El ocaso del antiguo régimen en los imperios ibéricos Scarlett O’Phelan Godoy y Margarita Eva Rodríguez García (coordinadoras) De esta edición: © Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2017 Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú feditor@pucp.edu.pe www.fondoeditorial.pucp.edu.pe © CHAM – Centro de Humanidades Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade NOVA de Lisboa Universidade dos Açores Sede administrativa: Avenida de Berna, 26-C, 1069-061 Lisboa, Portugal cham@fcsh.unl.pt www.cham.fcsh.unl.pt Apoyo: El CHAM (NOVA FCSH – UAc) es financiado por la Fundação para a Ciência e Tecnologia a través del proyecto estratégico UID/HIS/04666/2013 Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP Imagen de portada: Las cuatro partes del mundo, de Juan Correa Sotomayor (Ciudad de México, hacia 1646-1716). Colección Museo Soumaya. Fundación Carlos Slim, Ciudad de México. Primera edición: octubre de 2017 Tiraje: 500 ejemplares Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2017-12988 ISBN (Perú): 978-612-317-299-2 ISBN (Portugal): 978-989-8492-54-8 Registro del Proyecto Editorial: 31501361701087 Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú Esta publicación es resultado del proyecto de investigación y desarrollo «El final del Antiguo Régimen en los Imperios Ibéricos. Perspectivas comparadas y conectadas» (2013-2015), en el que participaron la Pontificia Universidad Católica del Peru, el CHAM – Centro de Humanidades de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidade NOVA de Lisboa y de la Universidade dos Açores (Portugal) y la Universidad Pablo de Olavide (España). 187 Tramas de poder social, político y económico en Nueva Granada a fines del período colonial Justo Cuño Bonito Universidad Pablo de Olavide 1. Introducción José Manuel Restrepo, presidente del Congreso, redactor de la constitución de Cúcuta y primer historiador de la nación colombiana a decir de sus contemporáneos, junto con Joaquín Posada Gutiérrez y José Antonio de Plaza, otros eruditos de la época, edificaron a través de narraciones esencialmente político-militares el planteamiento maestro en que debían fundarse los escritos históricos posteriores: la independencia colombiana fue el resultado de la lucha entre criollos y españoles; los personajes históricos, autores de dicho proceso, fueron exclusivamente dirigentes políticos y militares: «sus virtudes son causa de los éxitos de la nueva nación así como sus vicios conducen a los males que la aquejan» (Melo, 1996). Las causas del proceso de independencia que formulara Restrepo —el interés de los criollos por romper el monopolio comercial español, la discriminación política ejercida por los peninsulares contra los criollos, la mala administración de justicia y las restricciones a la educación y a la ilustración— permanecen aún vigentes en muchos estudios históricos e incluso siguen fundamentando numerosas hipótesis de investigación. El ya citado Joaquín Posada, en sus Memorias histórico-políticas también reflejó su testimonio como protagonista de los sucesos de la independencia. Había vivido las grandes esperanzas con que se había combatido por la república y al final de su vida reflexionó sobre cómo los héroes de todo ese proceso no habían sido capaces de consolidar una república «ordenada» y «sólida». Su visión de la historia es la de un tribunal de los acontecimientos humanos. Él pretendió ser un juez imparcial que, pese a su conservadurismo y exaltado bolivarismo, trataría de encontrar ese equilibrio también pretendido por Restrepo en cuanto a las responsabilidades 188 Tramas de poder social, político y económico en Nueva Granada de  Bolívar y Santander. No en vano, ellos, excluyentes protagonistas de sus memorias, son los responsables de los éxitos y fracasos de Colombia. En el fondo, frente a su indiscutible ideario republicano, no pudieron impedir que las pervivencias coloniales aparezcan en estas obras como parte del mundo perdido1. Por su parte, la visión de Plaza pretendió ahondar en las causas de la independencia, argumentando que la historia no podía limitarse a narrar incidentes y acontecimientos, sino que debía enlazarlos mostrando las consecuencias de las acciones humanas. En su escrito hizo recaer en el virrey de Santa Fe de Bogotá Amar y Borbón la responsabilidad del quiebre de la fraternidad entre españoles e «hispanoamericanos», al tiempo que presentó como inevitable la ruptura con un Estado como el español, que apenas había podido superar en el siglo XIX el estado feudal cuando cayó en el dominio teocrático. En el presente trabajo pretendemos indagar sobre las causas que explican el proceso de independencia en la Nueva Granada como un proceso de enfrentamiento entre criollos y españoles peninsulares motivado por el desigual reparto de puestos de relevancia en la administración colonial. Analizaremos cómo y qué funciones asumieron los cargos administrativos coloniales criollos y peninsulares y estudiaremos un caso concreto, el del Consulado de Cartagena de Indias, en el que es particularmente visible, por una parte, cómo ambos grupos procuraron copar los más altos cargos en esa institución y, por otra, cómo las redes clientelares se configuraron a partir de la vinculación familiar entre los distintos grupos. Concluiremos analizando cómo la primera fase de enfrentamiento entre criollos y peninsulares en la Nueva Granada dará lugar a una segunda fase de enfrentamientos entre criollos de las distintas provincias buscando la preeminencia de las distintas élites dentro de la construcción del nuevo estado nación. 