DE LAS OBLIGACIONES
EN GENERAL

COLOQUIO DE IUSPRIVATISTAS DE ROMA Y AMÉRICA 
CUARTA REUNIÓN DE TRABAJO

RÓMULO MORALES HERVIAS / GIOVANNI F. PRIORI POSADA
Editores



De las obligaciones en general
Coloquio de iusprivatistas de Roma y América
Cuarta reunión de trabajo
Rómulo Morales Hervias y Giovanni F. Priori Posada, editores 

© Rómulo Morales Hervias y Giovanni F. Priori Posada, editores, 2012

De esta edición:
© Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012
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Primera edición: diciembre de 2012
Tiraje: 500 ejemplares 

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sin permiso expreso de los editores.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2012-15834
ISBN: 978-612-4146-24-4
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LA TUTELA DEL CRÉDITO

Édgar Cortés 
Universidad Externado de Colombia

1. Propuesta de artículos

§ Sección. De la protección del crédito y su garantía patrimonial

Artículo 1. De la garantía general. Toda obligación da al acreedor el derecho de 
perseguir los bienes presentes y futuros del deudor. El acreedor podrá pedir que 
se tomen todas las medidas necesarias para conservar o recuperar esta garantía.

Artículo 2. Ineficacia de los actos defraudatorios del deudor. Los acreedores, 
individual o colectivamente, o el representante de la masa habilitado al efecto, 
podrán pedir que se declaren ineficaces los actos celebrados por el deudor en 
fraude de sus derechos, siempre que, tratándose de un acto a título oneroso, 
demuestren la mala fe, tanto del otorgante como del adquirente; esto es, que 
conocían ambos el mal estado de los negocios del primero.
Si se trata de un acto a título gratuito bastará probar la mala fe del deudor.
Obtenida la declaración de ineficacia, el acreedor podrá promover contra los 
terceros adquirentes las acciones ejecutivas o conservativas sobre los bienes 
objeto del acto impugnado.
La declaración de ineficacia del acto no perjudica los derechos adquiridos a 
título oneroso por los terceros subadquirentes de buena fe.

Artículo 3. De la acción subrogatoria. El acreedor, ante la inercia injustificada 
de su deudor que le cause perjuicio, podrá ejercer los derechos y acciones de 
este, con excepción de aquellos que sean inherentes a la persona.
El acreedor o los acreedores que hayan intentado o coadyuvado la acción serán 
preferidos sobre los restantes en la ejecución sobre los bienes que ingresen al 
patrimonio del deudor.



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La tutela del crédito

Artículo 4. De la acción directa. El acreedor podrá pedir el pago al deudor del 
deudor dentro del límite de ambas acreencias, con la condición de que se trate de 
obligaciones (conexas) de pagar sumas de dinero y que sean líquidas y exigibles.

Artículo 5. De la acción de simulación. La declaración privada de los contratan-
tes disconforme con lo convenido públicamente entre ellos podrá hacerse valer 
por cualquiera de ellos, pero no producirá efectos contra terceros adquirentes 
de buena fe a título oneroso.
Los terceros podrán pedir la declaración de simulación en la medida en que la 
declaración simulada afecte sus intereses.
En caso de conflicto entre terceros serán preferidos aquellos de buena fe que 
hagan presente la declaración pública.

2. Explicación de la propuesta

El deudor, por serlo, no se ve privado de la administración de sus bienes, pero, 
sin duda, al acreedor le interesa que el patrimonio del aquel se conserve íntegro 
o suficiente, pues ese patrimonio constituye la prenda o garantía genérica de su 
derecho que se hará efectiva, eventualmente, en caso de ser necesaria la acción 
ejecutiva por incumplimiento. Por eso es importante la atención que debe prestar 
el ordenamiento a la consistencia del patrimonio del deudor, ya que con él se 
asegura el derecho del acreedor y la seguridad del tráfico.

Resulta oportuno aclarar que aquí se trata de la garantía patrimonial que se 
sigue al incumplimiento, esto es, una vez agotada, allí donde es procedente, la 
posibilidad de pedir la ejecución in natura de la prestación. Es decir, frente al 
incumplimiento, el acreedor deberá poder contar con los mecanismos e instru-
mentos que le permitan, en la mayor medida posible y según sus conveniencias, 
la satisfacción de su crédito, pero tales dispositivos deberán regularse en la sección 
relativa al incumplimiento o quizá en la de la clasificación de las obligaciones 
(dar, hacer, no hacer). Las normas que aquí se plantean tienen como principal 
fundamento, como se dijo, mantener la consistencia del patrimonio del deudor 
para que sirva, en caso de ser necesario, de prenda general de sus obligaciones. 

Varios son los mecanismos que se consagran con este propósito, pero son 
de tan variada índole y naturaleza que resulta difícil agruparlos bajo una misma 
categoría. Con todo, si se piensa que la protección del acreedor parte del estado 
del patrimonio del deudor que hace de prenda general, resulta posible dar una 
primera respuesta de sistematización teniendo en cuenta las medidas que los acree-
dores pueden pedir para que ese patrimonio sea protegido frente a las maniobras 
distractoras del deudor. En este sentido, los mecanismos más característicos de 
protección o conservación del patrimonio del deudor son: a) la acción pauliana, 



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Édgar Cortés

llamada también acción revocatoria que, a pesar de esta última denominación, 
busca hacer ineficaz (inoponible), frente al acreedor, el acto atacado y no revocarlo; 
b) la acción oblicua o subrogatoria, concedida frente a la inercia del deudor que 
perjudica a sus acreedores; c) la acción directa, que pretende hacer más expedito 
el cobro de créditos, y d) la acción de simulación, que si bien presenta un alcance 
más amplio que la sola reintegración del patrimonio del deudor, al parecer es en 
esa función en la que encuentra su aplicación más frecuente y su mayor sentido. 
Otros mecanismos de protección no serán tenidos en cuenta sin que ello quiera 
decir que se descarten; quizá encuentren mejor acomodo dentro de la regulación 
de otras materias o justifiquen aquí su presencia luego de la discusión que surja 
de esta propuesta.

