Derecho de la Empresa : Regulación de Negocios
URI permanente para esta colecciónhttps://hdl.handle.net/20.500.14657/171464
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Ítem Texto completo enlazado Alternativas para la implementación del Libro de Reclamaciones en los establecimientos comerciales abiertos al público sin recurrir al procedimiento administrativo sancionador(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-05-15) Álvarez Suárez, Phillip; Cairampoma Arroyo, Vicente AlbertoEl Código de Protección y Defensa del Consumidor introdujo el Libro de Reclamaciones, el cual, es concebido como un instrumento que permite a los consumidores presentar una queja o reclamo en el preciso momento en que recibe un mal servicio o un producto defectuoso, determinando como obligación que todos los proveedores con establecimientos comerciales abiertos al público deben contar con el Libro, ya sea en físico o virtual. El Indecopi, al tener como una de sus funciones la protección de los derechos de los consumidores, realiza acciones de supervisión a nivel nacional orientadas a la verificación de este cumplimiento normativo; inicia procedimientos administrativos sancionadores en aquellos casos donde comprueba que el proveedor no ha implementado esta herramienta; y posteriormente impulsa el procedimiento de ejecución coactiva donde se impuso una multa al proveedor infractor. En estas tres etapas, aproximadamente, pueden transcurrir por lo menos 2 años. En ese sentido, la implementación del Libro de Reclamaciones debe ser lo más eficiente posible a efectos que el Estado no tenga que incurrir en gastos en la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores. Motivo por el cual, en el presente trabajo de investigación se evalúan como alternativas que la obligación de la implementación de este instrumento sea incluida como requisito para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento, así como también que el Indecopi pueda determinar la responsabilidad objetiva por estas infracciones, de modo que pueda imponer la multa correspondiente en el preciso momento en que detecte su incumplimiento.Ítem Texto completo enlazado Una aproximación a la noción de servicio público económico en el Perú desde el servicio público de transporte aéreo(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-08-29) Rivas Meza, Erick Giancarlo; Moscol Salinas, Alejandro MartínEl presente trabajo de investigación tiene como objeto determinar si el servicio público de transporte aéreo tiene un régimen que garantice de manera efectiva su prestación regular, continua y obligatoria; y si es un régimen exorbitante o especial de derecho privado. Para tal fin, el trabajo se dividirá en tres capítulos. En el primero de ellos, detallaremos las circunstancias que pusieron en peligro la prestación continua de las operaciones de LAN PERÚ S.A., y a partir de tal hecho, evidenciar la importancia que tiene el servicio de transporte aéreo para nuestra economía, y en consecuencia, la necesidad de garantizar su prestación continua. Del mismo modo, si bien la declaración del servicio de transporte aéreo fue inicialmente realizada a través de un decreto de urgencia, norma con vocación temporal, para paliar los efectos de una decisión igualmente pasajera, será necesario establecer si la declaración como servicio público realizada por la Ley N° 28525, Ley de Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo -luego de superada la coyuntura señalada-, era necesaria para establecer el régimen de promoción de vuelos a zonas aisladas de la selva. Para ello, en el segundo capítulo, reseñaremos algunas formas de actuación del Estado en los servicios de carácter económico, para ver hasta qué punto, dicha declaración era necesaria, o si se podía haber usado otros mecanismos. Finalmente, en el tercer capítulo, analizaremos el régimen de incentivos para vuelos a zonas aisladas de la selva respecto de empresas aéreas privadas en un contexto de economía liberalizada, en el que podremos apreciar cuáles han sido los efectos de dicha publicatio en la titularidad de la actividad aeronáutica, y determinar qué tipo de régimen posee, uno exorbitante o especial, de derecho privado que garantice su prestación, en determinadas condiciones, en tanto actividad esencial y de interés para la sociedad. Consideramos que el servicio de transporte aéreo, al ser una actividad que se realiza en libre competencia, y en la que además, la actividad empresarial del Estado se encuentra restringida en virtud del principio de subsidiaridad, no posee un régimen exorbitante de derecho público, tal como postula la noción clásica de servicio público, que ha tenido una influencia considerable en nuestra legislación, hasta antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1993. Precisamente, nuestro interés en el presente caso, surge del hecho de haberse declarado como servicio público una actividad que se presta en libre competencia, en un país en el que existen otras actividades a las que no se puede acceder libremente en virtud de la libre iniciativa privada, debido a que son de titularidad estatal, es decir, a que pertenecen al dominio del Estado, y en los que se establecen regímenes de derecho público, exorbitantes.