2. Españoles americanos vs. españoles peninsulares Como hemos señalado, una de las causas que ha sido tomada tradicionalmente como motivo de la independencia americana es la que sostiene que a los criollos no les permitieron ejercer cargos públicos de relevancia en el imperio español. Al respecto y en un reciente artículo de prensa, Manuel Lucena Giraldo afirmó que resultaba falso que los americanos no sirvieran oficios preeminentes, y argumentó que «el más importante virrey de México en el siglo XVIII, conde de Revillagigedo, 1 «Desde que ayudó (España) en unión de la Francia a las colonias anglo-americanas [...] no hubo en España un solo hombre de Estado, que no viera, como consecuencia del ejemplo, perdidas para ella sus colonias americanas. Pero ni la corte, ni el pueblo español estaban a la altura del conde de Aranda ni de los hombres que adoptaron su idea (separar de la corona de España sus colonias del continente americanos, constituyendo en ellas monarquías moderadas)» (Posada Gutiérrez, 1865). 189 Justo Cuño Bonito era cubano, y el neogranadino nacido en Medellín, Francisco Antonio Zea, dirigió el Real Jardín Botánico madrileño desde 1805: Burocracia, ejército y Real Armada —indicó— contaban con naturales del Nuevo Mundo en posiciones y jerarquías diversas, en igualdad con los peninsulares, entre los cuales vascos y catalanes también eran muy abundantes» (Lucena Giraldo, 2010). Si analizamos que de los 152 virreyes de todo el período colonial (63 en Nueva España, 58 en el Perú, 18 en la Nueva Granada y 13 en el Río de la Plata), solo ocho fueron criollos y siete fueron extranjeros, dicha afirmación no hace más que reafirmar una caduca ideología que perdió hace mucho tiempo la más elemental vinculación con la ciencia histórica2. Pese a que el ministro de Carlos III, José Muñoz Pérez, en sus Apuntaciones relativas al comercio de Indias» (1788) distinguió entre colonias «odiosas», asentadas en la fuerza militar, o las españolas y portuguesas, consideradas aceptables porque iban más allá del dominio militar y de la mera relación mercantil; la distancia, los agravios, las rencillas, la lentitud jurídica y las desigualdades manifestadas en unas altas instancias coloniales ocupadas por los españoles peninsulares y demostrativas del desigual intercambio centro-periferia motivaron el exacerbamiento de la imagen del español peninsular como de un «otro» extraño, ajeno y contrario a los intereses americanos. El período de la independencia de los países sudamericanos es, como ha señalado Enrique Ayala (1983, pp. 29-34; 1983), el período en que los pensadores americanos de finales del siglo XVIII comenzaron a considerarse «otros», algo que Lynch (1976) definió como una «creciente conciencia de sí» (Lumbreras, Burga & Garrido, 1999). Sin embargo, este alejamiento no es de modo exclusivo un subproducto de la independencia. Ya Thomas Gage (1946) en sus «Viajes por la Nueva España y Guatemala» indicó en 1625 que el odio entre españoles americanos y españoles peninsulares podía facilitar cualquier incursión de conquista; y Amedée Frezier en su Relación del viaje por el Mar del Sur (1982), en 1712, afirmó que la desigualdad en el trato administrativo ocasionaba un creciente sentimiento de identidad criolla: […] unos y otros [los criollos de Lima y los de la sierra] se tienen en mucho o más que los españoles europeos, a quienes tratan entre ellos de caballos, es decir, bestias; tal vez sea éste un efecto de la antipatía que reina entre ellos, aunque sean súbditos del mismo monarca. Creo que una de las principales 2 Los gobiernos virreinales de criollos se distribuyeron regularmente a lo largo del siglo XVII (dos virreyes), primera mitad del siglo XVIII (dos virreyes), segunda mitad del siglo XVIII (dos virreyes) e inicios del siglo XIX (dos virreyes). En el caso de los virreyes extranjeros estos se concentraron sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII (cuatro virreyes). Solo dos extranjeros ejercieron el cargo a principios del siglo XVIII y solo uno, y de manera interina, durante principios del XIX (Rubio Mañé, 1983, pp. 199-208). Ver también Barrios, 2004. 190 Tramas de poder social, político y económico en Nueva Granada razones de esta aversión es la de ver siempre a estos extranjeros ocupar los primeros cargos del Estado y sacar la mejor parte de su comercio, en lo cual consiste la única ocupación de los blancos, que desdeñan dedicarse a las artes, para las cuales no tienen afición. En las Noticias secretas de América (1748), dos observadores sagaces como Jorge Juan y Antonio de Ulloa observaron que «Desde que los hijos de los Europeos nacen y sienten las luces aunque endebles de la razón, desde que la racionalidad empieza a correr los velos de la inocencia, principia en ellos la oposición a los Europeos» aunque, afirmaban, «no deja de parecer cosa impropia, por más ejemplares que se hayan visto de esta naturaleza, que entre gentes de una nación, de una misma religión, y aun de una misma sangre, haya tanta enemistad, encono y odio, como se observa en el Perú, donde