eran irrelevantes: todo lo que podían ofrecer con restricciones y como concesiones, los pueblos ya lo poseían de hecho y de derecho. Sin embargo, quería la paz y por eso proponía una tregua durante la cual entablarían negociaciones. La condición era que fuera entre él y el Cabildo pues era la única representación legítima de los pueblos. Asimismo aprovechó para reenviar el manifiesto del 3 de abril a los pueblos del Perú, acompañado por ejemplares de la Gazeta, el órgano de la Junta, para que se ilustrasen de sus acciones y propósitos, agregando con malicia que: «Vuestra Excelencia sabrá hacer de ellos la mejor distribución en beneficio de nuestra causa»ª. Goyeneche aceptó la tregua que terminó de ser firmada el 16 de mayo. Se acordó que duraría cuarenta días, por lo que las hostilidades podrían retomarse el 25 de junio y solo en caso de que se hubieran cumplido dos días desde la notificación oficial por ambas partes. El acuerdo incluía varias cláusulas referidas a las facilidades para aprovisionarse, a la admisión de desertores y a las posiciones que debían mantener ambos ejércitos, por lo que el de Goyeneche pudo conservar los puestos que había logrado instalar pasando el Desaguadero, si bien se aclaró que no implicaba una nueva delimitación entre los virreinatos . • s En Biblioteca de Mayo, 1963, t. XIII: 1151 O. 1 289 Fabio Wasserman El acuerdo también estipulaba que mientras durase la tregua no podrían internarse papeles denigratorios. Desde luego que esto no sucedió, pues fue profusa la circulación de textos producidos por ambos bandos. Algunos tenían un carácter oficial, como una nueva proclama de Castelli a los pueblos del Perú requiriendo saber si apoyaban al Virrey cuya autoridad consideraba caduca. Pero también había pasquines anónimos, como uno que fue encontrado entre los papeles de Abascal en el que se llamaba a desconocer las Cortes pues al igual que la regencia eran cuerpos ilegítimos cuya convocatoria era privativa del Soberano. Pero aún cuando fuera legítima, desfavorecía a América ya que no guardaba la proporción entre los habitantes, mientras que la mayoría eran representantes de las provincias ocupadas por Napoleón que le pertenecían por derecho de conquista. Además, advertía, los supuestos representantes americanos no habían recibido instrucciones y poderes por lo que no podían ejercer esa función. Por último concluía que era una falacia suponer que se indultaría a los americanos, recordando en ese sentido lo que había pasado en La Paz y Quito9. El 18 de mayo Castelli le escribió a la Junta explicando el acuerdo. Decía estar convencido que podrían imponerse por el convencimiento o por las armas. Estimaba que los peruanos no querrían aceptar la dependencia de un gobierno supremo desconocido e ilegítimo. Por eso debía dárseles la oportunidad, mientras reforzaba el ejército y desplegaba su plan que incluía el envío de documentos al ayuntamiento de Lima y a los pueblos de Perú. Su idea era seducirlos dejando que eligieran el gobierno que quisieran. Además, y a diferencia de Moreno, creía posible lograr una federación americana, solicitando poderes para entablar negociaciones en ese sentido pues carecía de ellos. 11. Tiahuanaco y la política hacia los indios Pocos días después del armisticio se cumplía el primer aniversario de la revolución de mayo y el segundo de la proclamación de la Junta de Charcas. Castelli entendió que era una excelente oportunidad para reafirmar el rumbo adoptado haciendo además una exhibición de poder ante sus enemigos internos y externos. Para ello decidió realizar un imponente acto en las ruinas de Tiahuanaco. Esta elección no obedecía únicamente a su cercanía con la 29º 1 ~El Pasquín> está teprnducido en Vázquez Machicado (1957, 129-130). Entre dos faegos: la política de Castelli en el Alto Perú frontera peruana: además del ejército, las corporaciones y los funcionarios, también había decidido invitar a los pueblos indios de la provincia de La Paz con sus autoridades a la cabeza. Era una decisión coherente con el accionar de Castelli quien durante toda su actuación había procurado forjar un vínculo estrecho con los indios. Su actitud era auténtica y sentida, pero también formaba parte de una estrategia política que era compartida por el gobierno tal como vimos en las instrucciones que se le dieron al nombrarlo representante. En esa estrategia se combinaban motivos ideológicos y pragmáticos, como el apoyo que podían recibir de los naturales en regiones donde estos constituían la mayor parte de la población. Es por eso que el 1 O de enero la Junta dispuso la elección de un diputado indio en cada una de las intendencias de la Audiencia de Charcas y Paraguay para que concurrieran al Congreso