Ante todo, cabe señalar que a pesar de que se afirme en la doctrina el hecho de 
que estas acciones son poco usadas, se cree conveniente regularlas, pues constituyen 
una señal fuerte del ordenamiento para la seriedad de las relaciones obligatorias. 
Además, al estar consagradas, se refuerza su poder preventivo que invita a los deu-
dores a abstenerse de realizar ciertos actos u omisiones por los que luego podrían 
ser demandados judicialmente. De este modo, se propone una regla general que 
afirme que el patrimonio del deudor es prenda general de los acreedores, no solo 
para ratificar tal norma, sino más bien para indicar el espectro y el sentido de las 
disposiciones que siguen, que son las referidas a las cuatro acciones mencionadas 
que también se regulan, de manera general, y sin entrar en el detalle de su proce-
dimiento, pues deberá bastar tal regla para guiar la interpretación de cuestiones 
no reguladas específicamente. Por lo demás, salvo unos pocos Códigos Civiles 
(en adelante CC) que dedican varias normas a la regulación, ella es las más de las 
veces breve y esencial1. 

Se creyó útil poner títulos a la sección y a los artículos para facilitar la búsqueda 
de los diferentes temas, por su carácter pedagógico y por ser guía de interpretación 
del contenido. 

La opción adoptada es la de incluir estas normas dentro del tema de la pro-
tección del crédito, antes que incluirla en una parte general del acto jurídico o 
dentro del efecto de las convenciones frente a terceros, pues se insiste en que la 
verdadera utilidad de las figuras es de protección a terceros y, en particular, a 
terceros acreedores, por lo que se prefiere esa ubicación. Por lo demás, se trata de 
una parte general de un Código de Obligaciones.

1	 Se deberá discutir en el Grupo si lo relativo a la prescripción o a la caducidad de las acciones 
irá en un apartado especial o se regulará en cada una de las acciones propuestas. De ser así bastará 
agregar el término correspondiente. A su turno, el tema de la prelación de créditos o de los créditos 
privilegiados no parece tener cabida aquí por tratarse de un tema de política legislativa que encuentra 
respuesta particular en cada ordenamiento.



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La tutela del crédito

1. 	 La sección tiene por título De la protección del crédito y su garantía patrimonial 
y estará encabezada por la norma general referida a la garantía genérica, según 
la redacción tradicional contenida en algunos CC, a la que se le agregará una 
enunciación general (a la manera del de Quebec), en el sentido de permitir al 
acreedor cualquier medida útil para proteger la garantía del crédito y dejar así 
a la doctrina y a la jurisprudencia la identificación de otros medios al efecto. 
Entre paréntesis se hace presente la excepción de que no se incluyen dentro de 
la garantía los bienes inembargables, cosa que resulta obvia, pero que se puede 
incluir para mayor seguridad y para demostrar también el carácter protectivo 
de la esfera personal del deudor. Se deja este punto para la discusión.

2. 	 En la norma de la acción pauliana o revocatoria, que se prefiere llamar ineficacia 
de los actos defraudatorios del deudor, se regula universalmente la acción revo-
catoria por fraude, de modo de que pueda ejercerse singular o colectivamente 
por los acreedores, aun en el caso de representante de la masa habilitado al 
efecto, y abarcar, además, genéricamente todos los actos de distracción. Se 
establece que el efecto de su prosperidad es la ineficacia del acto fraudulento 
frente al acreedor demandante, imponiéndole la prueba del consilium fraudis 
si se trata de un acto oneroso, para lo cual se adopta la definición de mala 
fe que a propósito de esta acción trae Bello, lo que de paso evita entrar en la 
discusión del estado de insolvencia del deudor para la procedencia de la acción. 
Se aclara que tratándose de acto gratuito se exige solo la mala fe del deudor.

	 Se menciona, a continuación, la consecuencia de la declaratoria de ineficacia 
y, en fin, se deja a salvo al tercero adquirente de buena fe que no podrá ser 
alcanzado por tal declaratoria.

	 Ya explícita, ya tácitamente se incluyen todos los requisitos que exige la doctrina 
comparada para la procedencia de la figura y se mencionan los aspectos y las 
pautas generales como punto de apoyo firme para su desarrollo doctrinal y 
jurisprudencial.

	 No se menciona, por tener una solución clara en doctrina, si la obligación 
puede estar sujeta a plazo o condición, o si el crédito debe ser anterior al acto 
fraudulento.

3. 	 La acción oblicua se presenta como lo hacen los CC, esto es, de forma escueta 
para dejar su desarrollo a la doctrina. Por eso se menciona la definición en  
la que se incluyen los requisitos aceptados por la doctrina: la inercia injustifi-
cada y el perjuicio que ella causa al acreedor, además del carácter patrimonial 
del derecho en el que este se subroga.
Además, se creyó oportuno incluir, tal como lo hacen las propuestas en curso 
para reforma del CC francés, el beneficio para el deudor que intenta la acción 



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Édgar Cortés

de ser pagado preferentemente con lo recaudado con la acción, en aras de 
incentivar el uso de la misma. En suma, no parece conveniente que se exija un 
permiso al juez para intentar la acción oblicua por la dilación que eso comporta.

4. 	 Se regulará la acción directa como regla general dentro de los términos en que 
está redactado el artículo, lo que representa una novedad en la propuesta (el 
proyecto Catala trae una norma a propósito), pues se incluye un mecanismo 
de gran utilidad y expedito en las relaciones obligatorias. Solo resta por defi-
nir en el articulado si las obligaciones deben ser conexas para que prospere 
la acción. La propuesta sin duda es novedosa y, por ende, saca a la luz una 
serie de problemas que se presentarían con el alcance general que se pretende 
dar a la figura, cuestiones que quizá se deban dejar al trabajo tranquilo de 
la jurisprudencia y la doctrina, pero que no pueden dejar de mencionarse2: 
¿Cuál sería la relación entre los varios acreedores del deudor y los acreedores 
del deudor del deudor?3; ¿sería necesariamente una acción judicial?, ¿no sería 
mejor evitarla y permitir eventualmente una pretensión extrajudicial?