las ciudades y poblaciones grandes son un teatro de discordias y de continua oposición entre Españoles y Criollos» (Juan & Ulloa, 1918). De igual modo, Francisco de Miranda en su América espera (1992, pp. 338- 441) o Camilo Torres en su Memorial de agravios (2003), se preguntaron por qué si los derechos de los españoles americanos eran los mismos que los de los españoles peninsulares por ser todos integrantes de una misma nación, los de los criollos eran conculcados constantemente. Sin embargo, Servando Teresa de Mier estableció unas marcadas diferencias en su Segunda Carta de un americano al español: «... ¿no conoce usted a su nación? [le inquiere a Blanco White], ¿no ha visto usted que para significar a un vizcaíno pintan a un hombre clavando un clavo con la frente, y que otro tal, pero con la punta del clavo hacia ella, es el emblema del aragonés?, pues allá van todos los españoles poco más o menos. No soy yo el primero que ha dicho, que Cervantes en su historia de don Quijote retrató a toda su nación» (Mier, 1990, pp. 22-53). En palabras de David Brading, el origen de un sentimiento nacionalista se generó a principios del siglo XVII y tomó cuerpo a partir de la concepción del criollo como heredero desposeído, sublimando la antigüedad indígena como el ancestro común de todos los criollos mexicanos (Brading, 1991, pp. 392-394). Al igual que en la Francia prerrevolucionaria, la élite de españoles peninsulares que pretendió, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ostentar cargos de gobierno en los territorios americanos (y que habían sido descartados para ostentarlos en territorios peninsulares o que seguían su particular cursus honorum para llegar a los más altos cargos de la corona en la península) siempre puso la mira en los más altos puestos de la administración colonial. Aquellos movilizados por necesidad a las provincias americanas, llevaron, como los nobles franceses destinados a las regiones del interior, una existencia ociosa, inútil y fastidiosa. De este modo, ni los españoles peninsulares sin riqueza aprovecharon la circunstancia para conseguir algún puesto de representación hacia el interior con que ganarse 191 Justo Cuño Bonito el afecto de la población y poder medrar, ni los peninsulares que los obtuvieron se beneficiaron políticamente de ellos, sino más bien al contrario, la indolencia y fastidio al manejar los asuntos de una cosa pública en un puesto meramente coyuntural, afectó negativamente a la imagen de una institución ya de por sí muy mal valorada. Progresivamente, los peninsulares dejaron en manos de los criollos la gestión de la administración pública local por una doble causa, vinculada, por una parte, a su propio desdén, y por otra al predominio numérico y económico de los criollos en sus propias regiones y más tarde a las presiones de los criollos por ganar un espacio político que se correspondiera con su prevalencia económica. Es posible afirmar que progresivamente, y particularmente a finales del siglo XVIII, ocupar los cargos políticos de la administración local ya no solo fue una fuente de prestigio social para los criollos sino, además, un movimiento de estrategia política3. En un mundo acotado, cerrado y circunscrito al entorno más inmediato, donde los individuos rara vez salían de su localidad de origen, gobernar el medio más inmediato era gobernar el propio universo. En 1734, el intendente general Bartolomé Tienda de Cuervo afirmó que cada gobernador en su distrito «sea o no la jurisdicción grande, con el carácter de Capitán general, es absoluto, y no conoce superioridad en otro para corregir sus yerros» (Becker & Groot, 1921, p. 92). El medio ambiente ayudó a reforzar las divisiones que la administración colonial impuso, y, como resultado, la élite elaboró a partir de 1810 concepciones políticas particularistas y mayoritariamente federalistas. El origen de esta tendencia hay que buscarlo en el deseo de las élites locales de apropiarse de aquellos medios de producción que controlaban de modo directo y que les daban el prestigio que ostentaban en su entorno social más inmediato. Exceptuando aquellas élites que, por situarse en las ciudades cabeceras de los virreinatos, reclamaron en torno a sus dominios políticos y sociales la construcción de las «comunidades imaginadas», reivindicando para sí 3 Al respecto merece la pena revisitar la obra de Phelan El pueblo y el Rey (1980), donde expone un argumento que es uno de los ejes transversales de nuestro planteamiento: el reformismo borbónico y la ruptura del pacto colonial («la constitución no escrita», en palabras de Phelan), exacerban las tensiones y provocarán la ruptura entre criollos y peninsulares. En sentido contrario, la tesis fundamental del libro de Eissa-Barroso & Vásquez Varela, Early Bourbon Spanish America. Politics and Society in a Forgotten Era (1700-1759) (2013), afirma que las autoridades españolas negociaron con las élites americanas para mantener a flote la fiscalidad imperial. Si bien esto es cierto nominalmente, en la práctica el reforzamiento de la presión impositiva y la exclusión de los criollos de los puestos políticos de mayor responsabilidad mostró ante los ojos de los criollos un poder que, a diferencia de los siglos precedentes, llenó de sentido, refiriéndose a los dominios americanos, el concepto de colonia. 