Ítem Texto completo enlazado Las asociaciones público privadas como mecanismos para el desarrollo de proyectos de infraestructura en el ámbito de los gobiernos locales(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014-10-06) Benites Arrieta, Gabriel Wilson; Zegarra Valdivia, Diego HernandoEl presente trabajo busca mostrar un panorama diferente al que actualmente se emplea, cuestionando las deficiencias y proponiendo cambios que permitan revertir la falla, es decir, la escasez de inversión en infraestructura pública de relevancia social en municipios que cuentan con recursos financieros para llevar a cabo dicha inversión. Por ello, proponemos la implementación de asociaciones público privadas (APP) en estos sectores, considerando que las mismas otorgan beneficios que el Estado por sí solo no puede alcanzar. Asimismo, nos proponemos demostrar que la implementación de una APP resulta necesaria en escenarios donde el Estado a pesar de contar con capacidad financiera para llevar adelante una obra por sí mismo, no cuenta con los conocimientos técnicos ni la experiencia para implementarla de una manera exitosa, que derive en una provisión eficiente de infraestructura para la población. Para nuestro estudio hemos escogido a los gobiernos locales, porque son los que constituyen el nivel básico en la organización política del Estado, en el sentido que se trata de extensiones del territorio nacional dividido por razones de ubicación geográfica. Por tal motivo, los gobiernos locales, como administración local, representan el estamento del Estado con mayor cercanía a la población y por lo tanto, deben ser los que mejor conocen las necesidades de su localidad.Ítem Texto completo enlazado Competencia de los organismos reguladores para resolver reclamos sobre servicios no regulados económicamente(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-01-18) Malca Maurolagoitia, Carlos Anibal; Espinoza Espinoza, Juan AlejandroEl presente trabajo de investigación destinado a la obtención del grado académico de Magíster en DERECHO DE LA EMPRESA CON ESPECIALIDAD EN REGULACIÓN DE NEGOCIOS, tiene como justificación determinar si el ordenamiento jurídico ha estipulado de manera clara si los reclamos de los usuarios finales de servicios brindados en condiciones de competencia por las entidades prestadoras que explotan Servicios Públicos e Infraestructura de Transporte de Uso Público deben ser tramitados ante los organismos reguladores (OSIPTEL, OSINERGMIN, OSITRAN) o el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI). La investigación parte de la base que la defensa de los usuarios se constituye como una de las principales bases de nuestro régimen constitucional económico, especialmente en los mercados de los servicios públicos, donde existe poder monopólico de las empresas prestadoras. En ese orden de ideas, se ha analizado la teoría económica que justifica la protección de los usuarios dentro de una economía de mercado, así como la teoría de la regulación económica que explica la intervención de los organismos reguladores en los mercados de servicios públicos, la normativa específica en cada uno de los sectores bajo la competencia administrativa de los organismos reguladores, que incluye el estudio de los reglamentos emitidos por cada uno de estos en ejercicio de función normativa, en donde se logra evidenciar la diferente interpretación que ha realizado cada organismo regulador de la función de solución de reclamos establecida en el literal f) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 27332, finalmente, determinando que la solución más eficientes por economías de alcance es la regulada y asumida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte Público (OSITRAN), el cual resuelve los reclamos tanto de los mercados bajo su supervisión en los que aplica regulación económica y social.Ítem Texto completo enlazado El control de la función administrativa en los procedimientos de evaluación de las iniciativas privadas: en defensa del interés privado y del interés público(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-05-16) Pinto Tagle, Ronald José; Tassano Velaochaga, Hebert EduardoLas iniciativas privadas son mecanismos de promoción de la inversión privada que el Estado fomenta como instrumento de desarrollo, dentro del modelo constitucional económico “Economía Social de Mercado”, por tanto las decisiones administrativas deben estar orientadas a promoverlas y generar incentivos para la presentación de propuestas de proyectos por este medio.. La presente investigación estudia los procedimientos administrativos de evaluación de las iniciativas privadas y el rol de la administración pública. Las iniciativas privadas son calificadas normativamente como peticiones de gracia debido al contenido discrecional de la decisión administrativa que las califica, por lo que se analizan las implicancias y los alcances de esta naturaleza jurídica en el procedimiento administrativo, y como su aplicación irrestricta puede