DERECHO PENAL BÁSICO



Colección Lo Esencial del Derecho 3

Comité Editorial

Baldo Kresalja Roselló (presidente)
César Landa Arroyo
Jorge Danós Ordóñez
Manuel Monteagudo Valdez
Abraham Siles Vallejos (secretario ejecutivo)



FELIPE VILLAVICENCIO T. 

DERECHO PENAL BÁSICO



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Derecho penal básico
Felipe Villavicencio T.

Colección «Lo Esencial del Derecho» Nº 3

© Felipe Villavicencio T., 2017

De esta edición:
© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2019
Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú
feditor@pucp.edu.pe
www.fondoeditorial.pucp.edu.pe

La colección «Lo Esencial del Derecho» ha sido realizada por la Facultad de 
Derecho de la PUCP bajo los auspicios del equipo rectoral.

Diseño, diagramación, corrección de estilo 
y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP

Primera edición: marzo de 2017
Segunda reimpresión: agosto de 2019
Tiraje: 600 ejemplares 

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio,  
total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

ISBN obra completa: 978-612-317-229-9
ISBN volumen: 978-612-317-232-9
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2019-10964
Registro del Proyecto Editorial: 31501011900830

Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa 
Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú

Villavicencio Terreros, Felipe, 1955-
Derecho penal básico / Felipe Andrés Villavicencio Terreros.-- 1a ed., 2a reimp.--Lima : 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2019 (Lima : Tarea Asociación 
Gráfica Educativa).

163 p. ; 21 cm.-- (Lo esencial del derecho ; 3)

Bibliografía: [157]- 159
D.L.  2019-10964
ISBN 978-612-317-232-9

1. Derecho - Estudio y enseñanza 2. Derecho penal - Perú 3. Derecho penal - Aspectos 
jurídicos 4. Delitos (Derecho penal) - Aspectos jurídicos 5. Justicia penal, Administración 
de - Perú I. Pontificia Universidad Católica del Perú II. Título III. Serie



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Índice

ABREVIATURAS 	 13

PRESENTACIÓN	 15

INTRODUCCIÓN	 17

PRIMERA PARTE 
TEORÍA DEL DERECHO PENAL

Capítulo 1 
FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL	 21
1.	 El control social	 21
2.	 El poder penal	 22

2.1.	La criminalización primaria	 22
2.2.	La criminalización secundaria	 22

3.	 Las ciencias penales	 23
4.	 El derecho penal	 23
5.	 El delito	 24

5.1.	Consecuencias jurídicas del delito 	 24
5.2.	Clases de penas en el derecho penal peruano	 27
5.3.	Aplicación de la pena  	 28
5.4.	Medidas de seguridad 	 29
5.5.	Regulación de las consecuencias civiles del delito	 30

6.	 Casos prácticos 	 30



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Capítulo 2 

LÍMITES AL PODER PENAL  	 33
1.	 Legitimación y delimitación del poder penal 	 33
2.	 Principio de legalidad 	 34

2.1.	La prohibición de analogía 	 34
2.2.	La irretroactividad de la ley penal	 35
2.3.	Necesidad o mínima intervención del derecho penal	 35

3.	 Principio de lesividad	 36
4.	 Principio de culpabilidad	 36
5.	 Principio de proporcionalidad	 37
6.	 Principio de integración	 37
7.	 Principio de racionalidad y humanidad de las penas 	 38
8.	 Principio ne bis in ídem 	 38
9.	 Principio de protección a la víctima	 38
10.	 Garantía jurisdiccional	 39
11.	 Garantía de ejecución	 39
12.	 Casos prácticos  	 39

Capítulo 3 
APLICACIÓN DE LA LEY PENAL 	 41
1.	 Aplicación de la ley penal en el tiempo 	 41
2.	 Aplicación de la ley penal en relación al espacio 	 44
3.	 Aplicación de la ley penal en relación a las personas	 47
4.	 Casos prácticos 	 50

SEGUNDA PARTE 
TEORÍA DEL DELITO

Capítulo 4 
LA ACCIÓN	 55
1.	 El delito	 55
2.	 La conducta  	 55

2.1.	La acción	 55
2.2.	Evolución del concepto de acción en el derecho penal 	 56
2.3.	Funciones que cumple el concepto de acción en el derecho penal	 57
2.4.	Supuestos bajo los que se presenta la ausencia de acción	 58



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3.	 Responsabilidad penal de las personas jurídicas	 59
3.1.	Sociestas delinquere non potest (las sociedades no pueden delinquir) 	 60
3.2.	Sociestas delinquere potest (las sociedades pueden delinquir) 	 60

4.	 Casos prácticos 	 63

Capítulo 5 
IMPUTACIÓN OBJETIVA	 65
1.	 Elementos de los tipos penales	 65

1.1.	Teoría del tipo penal. Diferencia entre tipo y tipicidad  	 65
1.2.	Funciones del tipo penal	 65
1.3.	Relación entre el tipo y la antijuridicidad  	 67
1.4.	Elementos que conforman la estructura del tipo objetivo 	 67
1.5.	Elementos descriptivos y normativos de los tipos penales	 69

2.	 Imputación objetiva   	 69
2.1.	Causalidad	 69
2.2.	Teorías de la causalidad	 70
2.3.	Imputación objetiva de la conducta	 71
2.4.	Imputación objetiva del resultado	 73

3.	 Casos prácticos 	 77

Capítulo 6 
IMPUTACIÓN SUBJETIVA 	 81
1.	 El dolo	 81

1.1.	Clases de dolo	 82
2.	 Elementos subjetivos del tipo distintos al dolo	 84

2.1.	Tipos de tendencia interna trascendente  	 84
2.2.	Tipos de tendencia interna intensificada 	 85

3.	 Error de tipo	 85
4.	 Errores accidentales	 86
5.	 La imprudencia   	 87

5.1.	La imputación de la conducta	 87
5.2.	La imputación del resultado	 87
5.3.	Imprudencia y caso fortuito	 89

6.	 El delito preterintencional	 89
7.	 Casos prácticos  	 89



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Capítulo 7 

TENTATIVA Y DESISTIMIENTO	 93
1.	 Iter criminis	 93
2.	 Tentativa	 95

2.1.	¿Por qué se sanciona la tentativa de un delito? 	 95
2.2.	Clases de tentativa	 96

3.	 Desistimiento 	 97
4.	 Tentativa inidónea  	 99
5.	 Casos prácticos 	 99

Capítulo 8 
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 	 101
1.	 Sistema unitario y sistema diferenciado  	 101

1.1.	Diferencias entre el sistema de participación unitario  
y el sistema diferenciado 	 101

1.2.	La teoría del dominio del hecho	 103
2.	 Autoría  	 104

2.1.	La autoría directa	 104
2.2.	La autoría mediata 	 104
2.3.	Autoría mediata por dominio de organización	 105
2.4.	La coautoría	 106
2.5.	Regulación de la autoría en los delitos de infracción de deber	 108

3.	 Participación 	 109
3.1.	Participación delictiva	 109
3.2.	Accesoriedad limitada	 109
3.3.	Formas de participación	 109

4.	 Casos prácticos	 113

Capítulo 9 
ANTIJURIDICIDAD 	 115
1.	 Concepto	 115
2.	 Causas de justificación	 116

2.1.	La legítima defensa	 116
2.2.	El estado de necesidad	 117
2.3.	Ejercicio legítimo de un derecho 	 118



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2.4.	Supuestos de justificación en los delitos imprudentes	 119
2.5.	Justificación en los delitos omisivos	 119
2.6.	La justificación incompleta  	 119

3.	 Casos prácticos 	 120

Capítulo 10 
CULPABILIDAD 	 123
1.	 Desarrollo del concepto de culpabilidad en el derecho penal 	 124

1.1.	Culpabilidad personal y culpabilidad por el hecho	 125
1.2.	Elementos de la culpabilidad	 125

2.	 Imputabilidad	 125
2.1.	Responsabilidad penal de los menores de edad	 126
2.2.	Causas de inimputabilidad	 126

3.	 Probable conocimiento de la antijuridicidad	 128
3.1.	El error de prohibición	 128
3.2.	El error de comprensión culturalmente condicionado	 130

4.	 Exigibilidad	 130
4.1.	El estado de necesidad exculpante	 130
4.2.	El miedo insuperable	 131
4.3.	La obediencia jerárquica	 131

5.	 Casos prácticos	 132

Capítulo 11 

OMISIÓN	 135
1.	 Omisión propia	 135
2.	 Omisión impropia	 136

2.1.	Posición de garante	 137
2.2.	La equivalencia jurídica	 138

3.	 Casos prácticos	 139

Capítulo 12 

CONCURSO DE DELITOS  	 141
1.	 Unidad de acción y pluralidad de acciones	 141
2.	 El delito continuado	 142
3 .	 Delito continuado y delito permanente	 143



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4.	 El delito masa	 145
5.	 Consecuencia penal	 145
6.	 El concurso ideal	 145

6.1.	Requisitos del concurso ideal	 146
6.2.	El concurso ideal por enganche	 147
6.3.	Consecuencia penal del concurso ideal	 147

7.	 El concurso real	 147
7.1.	Requisitos del concurso real	 148
7.2.	El concurso medial	 149
7.3.	Consecuencia penal del concurso real	 149
7.4.	El concurso real retrospectivo	 149
7.5.	El concurso real de faltas	 150

8.	 El concurso aparente de leyes (unidad de ley) 	 150
9.	 Casos prácticos	 152

RESPUESTAS A LOS CASOS PRÁCTICOS	 153

BIBLIOGRAFÍA 	 157



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ABREVIATURAS 

CP Código penal

CADH Convención Americana de Derechos Humanos

PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

TP Título preliminar 

 



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PRESENTACIÓN 

En su visión de consolidarse como un referente académico nacional y 
regional en la formación integral de las personas, la Pontificia Universidad 
Católica del Perú ha decidido poner a disposición de la comunidad la 
colección jurídica «Lo Esencial del Derecho». 

El propósito de esta colección es hacer llegar a los estudiantes y 
profesores de derecho, funcionarios públicos, profesionales dedicados 
a la práctica privada y público en general, un desarrollo sistemático y 
actualizado de materias jurídicas vinculadas al derecho público, al derecho 
privado y a las nuevas especialidades incorporadas por los procesos de la 
globalización y los cambios tecnológicos.

La colección consta de cien títulos que se irán publicando a lo 
largo de varios meses. Los autores son en su mayoría reconocidos 
profesores de la PUCP y son responsables de los contenidos de sus obras. 
Las publicaciones no solo tienen calidad académica y claridad expositiva, 
sino también responden a los retos que en cada materia exige la realidad 
peruana y respetan los valores humanistas y cristianos que inspiran a 
nuestra comunidad académica.

Lo «Esencial del Derecho» también busca establecer en cada 
materia un común denominador de amplia aceptación y acogida, para 
contrarrestar y superar las limitaciones de información en la enseñanza y 
práctica del derecho en nuestro país.



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Los profesores de la Facultad de Derecho de la PUCP consideran 
su deber el contribuir a la formación de profesionales conscientes de 
su compromiso con la sociedad que los acoge y con la realización de la 
justicia.

El proyecto es realizado por la Facultad de Derecho de la PUCP bajo 
los auspicios del equipo rectoral.



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INTRODUCCIÓN

Este es un libro breve que busca exponer —de manera asequible y con 
lenguaje sencillo— los contenidos fundamentales del derecho penal (ley 
penal y teoría del delito). Ofrece al lector conocimientos básicos en la 
materia pero especialmente recuerda que el ejercicio del poder penal 
debe respetar en forma irrestricta a la persona humana en todas sus 
manifestaciones, como se expresa en la parte dedicada a los límites al 
poder penal. 