192 Tramas de poder social, político y económico en Nueva Granada ciertos derechos históricos, el resto se conformó generalmente con no estirar sus ambiciones más allá de sus espacios más inmediatos4. El caso es que solo en la gran administración colonial (y no en toda), los peninsulares permanecieron firmemente asentados, prefiriendo, como magistralmente definió Tocqueville, las apariencias del poder al poder mismo, porque la acción del gobierno virreinal (no digamos del de la corona peninsular) solo se dejó sentir en los particulares de tarde en tarde y de manera muy dificultosa o tan torticera que la propia ineficiente aplicación de los decretos establecía, en sí, una nueva norma. La administración local que pasaron a controlar los criollos, en cambio, sí tenía un contacto diario con ellos; tocaba continuamente sus puntos más sensibles e influía, afirmó Tocqueville, «en todos los pequeños intereses que forma el gran interés que se pone en la vida; es el objeto principal de sus temores y también el de sus esperanzas más queridas; los mantiene vinculados a ella por una infinidad de lazos invisibles que los arrastran sin que se den cuenta» (Tocqueville, 1994, p. 18 y ss.). Analicemos el caso del virreinato de la Nueva Granada a principios del siglo XIX. En 1810 los más altos cargos del virreinato de la Nueva Granada siguieron siendo copados por los españoles peninsulares: el virrey Antonio Amar y Borbón; el secretario de Cámara del Virreinato y teniente coronel de infantería José Ramón de Leyva; el asesor general del Virreinato, Anselmo de Bierna y Mazo; también el regente de la Real Audiencia, el oidor decano, dos de los tres oidores, los dos fiscales, el prior del Consulado establecido en Cartagena. En este último caso, sin embargo, el primer cónsul ya era criollo porque el Consulado, aun tratándose de un órgano virreinal, era eminentemente local y las élites cartageneras lo habían hecho suyo. Esto ocurría también con la Junta Económica de Gobierno, igualmente radicada en Cartagena, donde el prior era español peninsular y el primer cónsul era criollo. En la Audiencia de Quito, el presidente, Conde Ruiz de Castilla, era español peninsular, al igual que el regente y el oidor decano. También tres de los cuatro oidores (uno de ellos sobrino del virrey Amar), el fiscal interino (ahijado del 4 Este posicionamiento de las diferentes élites territoriales y la pugna entre centro y periferia tendrá su escenificación en el inmediato enfrentamiento que se sucederá entre Cundinamarca y las Provincias Unidas entre 1810 y 1815 que favorecerá la irrupción del ejército realista comandado por Pablo Morillo. Al tiempo, la pugna entre élites regionales y centralistas abocará al país a una serie interminable de conflictos civiles a lo largo de todo el siglo XIX: centralistas y federalistas revestidos ideológicamente con el disfraz de conservadores y liberales disputarán no sólo el control del naciente estado nación sino, además, la estructura fundamental de su conformación. En este sentido, el proceso de disgregación del poder dentro del territorio, no sería solo coyuntural, como defiende Daniel Gutiérrez Ardila (2010, p. 64 y ss), sino producto de una combinación entre una tortuosa geografía y el recelo a un élite capitalina que ansiaba controlar todos los territorios comprendidos dentro del virreinato. 193 Justo Cuño Bonito propio presidente Ruiz de Castilla), el asesor general y el alguacil mayor (Gutiérrez Ardila & Martínez, 2010). También era peninsular el arzobispo titular de Santa Fe, aunque es cierto que, en su ausencia, en 1810, el canónigo provisor y el arcediano fueron ambos criollos. En el Tribunal de la Fe de Cartagena, su decano, el inquisidor fiscal, el alguacil y los familiares y secretarios del secreto mayor fueron todos peninsulares y miembros, además, del comercio de la ciudad. También eran todos españoles peninsulares los cargos del Ministerio de Real Hacienda y los contadores mayores de Cuentas, aunque no los cargos subalternos de tesorero ni los contadores de las Reales Cajas en Santa Fe, Quito, Cartagena, Panamá, Santa Marta, Popayán, Antioquia, Portobelo, Mompox y demás, ni el superintendente y el tesorero de la Real Casa de Moneda de Santa Fe5. 3. Poderes criollos y contrapoderes peninsulares en el Consulado de Comercio de Cartagena de Indias y en el Cabildo de la Ciudad. Si entramos aún más al detalle al interior de alguna de las instituciones más representativas, veremos que a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, criollos y españoles peninsulares se repartieron el poder dividiéndose los cargos de representación y turnándose en el ejercicio de las más altas magistraturas. Este modo de proceder fue un acuerdo estratégico que comprometió otras instituciones como el cabildo o el regimiento militar de Cartagena, llamado El Fijo. Criollos y peninsulares fueron turnándose en los cargos de más alta representación, generándose querellas cuando los turnos no eran respetados. Obviamente estos acuerdos solo permanecieron vigentes hasta 1808. Con la vacatio imperii los criollos se apresuraron a copar todos los cargos institucionales en todos los órganos de gobierno, consolidando así su poder y fuerza militar al expulsar al gobernador español de la plaza y hacerse con el mando del regimiento fijo. En este sentido, podemos establecer que a partir de esta condición de criollos o peninsulares se establecieron unas redes clientelares distintivas que presuponían unos objetivos económicos propios, por lo que la autoconciencia del origen estuvo en la base del posterior enfrentamiento (Cuño Bonito, 2006). 