5. 	 Sobre la simulación se pensó enunciar la regla general que declara ineficaces 
las contraescrituras frente a terceros, sin definir lo que es la simulación, ni sus 
clases, ni los eventos en que se puede presentar, por ser más un trabajo de la 
doctrina. Tampoco se incluyó el tema de la prueba de la simulación por tratarse 
de un asunto procesal.

Al igual que con la acción oblicua, las normas recientes sobre la simulación 
son breves y concisas (es significativo que las propuestas de reforma al CC francés 
mantengan, más o menos, la misma redacción original), quizá porque la teoría en 
buena medida está decantada y, en aquello que no lo está, se requiere un trabajo 
pausado y reflexivo de jurisprudencia y doctrina. 

En la simulación, la cuestión está en saber qué acto prevalece, ya entre las 
partes, ya frente a los terceros. Y aunque el debate ha ocupado de tiempo atrás y 
ampliamente a la doctrina, la opinión hoy es casi generalizada en los siguientes 
términos que es como se regula en la propuesta.

Respecto de las partes, es opinión prevaleciente que entre ellas prima el acto 
disimulado, a condición de que sea válido, pues tal acto es el que contiene su 
voluntad real.

2	 Estas cuestiones fueron planteadas, gentilmente, por Enrico del Prato presente en la sesión de 
discusión del articulado.
3	 Afirma Del Prato que se podría pensar que quien primero ejerce la acción directa prevalecería 
sobre los otros, lo que en su opinión sería discutible pues crearía un privilegio cuyo fundamento 
jurídico sería la prioridad de la iniciativa.



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La tutela del crédito

Respecto de terceros, en principio, prevalece el acto simulado; pero los terce-
ros podrán hacer valer el acto oculto, si así lo quieren y lo conocen, y, entonces, 
probada la simulación respecto de ellos, valdrá el acto oculto y se descartará el 
ostensible. Si hay terceros a quienes interese mantener el acto ostensible y otros 
que prefieran mantener el disimulado, se debe dar prevalencia al acto ostensible, 
en aras de proteger a los terceros de buena fe que creyeron en la seriedad del acto 
que era solo simulado.

No se regula de manera específica lo relativo a la llamada simulación absoluta, en 
cuanto en ella, en verdad, también hay un acto oculto que es el pacto de confianza, 
el cual hace entender que lo declarado no es, de ninguna manera, lo querido por 
las partes, sino que lo querido es lo oculto. Y lo mismo ocurre cuando se simula 
vender un inmueble sin que en realidad haya entre las partes ni intención de 
enajenar por un lado, ni de adquirir por el otro, en modo tal que detrás de ese 
acuerdo simulado está la obligación de quien aparentemente adquirió la restitución 
del bien. De esta forma, el tratamiento que se le debe dar a la simulación absoluta 
es idéntico al de la llamada simulación relativa, con lo que, además, se evita tener 
que extender la nulidad absoluta a figuras que en el ordenamiento pueden poseer 
otra solución menos drástica.

3. Fundamentos

Si bien la obligación es una relación de cooperación (Betti, 1953) en la que cada 
una de las partes debe asumir un comportamiento acorde con el contenido de 
su respectiva posición (Breccia, 2003, p. 429), lo cierto es que la finalidad de la 
relación obligatoria es la satisfacción del interés del acreedor (Hinestrosa, 2007b; 
Larenz, 1958).

Llamado a satisfacer tal interés es el deudor, del que se confía se comporte 
según el compromiso asumido, y esa corrección que se espera de él y que se mira, 
sin duda, como una primera forma de seguridad del crédito, y por supuesto del 
tráfico jurídico, se completa principalmente, y como es obvio, con la atención 
que el acreedor presta al patrimonio, presente y futuro del deudor como prenda 
efectiva de su derecho4, el cual, como cualquier otro, goza de protección por parte 
del ordenamiento.

4	 «[...] lo cierto es que el acreedor, si bien no puede descuidar la consideración de la honorabilidad, 
buena fe y antecedentes de su deudor actual o potencial, factores estos definitivos en la vida de los 
negocios, lo que en fin de cuentas contempla como respaldo de su pretensión son los haberes presentes 
y futuros del obligado y el producto de su fuerza de trabajo (cfr. artículo 2488 CC)» (Hinestrosa, 
2007a, p. 67). Cfr. Biscontini: el crédito se mueve, por un lado, en la fe que se tiene en el deudor 
y, por el otro, en las garantías que se tengan. A la confianza que se tiene en el deudor es coesencial 
la noción de medio de seguridad (1995, p. 13).



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Édgar Cortés

Valga decir aquí que, no obstante el acreedor goce de una posición de ventaja sobre 
el deudor, en virtud de la cual puede exigirle que se comporte de una determinada 
manera (Breccia, 1991, p. 16, con evocación de Savigny), esa prerrogativa, en caso 
de que el deudor no actúe debidamente, podrá traducirse solo en actos sobre el 
patrimonio del deudor y no en actos sobre su persona o la esfera de sus derechos 
personalísimos5. Concepciones ya superadas de sujeción del deudor con respecto 
al acreedor reaparecen de las más variadas formas, y la protección que brinda 
el ordenamiento al derecho de crédito debe estar atenta a tales desviaciones. A 
este propósito no sobra recordar que dentro de los caracteres esenciales de la 
prestación se dice que ella debe tener un contenido patrimonial (Hinestrosa, 2007a,  
pp. 291 y ss.), y ese carácter, fundamental para comprender la relación obligatoria, 
se debe tener, también y sobre todo, como límite a cualquier intento del acreedor 
de pretender más que la sola persecución de los bienes del deudor6.