En procura de una mayor fluidez, el libro no contiene referencias 
bibliográficas o notas al pie de página. Presentamos un texto libre de las 
discusiones doctrinales que caracterizan al actual derecho penal, por lo 
que es importante que el lector complete la lectura con las diferentes obras 
más extensas del autor u otros autores, algunas de las cuales se citan en 
la bibliografía final. 

Invitamos a los lectores a recorrer su contenido, pero recomendamos 
seguir algunas pautas: primero, el lector debe avanzar la lectura de capítulo 
en capítulo, anotando observaciones y dudas que se podrán consultar 
en otros textos más extensos. Segundo, debe contar con un texto de la 
Constitución política, las normas internacionales, el código penal de 1991, 
las normas procesales, y otras que son citadas en el texto. Tercero, para la 
mejor comprensión, la obra contiene preguntas y casos prácticos al final 
de cada capítulo que recomiendo resolver.  



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Agradezco la colaboración de mi alumno Vilmer de la Cruz Paulino, 
quien muestra singular aptitud para el derecho penal. 



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PRIMERA PARTE 

TEORÍA DEL DERECHO PENAL 



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Capítulo 1 

FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL

1.	 El control social

El control social es el conjunto de recursos de los que dispone una 
sociedad a fin de asegurar que los comportamientos de sus miembros 
sean conformes a las reglas y principios establecidos para asegurar la 
estabilidad y supervivencia de la misma. El control social busca garantizar 
que las personas acepten y respeten las normas de convivencia, dirigiendo 
satisfactoriamente los procesos de socialización. Es posible diferenciar dos 
formas de control social: control social informal —familia, normas sociales, 
educación, medios de comunicación, religión, etcétera— y control social 
formal, como es el caso del sistema penal. 

 

 
INFORMAL 

Familia 
Normas sociales 

Religión, etcétera

CONTROL SOCIAL 

FORMAL 
 

Derecho penal 



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2.	 El poder penal

El poder penal o punitivo es el ejercicio de la coerción estatal que se 
manifiesta a través del sistema penal. El sistema penal está conformado 
por un conjunto de agencias y actividades que intervienen en la creación 
(criminalización primaria) y en la aplicación (criminalización secundaria) 
de las normas penales, y está integrado por diferentes agencias de control 
penal: policías, jueces, fiscales, procuradores, sistemas penitenciarios. Sus 
actividades se encuentran delimitadas a través de los medios normativos 
—código penal, el código procesal penal, el código de ejecución penal, 
las leyes orgánicas de las respectivas instituciones, etcétera—, económicos, 
administrativos, etcétera.  

2.1.	La criminalización primaria

El poder de legislar en materia penal está representado por la crimi-
nalización primaria, a través de la cual el legislador cumple la tarea de 
tipificar conductas declaradas delictivas y establece la consecuencia penal 
respectiva. Aquí intervienen las agencias políticas, en especial el Poder 
Legislativo y el Poder Ejecutivo. La criminalización primaria es un acto 
formal y fundamentalmente programático, pues cuando se establece que 
una determinada conducta debe ser sancionada, se enuncia un programa 
que debe ser cumplido por las agencias del sistema penal.  

2.2.	La criminalización secundaria

La criminalización secundaria es el poder de aplicar la ley penal y de 
asignar la calidad de delincuente y ejecutar las sanciones que realizan las 
agencias del sistema penal a través de policías, fiscales, jueces, defensores 
o el sistema penitenciario. Si bien las expectativas de la sociedad para el 
cumplimiento efectivo de los planes de criminalización propuestos por el 
legislador son altas, por lo general se trata de planes muy difíciles de poner 
en práctica, por lo que su cumplimiento es reducido, como se aprecia 
cuando revisamos la cantidad de delitos que son realmente sancionados. 



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3.	 Las ciencias penales

Las ciencias penales son la dogmática jurídico-penal, la política criminal 
y la criminología. La dogmática jurídico penal es la disciplina que se 
ocupa del estudio general, abstracto, sistemático, crítico y axiológico de 
las normas del derecho penal positivo. La política criminal es la obtención 
y realización de criterios directivos en el ámbito de la justicia penal y 
para ello busca modelos para mejorar la justicia penal y enfrentar a la 
criminalidad. La criminología estudia al proceso de criminalización y a la 
realidad de las conductas socialmente dañosas y las situaciones conflictivas 
y problemáticas.

4.	 El derecho penal

El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que definen 
determinadas conductas como delito o como faltas y disponen la 
imposición de penas o medidas de seguridad. Es usado en todo proceso 
de criminalización y como forma de control social, y constituye el medio 
más enérgico del que dispone el Estado para evitar las conductas que 
resultan más indeseadas e insoportables para la sociedad. 

Es recomendable que el derecho penal sea la última ratio legis, de 
manera que se aplique cuando los otros medios del control social resulten 
insuficientes. Se debe recurrir al derecho penal de manera reducida, pues el 
castigo penal supone considerable daño social. Sin embargo, los legisladores 
son renuentes a aceptar esta realidad y suelen recurrir al derecho penal 
como forma de enfrentar y tratar de resolver conflictos sociales, a pesar 
de que su aplicación no los va a resolver. 

Se pueden identificar tres manifestaciones del derecho penal que 
cuentan con características autónomas: el derecho penal sustantivo, que 
estudia las normas en cuanto determinan los delitos y señalan las medidas 
a aplicarse; el derecho penal formal, que señala la forma o procedimiento 
para hacer efectivas las consecuencias del delito; y el derecho penal 



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ejecutivo, que abarca el cumplimiento o ejecución de las penas y medidas 
de seguridad.  

El derecho penal también puede clasificarse como objetivo y subjetivo. 
El derecho penal objetivo —ius poenale— es el conjunto de normas 
jurídico-penales referidas al delito, al sujeto responsable de su realización 
y a las consecuencias del delito, esto es, las penas y medidas de seguridad. 
Se puede definir como aquella parte del ordenamiento jurídico que precisa 
las características del hecho delictivo —teoría del delito—, individualiza 
al sujeto responsable —teoría del sujeto responsable— e impone una 
pena o medida de seguridad —teoría de la determinación de la pena— 
(Bustos, 2004).  

El derecho penal subjetivo —ius puniendi— es la facultad de Estado 
de imponer penas y medidas de seguridad a los infractores. Se trata de 
una decisión político-criminal que se plasma en una norma penal que 
declara punible un hecho y perseguible a su autor. De esta manera, el 
estado ejerce su poder exclusivo de ejercer «la violencia legítima» a través 
de la aplicación de penas y medidas de seguridad. 

5.	 El delito

El concepto más aceptado del delito es: acción típica, antijurídica y culpable. 
En esta definición se encuentran contenidos todos los caracteres objetivos 
y subjetivos, tanto genéricos como diferenciales del delito. 

5.1.	Consecuencias jurídicas del delito 

5.1.1.	La pena

La pena es la característica más importante del derecho penal. Su origen 
se encuentra vinculado con el propio ordenamiento punitivo y constituye, 
por la gravedad de su contenido, el medio de mayor severidad que utiliza 
el Estado para asegurar la convivencia en la sociedad. La manera en que el 
Estado aplica y ejecuta la pena en la actualidad hace que esta sea un mal 



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con el que se amenaza a las personas y que se aplica a los que delinquen. 
La teoría de la pena busca identificar la utilidad o fin, limitando al poder 
penal (prevención general y especial). 

5.1.2.	Teorías de la pena 

El fundamento y fin de la pena es objeto de larga discusión en el derecho 
penal. Esta discusión ha dado lugar a las denominadas teorías de la 
pena. Estas son teorías del derecho penal que buscan justificar, mediante 
explicaciones racionales, la imposición de un castigo. Para establecer los 
límites a la aplicación de la pena por parte del poder penal, el derecho penal 
ha desarrollado diferentes teorías que se clasifican en teorías absolutas, 
teorías relativas y teorías mixtas.  

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

TEORÍA DE LA PENA 

TEORÍA ABSOLUTA TEORÍA RELATIVA TEORÍA MIXTA 

-ius talion (retribución por 
el delito) 
-verdad absoluta 
-restablecer la vigencia del 
derecho 

 

Asignan una utilidad
a la pena 

La pena es justa y útil 
(culpabilidad y prevención) 

Las teorías absolutas o clásicas entienden que la pena es la retribución por el 
delito cometido, de manera que se legitima si es justa. Kant entendía que la 
pena era expresión del imperativo categórico y Hegel la consideraba como 
reafirmación del derecho. Como ha declarado el Tribunal Constitucional 
en la sentencia de 21 de julio de 2005 (exp. 0019-2005-PI/TC, F.J. 30), la 
retribución absoluta carece de sustento científico y además es la negación 
absoluta del principio-derecho a la dignidad humana reconocido en el 
artículo 1 de la Constitución. 



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Las teorías relativas o de la prevención le asignan una utilidad social a 
la pena y buscan responder a la pregunta sobre la utilidad de la pena. En 
este sentido, se dice que la pena busca prevenir delitos como un medio para 
proteger determinados intereses sociales. Por ello, se habla de prevención 
general y especial. 

Para la teoría de la prevención general, la pena opera sobre la 
colectividad, sirve para intimidar y está dirigida a toda la sociedad con 
la finalidad de que sus integrantes no cometan delitos. Esta prevención 
actúa en un primer momento intimidando a los delincuentes, como una 
prevención general negativa —teoría de la coacción psicológica— y, en un 
segundo momento, de manera pedagógico-social, al reafirmar el derecho 
como un instrumento educador, bajo la forma de una prevención general 
positiva. La prevención general tiene tres etapas: 1) amenaza generalizada 
de la pena; 2) dictado de sentencia, a través de lo cual se generaría una 
intimidación generalizada; 3) ejecución de la pena, en la cual el sufrimiento 
del delincuente produce un sufrimiento generalizado.  

Para la teoría de la prevención especial, la pena es la actuación sobre 
el delincuente mismo, ya sea enmendándole para que en el futuro no 
vuelva a delinquir o bien impidiéndole una actividad delictiva. En esta 
teoría, la pena está dirigida a influir directamente sobre el agente de 
manera individual, ya sea reeducando, resocializando e integrando al 
delincuente a la comunidad —prevención especial positiva—; o alejando 
de la comunidad al delincuente, neutralizándolo —prevención especial 
negativa—. 

Las teorías mixtas identifican a la pena como justa y útil. Consideran 
que la pena debe reprimir tomando en cuenta la culpabilidad y la 
proporcionalidad con respecto al hecho delictivo —buscando la justicia— 
y a la vez prevenir la comisión de nuevos delitos —buscando la utilidad—. 
En la legislación comparada, la influencia de estas teorías es dominante. 
Una aplicación que destaca es la teoría unificadora dialéctica (Roxin, 
1999), que plantea tres fases de combinación de los criterios preventivos 
en el momento de la conminación, aplicación judicial y ejecución de la 



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pena. También nuestro código penal adopta un sistema mixto que acepta 
los criterios preventivos y excluye a la retribución como fundamento de 
la pena (art. IX, TP, CP).