5 Para el caso del Perú los estudios de León G. Campbell concluyen que la mayoría de magistrados que hubo en la Audiencia durante el siglo XVIII fueron criollos, disminuyendo su número a finales de siglo. En este sentido A. Burkholder reafirmó en otro estudio las tesis de Campbell, afirmando la preeminencia de los criollos en la Audiencia de Lima hasta 1770, año en que comenzó a modificarse la tendencia (Campbell, 1973; Burkholder, 1972). 194 Tramas de poder social, político y económico en Nueva Granada El caso del controvertido consulado de comercio de Cartagena de Indias dio hasta para disputas entre los propios virreyes: así como el virrey Gil de Taboada y Lemos apoyó al comercio de Cartagena en su solicitud de un consulado, Ezpeleta lo hizo con el de Santa Fe en los términos propuestos por los diputados del comercio de esa ciudad6. La polémica entre los comerciantes de Santa Fe y los de Cartagena fue larga. Los capitalinos representaron al rey el 13 de diciembre de 1796 desde Madrid con apoderados indicando que la subordinación del comercio interior al consulado establecido en Cartagena había sido obtenida «viciosamente ocultando los antecedentes a S.M.» y que esa dependencia contribuiría a la ruina del comercio de la capital (Cuño Bonito, 2009. Cuando el conflicto quedó definitivamente resuelto y perdida cualquier esperanza de conseguir un tribunal de consulado para Santa Fe, los comerciantes de la capital trataron de atacar la jurisdicción consular del tribunal de Cartagena en la figura del diputado consular electo para aquella capital, Joseph de Acevedo, desde que fuera designado el 1º de setiembre de 17997. Fueron los santafereños los que vieron claramente en el consulado cartagenero no solo una competencia económica sino una fuerte competencia política y social al ver representada en la institución la unión entre familias criollas y peninsulares como una forma de poder político autónomo, opuesto al de las autoridades coloniales en tanto que defendía solo los intereses económicos y políticos de los comerciantes cartageneros, tanto criollos como peninsulares. Los miembros del consulado constituían el grueso de los comerciantes cartageneros. La gran mayoría también ostentaba puesto en el cabildo de la ciudad. El padre Pardo en 1796 nombró la totalidad de los integrantes del comercio de la ciudad, calificándolos según su juicio, sin aconsejar el arresto o exclusión de ninguno pero sugiriendo, implícitamente, vigilancia a aquellos a los que no efectuaba juicio alguno8. En las elecciones consulares, la real orden de 30 de noviembre de 1798 6 Archivo General de Indias (AGI): Expediente en 19 de julio de 1796 en Santa Fe, 957. 7 Archivo General de Indias (AGI): Santa Fe, 958. 8 Comerciantes de Cartagena por el padre Pardo: Tomás Andrés de Torres: bueno; Juan José Núñez: bueno; Felipe Peñarredonda; José Izquierdo: regidor de aquella ciudad; Mateo Arroyo: bueno; Manuel José de Vega: regidor ídem; Blas Antonio de Ayos del hábito de Santiago; Antonio Sarría; Pedro Tomás de VIllanueva: bueno; Juan José Goenaga: Regidor; Manuel Martínez de Aparicio; Gregorio Gómez del Orden de Carlos III, regidor; Manuel Faustino de Mier, regidor; Lázaro Herrera: es un pacato pero bueno; Matías Torices: regidor; Esteban Amador: viejo pero bueno; Francisco Bustamante; José Ignacio Pombo; José Antonio Valdés: bueno; Juan de Francisco Martín; José Romero Campo; Mauricio Martín García; Manuel Demetrio de Vega; Manuel Francisco de Traba; Joaquín de Lecuna; Ramón Posada; Martín de Leguina; José Méndez; Hilario de la Espriella: no es malo; Julián Mandracha; Agustín Gnecco, genovés con Real Licencia para residir en aquellos dominios: muy bueno; Luis Camacho; Félix Palas: franceses los dos con información de ser españoles 195 Justo Cuño Bonito estableció que después de haber ostentado el cargo, los miembros que habían desempeñado su puesto debían esperar al menos dos años para volver a ejercer el cargo9. Sin embargo, el 1º de noviembre de 1799, Juan de Francisco Martín y Esteban Amador, en representación del consulado, oficiaron al secretario de estado exponiendo que «las recíprocas relaciones de parentesco que tienen entre sí los más principales comerciantes de la plaza y la precisión de que haya de pasar el hueco de dos años para optar al empleo que se ha obtenido en el consulado, harán siempre precarias las elecciones». Pidieron que se estableciera un único año de hueco y que el parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad que señalaba la real cédula de erección solo obstase para los empleos de prior, cónsules y síndico, pero que se limitara al primer grado para los consiliarios. Como prueba de que las redes familiares de comerciantes pretendieron siempre el control absoluto del consulado, valga el hecho de que al tiempo que requirieron la anterior modificación de la cédula de erección, solicitaron que en lo sucesivo los hacendados no pudieran obtener el grado de cónsul y solo se conservasen los tres consiliarios, porque además de que «los de lustre que pueden optar a él son pocos