general. Un aspecto notable de esta resolución, y que evidencia cuánto de interesado tenía, es el hecho de que el gobierno no estaba dispuesto a extender esta política hacia otros espacios en los que su dominio estaba más asentado como Córdoba, Salta y Buenos Aires. Las elecciones sin embargo no llegaron a realizarse. La propia Junta había asumido que debían existir dificultades para poder implementarlas, por lo que resolvió otorgarle a Castelli la potestad de organizarlas según lo creyera conveniente con la salvedad de que los elegidos debían tener probidad y luces. El 13 de febrero Castelli emitió un Bando informando a los pueblos indios sobre esta novedad. Según alegaba, no solo se procuraba restituir sus derechos sino que también se había resuelto darles un influjo activo en el Congreso para que participaran de la Constitución que los regiría y pudieran palpar las ventajas de su nueva situación. Como temía que su voluntad fuera defraudada, dispuso que solo los naturales participaran en el acto electoral mientras que las autoridades civiles y eclesiásticas debían limitarse a presidir los actos y a mantener el orden. El Bando circuló escrito y fue pregonado por todas las provincias en castellano, quechua, aimara y según algunos autores, también en guaraní. Más allá del afán comunicativo, se trataba de un gesto político de Castelli que reconocía a los pueblos de indios como sujetos portadores de una cultura propia. Esta convocatoria no fue ni el primero ni el último de los documentos multilingües de Castelli. El 5 de febrero, había dirigido una proclama en castellano y quechua a los indios del virreinato del Perú10. Lo interesante es que • 10 En La Revolución de Mayo a través ... , 1965: 425-428. 1 291 292 1 Fabio Wasserman no se trataba de una traducción literal sino de una adaptación a las categorías utilizadas por sus destinatarios, lo cual evidencia que contó con colaboradores que tenían un mejor conocimiento de la sociedad andina. El encabezado de la proclama era «El Excelentísimo Señor Representante de la Junta Provisional Gubernativa del Río de la Plata. A los Indios del Virreinato del Perú», que en quechua era traducido como «Apu Don Juan Josef Castelli Apucunat Buenos Ayrespi Tantas cucunac Lantim Cai Perú Llacta Runacunamam» (Soux, 2007: 236). La versión original aludía al cargo que detentaba Castelli dentro de un orden institucional, mientras que la referencia en quechua como Apu seguido por su nombre expresaba una concepción del liderazgo y de la autoridad más personal. Del mismo modo, así como en castellano el documento estaba dirigido a los indios del Virreinato expresando la pertenencia a una unidad administrativa colonial, en quechua se refería a Perú como un territorio o una región. Esto termina de cobrar sentido cuando se advierte que si en castellano sus interlocutores eran los «indios de Perú», una expresión impuesta por los españoles, en quechua los denominaba «Llacta runa» haciendo referencia a la organización incaica. La proclama respondía a otra emitida meses antes en la que Abascal hacía referencia a la situación de España y sus consecuencias para los americanos. Por eso Castelli se presentaba como una autoridad que les hablaba a los indios con la verdad y el corazón, contraponiéndola a la del Virrey cuya hipocresía era flagrante, dado que les ofrecía instrucción, honores y empleos cuando antes los trataba como esclavos. También planteaba una discusión cuyo punto más sensible seguía siendo el mismo que desde el inicio de la crisis monárquica había dado lugar a rumores de todo tipo: ¿qué había sucedido en la metrópoli? ¿cuál era la situación de Fernando VII al que en muchos pueblos de indios se daba por muerto? ¿qué debían hacer los americanos ante la acefalía? Castelli insistía en señalar que España estaba en ruinas y su monarca prisionero sin posibilidad de lograr su libertad. Al no haber autoridades legítimas en la Península, Abascal y los otros funcionarios virreinales no tenían derecho a seguir en el poder. Es por eso que engañaban a los pueblos mintiéndoles triunfos de las tropas españolas. Advertía además que de seguirse este rumbo, el destino de América quedaría atado al de una España sin futuro. Pero ellos podían pensar y actuar por sí mismos, razón por la cual debían descreer de las mentiras del Virrey y confiar en él, cuya sinceridad provenía del amor que les tenía y del hecho de haber nacido en el mismo suelo. Los criollos y los indios podían ser hermanos e iguales y así los consideraba la Junta que él Entre dos faegos: la política de Castelli en el Alto Perú representaba. Pero Castelli no se contentaba con dar argumentos sobre los derechos de los pueblos y la legitimidad de su gobierno. También advertía