En la legislación nacional, la Constitución política de 1993 —que 
se inspira en un Estado social y democrático de derecho— asume 
una posición resocializadora de la pena al establecer que «el régimen 
penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del penado a la sociedad» (art. 139, inc. 22). De manera 
similar, el código penal dice en el artículo IX del Título Preliminar: «La 
pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de 
seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación», lo mismo 
que el código de ejecución penal en el artículo II del Título Preliminar. 
Sin embargo, constatando la actual operatividad de los sistemas penales 
latinoamericanos, las explicaciones preventivas de los fines de la pena no 
han logrado ser aplicadas satisfactoriamente, y por ello surgen con fuerza 
criterios agnósticos sobre la actual fundamentación de la pena. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TEORÍAS RELATIVAS 

PREVENCIÓN GENERAL PREVENCIÓN ESPECIAL 

Positiva:  
-función pedagógica-social 

Negativa:
 

-función intimidadora 
 

Positiva:  
-función resocializadora, 
reeducar al delincuente 

Negativa: 
-neutralizar al delincuente 

 

5.2.	Clases de penas en el derecho penal peruano

El artículo 28 del código penal de 1991 reconoce varias clases de pena: pri-
vativa de libertad, restrictiva de libertad, limitativa de derechos y multa. La 
pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua (art. 29). 



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Derecho penal básico

La pena temporal tiene una duración mínima de dos días y máxima de 35 
años. La pena restrictiva de libertad disminuye el ejercicio de un derecho 
personal, limitando cualquiera de sus manifestaciones (art. 30). La pena 
limitativa de derechos consiste en la prestación de servicio a la comuni-
dad, limitación de días libres e inhabilitación, que puede ser temporal o 
perpetua1, para ejercer determinados cargos o potestades (arts. 31 al 40). 
La pena de multa o pecuniaria afecta el patrimonio económico del conde-
nado y se hace efectiva a través del pago al erario nacional (arts. 41 al 44).  

5.3.	Aplicación de la pena  

La determinación judicial de la pena es un procedimiento técnico y 
valorativo que realiza el juez para determinar las consecuencias jurídicas 
del delito y alude a un conjunto de actividades que desarrolla el operador 
jurisdiccional para identificar de modo cualitativo y cuantitativo la sanción 
a imponer.  

A través de la teoría jurídica de la determinación judicial de la pena 
se busca elaborar parámetros de medición de la pena que sean coherentes 
con los principios que orientan a un determinado ordenamiento jurídico, 
de manera que sea posible lograr la imposición de una sanción racional, 
proporcional y adecuada para cada caso particular. 

Los presupuestos para determinar y fundamentar la pena a imponer 
están previstos en el artículo 45 del código penal, que reconoce valor para 
la individualización judicial de la pena a las carencias sociales que hubiese 
sufrido el agente o el abuso de su cargo, posición económica, formación, 
poder, oficio, profesión o función (inc. 1), cultura, costumbre (inc. 2) e 
intereses de la víctima, de su familia o de personas que dependen de ella 
(inc. 3).  

La determinación de la pena comprende dos etapas: 1) una primera 
en la que se determina qué tipo de pena se va imponer al sentenciado 

1	 Denominada «muerte civil», incorporada por el decreto legislativo 1243 del 29 de 
setiembre de 2016.



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(determinación judicial de la pena) y 2) la determinación del quantum de la 
pena que se va imponer al infractor (individualización judicial de la pena). 

En el código penal peruano de 1991, el procedimiento para determinar 
el quantum de la pena está regulado en el artículo 45 A, incorporado por 
la ley 30076 «Ley de seguridad ciudadana», del 19 agosto de 2013. La 
individualización de la pena consiste en dos fases: 

a)	Identificar la pena base del tipo penal cometido —el máximo y 
el mínimo de la pena—, y dividirlo en tres partes, mediante el 
sistema de tercios: tercio inferior, tercio medio y tercio superior, 
para luego ubicar el tercio correspondiente, después de analizar la 
concurrencia de circunstancias agravantes y/o atenuantes.   

b)	Determinar la pena concreta a imponer al sentenciado, analizando 
la concurrencia de agravantes y atenuantes.  

5.4.	Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad son intervenciones en los derechos de los 
individuos considerados peligrosos y se dirigen a la prevención de delitos 
sobre la base de la idea de la prevención especial. Por ello, nuestro código 
penal, en el artículo IX del Título Preliminar señala: «las medidas de 
seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación».  

En nuestro ordenamiento jurídico penal existen dos clases de medidas 
de seguridad: la internación y el tratamiento ambulatorio. La internación 
consiste en el ingreso del inimputable (persona que no comprende la 
ilicitud de su acto porque sufre de: anómalía psíquica, grave alteración 
de la conciencia y grave alteración de la percepción) a un centro o 
establecimiento adecuado para su tratamiento terapéutico (art. 74). El 
tratamiento ambulatorio se aplica conjuntamente con la pena, con fines 
terapéuticos o de rehabilitación (art. 76).

La aplicación de las medidas de seguridad supone, cuando es posible, 
un tratamiento orientado a recuperar al sujeto peligroso y evitar que vuelva 
a cometer un delito. Por ello la aplicación de esta medida requiere que 



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el sujeto haya cometido un delito, que exista un pronóstico fundado en 
la posibilidad de que vuelva a cometer delitos y que el sujeto esté libre o 
exento de responsabilidad penal.

Estas medidas están especialmente dirigidas a sujetos que sufren de 
anomalías psíquicas u otros trastornos que originen inimputabilidad o 
imputabilidad restringida. Si bien la aplicación de estas medidas está 
sujeta a plazos determinados y a control judicial, la realidad muestra que 
no es precisamente el derecho penal el medio más indicado para enfrentar 
esta situación. Como se observa en muchos lugares, la situación de los 
enfermos mentales es verdaderamente penosa, pues en muchos casos son 
rechazados por sus familias y son internados en centros de detención que 
no cuentan con las condiciones necesarias para el tratamiento.  

5.5.	Regulación de las consecuencias civiles del delito

La reparación civil consiste en la restitución de un bien o el pago de 
su valor y la indemnización por los daños y perjuicios causados por la 
comisión de un delito (arts. 92 y 93, CP). La reparación busca, además, 
cumplir los objetivos preventivos generales. Sin embargo, en la práctica, su 
fundamentación y determinación por parte de los operadores de justicia 
es bastante criticada, especialmente por los criterios que se utilizan para 
la determinación de su cuantía o su procedencia. 

6.	 Casos prácticos 

Caso 1 

En la zona de contenedores para ser embarcados con productos de 
exportación del puerto del Callao, la policía encontró en uno de los 
contenedores trecientos kilos de pasta básica de cocaína que habían 
sido introducidos luego de que las autoridades aduaneras colocaran los 
precintos de seguridad. La droga fue enviada desde la selva peruana por 
una organización criminal peruana cuyos miembros quienes habían pagado 



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altas sumas de dinero a los encargados de la vigilancia para que los ayudaran 
a transportar la droga con destino a un puerto en los Estados Unidos. 
Allí, una organización de narcotraficantes de nacionalidad norteamericana 
esperaba para comercializarla. 

Pregunta

¿Cómo sería tratado este caso desde la perspectiva de un experto de 
la dogmática penal, la criminología y la política criminal en base a 
las características de cada una de estas ciencias penales?

Caso 2 

Después de la detención policial del presunto secuestrador y asesino de una 
niña de seis años, este tuvo que ser protegido por la misma policía de una 
muchedumbre que se apostó en las puertas de la comisaría de San Juan 
con el propósito de lincharlo. Las personas reunidas en el lugar protestaban 
también por considerar que las leyes penales son excesivamente suaves. 

Pregunta

Comente este caso a partir del debate sobre los fines de la pena. 



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Capítulo 2 

LÍMITES AL PODER PENAL  

1.	 Legitimación y delimitación del poder penal 

El poder penal del Estado se ejerce de acuerdo a determinados límites. 
Estos límites se expresan en principios que a su vez que legitiman el sistema 
penal, que limita en la actuación del Estado. Los principios legitimadores 
del poder sancionador del Estado son tanto constitucionales como 
jurídico-penales. Su legitimación extrínseca proviene de la Constitución 
y los tratados internacionales. Su legitimación intrínseca se basa en una 
serie de principios.  

El Estado, cuando promulga (criminalización primaria) y cuando 
aplica (criminalización secundaria) determinadas normas penales, tiene 
que mantenerse dentro del marco de estos principios garantistas. Estos 
principios se clasifican en límites materiales o garantías penales y límites 
formales o garantías procesales.

Existen principios que se encuentran expresamente señalados en el 
título preliminar del código penal y otros que son producto de la aplicación 
político-criminal de la ley penal. 



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2.	 Principio de legalidad 

El principio de legalidad representa una garantía de libertad personal, 
política y jurídica de los ciudadanos que limita el poder penal estatal. 
Este principio es un importante postulado del Estado de derecho de von 
Feuerbach, que se expresa en la fórmula del nullum crimen, nulla poena 
sine lege. Esto se entiende como «no hay delito ni pena sin una ley», y se 
expresa en nuestra legislación en que «nadie será procesado ni condenado 
por acto u omisión que al tiempo de cometerse no este previamente 
calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción 
punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley» (art. 2, num. 24, 
inc. d, Constitución); en este mismo sentido, el artículo II del Título 
Preliminar del código penal.  

Las garantías que implica el principio de legalidad son:

a)	Nullum crimen sine lege certa: la ley penal debe ser redactada con 
la mayor precisión posible (lex certa). 

b)	Nullum crimen sine lege previa: se prohíbe la aplicación retroactiva 
—in malam partem— de la ley penal. 

c)	Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta: no existe delito ni pena 
sin ley escrita; se rechaza la costumbre. 

d)	Nullum crimen, nulla poena sine lege stricta: se prohíbe aplicar por 
analogía la ley penal. 

2.1.	La prohibición de analogía 

La prohibición de analogía impide aplicar la ley penal por analogía para 
sancionar una conducta. El principio de inaplicabilidad por analogía de 
la ley penal constituye una garantía de la administración de justicia (art. 
139, inc. 9, Constitución) y un principio fundamental del derecho penal 
en el sentido de que «no es permitida la analogía para calificar el hecho 
como delito o falta, definir un estado o peligrosidad o determinar la pena 
o medida de seguridad que le corresponde» (art. III, TP, CP).  



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La prohibición de la analogía solo alcanza a la analogía in malam 
partem —analogía perjudicial o desfavorable al procesado—, aquella que, 
por ejemplo, extiende los efectos de la punibilidad para el inculpado. Por el 
contrario, la analogía in bonam partem, o la que es favorable al procesado, es 
aceptada a través de los proceso de interpretación de la ley penal. También 
lo expresa el código procesal penal de 2004 en el numeral 3 del artículo VII 
del Título Preliminar cuando señala que «[…] La interpretación extensiva 
y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del 
imputado o el ejercicio de sus derechos». 

2.2.	La irretroactividad de la ley penal

La irretroactividad de la ley penal excluye la posibilidad de aplicar 
retroactivamente la ley penal cuando es desfavorable al reo. Sin embargo, 
sí es posible aplicar la ley penal de manera retroactiva —retroactividad 
benigna— si es favorable al reo.  

Este principio constitucional (art. 103, Constitución) se reconoce en 
la legislación penal interna en el sentido de que «la ley penal aplicable es 
la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No obstante, 
se aplicará la más favorable al reo, en caso de conflicto en el tiempo de 
leyes penales] (art. 6, CP).  

2.3.	Necesidad o mínima intervención del derecho penal

El principio de necesidad o de mínima intervención establece que el 
Estado debe emplear el derecho penal cuando pueda explicar su necesidad 
para la convivencia social. Se justifica toda intervención necesaria y útil 
para la protección de bienes jurídicos. En este sentido, el derecho penal 
solo debe intervenir en los supuestos de particular gravedad ahí donde su 
presencia es imprescindible para resolver el conflicto social que no puede 
ser resuelto por otro sistema de control social menos lesivo.  