en aquella plaza», habitualmente residían en sus haciendas y faltaban a las reuniones permanentemente. Exponía el caso del hacendado Andrés de Madariaga que en menos de un año faltó, junto con su teniente, a 86 audiencias del tribunal. Además, se indicaba que carecían de los conocimientos prácticos mercantiles. Que tengamos constancia, el español peninsular Tomás Andrés Torres ocupó el cargo de prior en 1795, 1797, 1802, 1804. No fue sino en las elecciones del significativo año de 1808 cuando se suscitó una grave controversia con el criollo José Ignacio de Pombo. Los gobiernos de Torres al frente del consulado estuvieron marcados por la presencia del grupo de comerciantes españoles y, con la excepción de las elecciones de 1804, Torres eligió para el puesto de primer cónsul al español peninsular Pedro Tomás de Villanueva. En 1804 ostentó el puesto el criollo Lázaro María de Herrera. El resto de puestos consulares fueron ocupados alternativamente por los españoles peninsulares Félix Palas, Eduardo de Llamas, Joseph Canabal, Santiago González, Joseph de Casamayor, Manuel de Otoya, Joachin David, Manuel Martínez de Aparicio y, excepcionalmente en 1802 y como teniente hacendado, por el criollo, posteriormente alcalde ordinario, José María García de Toledo. bajo la cual pasaron allá; Juan Fernández Moure; Diego Amador; José Antonio Espinosa; Tomás de Villanueva; José Arrázola y Ugarte; Juan de Dios Amador. AGI, Santa Fe, 957. 9 AGI, Santa Fe 958. 196 Tramas de poder social, político y económico en Nueva Granada Durante su período al frente del consulado en 1805, el español peninsular Manuel Rodríguez Torices se rodeó de los españoles Gregorio Gómez de Humarán, Nicolás del Villar y Coronado, Manuel José Canabal, Manuel Prado o José Ignacio Pombo. En las elecciones de 1807 el también español peninsular Joseph de Arrázola y Ugarte contó con los españoles peninsulares Joseph de Casamayor como su teniente, y como cónsules, Hilario de la Espriella, Joaquín Franco, Julián Mandracha, Benito Posada, Juan del Real y el criollo Ignacio Narváez y la Torre10. Al igual que analizó Susan Migden Socolow para los comerciantes porteños, Paloma Fernández Pérez para los gaditanos o Ana María Bascary para los comerciantes tucumanos a finales de la colonia, la inextricable red de lazos familiares se interconectaba para complementar todos los intereses económicos, generando grupos fuertes con intereses en casi todos los rubros económicos, completamente interrelacionados con la política matrimonial implantada. De la misma manera que en el caso porteño, como analizó Socolow, la preeminencia social también se relacionaba con la preeminencia política y, tal y como el cabildo de Buenos Aires o el Regimiento Urbano de Comercio, se convirtieron en objetivos de control fundamentales, en el caso cartagenero, lo fueron, como hemos indicado, el consulado de comercio y el cabildo11. En el caso del Cabildo, a menudo los puestos de mayor relevancia estuvieron a cargo de los criollos. D. Francisco García del Fierro fue regidor perpetuo del cabildo de Cartagena y mayordomo de propios y rentas en 1795. Francisco fue hijo de D. Andrés José García, natural de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, quien a su llegada a Cartagena, contrajo matrimonio con María Catalina del Fierro, hija de italiano genovés (Benito del Fierro) y de una cartagenera12. D. Francisco García del Fierro casó con Doña María Manuela de Velacorte y Lera, cartagenera hija del madrileño don Juan de Velacorte y Navarro y de la también cartagenera Teresa de Lera. Este matrimonio tuvo dos hijos: una hija, María Rafaela García del Fierro y de Velacorte, quien casó con el capitán del fijo, D. José Moledo (asegurándose así también el control del regimiento Fijo, que sería de enorme importancia en los años posteriores) y un hijo, D. Francisco García del Fierro y de Velacorte, miembro de la convención del Estado de Cartagena, coadjutor fiscal del supremo 10 AGI, Santa Fe, 959-960; Restrepo Lince, 1993. 11 Al respecto, ver los trabajos de Socolow (1997) y Bascary (1999). 12 García del Fierro y Velacorte permaneció hasta 1810 como regidor decano. Como alcaldes ordinarios en ese mismo año figuraron dos criollos que participaron activamente en la independencia: D. José María García de Toledo y D. Miguel Díaz Granados. Ese año, de los cuatro regidores propietarios, tres fueron criollos y el cuarto, Santiago González, comerciante español, formaba parte de las redes familiares manejadas por los criollos al haberse casado con la cartagenera Manuela Gómez de Humarán. 