La satisfacción del acreedor extingue la relación y libera al deudor; su insa-
tisfacción, por el contrario, dará al primero la posibilidad de iniciar las acciones 
consagradas para proteger su derecho vulnerado (Mélich Orsini, 2007), y más allá 
de que el acreedor burlado pueda pedir en la mayoría de los ordenamientos la 
ejecución in natura de la prestación, lo cierto es que universalmente se le otorga la 
posibilidad de demandar el subrogado pecuniario, más la indemnización de perjui-
cios, con la posibilidad, entonces, de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial 
del deudor que le permite, en última instancia, perseguir sus bienes y pagarse con 
ellos o con el producto de su remate (Hinestrosa, 2007b, p. 182).

Así, frente a la desilusión de las expectativas del acreedor, cada ordenamiento 
reacciona con diferentes mecanismos para protegerlo, pero, en verdad, incluso 
antes de que su expectativa venga defraudada por el deudor, el derecho ofrece 
una tutela para que, llegado el caso del incumplimiento, la garantía patrimonial 
que sirve de respaldo al acreedor sea suficiente para garantizar la satisfacción 
coactiva del crédito. De tal forma que, así como desde el momento en que nace 
la obligación surgen el débito y la responsabilidad que pesan sobre el deudor, 

5	 Afirma Nicolau: «Reconocemos que la protección del derecho de crédito es un tema central pero 
consideramos que junto a ella debe ubicarse, en el mismo sitial, la tutela del deudor. Esta tensa 
relación suele plantearse de manera antagónica, como “deudor versus crédito” o “crédito versus 
deudor”, cuando debería analizarse como “la tutela del crédito y la tutela del deudor” o, mejor aun, 
“tutela del crédito y tutela del débil jurídico en la relación obligacional”» (2011).
6	 Dice Schipani: «Desde aquí una labor constante para que el vínculo obligatorio no retorne a aquel 
nexum, a aquel addictus respecto al cual se ha afirmado como tutor de la libertad de los hombres 
entre los cuales se instaura: la patrimonialidad del interés y de la responsabilidad se configuran 
como un carácter, y también como un límite (cosa que debemos todavía profundizar ampliamente 
en relación con la incidencia que puede y debe tener —en algunas circunstancias— la tutela de los 
derechos fundamentales de la persona respecto a la —también fundada— exigencia de satisfacción 
del crédito)» (2011). 



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La tutela del crédito

también desde ese momento la pretensión del acreedor está acompañada «de una 
tutela de naturaleza cautelar que le permite reaccionar contra comportamientos 
o iniciativas del deudor capaces de poner en peligro la probabilidad de éxito de la 
acción ejecutiva» (Breccia, 2003, p. 449).

En otras palabras, si el patrimonio del deudor es la garantía general de sus 
obligaciones, resulta lógico que se procure mantenerlo íntegro. Bien podría el 
deudor destruir o disponer de sus bienes o no reclamar los que le corresponden, 
en modo tal de hacer inane la ejecución por parte del acreedor, de tal forma que a 
este se le permite actuar para evitar que venga a menos la garantía que justamente 
ese patrimonio constituye (Breccia, 2003, p. 449; Mélich Orsini, 2007, p. 215).

4. Las figuras que tutelan el crédito

Varias son las figuras que se consagran en el derecho comparado como formas de 
protección del crédito, de tan variada índole y naturaleza que resulta difícil una sis-
tematización: por ejemplo, y por mencionar solo algunas, se permite a los acreedores 
que se separen los bienes del causante, deudor, de los bienes de los herederos en 
seguridad de sus créditos7; se permite, también, la impugnación por los acreedores 
de la renuncia de la herencia hecha por el heredero deudor8; es posible que los 
acreedores opongan la prescripción no hecha valer por el deudor9; se permite pedir 
providencias conservatorias en caso de muerte del deudor o, incluso, se permite 
la posibilidad de exigir anticipadamente el cumplimiento si el deudor se halla en 
notoria insolvencia o si las cauciones prestadas por este para seguridad del crédito 
han disminuido, por su culpa, considerablemente10; se autoriza, en algunos casos, el 
derecho de retención para permitir a quien tiene una cosa ajena retenerla mientras 
no se le pague lo que se le debe en razón de esa misma cosa11. Hay, asimismo, me-
didas procesales, como la inscripción de la demanda o de la litis para condicionar  

7	 Por ejemplo, el de Paraguay, artículos 2485 y ss: «Los acreedores personales del difunto, cuando 
se ven amenazados por la confusión con la difícil situación patrimonial del heredero, además de la 
tutela de que gozan de reflejo por la eventual aceptación con beneficio de inventario, encuentran 
un remedio más directo y seguro en la petición de separación de los bienes del difunto de los del 
heredero». Así también, Trabucchi (1999, p. 889).
8	 Por ejemplo, el CC de Perú, artículo 676; de Paraguay, artículo 2467.
9	 Por ejemplo, el CCde Uruguay, artículo 1192; CC italiano, artículo 2939.
10	Por ejemplo, el CC de Chile, artículos 1492 y 1496; de Colombia, artículos 1549 y 1553; el de 
Comercio de Colombia, artículo 873.
11	Por ejemplo, el CC de Argentina, artículos 3939 y ss. En el de Chile no está consagrada expre-
samente la figura pero hay varios ejemplos: artículos 1942, 2162, 2234, entre otros. «La retención 
no da al acreedor un derecho en la cosa que tiene facultad de retener con el objeto de asegurarse el 
pago de la prestación del deudor. Consiste simplemente en no entregar la cosa, mientras no se le 
paga o garantiza a su satisfacción el pago» (Claro Solar, 1937, pp. 559 y ss.).