Este principio supone un límite fundamental a las leyes penales, en 
el sentido de que su participación se justifica en la medida que protege a 



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la sociedad. Se subclasifica en el principio de subsidiariedad y principio 
de fragmentariedad. 

La subsidiariedad, denominada última ratio o extrema ratio, limita el 
carácter expansivo del derecho penal, al que solo se puede acudir cuando 
los demás controles sociales han fracasado. En relación a este principio, 
no basta probar la idoneidad del derecho penal, sino que es necesario 
demostrar que no es posible sustituirlo por otros medios de control 
menos lesivo. 

La fragmentariedad se refiere a la naturaleza selectiva del derecho penal, 
y determina qué conductas son penalmente relevantes. De esta manera se 
impide utilizar el derecho penal para tipificar todas las conductas como 
delictivas, sino solamente las de mayor entidad. 

3.	 Principio de lesividad

El principio de lesividad exige que el bien jurídico tutelado sea lesionado 
o puesto en peligro para que intervenga el derecho penal (art. IV, TP, 
CP). En nuestro derecho penal este principio sigue siendo dominante, a 
pesar de los propósitos de dar prioridad a la infracción a la norma como 
criterio rector de la protección penal.  

Los bienes jurídicos son los valores fundamentales y predominantes 
de toda sociedad que protege los derechos humanos. Su fuente principal 
son los principios constitucionales, y buscan evitar la arbitrariedad que 
puede originar el uso desmedido del poder penal en la vida, la salud, el 
medio ambiente, etc. 

4.	 Principio de culpabilidad

El principio de culpabilidad o la responsabilidad penal permite que 
una persona solo sea responsable por los actos cometidos, excluyendo 
toda forma de responsabilidad objetiva (versare in re illicita), así como la 
posibilidad de responder por la conducta de terceros (art. VII, TP, CP). 



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Según este principio, la pena solo puede fundamentarse si se comprueba 
que el hecho puede serle reprochable al acusado. 

El dolo o culpa es la manifestación del principio de culpabilidad. En 
este sentido, se admite la responsabilidad penal a través de estructuras 
dolosas o imprudentes, y se excluye la imputación por resultados 
imprevisibles. 

5.	 Principio de proporcionalidad

El principio de proporcionalidad o prohibición de exceso señala que 
la pena ha de ser proporcionada a la gravedad del hecho, tanto por su 
jerarquía respecto del bien jurídico afectado como por la intensidad del 
ataque al mismo bien. Este importante principio de limitación al poder 
penal prescribe que la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por 
el hecho (art. VIII, TP, CP). 

Cuando la pena resulte claramente desproporcionada a la gravedad 
del hecho, el juez debe evitarla o reducir sus efectos aunque esté prevista 
en la ley. 

6.	 Principio de integración

El principio de integración establece que la ley penal se debe interpretar 
de conformidad con la Constitución política y con las normas y 
principios sobre derechos humanos y prevención del delito reconocidos 
en los tratados de los cuales el Perú es parte, en especial aquello sobre 
derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional 
humanitario. Asimismo debe ser conforme con la jurisprudencia de 
tribunales internacionales cuya jurisdicción esté reconocida por el Estado 
peruano.  



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7.	 Principio de racionalidad y humanidad de las penas 

El principio de racionalidad y humanidad de las penas o principio de 
proscripción de la crueldad rechaza toda sanción penal cruel que resulte 
inhumana para el sujeto. Este principio establece la búsqueda de una 
pena humanitaria tendente a resocializar al penado y prevenir el delito, 
respetando los derechos humanos. 

En todo caso, el juez, ante una pena cruel, inhumana o degradante 
aplicable a un caso concreto, está en la obligación de evitarla o reducir sus 
efectos, aunque se encuentre prevista en la ley de manera expresa. 

8.	 Principio ne bis in ídem 

El principio ne bis in ídem constituye una garantía material y procesal 
que impide que una persona sea sancionada y procesada dos o más 
veces por un mismo hecho o delito, tanto en la jurisdicción penal como 
en la administrativa. El código penal nacional reconoce este principio 
en el artículo 90 del código penal cuando afirma que «nadie puede ser 
perseguido por segunda vez en razón de un hecho punible sobre el cual 
se falló definitivamente».

Este principio busca evitar una doble reacción del poder penal frente 
a un mismo hecho, en el ordenamiento punitivo u otros, de manera que 
se evite la doble sanción, que significa un exceso punitivo del Estado. 

Para invocar la vulneración del principio del ne bis in ídem es un 
requisito indispensable que haya una triple identidad entre sujeto, hecho 
y fundamento.  

9.	 Principio de protección a la víctima

El principio de protección a la víctima garantiza que los afectados por 
el delito serán tratados con respeto a su dignidad y tendrán derecho a la 
pronta reparación del daño que hayan sufrido, de manera que reforzarán 
los mecanismos judiciales y administrativos que les permitan obtener 



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reparaciones, incluso del Estado cuando el agresor es un funcionario 
público.  

10.	Garantía jurisdiccional

El principio de garantía jurisdiccional establece que solo el juez competente 
puede imponer penas o medidas de seguridad y en la forma establecida 
en la ley: «Solo el Juez competente puede imponer penas o medidas de 
seguridad; y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley» 
(art. V, TP, CP). 

11.	Garantía de ejecución

La garantía de ejecución señala que no puede ejecutarse pena o medida de 
seguridad de otra forma que la prescrita por la ley. La ejecución de penas 
o de medidas de seguridad es controlada e intervenida judicialmente: «No 
puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley y 
reglamentos que la desarrollen. En todo caso, la ejecución de la pena será 
intervenida judicialmente» (art. VI, TP, CP). 

12.	Casos prácticos  

Caso 3 

Jennifer es una mujer muy bondadosa y solidaria, realiza obras de caridad 
en los pueblos más necesitados. Producto de estas actividades caritativas, 
cierto día discute muy acaloradamente con su socio Marcial, quien no está 
de acuerdo con estas obras de caridad por su alto costo económico. Este 
la golpea hasta dejarla inconsciente. Tras días de agonía, Jennifer fallece. 
El juez sentencia a Marcial por el delito de homicidio simple (art. 106, CP) 
y le impone la pena de cadena perpetua por dos razones: primero por 
la presión de los familiares de la víctima y las personas beneficiadas y, 
segundo, por considerar que Jennifer era una persona caritativa que ayuda 
a los más necesitados.  



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Pregunta

¿Es viable sancionar a Marcial con una pena mayor a la establecida en 
la norma penal por la presión de las personas y por consideraciones 
personales? ¿Qué principio se estaría vulnerando en el caso?

Caso 4  

Rosario solicita «castración quirúrgica» para los violadores. La congresista 
Rosario se mostró partidaria de esta medida como única solución 
para contener a los violadores y delincuentes sexuales más peligrosos 
y reincidentes. Para la congresista, este recurso de castración sería el 
procedimiento definitivo y eficaz que normalizaría la libido de estos sujetos. 

Pregunta

Examine este supuesto en relación a los principios limitadores del 
derecho penal.



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Capítulo 3 

APLICACIÓN DE LA LEY PENAL 

1.	 Aplicación de la ley penal en el tiempo 

La ley penal tiene un ámbito de vigencia que comprende un momento de 
aparición y uno de extinción. La aplicación temporal o vigencia temporal 
de la ley penal está normada por el conjunto de reglas que tratan sobre el 
conflicto entre diferentes leyes penales en el tiempo en relación a un hecho 
imputado. El artículo 6 del código penal prevé este principio al disponer 
que «la ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del 
hecho punible». También se prevé en el art. II del Título Preliminar del 
código penal: «Nadie será sancionado por acto no previsto como delito o 
falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena 
o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ellas», y en 
la Constitución política: «Nadie será procesado ni condenado por acto 
u omisión que al tiempo de cometerse no este previamente calificado 
en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni 
sancionado como pena no prevista en la ley» (art. 2, num 24, inc. d, 
Constitución). 

La ley penal entra en vigencia obligatoria desde el día siguiente de su 
publicación en el diario oficial, excepto cuando se declare la vacatio legis, 
que es la suspensión de la aplicación de la ley, desde su promulgación 
hasta su real puesta en vigor (ejemplo: la ley entrará en vigor quince dias 



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después de la fecha de su publicación). No existe un plazo específico ni 
tampoco una modalidad específica que son definidas por el legislador en 
el caso específico (ejemplo: el modelo de vigencia progresiva por distritos 
judiciales aplicado al código procesal penal de 2004).  

La vigencia de las leyes concluye con la derogación, que solo es posible 
por otra ley y por declaración expresa de incompatibilidad entre la nueva 
ley y la anterior; o cuando la materia de esta esté íntegramente regulada 
por aquella. No pueden ser derogadas por disposiciones de menor jerarquía 
o por el desuso de la ley.  

El principio de irretroactividad supone que la ley penal solo es aplicable 
a aquellos hechos que se encuentren dentro del tiempo en que esta entró 
en vigencia hasta su derogación. Por tanto, prohíbe la aplicación de la ley 
penal a los hechos ocurridos con anterioridad a su promulgación (art. 
103, segundo párrafo, Constitución). Este principio responde al tempus 
regit actum.  

La retroactividad de la ley penal favorable es una excepción al principio 
de la irretroactividad y supone que la ley penal se aplica a hechos cometidos 
con anterioridad a la vigencia de la ley por ser más favorable al reo. La 
retroactividad benigna se complementa con la ultraactividad benigna, que 
supone la aplicación de la ley penal posterior a la comisión del delito por 
ser más favorable al reo.  

Se genera un conflicto de aplicación de leyes cuando durante la 
actuación de un supuesto de hecho y su proceso concurren varias leyes 
hipotéticamente aplicables. A esta concurrencia de leyes se le denomina 
sucesión o tránsito de leyes. Esta sucesión puede producir diferentes 
situaciones: primero, la nueva ley crea un delito no tipificado en la ley 
anterior: si los actos realizados no eran punibles según la ley anterior pero 
sí lo son bajo la nueva ley, esta no podrá aplicarse. Segundo, si la nueva 
ley considera lícito un hecho que en la ley anterior era considerado ilícito, 
rige la retroactividad de la ley más favorable (ley abolitiva). Tercero, si la 
nueva ley modifica la penalidad de un delito, cuando esta disminuye la 
pena, se aplica la nueva ley, pero si se aumenta, se aplica la ley anterior 
por ser más favorable.  



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En relación a la ley abolitiva, se pueden presentar dos situaciones 
procesales al momento de aplicarse retroactivamente: 1) que el proceso esté 
en trámite o 2) que haya concluido con sentencia condenatoria (excepción 
a la cosa juzgada). En el supuesto de cosa juzgada, cuando se modifica la 
ley penal durante el proceso o después de dictada la sentencia, se emitirá 
la pena conforme a la ley más favorable (art. 7, CP). 