afectar derechos de los administrados vigentes en normas de rango legal y constitucional. Sin perjuicio de la naturaleza de petición de gracia, las iniciativas privadas son procedimientos administrativos y por tanto son aplicables la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Constitución y las normas que rigen la función pública, éstas garantizan el interés público, los derechos del proponente, limitan las prerrogativas públicas y evitan que la discrecionalidad de las decisiones administrativas se convierta en arbitrariedad lo que resulta contraproducente a la promoción de la inversión privada. En este sentido se analizan los diversos tipos de control aplicables a las actuaciones administrativas que son parte de este procedimiento, que en el caso de contener elementos discrecionales adquieren una particular importancia e intensidad.Ítem Texto completo enlazado Criterios para la calificación técnico - legal de los eventos de fuerza mayor durante la construcción de los sistemas de transporte de gas por ductos(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-11-13) Moreno Azaña, Raquel Lizet; Tassano Velaochaga, Hebert EduardoLa presente investigación tiene como objeto analizar la metodología aplicada por la Dirección General de Hidrocarburos para la calificación de los eventos de fuerza mayor durante la ejecución de las obras de los proyectos de expansión en los Sistemas de Transporte de Gas Natural por Ductos, la cual consideramos que es de vital importancia examinarlo desde los aspectos de la teoría económica, ambiental, comercial y sancionadora. En dicho escenario, analizaremos la lógica normativa y las consecuencias tanto las Partes y su relación con otros ámbitos para lograr una declaración debidamente motivada y eficiente. En ese contexto, responderemos los siguientes cuestionamientos ¿Cómo funciona el procedimiento actual de calificación técnico legal actual de los eventos de fuerza realizada por la Dirección General de Hidrocarburos?, ¿cuáles son los principios aplicados en los procedimientos administrativos a cargo de la Dirección General de Hidrocarburos?, ¿Existe algún riesgo en la forma de calificación actual de los eventos de fuerza mayor para las Partes?, ¿Es necesario la elaboración de criterios metodológicos para un mejor pronunciamiento de las calificaciones actuales de estos eventos de fuerza mayor? Como conclusión final, consideramos que el principio de proporcionalidad no sólo debe ser analizado para imponer y graduar las sanciones administrativas sino también para otorgar los días efectivos de paralización (impacto directo de un evento de fuerza mayor) sino también si existió o no impactos indirectos, es decir días perdidos producto de los días ya paralizados, lo cual hace que haya una demora aunada, ya sea por temas climáticos, sociales, políticos, comerciales o económicos, entre otros, luego de realizado un hecho, lo cual podría conllevar a un incumplimiento o ejecución tardía de una obligación.Ítem Texto completo enlazado Limitantes en la gestión de servicios de saneamiento en el ámbito rural como oportunidad de participación de la empresa privada(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-05-02) Almeyda Muñoz, Martín Ernesto; Tassano Velaochaga, Hebert EduardoEl acceso irrestricto al agua potable es un derecho fundamental de todas las personas, el acoplamiento del servicio de abastecimiento de agua de manera continua y saneamiento higiénico es esencial para vida y los derechos humanos. Sin embargo, el suministro de agua potable en términos de calidad, continuidad y cobertura, sigue manteniéndose como un reto en diferentes partes del mundo y Perú no es la excepción. En ese sentido, el Gobierno Peruano a través de la ejecución del Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 ha establecido metas ambiciosas para cerrar la brecha de infraestructura en saneamiento estimando lograr el acceso al servicio de agua potable para el 100% de la población urbana en el año 2021 y para el 100% de la población rural para el año 2030, mediante la ejecución de proyectos de inversión pública en saneamiento. Sin embargo, todo este esfuerzo no es suficiente para poder asegurar la continuidad de la prestación del servicio, si no se cuenta con un adecuado proceso de monitoreo, operación y mantenimiento de las obras culminadas, generando un nuevo problema por el deterioro e inadecuada operación de la infraestructura entregada. Algunas de las causas son la limitada capacidad de los gobiernos locales, los operadores del ámbito rural para la gestión de saneamiento, las inversiones insuficientes y un marco legal que no incentiva la participación de las empresas privadas en el ámbito rural. En relación a lo señalado, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la normativa vigente en el ámbito de agua y saneamiento rural, con el fin de determinar si esta es adecuada para asegurar la administración de estos servicios de saneamiento y la posibilidad de intervención del sector privado, para así poder proponer alternativas o propuestas que permitan mejorarla y lograr una adecuada gestión de los servicios.