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Édgar Cortés

a las resultas del proceso a los eventuales terceros adquirentes12, o el secuestro de 
bienes preventivo o cautelar, antes de dar paso a la acción ejecutiva para sustraer al 
control del deudor los bienes cobijados con la medida y evitar así su distracción13, 
medida que en algunos ordenamientos está consagrada sustantivamente14.

Pero, en realidad, cuando se habla de tutela del crédito se piensa principalmente 
en la forma de conservar o restablecer el patrimonio del deudor para que sirva 
como prenda general de sus acreencias y se pueda hacer efectiva su responsabilidad 
patrimonial. Dentro de estas medidas se destacan, por ser las más frecuentes en 
los ordenamientos civiles y a las que más atención presta la doctrina, la acción 
pauliana o revocatoria, la acción oblicua o subrogatoria o indirecta, la llamada 
acción directa y la acción de simulación.

En virtud de la acción pauliana o revocatoria15, el acreedor puede atacar los 
actos realizados por su deudor en fraude a sus derechos (Larroumet, 1997, p. 863). 
Con la acción oblicua se le concede al acreedor la legitimación para sustituir al 
deudor que al dejar de ejercer un derecho pone en peligro la futura satisfacción del 
crédito (Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli & Natoli, 1996, p. 109). Con la acción 
directa se permite al acreedor actuar en nombre propio contra el cocontratante de 
su deudor para oponer así al demandado un contrato en el cual el demandante 
no fue parte directa (López Santa María, 2005, p. 367). Finalmente, la acción de 
simulación, que si bien en principio no tiene como fin específico el de procurar el 
restablecimiento del patrimonio del deudor, en última instancia satisface princi-
palmente ese propósito al permitir que los terceros demanden la simulación para 
hacer prevalecer bien el acto oculto, bien el simulado, según sean sus conveniencias 
(Trabucchi, 1999, p. 149).

Ya en el derecho romano, el pasaje de la responsabilidad personal a la patri-
monial había hecho surgir el problema de la disminución de la garantía general 
con la que contaban los acreedores (quirografarios) sobre los bienes del deudor, 

12	Por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil colombiano, artículos 690 y ss. Según Llambías: 
«Este remedio llena una función de publicidad del litigio para que el pretensor pueda oponer el 
derecho alegado a los terceros que adquiriesen derechos sobre inmuebles, quienes deberán soportar 
los efectos de la sentencia que se dicte en el juicio, sin poder aducir ignorancia a este respecto. La 
anotación de litis no importa embargo o inhibición, ni impide la libre disposición del bien; su único 
efecto es la publicidad del litigio» (1997, pp. 144 y 155).
13	Por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil argentino, artículos 232 y ss. 
14	Por ejemplo, el CC italiano, artículos 2905 y 2906. El secuestro preventivo o conservatorio com-
porta la sustracción de bienes del deudor a la libre disponibilidad de este: su empleo sirve, en efecto, 
para asegurar al acreedor la posibilidad de proceder a la ejecución forzada evitando que, durante 
el tiempo necesario para hacerse al título ejecutivo, el deudor disminuya la garantía patrimonial 
(Breccia, 2003, p. 458).
15	La manualística es abundante en relación con las definiciones de estos remedios, de tal manera 
que aquí, a manera de ejemplo, se toma una definición de las tantas, por su simplicidad y eficacia.



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La tutela del crédito

por los actos que cumpliera este en perjuicio de aquellos, e hizo, entonces, que 
el pretor concediera algunos medios que miraban principalmente a eliminar los 
efectos de las enajenaciones del deudor fraudator16. En la compilación de Justiniano, 
todos estos medios se fundieron en la llamada acción pauliana (Talamanca, 1990, 
p. 659) —denominación de probable origen medieval—, cuyas características se 
trasmitieron, en buena medida, al derecho moderno.

De la llamada acción oblicua se discute su origen romano, aunque al parecer 
las codificaciones que la recibieron la tomaron del derecho intermedio y del ger-
mánico (Borda, 1998, pp. 222 y ss.; Llambías, 1997, pp. 169 y ss.). Respecto de 
la acción de simulación, si bien en la compilación de Justiniano se consagró la 
máxima según la cual el negocio jurídico simulado no produce efectos mientras 
que el oculto puede llegar a tenerlos (plus valet quod agitur quam quod simulate 
concipitur) (Arangio-Ruiz, 2002, p. 100), los juristas romanos no parecen haber 
prestado gran atención a los problemas que actualmente se conectan con la temática 
de la simulación, esto es, la cuestión de la tutela de la confianza que los terceros 
pudieran dar al negocio simulado o, mejor, el interés de los terceros de hacer valer 
el alcance real del negocio, con el problema adicional del conflicto entre terceros, 
que es la óptica que aquí interesa (Talamanca, 1990, p. 229).	

5. Las figuras en los Códigos

Las diferentes figuras fueron recibidas en los Códigos del siglo XIX sin un criterio 
uniforme, por lo que las codificaciones o los proyectos de reforma posteriores 
han tratado de darle mayor coherencia.

El CC francés presenta la acción pauliana (artículo 1167) y la oblicua (artículo 
1166) dentro del capítulo dedicado al efecto de las obligaciones y en la sección 
referida al efecto de las convenciones respecto de terceros, como una forma de 
excepción al principio del efecto relativo de los contratos; es decir, que se sitúan 
en la misma condición que el contrato a favor de terceros (Chazal, 2000, p. 75). 
La figura de la simulación no se consagra expresamente, aunque, como es sabido, 
en el capítulo dedicado a la prueba de las obligaciones se habla de las contraescri-
turas hechas por las partes y su ineficacia frente a los terceros (artículo 1321), y a 
partir de esta norma la doctrina ha elaborado toda la teoría de los actos simulados 
(Larroumet, 1997, pp. 865 y ss.). La acción directa no está recogida en una norma 
específica sino que está regulada en cada caso específico en que procede17.