Respecto de la aplicación de las leyes penales sustitutivas por 
retroactividad benigna, el artículo 6, segundo párrafo del CP establece que 
si durante la ejecución de la sanción se dictara una ley más favorable al 
condenado, el juez sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda 
conforme a la nueva ley. Como esto genera diversos problemas, la Corte 
Suprema de Justicia, a través de la sentencia plenaria 2-2005/DJ-3001-A 
(Sustitución de pena por retroactividad benigna. La aplicación de la ley 
28002) ha establecido doctrina penal vinculante respecto al artículo 6 
del CP. Primero, cuando la nueva ley disminuye el marco legal abstracto 
con que se conmina la infracción penal objeto de condena firme, la pena 
impuesta con arreglo a la ley anterior debe ser sustituida ineludiblemente. 
Segundo, la sustitución de la pena debe respetar los hechos declarados 
probados y las circunstancias y factores reconocidos en el fallo como 
relevantes para la determinación judicial de la pena. Tercero, la nueva 
pena a imponer debe respetar los principios de proporcionalidad y de 
legalidad. Cuarto, si se impuso el máximo o mínimo de la pena con arreglo 
a la ley anterior, la nueva pena debe, igualmente, imponer el máximo o 
el mínimo legal, respectivamente, establecido en la nueva ley. Quinto, si 
se impuso una pena inferior al mínimo legal estipulado en la ley anterior 
o esta respeta los parámetros de dicha ley, la nueva pena debe, asimismo, 
imponer una pena inferior al mínimo legal establecido en la nueva ley o, 
según el caso, una pena dentro de los parámetros de la nueva ley. En ambos 
casos, el nivel de disminución queda librado al tribunal de la sustitución, 
a cuyo efecto valorará el conjunto de factores y circunstancias fijados en 
los artículos 45 y 46 del código penal, así como las demás previstas en 
la ley e incorporadas en la sentencia. Otros factores que deben tomarse 



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Derecho penal básico

en consideración son, de un lado, el nuevo cuadro de penas instituido por 
la nueva ley para el conjunto de delitos regulados por ella y referidos a la 
misma sección modificada y, de otro lado —aunque sin ser estimado como 
el factor el principal o preferente— la lógica proporcional en relación a la 
concreta cuantía de la pena que impuso el tribunal originario.  

Otro tema vinculado a la aplicación temporal de la ley penal es la 
posibilidad de combinar las diferentes favorabilidades de dos leyes penales. 
A través del acuerdo plenario 2-2006/CJ-116, la Corte Suprema de Justicia 
acordó establecer como doctrina legal respecto al principio de combinación 
de leyes, que en el conflicto de leyes penales en el tiempo puede escogerse 
lo más favorable de una y otra ley. De esta manera se acepta la posibilidad 
de aplicar el principio de combinación sobre la base de una interpretación 
integrativa y niega la prohibición de la lex tercia (tercera ley). 

2.	 Aplicación de la ley penal en relación al espacio 

La ley penal se aplica dentro de los límites del territorio del Estado, lo que 
origina un conjunto de reglas jurídico-penales que delimitan el ámbito 
espacial de validez de la ley penal.  

Los principios que regulan la aplicación espacial de la ley penal son el 
principio de territorialidad y los de extraterritorialidad —principio real, 
principio de personalidad, principio de universalidad—. Estos principios 
solucionan el conflicto de distintas legislaciones aplicables a un hecho 
delictivo, sea este por el lugar de comisión o por la nacionalidad o estatus 
personal del autor o de la víctima. 



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APLICACIÓN ESPACIAL DE LA LEY PENAL 

PRINCIPIO DE 
TERRITORIALIDAD 

LA 
EXTRATERRITORIALIDAD

 

LUGAR DE COMISIÓN 
DEL DELITO 

Principio de pabellón  
o de bandera 

 

Principio real Principio de ubicuidad 

Principio de personalidad 

Principio de universalidad 

El principio de territorialidad está regulado en el artículo 1 del código 
penal y se fundamenta en el criterio de la soberanía del Estado. Se refiere 
a que la ley penal tiene validez en el territorio de la república y es aplicable 
a todo hecho delictivo cometido dentro del territorio del Estado.  

El concepto de territorio comprende los espacios geográficos del suelo, 
subsuelo, dominio marítimo y espacio aéreo (art. 54, Constitución). 
También abarca los espacios acogidos por el principio del pabellón.  

El principio del pabellón o de bandera (art. 1, segundo párrafo, CP) 
es una ampliación del principio de territorialidad por el que se aplica 
la ley penal peruana a hechos punibles cometidos en naves y aeronaves 
nacionales. Este principio diferencia entre: 

 
 
 
 

 
 

 
 

Naves o aeronaves nacionales públicas  Naves o aeronaves nacionales privadas  

Se aplica la ley peruana sin importar 
dónde se encuentren 

 

Se aplica la ley peruana cuando se 
encuentren en altamar o en espacio aéreo 

donde ningún Estado ejerza soberanía 



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Derecho penal básico

La extraterritorialidad de la ley penal permite la aplicación de la ley 
penal a hechos delictivos cometidos fuera del territorio nacional. La 
extraterritorialidad de la ley penal es sustantiva y abarca el principio real 
o de protección de intereses, el principio de personalidad y el principio 
universal. 

a)	Principio real o de protección de intereses. Este principio establece 
la aplicación de la ley nacional en defensa de los intereses o bienes 
jurídicos propios del Estado o de sus ciudadanos frente a cualquier 
conducta que los afecte. El artículo 2 (incs. 2 y 3) del código penal 
señala que este principio se aplica a los delitos contra la seguridad 
o la tranquilidad pública o conductas tipificadas como lavado de 
activos, siempre que se produzcan efectos en el territorio de la 
República (títulos XII y XIV, CP); los delitos que agravien al Estado 
y la defensa nacional (título XV, CP), a los poderes del Estado y al 
orden constitucional o al orden monetario (título X, cap. II, CP); 
y las infracciones cometidas por funcionarios o servidores públicos 
(art. 2, inc. 1).

b)	Principio de personalidad o de nacionalidad. Permite la aplicación 
de la ley penal peruana por los hechos cometidos por o contra 
ciudadanos peruanos en el exterior. Se distingue entre principio 
de personalidad activa y pasiva. El principio de personalidad activa 
supone la aplicación de la ley peruana al nacional que comete un 
hecho punible en el extranjero, y el principio de personalidad pasiva 
se aplica al extranjero que comete un delito contra un nacional fuera 
del territorio de la República (art. 2, inc. 4, CP). Para la aplicación 
de estos principios se establecen tres requisitos:
1) Que el delito sea susceptible de extradición, según la ley peruana. 
2) la doble incriminación y 3) que el sujeto ingrese de cualquier 
modo en el territorio de la República.

c)	Principio universal (justicia mundial o justicia universal). Protege 
los bienes culturales de todos los Estados, independientemente 



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Felipe Villavicencio Terreros

del lugar de comisión y la nacionalidad del autor o de la víctima 
del delito. Bajo este principio, se faculta al Estado a sancionar, 
conforme a los tratados, hechos delictivos que lesionen bienes 
jurídicos reconocidos por la humanidad (art. 2, inc. 5, CP).  

El lugar de comisión del delito (locucus coomissi delicti) soluciona el 
problema en los casos de los delitos a distancia, donde la acción tiene 
lugar en un territorio y el resultado en otro. Existen tres teorías que han 
intentado solucionar este problema: teoría de la acción, teoría del resultado 
y teoría de la ubicuidad.

a)	La teoría de la acción: el lugar de comisión del injusto es el lugar 
de actuación de la voluntad, donde se inicia la ejecución del delito. 

b)	Teoría del resultado: el lugar de comisión del delito es donde se 
produce el resultado de la acción delictiva. 

c)	Teoría de la ubicuidad: el lugar de comisión del injusto es donde se 
ejecuta el delito como también donde se produce el resultado. El 
fundamento de esta teoría es la unidad de la acción y el resultado. 

En la legislación penal nacional se acepta la teoría de la ubicuidad. Así, 
en el artículo 5 del código penal se establece que «el lugar de comisión de 
un delito es aquel en el cual el autor o partícipe ha actuado u omitido la 
obligación de actuar o en el que se producen sus efectos».   

3. Aplicación de la ley penal en relación a las personas

La aplicación de la ley penal en relación a las personas se fundamenta 
en el principio de igualdad (art. 2, inc. 2, Constitución; art. 10, CP). 
Sin embargo, existen excepciones —que son privilegios que se otorgan a 
ciertas personas— que constituyen prerrogativas y operan en relación a 
la función que ejerce, y no en forma personal.  

Los principios establecidos por estas excepciones son: inviolabilidad, 
inmunidad, antejuicio político, excepciones del derecho internacional. 



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Derecho penal básico

 
 
 
 
 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INVIOLABILIDAD 

Congresistas 
 

EXENCIONES DEL 
DERECHO PENAL 
INTERNACIONAL 

ANTEJUICIO 
POLÍTICO 

INMUNIDAD 

Presidente de 
la República 

 
Jefe del Estado 

 

Representantes 
diplomáticos 

 

Funcionarios 
de la ONU 

 

Miembros de 
un ejército 
extranjero 

 

Congresistas 
 

Miembros del 
Tribunal 

Constitucional 
 

Contralor General  
 

Jueces supremos  
 

Miembros del 
Consejo Nacional de 

la Magistratura  
 

Ministros de Estado 
 

Presidente de 
la República 

 

Congresistas 
 

Miembros del 
Tribunal 

Constitucional 
 

Defensor del 
Pueblo  

 

Fiscales supremos  
 

a)	Inviolabilidad: la persona que goza de inviolabilidad no puede ser 
sancionada. Los que gozan de esta prerrogativa son los congresistas, 
quienes no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional 
por los votos u opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones 
(art. 93, segundo párrafo, Constitución). 

b)	Inmunidad: la persona que cuenta con este privilegio no puede 
ser perseguida penalmente mientras dure su cargo. Gozan de este 
privilegio el presidente de la república —quien solo podrá ser 
acusado, mientras dure su mandato, por traición a la patria, por 
impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales 
o municipales, o por disolver el Congreso, excepto en lo previsto 
en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir la reunión 



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Felipe Villavicencio Terreros

o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones (art. 117, 
Constitución)—; los congresistas y los miembros del Tribunal 
Constitucional —quienes no pueden ser procesados ni apresados 
sin previa autorización del Congreso o de su Comisión Permanente, 
desde su elección hasta un mes posterior al cese de sus funciones, 
excepto por delito flagrante— (art. 93, tercer párrafo, y art. 201, 
segundo párrafo, Constitución).

c)	Antejuicio político o acusación constitucional: es privilegio procesal 
por el que se somete a la persona a ley o jurisdicción diferente, 
la que decidirá si se le juzgará como a cualquier otro ciudadano. 
Las personas que gozan de este privilegio son el presidente de la 
república, los congresistas, los ministros de Estado, los miembros 
del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional 
de la Magistratura, los vocales de la Corte Suprema, los fiscales 
supremos, el defensor del pueblo y el contralor general por 
infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el 
ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan 
cesado en estas (art. 99, Constitución). No pueden ser enjuiciados 
sin antes haber sido autorizado por el Congreso.

d)	Exenciones del derecho internacional: el derecho internacional 
establece normas que prevé la inmunidad frente a la ley penal. 
Gozan de este privilegio los jefes de Estado que se encuentren de 
visita en el territorio nacional (art. 297, Código Bustamante); los 
representantes diplomáticos, empleados extranjeros y miembros 
de la familia del diplomático (art. 298, Código Bustamante); 
los funcionarios de la ONU por actos ejecutados en carácter 
oficial (art. V, num. 18, inc. a, Convención sobre Prerrogativas 
e Inmunidades de las Naciones Unidas. Asamblea General de las 
Naciones Unidas 13 de febrero de 1946); los miembros de un 
ejército extranjero autorizados para pasar por el territorio (art. 299 
Código Bustamante). Según el artículo 335 del código penal, la 
violación de la inmunidad es sancionada penalmente.