que tenía mayores posibilidades de triunfo pues contaba con el apoyo de las provincias rioplatenses y, sobre todo, con un ejército que se destacaba por la virtud y el valor, a diferencia de los mercenarios cobardes que a su juicio integraban el de Goyeneche. La propaganda de Castelli tuvo un gran impacto a uno y otro lado del Desaguadero, por lo que su nombre, identificado muchas veces con la figura del Inca, siguió siendo evocado durante varios años incluso después de muerto. Pero la propaganda por sí sola era insuficiente para lograr ese apoyo: también tenía que demostrar su capacidad para producir hechos que respondieran a sus intereses. Y esto también lo sabían sus enemigos. Por algo Abascal también les había dirigido una proclama, por no mencionar que contaba con el apoyo de varios pueblos y líderes indios, y que buena parte de ese ejército que Castelli despreciaba tildándolo de mercenario, estaba integrado por naturales. Pero los indios podían tener intereses y objetivos que no necesariamente eran los mismos que imaginaban los criollos y españoles. María Luisa Soux sostiene en ese sentido que la presencia de Castelli en el Alto Perú permitió una alianza con grupos que estaban organizados desde antes y tenían sus propios objetivos. Estas fuerzas lograron subsistir tras la derrota de Guaqui, protagonizando un levantamiento en vastas zonas del Altiplano cuya acción culminante fue sitiar el sitiar de La Paz entre agosto y octubre de 1811. La política de Castelli, que era compartida por la dirigencia criolla filoindigenista e incluso se asemejaba a la propiciada por los liberales españoles, apuntaba a declarar la igualdad y la libertad, abolir el tributo que era considerado expresión de la sumisión, e incorporar a las comunidades a la representación política. Pero muchas de las tensiones que afectaban a la República de los Indios tenían que ver con la capacidad de las comunidades para preservar su autonomía. Esto podía implicar cuestiones como el control de recursos y el tributo, pero sobre todo estaba en juego el rol y la legitimidad de sus autoridades que desde hacía décadas estaban sufriendo importantes cambios. Incluso podía haber diferencias en relación al tributo, cuya abolición era uno de los puntos centrales del programa de Castelli. Es que no todas las comunidades objetaban su pago, pues era lo que permitía mantener su relación de vasallaje y de pacto de reciprocidad con el Rey. En algunos casos su rechazo era coyuntural y se fundaba en que entendían que 1 293 Fabio Wasserman no iba al Monarca, su destinatario natural, ya que quedaba en manos de las autoridades locales que encima los utilizaban para oprimir a los americanos. Tanto la dirigencia revolucionaria como las comunidades de indios rebeladas invocaban la figura del Rey y compartían el mismo enemigo: las autoridades virreinales y quienes le respondían a nivel local. En ese sentido podía funcionar como aglutinador el tradicional lema Vz'va el Rey, muera el mal gobierno (Soux, 2007: 241). Claro que para los criollos, al menos para Castelli, el Rey ya no existía y por eso podían invocarlo sin mayor preocupación. Debe considerarse además que la propia noción de indios o indígenas son categorías genéricas que encubrían realidades diversas y que podían estar ocultando diferencias o conflictos entre distintos pueblos, comunidades o parcialidades. Y estas cuestiones, que no eran algo fácil de apreciar para quienes no tuvieran contacto directo con las comunidades, mucho menos lo era para alguien venido de afuera como Castelli que, al igual que otros revolucionarios rioplatenses, tenía expectativas en poder invocar la identidad incaica para concitar el apoyo de los pueblos andinos. La expresión más clara de esta intención fue el acto realizado en Tiahuanaco para conmemorar el aniversario de la revolución. Pero también puede considerarse como una muestra de los equívocos que podían guiar esas acciones: las ruinas no eran incas sino de un pueblo que había habitado la región antes que ellos. Y los indios invitados a participar de la ceremonia eran aimaras cuyos antepasados habían sido conquistados por los incas antes de la llegada de los españoles. Pese a todo, la ceremonia fue un acto imponente en el que estuvieron representados los diversos sectores que componían la alianza dirigida por Castelli: el ejército integrado por porteños, arribeños, potosinos, cochabambinos y paceños; los funcionarios de la intendencia de La Paz y miles de indios con los alcaldes pedáneos y sus curacas a la cabeza. El acto concluyó con la lectura de una orden expedida por Castelli a los Gobernadores Intendentes y demás autoridades firmado en el «Cuartel General del ejército auxiliar y combinado de la