16	Para la acción pauliana en el derecho romano clásico ver Impallomeni (1958). 
17	Por ejemplo y entre otros, artículos 1121 (según interpretación jurisprudencial), 1753, 1798, 
1799 y 1994.



477

Édgar Cortés

Este esquema no fue seguido con ese alcance en las codificaciones que vendrían 
después, aunque, como sea, la influencia se hizo sentir. El CC español recogió 
en parte la herencia francesa al consagrar, aunque en un solo artículo (1111), las 
acciones pauliana y oblicua dentro del capítulo referido al efecto de las obligaciones, 
pero introduciendo un elemento adicional importante, al establecer respecto de la 
acción pauliana la sanción que se sigue cuando dice que la rescisión de los contratos 
procederá también respecto de «3. Los celebrados en fraude de acreedores, cuando 
estos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba» (artículo 1291), dándole 
así un alcance y desarrollo a la figura que no tenía el CC francés (Rivero, 2000,  
pp. 45 y ss.). Por su parte, la acción de simulación nace también del tratamiento 
dado a las contraescrituras dentro del capítulo referido a la prueba de las obliga-
ciones. Además, el CC español trae la regla de la prenda general de los acreedores 
sobre los bienes del deudor dentro del capítulo de la prelación de los créditos.

Seguidamente, el CC uruguayo18 al igual que el francés y el español regula el 
fenómeno de la simulación dentro del capítulo referido a la prueba de las obli-
gaciones (artículo 1580), y consagra también, una al lado de la otra, las acciones 
oblicua (artículo 1295) y pauliana (artículo 1296), pero dentro del tema general 
del efecto de las convenciones, en una sección titulada «Del efecto jurídico de los 
contratos».

El CC de Bello si bien consagra, al igual que el francés, la norma de la simula-
ción en el capítulo referente a la prueba de las obligaciones, al hablar del valor de 
las contraescrituras hechas por las partes de un contrato (artículo1707 del CC de 
Chile; artículo 1766 del CC de Colombia; artículo 1724 del CC de Ecuador), no 
incluye la referida a la acción pauliana dentro del capítulo que trata del efecto de las 
obligaciones frente a terceros, sino que la incluye al final del libro «De las obliga-
ciones en general y de los contratos», en el título correspondiente a la prelación de 
los créditos o créditos privilegiados (artículo 2468 del CC de Chile; artículo 2491 
del CC de Colombia; artículo 2368 del CC de Ecuador), título que comienza, por 
lo demás, con la consagración de la llamada prenda general de los acreedores al igual 
que el CC español; a su turno la acción oblicua no recibió consagración expresa 
por el CC de Bello, sin que eso haya significado su desconocimiento en los países 
que adaptaron tal codificación (Claro Solar, 1937, pp. 580 y ss.)19.

18	El CC uruguayo en lo relativo a la acción pauliana recibió influencia del proyecto de Código 
Civil para España de García Goyena y del Proyecto de Código que para Uruguay había elaborado 
Eduardo Acevedo. Véase sobre este tema, Labaure Casaravilla (2006, pp. 24 y ss.).
19	Claro Solar dice que no obstante no esté expresamente consagrada eso no quiere decir que no 
exista en el ordenamiento. En sentido contrario y criticando esta postura, ver Ospina Fernández 
(1998, p. 189).



478

La tutela del crédito

El CC argentino se apartó radicalmente del modelo francés, que como vimos 
trata de la acción pauliana en el acápite referido a los efectos de las convenciones 
frente a terceros, para incluirla dentro del libro titulado «De los actos jurídicos» 
en el capítulo dedicado al fraude (artículos 961 y ss.20; Labaure Casaravilla, 2006, 
pp. 17 y ss.)21, pero fue más allá: la acción de simulación que estaba incluida en 
el Code Civil dentro del capítulo de la prueba de las obligaciones, encuentra aco-
modo al lado de la acción pauliana, como una forma que pueden asumir los actos 
jurídicos. La acción oblicua o indirecta si está, por el contrario, dentro del tema de 
contratos y dentro del capítulo referido a los efectos de ellos (artículo 1196). No 
está por demás decir que en este Código el tratamiento de las acciones, pauliana 
y de simulación es extenso en comparación con el CC francés.

Luego, el CC de Paraguay se inscribe en la tradición de Vélez Sarsfield y, de 
la misma forma, dentro del capítulo de los actos jurídicos dedica una sección a 
la simulación (artículos 305 y ss.) y otra a los actos celebrados en fraude a los 
acreedores (artículos 311 y ss.).

Reúne, también, las acciones pauliana (artículos 2163 y ss.) y de simulación 
(artículos 2180 y ss.), el CC mexicano del Distrito Federal, pero lo hace dentro 
del título referido a los efectos de las obligaciones y, en particular, dentro de los 
efectos respecto de terceros.

Ahora bien, el CC italiano de 1942 introduce un elemento nuevo a la discu-
sión, pues si bien, de una parte, a la simulación (artículos 1414 y ss.) le dedica un 
capítulo dentro del título «Dei contratti in generale», las acciones oblicua y revo-
catoria se encuentran en el libro sexto llamado «De la tutela dei diritti» para tener 
allí regulación autónoma. En efecto, dentro de tal libro el título tercero se ocupa 
«Della responsabilitá patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della 
garanzia patrimoniale», y allí, luego de enunciar en el capítulo primero la regla 
de la prenda general de los acreedores (artículo 2740), pasa a ocuparse luego, en 
el capítulo quinto de la acción oblicua (artículo 2900) y de la pauliana (artículo 
2901), adicionando una medida de protección: el secuestro cautelar de los bienes 
del deudor (artículo 2905). Estas tres medidas se encuentran fundidas, al decir 

20	Vélez Sarsfield en la nota al artículo 961 referido a la acción pauliana cita como fuente principal 
la ley de las Siete Partidas (Part. 5, tít. 15, ley 7).
21	Dice Llambías que, siguiendo a Texeira de Freitas, el tema se incluyó equivocadamente dentro de 
los vicios del acto jurídico y que el lugar correcto para su tratamiento debería ser el de la teoría general 
de las obligaciones (1997). No sobra recordar que el BGB regula en un solo artículo lo referente a 
la simulación, dentro de la parte general del negocio jurídico (y no se ocupa, sino en legislaciones 
especiales de otras formas de protección del crédito) y quizá la influencia para el Código argentino 
venga de la influencia alemana que recibió Texeira de Freitas.



