(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) Lizárraga Vera-Portocarrero, Anthony
Las empresas cuando se encuentran en estados de insolvencia, pueden llegar a realizar actos de disposición de sus bienes que a la larga podrían tener consecuencias contrarias a los intereses de sus acreedores. Es así como el Sistema Concursal se presenta como una herramienta que pretende la protección de dichos intereses, mediante la declaración de ineficacia de dichos actos realizados. En el presente artículo, el autor realiza un examen a dos jurisprudencias, uno en sede judicial y el otro en sede administrativa, sobre el procedimiento concursal llevado a cabo a una empresa, dentro de los cuáles resaltan ciertas peculiaridades que son objeto de análisis y crítica.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) Guzmán Napurí, Christian
A través del presente artículo el autor señala que al realizar la Administración Pública actos que recaen y surten sus efectos sobre los administrados es necesario que dichos actos, que son denominados actos administrativos, sean controlados a través de algún mecanismo de control; por lo que, las actuaciones de la Administración pueden resultar ser impugnables, asegurando de tal forma el comportamiento adecuado de la Administración. Finalmente, para lograr este control es necesario que exista una amplia gama de actuaciones administrativas susceptibles de revisión a través de dicho mecanismo. En dicho ámbito se incluyen no solo declaraciones, sino también omisiones y comportamientos materiales.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) Lazarte Villanueva, Patricia
La ejecución de la sentencia es uno de los problemas más importantes de la jurisdicción Contencioso Administrativa, por ello al revisar la jurisprudencia sobre materia pensionaria, encontraremos que al declararse fundada una demanda, el juez no solo procede a declarar la nulidad o la ineficacia del acto administrativo, sino que además con la entrada en vigencia de la Ley N° 27584, el juez también declara el reconocimiento del derecho vulnerado (como es el reconocimiento de años de aportación, el otorgamiento de la pensión, el pago de los devengados y los respectivos intereses), ordenando a la Administración Pública que proceda arealizar la liquidación respectiva y efectúe el pago (obligación de dar).
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) Palacios Pareja, Enrique A.; García Godos Goicochea, María Soledad
Los autores tienen como propósito analizar el Proceso de Revisión Judicial de Legalidad del Procedimiento de Ejecución Coactiva, para lo cual realizan un análisis normativo de ciertas instituciones contenidas en artículos referentes a dicho proceso, como son los artículos 194º de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; el artículo 22º, 23º de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva; así como diversos artículos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo; es así que llegan a la conclusión de que el mismo es ante todo un mecanismo que tiene dos finalidades: la principal es determinar si es que el proceso de ejecución coactiva ha sido iniciado y tramitado respetando las disposiciones previstas por la LPEC (Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva); y una finalidad accesoria que es la determinación de responsabilidad civil para quien haya infringido tales disposiciones (tanto para la entidad como para el funcionario).
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) Vignolo Cueva, Orlando
El presente artículo busca brindarnos un alcance de lo que debemos entender por los Servicios Públicos Asistenciales Sanitarios, que en principio debe saberse su realización forma parte fundamental del derecho a la salud. Asimismo, para tener un adecuado entendimiento sobre dicho concepto debe tenerse en cuenta que es una actividad prestacional que brinda el Estado y que es realizada bajo ciertas técnicas que se rigen bajo la legislación sobre dicha materia, sin embargo debe tenerse en cuenta que si bien es el Estado encargado de brindar este servicio no, necesariamente, debe hacerlo por su propia cuenta, pudiendo de tal forma dejar que los privados brinden dichos servicios, logrando así mayor una competencia entre quienes puedan brindar dicho servicio, lo que los impulsará a brindar el servicio de la mejor forma. No obstante, a pesar que ello es lo óptimo no siempre se da de dicha manera, por ello el Estado debe de forma permanente vigilar la adecuada prestación de dicho servicio que forma parte de sus actividades.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) Vegas Guerrero, Carmen
El presente artículo tiene por objetivo develar los múltiples problemas existentes relacionados al requisito exigido para poder recurrir al Proceso Contencioso Administrativo, es decir, el agotamiento de la vía administrativa. Para ello, la autora describe las múltiples posiciones doctrinarias a favor y en contra de dicho requisito, la posición que nuestros legisladores han tomado al respecto, teniendo en consideración diversas leyes e informes elaborados con relación a dicho tema, para terminar describiendo los problemas que se suscitan al exigir dicho requisito en el ámbito de los derechos de los administrados, los problemas que surgen dentro de la Administración y las posibles acciones a tomar para resolver la situación de disparidad entre administrados y Administración.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) Scapa Passalacqua, Daphne
Desde el año 1911, cuando en Perú se dio la primera Ley sobre Accidentes de Trabajo, a la fecha, nuestra legislación en materia de seguridad y salud ocupacional esta en constante cambio y evolución a fin de alcanzar una protección eficaz de la salud y bienestar de los trabajadores y una cultura de prevención de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Esta preocupación no es gratuita, en el año 2010 en nuestro país, solo en el sector minero, se produjeron 208, 303 incidentes y 66 accidentes mortales,lo cual repercute tanto en el ámbito laboral como en la salud pública y viene generando un costo social y económico que amerita ser atendido.En este contexto, el 20 de agosto de 2011 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo la misma que entra a regir dentro de nuestro ordenamiento jurídico a partir del día siguiente de la fecha de su publicación, remplazando tácitamente, a su predecesora contenida en el Decreto Supremo Nº 009-2005-TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante el Reglamento de SST).