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Derecho penal básico

4.	 Casos prácticos 

Caso 5

Ignacio es cabecilla de una organización criminal dedicado a la trata 
de personas con fines de explotación sexual. En el año 2012 Ignacio 
es detenido y procesado bajo la ley vigente, que sancionaba la trata de 
personas con una pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor 
de 20 años. Durante el proceso, en 2014 se promulga una nueva ley 
que sanciona con la pena máxima de 35 años a los integrantes de una 
organización criminal de esta naturaleza. El juez a cargo del proceso decide 
imponerle la pena máxima de 35 años, por la naturaleza del delito y porque 
lo considera un sujeto muy peligroso para la sociedad.  

Pregunta

¿Qué principio se estaría vulnerando al sancionar a Juan con la nueva 
ley promulgada con posterioridad a los hechos?

Caso 6

Benjamín Soler, ciudadano peruano, es intervenido por la Policía Nacional 
en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao, cuando 
regresaba al Perú proveniente de Francia. Días antes, durante su estadía 
en París, Benjamín conoció y cortejó a la ciudadana francesa Catherine, 
a quien dio muerte intencional por ahogamiento cuando ella no aceptó 
sus requerimientos amorosos.  



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Felipe Villavicencio Terreros

Pregunta

En la legislación penal peruana, ¿qué principio soluciona este 
problema de aplicación espacial de la ley penal?

Caso 7

Renato, de nacionalidad brasileña, funcionario internacional adscrito a 
nuestro país en representación de la oficina en Lima de la Organización 
de las Naciones Unidas, conduciendo un automóvil particular se pasó 
la luz roja y atropelló a Cinthia, ciudadana argentina, ocasionándole 
lesiones graves. Durante el proceso penal Renato alega tener la condición 
de diplomático.

Pregunta

¿Qué principios de la aplicación de la ley penal se discuten en este 
caso?

 



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SEGUNDA PARTE 

TEORÍA DEL DELITO



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Capítulo 4 
LA ACCIÓN

1.	 El delito

1.1.	Niveles de la imputación penal 

El delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Los tres niveles de 
imputación son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Estos 
niveles están ordenados sistemáticamente y representan la estructura 
del delito, y la conducta que reúne a los dos primeros —tipicidad y 
antijuricidad— se denomina injusto. Sin embargo, para concluir que el 
sujeto responde por el injusto realizado es necesario además determinar 
la imputación personal o culpabilidad. 

Si bien la punibilidad no es un elemento diferencial del delito, es 
posible que sea exigida como causa que lo excluya —hurto entre parientes 
(art. 208, CP)— o la cancele —indulto (art. 89, CP)—.  

2.	 La conducta  

2.1.	La acción

El derecho penal de hecho o de acto sanciona conductas humanas y no 
determinadas cualidades de las personas (derecho penal de autor), pues 
la conducta humana es el punto de partida de toda reacción penal y es el 



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Derecho penal básico

objeto al que se agregan características como tipicidad, antijuridicidad y 
culpabilidad, que convierten la conducta humana en delito.  

El concepto de acción es un concepto jurídico o normativo, pues el 
derecho penal lo obtiene a través de un procedimiento constructivo donde 
se le abstrae de la realidad. Nuestro código penal no define la acción, solo se 
limita a emplear términos que la identifican: acciones u omisiones, hecho, 
acto, conducta y comportamiento. Se emplea, con mayor frecuencia, el 
término «acto u omisión» para referirse a la acción, como se observa en 
la Constitución (art. 2, num. 24, inc. d), la DUDH (art. 11, num. 2), el 
PIDCP (art. 15, num. 1) y la CADH (art. 9). En el Estatuto de Roma se 
emplea el término «conducta» (art. 22, num. 1).  

Entendemos que la acción es toda conducta —consciente y 
voluntaria— orientada a un objeto de referencia y materializada como 
expresión de la realidad práctica. En este sentido, los delitos dolosos son 
procesos de comunicación en los cuales el autor conduce su actividad sobre 
el objeto y proyecta una pretensión de validez. En los delitos imprudentes 
también existe un proceso de comunicación en el cual el sujeto es 
consciente frente a los objetos de referencia que están representados por las 
normas de cuidado en una actividad determinada. Los delitos de omisión 
constituyen una forma de actividad volitiva y comunicativa donde el objeto 
de referencia puede ser una norma perceptiva o una actividad en que esté 
en contacto con el medio y con otros sujetos.

2.2.	Evolución del concepto de acción en el derecho penal 

En la doctrina penal el esfuerzo por definir la acción ha evolucionado de 
la siguiente manera:  

a)	El concepto causal de acción, sostiene que la acción como 
movimiento corporal produce una modificación en el mundo 
exterior que se puede percibir por los sentidos. En esta teoría la 
acción se verifica sin analizar la voluntad del sujeto. 



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Felipe Villavicencio Terreros

b)	El concepto social de acción, sostiene que al derecho penal le 
interesa únicamente el sentido social de la acción. 

c)	El concepto final de acción, según sostiene que la acción humana 
es ejercicio de actividad final. En este sentido, la acción es un 
acontecer final y no solo causal. 

d)	El concepto negativo de acción sostiene que se imputa un resultado 
si no se ha evitado a pesar de que se podría haber evitado, lo cual 
es exigido por el derecho. 

e)	El concepto personal de la acción supone que la acción implica una 
serie de aspectos activos y normativos que son expresiones fácticas 
de la personalidad. 

f )	El concepto funcional de la acción (Jakobs, 1995) sostiene que la 
acción es la causación del resultado individualmente evitable. 

g)	El concepto comunicativo de acción (Habermas, 1990) sostiene que 
las acciones necesitan verse reflejadas en expresiones simbólicas a 
través de las cuales se relacionan con el mundo objetivo, subjetivo y 
social. Este concepto de acción comunicativa presupone al lenguaje 
como un medio para el proceso de entendimiento, mediante el cual 
los sujetos se relacionan con un mundo y se presentan entre sí con 
pretensiones de validez que pueden ser reconocidas o puestas en 
cuestión. 

2.3.	Funciones que cumple el concepto de acción  
en el derecho penal

La acción tiene por finalidad limitar el poder penal y para ellos cumple 
determinadas funciones: negativa, política, base, de enlace y de 
delimitación.  

La función negativa establece el supuesto de ausencia de conducta, es 
decir, excluye los hechos que no son dirigidos por la voluntad humana. 
La función política e ideológica es la más importante, y limita el derecho 
penal basado en actos cometidos—derecho penal de hecho—, dejando 



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Derecho penal básico

de lado las ideas, pensamientos, deseos, y excluyendo al derecho penal de 
autor. La función base de la acción consiste en determinar la conducta 
como el concepto inicial del delito. La función de enlace o sistemática 
constituye la unión de los elementos de la estructura del delito. La 
función de delimitación exige determinar la relevancia jurídico-penal de 
un comportamiento.   

2.4.	Supuestos bajo los que se presenta la ausencia de acción

Hay ausencia de acción cuando el sujeto no puede orientar una conducta 
consciente y voluntaria conforme a algún objeto de referencia. En este 
sentido, se excluye la acción cuando el autor ha obrado bajo una fuerza 
física irresistible, cuando el movimiento corporal es un acto reflejo o 
cuando se encuentra en un estado de inconsciencia absoluta (Bacigalupo, 
2004).   

La fuerza física irresistible (art. 20, inc. 6, CP) o vis absoluta es un 
acto de fuerza que proviene del exterior y actúa materialmente sobre el 
agente. Esta fuerza puede provenir de la naturaleza o de un tercero que 
incide sobre una persona y genera que actué sin capacidad de control.  

La intensidad de la fuerza debe ser irresistible, al punto que no exista 
ninguna posibilidad para manifestar la voluntad; en este sentido, la fuerza 
es absoluta. En el derecho penal peruano esta es una causa que exime de 
responsabilidad penal.   

Los movimientos reflejos constituyen ausencia de acción porque son 
reacciones humanas ante determinados estímulos internos o externos no 
controlados por la voluntad de la persona. En este sentido, los movimientos 
reflejos como las convulsiones epilépticas o los movimientos instintivos 
de defensa no son considerados como acción, ya que en ellos no existe 
control por la voluntad de la persona. 

Los actos pasionales y «de cortocircuito» no se consideran movimientos 
reflejos porque en ellos sí interviene la voluntad, aunque de manera fugaz.  

El estado de inconsciencia excluye la acción, porque constituye una 
completa ausencia de las funciones mentales superiores del hombre, tales 



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como la situación absoluta de narcosis, hipnosis o embriaguez, así como 
los ataques convulsivos. En estos casos las conductas que se producen no 
dependen de la voluntad y, por ello, no pueden considerarse acciones 
penalmente relevantes.  

Si bien el estado de inconsciencia excluye la capacidad de acción, 
cuando el propio agente se coloca en este estado para cometer algún delito 
no se excluye la responsabilidad penal (actio libera in causa). 

3.	 Responsabilidad penal de las personas jurídicas

En el actual código penal de 1991 no se prevé la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas pues rige el principio societas delinquere non potest, 
según el cual solo se admite la responsabilidad penal individual y no 
colectiva. El fundamento de este principio se basa en la incompatibilidad 
de la persona jurídica con las categorías dogmáticas de la acción y 
culpabilidad, así como con la función y la esencia misma de la pena.

No obstante, se establecen consecuencias accesorias, como la privación 
de beneficios obtenidos por infracción penal a personas jurídicas (art. 104, 
CP) —medidas que se aplican a las personas jurídicas (art. 105, CP)—, 
criterios para la determinación de las consecuencias accesorias aplicables 
a las personas jurídicas (art. 105-A, CP) y la actuación en nombre de 
otro (art. 27, CP). Es de señalar que el código procesal penal de 2004 
también contiene referencias a las personas jurídicas incorporadas al 
proceso en los arts. 90 al 93 y en las medidas cautelares reales previstas 
en el art. 313. Además, la Corte Suprema de Justicia de la República ha 
emitido el acuerdo plenario 7-2009/CJ-116 relativo a la aplicación de las 
consecuencias accesorias.

La discusión sobre la posibilidad de imponer sanciones de carácter 
penal a las personas jurídicas se debate entre dos extremos doctrinales: el 
principio sociestas delinquere non potest y los que admiten la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas a través del principio sociestas delinquere 
potest.  



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Derecho penal básico

3.1.	Sociestas delinquere non potest  
(las sociedades no pueden delinquir) 

Los que niegan la responsabilidad penal de la persona jurídica (sociestas 
delinquere non potest) sostienen que esta no tiene capacidad de acción y 
que no puede ser declarada culpable; en consecuencia, solo se le pueden 
aplicar consecuencias accesorias.  

Para aplicar la consecuencia accesoria el juez debe verificar las 
siguientes condiciones: que se haya cometido un hecho punible o delito; 
que la persona jurídica haya servido para la realización, favorecimiento 
o encubrimiento del delito; que se haya condenado penalmente al autor 
físico y específico del delito (acuerdo plenario 7-2009/CJ-116, F.J. 
14); que se disponga la intervención de la persona jurídica para dejar 
a salvo los derechos de los trabajadores. Las medidas son: clausura de 
establecimientos de manera temporal o definitiva (la clausura temporal 
no excederá de cinco años), disolución de la persona jurídica, suspensión 
de actividades (cuyo plazo será no mayor de dos años) y prohibición 
de realizar determinadas actividades de la clase de aquellas en cuyo 
ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Para aplicar 
estas medidas el juez debe evaluar, en cada caso, la necesidad especial 
de aplicarlas y excepcionalmente podrá omitir su aplicación cuando 
lo intrascendente del nivel de intervención e involucramiento del ente 
colectivo en el delito o en la facilitación o encubrimiento hagan que sea 
notoriamente desproporcionada su aplicación (acuerdo plenario 7-2009/
CJ-116, F.J. 17).