479

Édgar Cortés

de la doctrina, en cuanto son medios de conservación de la garantía patrimonial 
genérica (Bigliazzi Geri et al., 1996, p. 108).

Una organización sistemática y completa, la del CC italiano, pero no muy 
lejana de modelos anteriores, como el de Bello que, como se dijo, al final del libro 
cuarto «De las obligaciones en general y de los contratos» trae un título llamado 
«De la prelación de créditos», título que comienza con la consagración de la regla 
de la garantía genérica que tienen los acreedores sobre los bienes del deudor para 
seguir luego con el desarrollo de la acción pauliana.

El CC de Bolivia que acusó la influencia del italiano, regula la simulación en 
un capítulo del título de los contratos (artículos 543 y ss.), y en el último libro 
dedicado al ejercicio, protección y extinción de los derechos, regula la acción 
oblicua (artículo 1445), la pauliana (artículo 1446), además de enumerar otras 
medidas precautorias a favor del acreedor (artículo 1444)22.

A su turno, el CC de Perú de 1984, en el libro consagrado al «Acto jurídico» 
dedica dos capítulos contiguos a la «Simulación del acto jurídico» (artículos 190 
y ss.) y al «Fraude del acto jurídico», capítulo este último en el que regula, con 
algún detalle, la acción revocatoria o pauliana (artículos 195 y ss.) y en el cual 
habla de la acción oblicua (artículo 199), aunque al parecer solo referida a las 
resultas de la acción pauliana.

De igual modo, el CC venezolano reúne las tres acciones, la oblicua (artículo 
1278), la de revocación (artículo 1279) y la de simulación (artículo 1281), pero 
lo hace bajo el título «De los efectos de las obligaciones».

Luego, el CC de Quebec, dentro de la sección relativa a los «Efectos del 
contrato frente a terceros» consagra la figura de la simulación (artículos 1451), 
mientras que dentro del capítulo dedicado a la ejecución de la obligación, en la 
sección sobre la «protección del derecho a la ejecución» regula la acción oblicua 
(artículos 1627 y ss.) y la de revocación que llama de inoponibilidad (artículos 
1631 y ss.). En el artículo que abre tal sección se afirma escuetamente (artículo 
1626) que «el acreedor puede tomar todas las medidas necesarias o útiles para la 
conservación de sus derechos».

Seguidamente, el CC brasileño, en la sección llamada «Del fraude contra los 
acreedores», que hace parte del capítulo referido a los defectos del negocio jurídico, 
regula tanto la acción de revocación (artículos 158 y ss.), como la de simulación 
(artículo 167).

22	Entre otras, inscribir la hipoteca; interrumpir la prescripción; inventariar los bienes y papeles de 
su deudor difunto; intervenir en la partición a que fuere llamado su deudor, y oponerse a que ella 
se realice sin su presencia; demandar el reconocimiento de un documento privado; intervenir en el 
juicio promovido por el deudor o contra él.



480

La tutela del crédito

Tanto los Principios europeos de los Contratos (artículo 6.102) como el Com-
mom Frame of Reference (artículo II. 9:201) contienen la figura de la simulación en el 
capítulo dedicado al contenido y a los efectos del contrato, pero no se pronuncian 
sobre otros medios de protección del crédito. Por su parte, el Proyecto de Código 
europeo de Contratos (Gandolfi) trae un desarrollo más detallado de la cuestión 
y dentro del título «Otras anomalías del contrato y sus remedios» (artículos 154 y 
155) dice que son inoponibles a los terceros, entre otros, los contratos disimulados 
y los celebrados en fraude a los acreedores.

En fin, dentro de los intentos de reforma al Code Civil, tanto el llamado 
Proyecto Catala (artículos 1165 y ss.), como el de la Chancellerie (artículos 141 y 
ss.), incluyen dentro del capítulo relativo a los efectos de las convenciones frente 
a terceros las tres figuras: simulación, acción pauliana y oblicua, con la anotación 
de que la primera está dentro de las disposiciones generales, mientras que la obli-
cua y la revocatoria están bajo el título de «acciones concedidas a los acreedores»; 
y con una novedad importante: el acreedor que intenta la acción oblicua tendrá 
preferencia sobre los demás acreedores, mientras que el que intenta la pauliana 
tendrá ventaja respecto de los que coadyuvaron en la instancia; esto con el fin 
de estimular el uso de ellas. Finalmente, el proyecto Catala dedica, además, una 
norma a la acción directa (artículo 1168).

6. Organización sistemática23

De lo dicho en el párrafo precedente se puede ver, en primer lugar, que no 
existe unidad o un criterio uniforme para determinar la naturaleza jurídica de 
las diferentes figuras; se las trata ya dentro del tema de los efectos del contrato 
frente a terceros o en lo referido a la prueba de las obligaciones, ya en el tema 
de las garantías del crédito o como formas (anómalas) que puede asumir el acto 
jurídico. Los Códigos latinoamericanos presentan todas estas tendencias y no se 
puede identificar un rasgo común o, cuando menos, uno predominante. Por lo 
demás, con los Códigos europeos no ocurre nada diferente.