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) Quispe Salsavilca, David Percy
El presente artículo consiste en el análisis de la tutela cautelar dentro del Proceso Contencioso Administrativo. A propósito de un caso en particular del año 2005, a partir del cual se desprenden dos formas de aplicar la concesión de medidas cautelares, siguiendo una interpretación activista o abstenida. Asimismo, para un mejor entendimiento de la tutela cautelar nos explica los requisitos para que se otorgue una medida cautelar (peligro en la demora, verosimilitud y adecuación) y las formas en las que pueden afectar la otorgación de medidas cautelar es ya sea a través de medidas de innovar o de no innovar. Finalmente, el autor señala a las interpretaciones bajo lascuales vienen siendo concedidas o aplicadas las medidas cautelares.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) Jiménez Alemán, José Alonzo
El abuso en el ejercicio de las potestades normativas de los Gobiernos Locales es una práctica constante en estos niveles de gobierno, la cual se origina a partir de una mal entendida “autonomía municipal”. Precisamente el INDECOPI, a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, es una de las entidades encargadas de velar por coherencia del ordenamiento jurídico, lo cual logra a través de la concretización de sus competencias que involucran la inaplicación de los actos o disposiciones de la Administración Pública que contengan vicios de legalidad o irracionalidad, con el propósito de inaplicarlas al caso en concreto.En razón de ello, en el presente artículo analizaremos una situación bastante frecuente en los Gobiernos Locales, consistente en mantener las disposiciones administrativas declaradas ilegales e irracionales por parte de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, a través de la emisión de Ordenanzas bajo los mismos alcances y efectos. Ante ello, planteamos una herramienta procedimental para combatir este tipo de conductas, a través de la aplicación del derecho fundamental de todo administrado a una tutela efectiva.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) Ariano Deho, Eugenia
El siguiente artículo tiene como tema de estudio el análisis del artículo 42º de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, Ley N° 27584. Dicho artículo regula, a consideración de la autora, una de las modalidades para concluir un proceso, que es la “sustracción de materia”. Para iniciar dicho análisis la autora parte de la definición de sustracción de materia, las consecuencias de su declaración, así como también realiza una comparación del mismo tema en la vía civil, es decir, la regulación y alcances que le da nuestro CPC. Finalmente, realiza una comparación sobre el tratamiento de esta figura jurídica en las jurisdicciones italiana, española y alemana. Lo que nos ayudará a entender mejor cual debe ser el tratamiento que se le debe dar a esta figura para su correcta aplicación y consecuencias jurídicas que devengan de tal declaración.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) Parejo Alfonso, Luciano
El autor analiza la importancia del Proceso Contencioso Administrativo, a partir de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de diciembre de 1956, en donde resalta la confusión que se presenta entre la administración y el Estado, así como el amplio ámbito en el que estos se desarrollan. Por otro lado, planteará una solución a partir de la vigente Ley N° 29 promulgada el 13 de julio de 1998, que regula la jurisdicción Contenciosa Administrativa a través de la aceptación de la distinción y separación entre el Gobierno y la Administración; finalmente, nos señala la diferenciación entre el acto gubernamental y el acto administrativo.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) Boyer Carrera, Janeyri
El siguiente artículo tiene como tema central el análisis de los diversos criterios jurisprudenciales que ha utilizado el Tribunal Constitucional acerca del principio non bis in idem. En un primer momento, el artículo plantea cuál es la concepción general que se tiene sobre el principio non bis in idem para posteriormente, analizar específicamente como se configura en nuestro ordenamiento jurídico. Acto seguido, se continua con el tratamiento que le brinda la jurisprudencia del Alto Tribunal en relación al principio de cosa juzgada y al principio de legalidad, reconocidos constitucionalmente como bases del Estado Constitucional de Derecho. Finalmente, se revisa lasdos vertientes utilizadas por la jurisprudencia: la vertiente material y la vertiente procesal.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) Gómez Tomillo, Manuel
El autor del presente artículo plantea un análisis desde el punto de vista penal y constitucional sobre la indefensión que pueden sufrir los imputados de una infracción en el procedimiento administrativo sancionador. En ese sentido, realiza un análisis del derecho a ser informado de la acusación, componente del derecho a la defensa. El autor manifiesta que la indefensión del imputado se puede dar a lo largo del proceso proponiendo para evitar esto que se opte en el procedimiento sancionador por una inalterabilidad de los hechos, inalterabilidad de la calificación jurídica y la inalterabilidad de la sanción a imponer. Las propuestas del autor tienen por finalidad establecer un proceso justo tanto para la Administración como para el particular, y es por eso que realiza un análisis paralelo con el procedimiento penal del cual es especialista.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) Baca Oneto, Víctor Sebastián
En el presente artículo el autor, tomando en consideración la “Sentencia Callegari” del Tribunal Constitucional, realiza un análisis sobre el concepto de discrecionalidad que se encuentra en el quehacer de la administración. Pero no solo ello sino que además revisa este concepto tanto a la luz de las facultades del legislador como del juez. Teniendo en cuenta la relación que tiene la idea de discrecionalidad con los conceptos jurídicos indeterminados, la arbitrariedad, la falta demotivación e incluso la discrecionalidad política.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) Martin Tirado, Richard J.