197 Justo Cuño Bonito tribunal de justicia y abogado del Estado de Cartagena. El segundo García del Fierro emparentó con otras de las familias criollas cartageneras más connotadas a través de un solo matrimonio: el 19 de abril de 1812 casó con Doña María Josefa de Pombo y Amador, cartagenera, hija de D. José Ignacio de Pombo y de doña María Josefa Gregoria Amador. Gráfico 1. Familia García del Fierro (criollos) Francisco Núñez y García del Fierro (nieto). Se casó en Cartagena con su prima hermana Dolores Moledo y García del Fierro, hija del Capitán del Fijo. Miembro de la Convención del Estado de Cartagena, coadjutor �scal de Tribunal Supremo de Justicia y abogado del Estado de Cartagena (1811-1815) Comerciante. Miembro del Consulado de Comercio de Cartagena Regidor decano en 1810 Regidor perpetuo y mayordomo de rentas y propios en 1795 José Moledo (yerno): Capitán del Fijo de Cartagena Francisco García del Fierro y Velacorte (hijo emparentado con los Amador) Francisco García del Fierro Los gaditanos Josefa Rodríguez Funes y Esteban Baltasar de Amador dieron origen a una de las sagas familiares más extensas (ocho hijos) y más directamente implicadas en el desarrollo político y social de la ciudad en esos trascendentales años. El primogénito del matrimonio, Martín José Amador, nacido en Cartagena en 1778, fue fusilado por el general Pablo Morillo tras la entrada de las tropas españolas en la ciudad en 1815. El tercer hijo, Juan de Dios de Amador y Rodríguez, nació en Cartagena en 1774 y murió soltero en Cartagena en 1847. En sus 73 años participó en los más importantes acontecimientos de la independencia, llegando a firmar la carta de la independencia del estado de Cartagena en 1811, siendo posteriormente elegido gobernador en 1815. Tuvo una hija, bautizada como Carmen de Amador quien casó con Don Juan Bautista Núñez, hijo de Marcelino Núñez, también miembro activo en la independencia y conspicuo representante del comercio y cabildo de la ciudad. El otro hijo de Marcelino Núñez casaría con la hija de Ramón Ripoll, también miembro destacado del comercio de la ciudad, abogado de la Real Audiencia de Santafé y de los Reales Consejos del Reino y después de los Tribunales de la República. También firmó el Acta de la Independencia Absoluta de Cartagena y ostentó los cargos de vocal de la Junta Suprema de la Provincia de Cartagena en 1811 y abogado del Estado de Cartagena en 1813. 198 Tramas de poder social, político y económico en Nueva Granada La cuarta hija del matrimonio Amador-Funes, María Josefa Gregoria de Amador y Rodríguez, casó en Cartagena con Don José Ignacio de Pombo, criollo payanés hijo del gallego Esteban Pombo y de la payanesa Tomasa Ante de Mendoza. José Ignacio Pombo pasó por ser uno de los más destacados intelectuales de la Nueva Granada y el más destacado representante político de la Cartagena de la época, aunque su tibieza en el momento de la independencia hace albergar dudas razonables sobre si su posición estuvo más al lado de los autonomistas que de los independentistas. Dos de las hijas de este último matrimonio se encargaron de emparentar a los Amador-Pombo, por una parte, con los García del Fierro (María Josefa de Pombo y Amador) y por otra con los Lecuna (Ana María de Pombo). Santiago de Lecuna y Mellica, hijo de los gaditanos de origen alavés, Cristoralina de Mellica y Esteban de Lecuna y Marquis, también firmó el Acta de Independencia de 1811, pero su arrepentimiento, probables delaciones y generosos donativos a las tropas españolas del general Morillo, suspendieron su más que probable fusilamiento. 4. El justificado y estratégico acecho a los puestos de representación Continuando con el análisis del reparto de los cargos más relevantes de la administración colonial en todo el virreinato de la Nueva Granada entre criollos y peninsulares, observamos que también se encontraban en manos de españoles a finales del siglo XVIII los más altos cargos del ejército de la Nueva Granada: la secretaría de la Capitanía General, los subinspectores y los oficiales generales del reino (dos españoles, un napolitano y solo un criollo) y la mayor parte de los corregimientos. Si yo aspirase a destruir en mi país una aristocracia poderosa, no me esforzaría en alejar del trono a sus representantes, no me apresuraría a atacar sus más brillantes prerrogativas, no trataría de buenas a primeras en discutir sus grandes poderes legislativos. Pero sí la alejaría del pobre, le prohibiría influir en los intereses cotidianos de los ciudadanos… Así, al tiempo que le dejaría los signos visibles de la grandeza, arrancaría de sus manos el corazón del pueblo, en donde reside la verdadera fuente de poder (Tocqueville, 1994). Y esta fue, precisamente, la jugada maestra de los criollos que dio el golpe de gracia a la monarquía absolutista de Fernando VII. Un golpe cuidadosamente pergeñado, al menos, en los veinte años anteriores al secuestro del rey en 1808. Letrados, curas, comerciantes y militares criollos habían tejido una red política que englobaba todo el territorio de la Nueva Granada y que comunicaba a las élites de Cartagena con las de Bogotá, a estas con las de Honda y Mariquita, a estas con las del Socorro y Pamplona, Tunja, Popayán, Pasto y Quito. 199 Justo Cuño Bonito G rá fic o 2. F am ili a A m ad or (c ri ol lo s) Es te ba n Ba lta sa r d e Am ad or Al ca ld e or di na rio d e C ar ta ge na An to ni o C ar lo s Am ad or . H izo p ar te de la le gi sla tu ra d el Es ta do d e C ar ta ge na en 1 81 5 y em ig ró . V iv ió e n Ja m ai ca ha sta 1 82 0. E nt ró en C ar ta ge na e n 18 21 c on e l e jé rc ito de M on til la . Jo sé A nt on io Am ad or R od ríg ue z. Re gi do r d el C ab ild o de C ar ta ge na . D es tit uy ó al go be rn ad or M on te s. M an ue l J os é Am ad or R od ríg ue z. Em ig ró a M ar ac ai bo . Ju an d e D io s Am ad or R od ríg ue z. Su eg ro d e un h ijo M ar ce lin o N úñ ez . Se cr et ar io d e G ue rr a de la R ep úb lic a de C ar ta ge na e n 18 12 . Fi rm an te d e la C on sti tu ci ón d e 18 11 , a ba nd on ó la ci ud ad a la e nt ra da de l e jé rc ito Ex