3.2.	Sociestas delinquere potest (las sociedades pueden delinquir) 

Los que admiten la responsabilidad penal de la persona jurídica (sociestas 
delinquere potest) sostienen que el derecho penal no puede ser extraño 
a las infracciones que se cometen a través de estas. En la actualidad, el 
tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se encuentra 
relacionado, fundamentalmente, al ámbito de los delitos económicos, 



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Felipe Villavicencio Terreros

a todas las acciones punibles y las infracciones administrativas que se 
cometen en el contexto de la participación de una persona jurídica en la 
actividad económica y en el tráfico jurídico. 

Se vienen elaborando respuestas a la falta de capacidad de acción de 
la persona jurídica e incluso sobre la culpabilidad de los entes colectivos 
cuando, por ejemplo, existe algún defecto de organización. Esto origina 
que los supuestos de culpabilidad de una organización se darían cuando 
las empresas no hayan cumplido con formular, conformar e implementar 
programas de compliance o cumplimiento. Los programas de compliance, 
son medidas de organización de las empresas mediante las cuales se busca 
asegurar el cumplimiento de las reglas laborales aplicables a sus trabajadores 
y a sí misma, con la finalidad de que las infracciones sean descubiertas y se 
pueda sancionar a las personas que cometieron el delito y no cumplieron 
con las obligaciones establecidas.

Sin embargo, en el derecho penal peruano no se acepta la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas y solo se ha propuesto su 
reconocimiento en recientes proyectos de ley y de manera limitada, como 
en el proyecto de ley del nuevo código penal de 2016.   

Además, debe señalarse que la ley 30424, publicada el 21 de abril 
del 2016, introdujo la responsabilidad administrativa de la persona 
jurídica para un solo supuesto delictivo, el cohecho activo transnacional 
(art. 397-A), lo que ha sido criticado por la doctrina penal peruana. Ha sido 
el decreto legislativo 1352 publicado el 7 de enero de 2017 que amplía la 
posibilidad de imputar responsabilidad administrativa a la persona jurídica 
por otros delitos: cohecho activo genérico (art. 397), cohecho activo 
transnacional (art. 397-A, CP), cohecho activo específico y por el delito de 
lavado de activos, previsto en el decreto legislativo 1106, en la modalidad 
de conversión y transferencia (art. 1), ocultamiento y tenencia (art. 2), 
transporte, traslado, ingreso o salida de dinero o títulos valores de origen 
ilícito (art. 3), atendiendo a las circunstancias agravantes y atenuantes 
previstas en el artículo 4 del mismo decreto. Asimismo, se podrá aplicar 
en el delito de financiamiento del terrorismo (art. 4-A de la ley 25475).



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Derecho penal básico

En todos los supuestos antes señalados, la persona juridica será 
responsable administrativamente siempre y cuando los delitos antes 
mencionados hayan sido cometidos en su nombre o por cuenta de ellas 
en su beneficio directo o indirecto por:

a)	Sus  socios, directores, administradores de hecho o de derecho, 
representantes legales o apoderados de la persona juridica, o de sus 
filiales o subsidiarias,

b)	La persona natural que, estando sometida a la autoridad y control 
de los socios, directores, administradores socios, directores o 
administradores de la persona jurídica, haya cometido el delito 
bajo sus órdenes o autorización.

c)	La persona natural, cuando la comisión del delito haya sido posible 
porque los socios, directores, administradores socios, directores o 
administradores de la persona juridica han incumplido sus deberes 
de supervisión, vigilancia y control sobre la actividad encomendada, 
en atención a la situación concreta del caso.

Las personas jurídicas que tengan la calidad de matrices serán 
responsables y sancionadas siempre que las personas naturales de sus filiales 
o subsidiarias que incurran en cualquiera de los delitos antes mencionados 
hayan actuado bajo sus órdenes, autorización o con su consentimiento. 

En nuestra opinión, a pesar de que la ley expresa que se trata de 
responsabilidad administrativa, en realidad se trata de la responsabilidad 
penal de la persona jurídica, pues el procedimiento para su aplicación, 
las garantías que se establecen y las sanciones aplicables son de naturaleza 
penal, incluyendo el hecho de que la decisión la tomará un juez penal 
con la intervención del Ministerio Público, en un proceso penal. Así, se 
esta verificando el avance del societas delinquere potest en la legislación 
penal peruana.



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4.	 Casos prácticos 

Caso 8 

José Luis es un alumno muy aplicado y respetuoso. Cierto día, durante 
el recreo José Luis se dirige a la dirección académica en el segundo piso 
del centro educativo, y en el camino es empujado por un compañero. 
Al no poder contener la fuerza del empujón, José Luis cae pesadamente 
sobre Lucero, quien pierde el equilibrio, cae desde el segundo piso y sufre 
lesiones graves.  

Pregunta

¿José Luis puede responder penalmente por el delito de lesiones 
graves en contra de Lucero?

Caso 9

José se quedó dormido al volante de su vehículo mientras transitaba por 
el kilometro 789 de la carretera Panamericana Norte, por lo que no vio 
las señales de peligro, de límite de velocidad, de preferencia de paso ni de 
desviación, y atropelló a un trabajador de obras de mantenimiento de la 
carretera, causándole la muerte.

Pregunta

Determine la capacidad de conducta de José.



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Derecho penal básico

Caso 10

Varios estudiantes tomaban sus vacaciones en el campo en una zona muy 
calurosa. En el momento del descanso, Nicolás se levantó para beber agua 
y cuando regresó decidió jugarle una broma a su amiga Carmen, por lo 
que se le acercó por la espalda sin que esta lo viera y le arrojó agua helada 
a su espalda. Carmen en ese momento tenía un cuchillo en la mano, y en 
acto reflejo lo lanzó hacia atrás. Esto originó que el cuchillo se clavara en 
el pecho de Nicolás, quien murió instantáneamente.

Pregunta

Determine la capacidad de conducta de Carmen.

Caso 11

Una empresa recientemente constituida decide adquirir gran cantidad 
de instrumentos de oficina. La junta de accionistas delega en dos de sus 
accionistas, Alberto y Máximo, la compra de dichos implementos. Para 
poder adquirir dichos bienes a bajo costo, Alberto decide obtenerlos 
de grupos de delincuentes que se dedican al robo en oficinas y locales 
comerciales. Sin embargo, al conocer Máximo el origen ilícito de los 
bienes comprados decide comunicar este hecho a la junta de accionistas, 
pero al ser amenazado de muerte por Alberto desiste. 

Pregunta

¿Si la empresa adquiere los bienes de origen ilícito, quien será 
responsable penalmente? ¿La empresa responderá penalmente?



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Capítulo 5 

IMPUTACIÓN OBJETIVA

1.	 Elementos de los tipos penales

1.1.	Teoría del tipo penal. Diferencia entre tipo y tipicidad  

El tipo penal es la creación legislativa de un conjunto de elementos del 
delito descritos en la ley penal y es una consecuencia del principio de 
legalidad. Se trata de la descripción hipotética de la conducta prohibida que 
realiza el legislador a través de una norma, de manera que una conducta 
será típica si se ajusta a esta descripción normativa.  

La tipicidad es la adecuación de un hecho al tipo penal. Es una 
operación técnica mediante la cual un hecho producido en la realidad 
es subsumido dentro del supuesto de hecho —tipo— que describe la 
ley penal. Este procedimiento se denomina juicio de tipicidad, que es 
un proceso de imputación donde se toma como base al bien jurídico 
protegido.   

1.2.	Funciones del tipo penal

El tipo penal cumple diversas funciones, entre ellas: función indiciaria, 
función fundamentadora, función seleccionadora, función garantizadora, 
función motivadora, función instructiva y función sistematizadora.  



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a)	Función indiciaria: consiste en la descripción general de las acciones 
antijurídicas y permite la selección inmediata entre la conducta 
ilícita y lo lícito. Esta función del tipo es la ratio cognoscendi de la 
antijuridicidad. 

b)	Función fundamentadora: constituye el fundamento base del 
delito, pues sin la tipicidad, la acción solo sería una conducta que 
no calificaría como delito según la ley penal y por ende no sería 
merecedora de una sanción penal. De ahí la importancia y la base 
del tipo para determinar una conducta como delito. 

c)	Función seleccionadora: identifica las conductas penalmente 
relevantes, es decir, plasma en las leyes penales las conductas que 
ocurren en la realidad que son consideradas como las más graves. 
Esta función del tipo es una manifestación del principio de 
necesidad y mínima intervención de la ley penal, específicamente 
del principio de fragmentariedad. 

d)	Función garantizadora: preserva la seguridad jurídica al propor-
cionar al ciudadano un catálogo de conductas prohibidas pasibles 
de sanción penal. Esta función es una consecuencia del principio 
de legalidad, pues funciona como un límite entre lo permitido 
y lo prohibido. Así, solo puede sancionarse un hecho cuando su 
punibilidad está legalmente determinada de manera previa a la 
comisión del delito. 

e)	Función motivadora: responde a una razón basada en la prevención 
general. La finalidad del tipo penal es motivar a las personas para 
que no incidan en conductas prohibidas sancionables penalmente. 
Por medio de la sanción penal, el legislador pretende impedir la 
realización de determinadas conductas. Esta función permite la 
descripción de los comportamientos en el tipo penal para enviar 
un mensaje a los ciudadanos sobre qué comportamientos están 
prohibidos y conminados a fin que se abstengan de realizar dichas 
conductas prohibidas. 



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f )	Función sistematizadora: consiste en que el tipo penal abarca todos 
los elementos necesarios para el conocimiento de las conductas que 
son pasibles de sanción penal.  

1.3.	Relación entre el tipo y la antijuridicidad  

La antijuridicidad es un concepto unitario válido para el ordenamiento 
jurídico. Representa un juicio de valor que recae sobre una conducta 
humana, e indica que esta es contraria a las exigencias del ordenamiento 
jurídico. En efecto, la antijuridicidad es la contradicción de una relación 
típica con el ordenamiento jurídico en su conjunto, no solo con una 
norma aislada. 

De lo anterior se desprende que el tipo y la antijuridicidad son dos 
categorías distintas de la teoría general del delito. El tipo puede desempeñar 
una función indiciaria de la antijuridicidad (ratio cognoscendi), pero no se 
puede identificar con ella (ratio essendi).   

1.4.	Elementos que conforman la estructura del tipo objetivo 

Estos elementos son: sujetos, conducta, elementos descriptivos y elementos 
normativos.   

1.4.1.	En relación a los sujetos 

El delito como manifestación de una conducta siempre tiene un autor 
—aquel que realiza la conducta prohibida— y para imputar penalmente 
es necesario identificar al sujeto activo y al sujeto pasivo del delito. 

El sujeto activo es un concepto dogmático que precisa las cualidades 
que debe reunir una persona al momento de cometer la conducta delictiva; 
es el agente que realiza la acción u omisión descrita por el tipo penal. En el 
derecho penal peruano es muy común que los tipos penales identifiquen 
al autor con expresiones impersonales como «el que», que es un término 
completamente neutro en cuanto a género y número. Técnicamente a 
estos tipos penales se les suele denominar delitos comunes o de dominio. 



