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Ítem Texto completo enlazado Aplicación del modelo de capacidades de políticas a la experiencia de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS-PCM) 2012 – 2016(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-06-21) Bedoya Sánchez, George Felipe; Coronel Cuadros, Omar ChristianEl presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) busca identificar qué capacidades estatales de políticas de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM resultaron claves para el tratamiento de conflictos sociales entre el 2012 y 2016. En el marco delo anterior, se propone un marco de análisis que evalúa las distintas dimensiones de capacidades de políticas a partir de la combinación de competencias (analíticas, operativas o de gestión, y políticas) y de recursos (a nivel individual, organizativo y sistémico) vinculados con la implementación de las políticas públicas. El objetivo del TSP es analizar y generar evidencia respecto de qué capacidades resultan claves frente a otras, para mejorar o potenciar aquellas vinculadas con el tratamiento de los conflictos sociales a partir de la experiencia de la ONDS y su desarrollo. El trabajo concluye que el tratamiento de los conflictos sociales a través de la experiencia de la ONDS resulta de la combinación e interrelación de las competencias políticas individual y sistémicas, y sus respectivas aportaciones. Es decir, de las habilidades, experiencia, visión política y liderazgo para la toma de decisiones de los titulares de la PCM y ONDS, respectivamente, así como del entorno en el que se enmarcan estas, determinado por el apoyo, la confianza y legitimidad de los demás actores vinculados a la política de diálogo y el papel de la ONDS.Ítem Texto completo enlazado Casación 1095-2021 Nacional(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-08-03) Choque Moya, Alonzo Adalberto; Villarroel Quinde, Carlos AbelEl informe jurídico analiza la condición de funcionario público en el delito de colusión (simple y agravado), desde lo resuelto por la Sala Penal Permanente en la Cas.1095-2021 Nacional. El problema jurídico es identificado por la condición de consultores de la que se encontraban premunidos los abogados Jorge Danós y Ana Sofía Reyna, mismas que personas interponen la excepción de improcedencia de acción, en el marco de una investigación penal. En razón a ello, el objetivo principal del informe jurídico es determinar si, en el marco de una contratación pública, el abogado que funge como consultor del Estado es considerado funcionario público, y por ende autor o cómplice del delito de colusión. El informe recurre a los fundamentos ontológicos de los Delitos Contra la Administración Pública para poder entender la razón de considerar al funcionario público como un sujeto distinto al particular. Bajo dicha premisa, se explica el concepto de infracción de deber desde su autor original, Claus Roxin, hasta lo establecido por autores nacionales. Luego, se desarrolla la naturaleza del funcionario público y del delito de colusión desde la legislación vigente, doctrina (nacional e internacional) y la jurisprudencia. Todo ello con el objetivo de apoyar la posición de que los consultores contratados por el Estado sí son funcionarios públicos, pero no pueden ser considerado como autores del delito de colusión.Ítem Texto completo enlazado Informe sobre Expediente N° 06-2001 AV(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-08-06) Fosca Gamarra, Adriana Sofía; Rodríguez Vásquez, Julio AlbertoLa sentencia contra Alberto Kouri Bumachar, el primero de los “Vladivideos” en los años 2000, marca el descubrimiento de la corrupción sistematizada durante el régimen fujimontesinista; un momento decisivo para la historia política peruana. Así también, para la reforma del sistema judicial peruano y el diseño de una estrategia pública que dotase a los y las operadores de justicia de las herramientas necesarias para prevenir situaciones de impunidad frente a casos de corrupción. En este sentido, el objetivo principal de este Informe es analizar los aspectos de la aplicación del concepto de funcionario público, específicamente en la situación de Alberto Kouri. Partimos de la premisa de que el contenido de la figura de “funcionario público” viene pautada como respuesta político-criminal para la protección de la Administración Pública. Para ello, empleamos la teoría del correcto funcionamiento de la Administración Pública y el análisis de la ratio-legis de la misma como bien jurídico protegido por el Derecho Penal. Lo que, finalmente, nos permite concluir que Alberto Kouri ostentaba, desde el día de las elecciones (9 de abril del año 2000), un deber de protección del bien jurídico (Administración Pública), sin el cual no hubiera podido acceder a una ventana de negociación con Montesinos, meses antes incluso de la juramentación formal del cargo.Ítem Texto completo enlazado El conflicto de intereses en la compra pública de medicamentos(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-08-17) Cossío Castañeda, Martin Sebastián; Revilla Vergara, Ana TeresaQuienes ejercen el servicio público tienen el deber de velar por la integridad de sus decisiones y por garantizar la defensa del interés general. Este principio natural de toda actividad pública, se hace mucho más presente para aquellos sectores de alto riesgo, como salud, específicamente, para aquellos actores relacionados con la compra pública de medicamentos. ¿Qué herramientas tienen los funcionarios públicos para cumplir su función libre de un conflicto de intereses? ¿cómo lo identifican? ¿a quién pueden acudir en caso tengan una duda de carácter ético o moral? ¿qué hace el Estado por prevenir situaciones de conflicto de intereses en la compra pública de medicamentos? ¿la regulación vigente es suficiente? Son solo algunas de las interrogantes que se presentan. Con el propósito de contribuir a dilucidar una alternativa de solución, esta tesis propone una restructuración de la infraestructura institucional a cargo de la ética e integridad pública. Esto a partir de la aplicación de una serie de buenas prácticas de prevención y gestión adecuada de los conflictos de intereses al interior de las entidades vinculadas a la compra, enfocadas en el funcionario o servidor público. Arribo a esta conclusión, después de haber revisado los aspectos teóricos de diversos autores, la experiencia en otros países, así como del análisis práctico de una encuesta realizada a los funcionarios y servidores públicos del Perú vinculados a la compra pública de medicamentos. La propuesta permitirá una efectiva mitigación de riesgos de corrupción, así como una herramienta de medición periódica de quienes toman decisiones en el sector materia de la investigación.