pe di ci on ar io . Jo sé A rr áz ol a, co m er ci an te d e C ar ta ge na y m ie m br o de l C on su la do d e C om er ci o. N eg oc io de q ui na s c on su pr im o An to ni o Ar rá zo la d e Sa nt a Fe . A pa rt ir de 1 82 2 fu e co nt ad or de pa rt am en ta l, ad m in ist ra do r d e ad ua na , p re fe ct o, go be rn ad or , se na do r y ad m in ist ra do r d e co rr eo s. Fi rm an te d el A ct a de In de pe nd en ci a de C ar ta ge na e n 18 12 . G ob er na do r de l e sta do d e C ar ta ge na . H uy ó a Ja m ai ca e n 18 15 y re gr es ó a C ar ta ge na en 1 82 2. C om er ci an te . Im po rt ad or a C ar ta ge na de sd e La G ua ira , d e pr od uc to s v ar io s. M ie m br o de l C on su la do d e C om er ci o de C ar ta ge na . C on sp ira có n de P ed ro G ua l y Jo sé M ar ía Es pa ña . C ap itá n de l Ej ér ci to L ib er ta do r e n 18 12 , c ap tu ra do y fu sil ad o po r M or ill o en 1 81 6. M ar tín Jo sé A m ad or (p rim og én ito ). Fa ct or d e su p ad re e n La G ua ira . D ie go Jo sé A m ad or Ro dr íg ue z. Te m oe m te de l C on su la do d e C om er ci o en C ar ta ge na . C om er ci an te d e C ád iz. de M an ue la d e Am ad or R od ríg ue z. C as ad a co n el co m er ci an te v as co Jo sé A rr áz ol a U ga rt e. Es te ba n Am ad or Ro dr íg ue z. D el C om er ci o de C ád iz, au xi lió a N ar iñ o cu an do e sc ap ó de pr isi ón . R ad ic ad o en G ua ya qu il a pr in ci pi os de l s .ig lo X IX . En e l l ib ro A co ta cio ne s bo liv ar ia na s. D ec re to s M ar gi na les d el lib er ta do r, 18 13 -1 83 0, ed ita do e n C ar ac as p or la fu nd ac ió n Jo hn Bo ul to n en 1 86 0, ap ar ec e un a ca rt a en vi ad a de sd e M ar ac ai bo p or M an ue l Am ad or R od ríg ue z a Si m ón B ol ív ar e n 18 21 . Se gú n H ist or ia d el Es ta do Z ul ia , d e J.B . Be ss on , s e op us o a la se pa ra ci ón d e Ve ne zu el a de G ra n C ol om bi a. N o ob sta nt e, fu e go be rn ad or d e la pr ov in ci a de l Z ul ia en 1 83 0. 200 Tramas de poder social, político y económico en Nueva Granada De este modo, se aprecia cómo en 1810 las dignidades del cabildo de la iglesia metropolitana de Santa Fe, la curia eclesiástica, los obispos de Quito, Cartagena, Panamá y Popayán, así como la gran mayoría de los cargos de esas mismas diócesis y las de Cuenca y Santa Marta estaban servidas todas por criollos. Controlaban, además, el Cabildo de Quito, el de Ibarra, Cartagena, Mompox, Panamá, Popayán, Cali, Cuenca, Tunja, Pamplona, Girón, Socorro, Santa Fe de Antioquia y Medellín, entre otras poblaciones de inferior categoría. De este modo, una vez ausente el soberano (vacatio imperii) y derogadas sus leyes (vacatio legis) por no haber un órgano legítimo, reconocido indiscutiblemente en el imperio para reasumir la soberanía, los poderes locales criollos asumieron el gobierno arrebatándoselo a los altos cargos peninsulares que lo ostentaban ilegítimamente —bien por haber sido nombrados por el odioso Godoy, bien por haber esparcido sobre ellos los criollos la estratégica sospecha de pretender entregar el gobierno de los territorios a los franceses— a partir de 1808 (Garavaglia, 2004). En esta segunda fase de la pugna entre el centro y la periferia, una parte de la élite criolla se dispuso a fundar un estado nacional en el que residiría la soberanía, tratando de reemplazar el imaginario colonial y trasladando el sentido de lealtad desde la persona del rey hacia la república. Pero esto provocó desde temprano problemas serios: si la soberanía residía en la nación, entendida como la sociedad estructurada por las clases dominantes, no podía residir en el pueblo, el cual se veía apartado de manera efectiva del espacio político de decisión. Pero la decisión de fundar el estado nacional solo encontró eco en el discurso de la élite santafereña, que pretendió erigirse en el grupo encargado de conformar un espacio socioeconómico centralizado. Frente a esta intención se alzaron, a partir de 1810, las élites provinciales, deseosas de mantener su indiscutible hegemonía sobre los espacios que conformaban sus redes clientelares más inmediatas. En este sentido, Frutos Joaquín Gutiérrez, miembro de la Suprema Junta de Gobierno, denunciaría la actitud federalista de Cartagena porque el interés de la élite santafereña, a la que pertenecía Frutos, era que Santa Fe fuera también la capital del nuevo estado: El hijo de Cartagena, el de Socorro, el de Pamplona, y tal vez el de Popayán, no ha mirado como límite de su Patria los del Nuevo Reino de Granada, sino que ha contraído sus miras a la provincia o quizá al corto lugar en donde vio la luz […] Las provincias, desconfiadas unas, envilecidas otras, aquéllas orgullosas de su libertad, pero sin ilustración; éstas vergonzosamente abatidas e interesadas; todas o casi todas ingratas y sin política, han formado del Nuevo Reino de Granada un teatro oscuro en donde se ven en contradicción todas las virtudes y todas las pasiones: la verdad, el error y sus funestas consecuencias (Vega, 1952). 201 Justo Cuño Bonito La guerra civil parecía inevitable y con ella se facilitaba la conformación de una nueva fase de dominio del antiguo centro sobre las vencidas periferias, al volverse a imponer la monarquía de Fernando VII por el ejército pacificador de Pablo Morillo. 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