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El sujeto pasivo, titular del bien jurídico tutelado, es el agente que 
recibe el comportamiento —por acción u omisión— realizado por el 
sujeto activo. El sujeto pasivo puede ser tanto la persona física —imputable 
o no imputable— como la persona jurídica, la sociedad o el Estado. El 
tipo penal los identifica con las expresiones «a otro», «una persona», «en 
perjuicio de tercero», etcétera.

El sujeto en quien recae la acción delictiva se distingue en sujeto 
pasivo del delito y sujeto pasivo de la acción. El primero es el titular del 
bien jurídico tutelado penalmente que ha sido lesionado o puesto en 
peligro por la conducta delictiva. El segundo es la persona en quien recae 
de manera directa la acción delictiva.  

En ciertos casos el tipo penal exige determinadas cualidades para ser 
sujeto activo del delito. Así se suele distinguir entre delitos de dominio y 
delitos de infracción de deber. En los delitos de dominio (delitos comunes) 
el tipo penal no exige una cualidad especial para ser autor del delito, de 
tal manera que cualquier persona podrá responder como autor.  

Los delitos especiales o delitos de infracción de deber exigen la 
realización de la conducta prohibida por determinadas personas que 
poseen deberes especiales. Tal es el caso, por ejemplo, del funcionario o 
servidor público en el delito de peculado (art. 387, CP). 

1.4.2.	En relación a la conducta 

En todo supuesto penal hay una conducta que constituye el núcleo del 
tipo. Esta conducta viene descrita generalmente por un verbo rector como 
por ejemplo «matar», «apropiarse», etcétera. En consecuencia, los tipos 
legales se estructuran en relación a un proceso de abstracción a partir de 
las conductas de la vida real.  

La exigencia de un resultado separado de la conducta del autor es el 
criterio que permite distinguir los delitos de mera actividad de los delitos 
de resultado. Los delitos de mera actividad se consuman con la realización 
de la acción o de la omisión, sin que sea necesario que se verifique un 
determinado resultado. 



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En el caso de los delitos de resultado se caracteriza o individualiza un 
determinado resultado que es una consecuencia de la conducta del autor.  

1.5.	Elementos descriptivos y normativos de los tipos penales

En la elaboración de los tipos penales, el legislador suele utilizar elementos 
descriptivos y elementos normativos.  

Los elementos descriptivos son aquellos que el autor puede 
identificar, percibir y comprender a través de sus sentidos —vista, tacto, 
oído, etcétera—, como por ejemplo el concepto de bien mueble en el 
delito de hurto (art. 185, CP). Los elementos normativos son aquellos 
que requieren un acto de valoración, que puede ser normativo, como 
el matrimonio (art. 139, CP) e incluso ético-social, como presenciar 
exhibiciones obscenas (art. 183, CP). Sin embargo, la diferenciación no 
es pacífica, pues es posible que algunos elementos tengan una lectura 
descriptiva y a la vez valorativa. En realidad, casi todos los tienen. Este 
sería el caso, por ejemplo, del concepto de la muerte (art. 106, CP).  

2.	 Imputación objetiva   

2.1.	Causalidad

La causalidad permite demostrar la relación entre una conducta y el 
resultado típico. Esto es, para tipificar una conducta dentro de un tipo 
legal, es necesario verificar la relación existente entre esta conducta y el 
resultado típico, confirmando con ello que una es la concreción de la 
otra. En este sentido, se trata de una tradición causalista que acompaña 
desde hace mucho tiempo la idea de la tipicidad de la acción a través de 
la subsunción de hechos empíricos en un tipo penal.  



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2.2.	Teorías de la causalidad

Se han ensayado muchas opiniones sobre la naturaleza de la causalidad, 
pero las teorías más conocidas son: teoría de la equivalencia de condiciones, 
teoría de la causalidad adecuada y la teoría de la relevancia típica. 

La teoría de la equivalencia de las condiciones señala que todas las 
condiciones que concurren en un resultado tienen idéntica y equivalente 
calidad causal. Así, una acción es causa de un resultado si al ser suprimida 
—idealmente— su realización, el resultado no se hubiera producido 
(conditio sine qua non). También tiene una lectura de la omisión, en el 
sentido de que es causa del resultado cuando si se supone realizada la 
acción omitida, el resultado no se hubiera producido. Sin embargo, esta 
teoría solo permite comprobar la existencia del nexo causal cuando se 
conoce de antemano la causalidad; caso contrario no podrá constatarse 
la relación causal. 

La teoría de la causalidad adecuada sostiene que no todas las 
condiciones son causa, sino solamente aquellas que de acuerdo con 
la experiencia general producen habitualmente el resultado. En este 
sentido, la condición ha de ser adecuada al resultado y solo lo son aquellas 
condiciones típicamente apropiadas para producir el resultado. 

La teoría de la relevancia típica afirma que la verificación de la relación 
de causalidad no basta para fundamentar la responsabilidad penal sino 
que se requiere la relevancia jurídico-penal. 

Luego de verificada la causalidad natural, la imputación requiere 
comprobar primero, si la acción ha creado un peligro jurídicamente 
desaprobado y, segundo, si el resultado es producto del mismo peligro. 
Estos dos criterios son la base para la determinación de la imputación 
objetiva. A partir de estos principios es posible diferenciar entre imputación 
objetiva de la conducta e imputación objetiva del resultado.   



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2.3.	 Imputación objetiva de la conducta

Comprobada la causalidad natural, es posible excluir la imputación objetiva 
verificando si se ha creado o no un riesgo jurídicamente desaprobado, 
mediante la aplicación de cualquiera de los siguientes principios: riesgo 
permitido, disminución del riesgo, riesgo insignificante, principio de 
confianza, prohibición de regreso e imputación a la víctima.  

2.3.1.	Riesgo permitido

Se puede afirmar que el riesgo permitido delimita normativamente los 
contornos de la libertad de actuación de la persona en sociedad (Caro John, 
2014). Existen en la sociedad riesgos que son adecuados a la convivencia y 
son permitidos socialmente; en este sentido, no toda creación de un riesgo 
del resultado puede ser objeto de una prohibición del derecho penal, pues 
ello significaría una limitación intolerable de la libertad de acción, dado 
que existen riesgos tolerables y permisibles debido a su utilidad social.  

El riego permitido constituye una causal de exclusión de la imputación 
objetiva del tipo penal, pues se entiende como una conducta que crea un 
riesgo jurídicamente relevante, pero que de modo general está socialmente 
aceptado. Por ejemplo, los riesgos que se asumen al conducir un vehiculo 
en «el tráfico rodado». 

2.3.2.	Supuesto de disminución del riesgo

La disminución del riesgo es una causal de exclusión de la imputación. En 
este caso, el agente obra causalmente respecto de un resultado realmente 
ocurrido, pero evitando a la vez la producción de un resultado mayor. Esto 
sucede, por ejemplo, si alguien busca desviar un objeto pesado que cae en 
dirección a la cabeza de otro, pero con su acción solo consigue desviar el 
objeto a otra parte del cuerpo. 



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2.3.3.	Riesgo insignificante

El principio del riesgo insignificante implica la falta de significación social 
de la conducta y la no punibilidad surge desde el bien jurídico protegido 
y se extiende a la estructura de los tipos penales. En este sentido, como el 
bien jurídico es el encargado de darle significación a la realización típica, 
creemos que tampoco son imputables las conductas que lo afecten de 
manera insignificante. Por ejemplo, el que sin derecho priva a otro de 
su libertad personal por breves minutos reteniéndolo en un transporte 
colectivo o en un ascensor, no comete delito de secuestro (art. 152, CP). 

2.3.4.	Principio de confianza

El principio de confianza contribuye a una mejor demarcación de las 
fronteras del riesgo permitido y se le considera como un criterio general 
delimitador de la responsabilidad penal (Caro John, 2014). En la actuación 
de las personas esperamos que cada quien cumpla con su rol, especialmente 
cuando se trata de actuaciones conjuntas. Por ejemplo, el médico cirujano 
espera que el material quirúrgico que emplea en una intervención haya 
sido adecuadamente esterilizado por el personal sanitario. 

2.3.5.	Prohibición de regreso

La prohibición de regreso excluye la intervención delictiva de quien 
obra conforme a un rol estereotipado en el marco de un contexto de 
intervención plural de personas en un hecho susceptible de imputación 
(Caro John, 2014). En este sentido, por más que el aporte de una persona 
a un tercero sea utilizado por este de modo delictivo, la aportación no 
alcanzará el sentido de una participación —ni a título de complicidad 
ni de instigación— cuando sea practicada como parte del ejercicio de 
un rol. Es muy conocido el ejemplo del comerciante que le vende a otro 
un cuchillo de cocina aunque el comprador le exprese que lo usará para 
cometer un homicidio que luego comete. 



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2.3.6.	Imputación a la víctima

La imputación a la víctima es un supuesto de ausencia de imputación 
objetiva que excluye la tipicidad de la conducta del autor en las situaciones 
donde la propia víctima participa en la interacción generadora del riesgo 
que se concreta en su autolesión. Se trata de casos en los que es la propia 
víctima y solo ella quien eleva el riesgo. Por ejemplo, si un transeúnte cruza 
en una zona prohibida para peatones y es atropellado por un vehículo cuyo 
chofer conduce dentro de los límites del riesgo permitido.  

2.4.	 Imputación objetiva del resultado

Los criterios normativos señalados por la teoría de la imputación objetiva 
no solo están referidos a la determinación de la tipicidad de la conducta 
sino también a determinar la relación de causalidad del resultado 
producido. Esto se conoce como la imputación objetiva del resultado o 
la imputación objetiva en sentido estricto.

En la imputación objetiva del resultado se trata de explicar el resultado 
que se ha producido y que solo podrá relacionarse con la conducta cuando 
esta sea su factor causal determinante. 

2.4.1.	Relación de riesgos

El presupuesto de la imputación objetiva del resultado es la imputación 
de la conducta, pues no es suficiente una simple sucesión de estos dos 
criterios sino que además es necesaria una relación objetiva entre ellos. Así, 
el resultado causado debe verse como realización del riesgo inherente a la 
conducta. Además de la relación de causalidad, se requiere una relación 
de riesgo entre la conducta y el resultado, como por ejemplo el caso del 
sujeto que dispara a matar pero solo lesiona a su víctima, que es conducida 
a un hospital pero luego, debido muere debido a un incendio en el local.  



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2.4.2.	Nexos causales desviados

En los nexos causales desviados lo que importa es verificar si el supuesto 
se desarrolló dentro de los márgenes del riesgo que objetivamente existían 
durante la realización del acto y no lo que él se haya imaginado sobre las 
consecuencias de su conducta. Por ejemplo, si alguien empuja a su víctima 
para que caiga al mar y muera ahogada, pero al caer esta se golpea la cabeza 
en una piedra y muere.  

2.4.3.	Interrupción del nexo causal

Las modificaciones de la causalidad natural son relevantes a efectos de 
imputar objetivamente un resultado siempre y cuando se genere un 
aumento o el resultado se anticipe en el tiempo mediante la intensificación 
del peligro. Se presentan los supuestos de interrupción del nexo causal 
por acciones humanas autónomas, como por ejemplo si la víctima 
herida mortalmente recibe un nuevo disparo de parte de un tercero que 
también quiere matarla y muere a consecuencia de este último disparo y 
no del primero. En estos casos se produce una desviación del curso causal 
que —en cuanto no quepa contar él ex ante— no puede imputarse a la 
conducta inicial, por mucho que este entrañara un riesgo suficiente de 
causar la mu