El presente artículo trata sobre un tema que resulta poco usual, pero que suele darse como mecanismo de solución alternativo de conflictos y así no acudir al Procedimiento Contencioso Administrativo. Dicho mecanismo es el Arbitraje, el cual le brinda la posibilidad al Estado de resolver su controversia frente al administrado en la vía arbitral, en lugar de tener que acudir extenso y tedioso Procedimiento Contencioso Administrativo. El autor señala que el escenario de las nuevas tendencias del Arbitraje Administrativo ha pasado a ocupar un lugar preponderante en el ordenamiento jurídico y no resulta ajeno a ninguna clase de operador del sistema. Finalmente, debe tenerse presente que el propósito del presente artículo, es plantear una serie de temas eje en relación al rol que ocupa el Estado en materia arbitral y particularmente poner énfasis en los problemas que se vienen presentando en el desarrollo de los procesos arbitrales, en aquellos supuestos de extensión del convenio arbitral a partes no signatarias y en la intervención de terceros.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) Navarrete Delgado, Cinthya Rosario
La iniciativa social denominada Pro Bono debe ser entendida bajo dos aspectos, su carácter voluntario y su desarrollo sin fines de lucro la cual no involucra per sé una labor gratuita. En tal sentido, surge el “cobro de precios reducidos”, como una modalidad a través de la cual es posible su desarrollo. En el presente artículo la autora analiza la concepción y los objetivos de Pro Bono haciendo énfasis en la modalidad mediante la cual se cobra una tarifa social o precio reducido. Donde encontramos a los Estudios Jurídicos, como uno de los actores legales responsables en el desarrollo de dicha iniciativa.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) Vargas Soto, Sheilah
En el presente artículo, se analizan las figuras jurídicas procesales tales como: las partes procesales, la legitimidad para obrar, el litisconsorcio y la intervención de terceros; para posteriormente, explicar cuáles son las formas mediante las cuales se debe dar la intervención de terceros en el Proceso Contencioso Administrativo.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) Valverde Gonzáles, Manuel Enrique
A través del presente artículo se hace un análisis sobre el control de la discrecionalidad administrativa por parte de los órganos jurisdiccionales y hasta dónde es posible que ese control se pueda dar, considerando las facultades de la que gozan tanto la Administración como el Poder Judicial. En ese sentido, se pasa a estudiar, en primer lugar, lo que se entiende por Discrecionalidad frente a otras instituciones como los conceptos jurídicos indeterminados y la motivación de las decisiones administrativas que se realizan como ejercicio de esa discrecionalidad. Seguidamente, se pasa a analizar lo referente al control judicial de los actos administrativos y en especial a problematizar sobre los alcances de ese control dentro del marco de la denominada Plena Jurisdicción.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) Cordón Moreno, Faustino
La efectividad del Principio de Plenitud del Control Judicial de la Administración ha sido limitada por exclusión expresa legal: de las pretensiones ejercitables en el proceso, de la potestad jurisdiccional declarativa y ejecutiva, y la regulación de la legitimación. Con la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA/1998) desaparecen los dos primeros límites manteniéndose el de la legitimación. La Ley 29/1998 reconoce los supuestos de legitimación individual o corporativa, pero no toma en consideración el interés público para su ejercicio en un proceso previo al del recurso de amparo constitucional, frente a actos de poderes públicos lesivos de derechos fundamentales. La ausencia de la tutela del interés público en vía contenciosa-administrativa será materia de análisis en el presente artículo.