libertad, Tiahuanaco, 25 de mayo de 1811 y segundo de la libertad de Sur América»11. El texto, que fue publicado en castellano, quechua y aimara, comenzaba afirmando que el objetivo del gobierno era que todos los grupos sociales pudieran gozar de los mismos derechos, razón por la cual debía dedicarle mayor atención a los más necesitados que en este caso eran los naturales del distrito, quienes 294 1 ~En Biblioteca de Mayo, 1963, t. XIII: 11519-11520. Entre dos fuegos: la política de Castelli en el Alto Perú habían sido abandonados y oprimidos durante mucho tiempo. Para poner fin a este estado de cosas, declaraba su igualdad en el acceso a cargos, honores y empleos sin otra distinción que el mérito y la aptitud. Castelli era optimista, pero no creía que esto pudiera producirse en forma automática pues debían dejarse atrás los males legados por siglos de opresión. Por ello advertía que se les debía dar protección e instrucción, ordenando a las autoridades que informaran de las medidas inmediatas o provisionales para reformar los abusos, promoviendo su beneficio, en especial en lo relativo al reparto de tierras, excepción de cargas o impuestos indebidos y creación de escuelas en sus pueblos. Y para poner fin a la intromisión de actores ajenos, dispuso que los caciques solo pudieran ser electos con el consentimiento de la comunidad previa votación, incluso en el caso de los propietarios o de sangre. La orden establecía un plazo de tres meses para poner fin a los abusos y fundadas las escuelas sin excusa alguna. El acto de Tiahuanaco, que sin duda constituyó una de las expresiones políticas más radicales del período, fue seguido el 30 de mayo por una misa celebrada en La Paz a la que asistieron las corporaciones y la oficialidad del ejército para celebrar el día de San Fernando en honor al Monarca cautivo, evidenciando la ambigüedad que todavía envolvía al movimiento revolucionario. De hecho ese día Goyeneche también dispuso una imponente parada militar en honor del Monarca, que se celebró en el campamento de Zepita ubicado del otro lado del Desaguadero donde estaban estacionadas las tropas peruanas. 12. La derrota de Guaqui y la pérdida del Alto Perú Tras el acto de Tiahuanaco, el ejército fijó su campamento en el pueblo de Guaqui. La tregua fue aprovechada por ambos ejércitos para terminar de organizarse y de ocupar mejor sus posiciones. El ejército peruano fue el que sacó mayor ventaja pues pudo fortificarse a ambos lados del Desaguadero. El de Castelli por el contrario estuvo afectado por las divisiones facciosas y regionales y, según algunos autores, por una relajación en la disciplina potenciada por la confianza en la negociación abierta con el Cabildo limeño. En verdad no sabemos si esto último fue cierto o no. Pero sí que esa esperanza, de haber existido, pronto se vio frustrada. El 17 de junio llegó la respuesta del Cabildo limeño que en sintonía con Abascal había decidido rechazar toda negociación. Castelli convocó de inmediato a una Junta de Guerra en 1 la que se resolvió poner fin al armisticio y atacar. Algunos oficiales, como el 295 Fabio Wasserman jefe de la división paceña, alegaron que no estaban en condiciones, haciendo referencia a la propuesta de desalojar al enemigo de su posición en las alturas de Vila Vila. Pero Castelli, que contaba con el respaldo de Balcarce y los otros jefes, respondió que se trataba de una decisión tomada y que solo se estaba discutiendo su implementación. Al día siguiente dio por finalizada la tregua, emitiendo un documento que dirigió al ejército y a los pueblos del Río de la Plata cuyo título deja entrever el optimismo que procuraba transmitir: «Manifiesto sobre el Derecho y necesidad en que nos hallamos de hacer una formal declaración de guerra al ejército de Lima en las inmediaciones del abismo de los Tiranos»12. El manifiesto comenzaba advirtiendo que el pueblo es el origen de toda autoridad y que un magistrado no es más que «un precario ecónomo de sus intereses». Por eso creía necesario anunciar las justas y urgentes razones que tenía para entrar en combate, cuyo resultado feliz también pronosticaba. Reiteraba que durante meses había procurado realizar una reunión pacífica de todas las provincias, pero la perfidia de Goyeneche no le dejaba otra alternativa que el enfrentamiento armado. Asimismo insistía en contraponer al ejército enemigo compuesto por un «tropel de esclavos» con las «legiones de ciudadanos armados» que «triunfarán sin duda, y con la sangre de los tiranos que restan sellarán la libertad de la América del Sud». Pero no solo la libertad. En esta ocasión se permitió incorporar un tópico nuevo en su discurso cuando se dirigió a los «Pueblos de la América del Sur» para pronosticar que <