En resumen y de manera sintética, se puede decir que la regla que consagra que 
los bienes del deudor constituyen la prenda general de los acreedores se encuentra, 
en los Códigos del siglo XIX, dentro de las normas que regulan la prelación de 
créditos o créditos privilegiados, mientras que en Códigos más recientes se ubica 
dentro del tema general de la protección y garantía de los derechos24. Por su parte 

23	Sobre la organización sistemática en general de la materia de las obligaciones en el derecho lati-
noamericano codificado y con frecuentes referencias a la acción pauliana ver Schipani (2011). 
24	En el Código Civil paraguayo la norma se encuentra dentro del capítulo de los efectos generales 
de las obligaciones (artículo 430).



481

Édgar Cortés

la simulación, de una u otra forma, presencia constante en las codificaciones civiles 
y en los proyectos de reforma y de derecho unificado, parece abandonar definiti-
vamente la ubicación original del Code Civil, transmitida a otros Códigos (como 
el de Bello, el español, el uruguayo), dentro del capítulo relativo a la prueba de 
las obligaciones, para ubicarse ya dentro de las reglas generales del acto jurídico o 
del contrato o al interior de los efectos de las obligaciones o los contratos frente 
a terceros.

La acción revocatoria o pauliana también ha sido una presencia constante 
en los Códigos, quizá por el amplio tratamiento dado en el derecho romano a 
la figura; no así la acción oblicua o indirecta, ausente en un buen número de 
codificaciones. La acción pauliana se consagró ya como parte de las normas que 
regulan el efecto de las obligaciones a favor de terceros (como en el CC francés), 
ya como un capítulo de las normas generales del acto jurídico referido al fraude de 
este, ya como desarrollo de la regla que consagra la prenda o garantía general, en 
el entendido de que se trata de una forma de reintegrar el patrimonio del deudor. 
En codificaciones más recientes tiene esa misma posición, pero bajo la rúbrica 
de «medios de protección de la garantía patrimonial» (como en el CC italiano) 
o bajo la de «protección del derecho a la ejecución de la obligación» (como en 
el CC Quebec). La acción oblicua, allí donde aparece, está a veces al lado de la 
revocatoria, o dentro del tratamiento del tema de los efectos de las convenciones 
frente a terceros, al interior del desarrollo de la protección de la garantía patrimo-
nial o dentro de las normas generales del acto jurídico. Sin embargo, los primeros 
Códigos que regularon el acto jurídico en una parte general incluyendo allí la 
acción revocatoria, dejaron la acción oblicua, siguiendo la tradición francesa, en 
el capítulo relativo a los efectos de las obligaciones (como es el caso de los CC 
argentino y paraguayo). 

Pero lo cierto es que la tendencia es reunir las tres acciones en un solo capítulo: 
bien en el referido a la parte general del acto jurídico o bien en el concerniente 
al efecto de las obligaciones (como en el CC venezolano), o de las convenciones 
respecto de terceros (como en el Proyecto Catala y en el de la Chancellerie). 

Sobre las acciones directas se repite lo dicho: los diferentes ordenamientos la 
permiten en una serie de eventos determinados, pero no existe una consagración 
en una regla general de este tipo de acción; de tal forma que ella encuentra su 
regulación específica allí en el caso concreto en el que procede.

Este irse encontrando de las tres figuras (simulación, revocación, subrogación) 
pareciera definir, por así decirlo, su naturaleza jurídica más íntima. En efecto, más 
allá de que sean fenómenos por considerar dentro de la teoría general del acto 
o negocio jurídico, o de que sean momentos en los que se pueda ver alterado el 
principio del efecto relativo de los contratos —pues son fenómenos que alcanzan 



482

La tutela del crédito

de alguna forma a los terceros—, en última instancia, la finalidad que persiguen 
y el momento en que cobran importancia, es cuando se trata de mantener incó-
lume el patrimonio del deudor en cuanto al cobro del crédito, y esta característica 
común quizá sea su sello distintivo. Por lo demás, para una parte general de las 
obligaciones, ubicadas dentro del acápite referido al efecto de los contratos frente 
a terceros o dentro de la parte general del acto jurídico, queda la sensación de que 
el tema se refiere solo a las obligaciones negociales.

7. Rasgos básicos de la acción pauliana25

Si bien el deudor, por el hecho de serlo, conserva la administración de sus bienes, 
el acreedor por medio de esta acción puede hacer que los actos cumplidos por 
aquel en fraude a sus intereses sean declarados ineficaces, en aras de mantener 
suficiente la garantía patrimonial.

Los requisitos para poder dar paso al ejercicio de la acción son: a) ante todo 
que quien haga uso de ella sea un acreedor, sin importar si su derecho está sujeto a 
plazo o condición; b) que el acto de disposición que se ataca sea un acto válido de 
autonomía y tenga contenido patrimonial; c) algunos ordenamientos (en especial 
la doctrina) señalan que es necesario que el acto que se demanda sea posterior al 
surgimiento del crédito, pero la doctrina más reciente admite también la situación 
contraria siempre que el acto que se pretende revocar haya sido preordenado 
dolosamente por el deudor con el fin de causar un perjuicio al (futuro) acreedor;  
d) que haya consilium fraudis con el tercero adquirente, aunque es necesario 
diferenciar si se trata de un acto gratuito o uno oneroso pues en el primer caso 
será suficiente solo el fraude por parte del deudor pues el conflicto entre el tercero 
adquirente que se ve privado de una ventaja por la que no ha dado ninguna 
contraprestación y el acreedor que trata de evitar un daño se resuelve a favor del 
acreedor (nemo liberalis nisi liberatus), mientras que en caso de ser un acto oneroso el  
tercero que actuó de buena fe será protegido frente al acreedor; e) que con el acto 
cumplido por el deudor se cause realmente perjuicio a los intereses del acreedor; es 
el llamado eventus damni; f ) algunos Códigos exigen el estado de insolvencia del 
deudor o que el acto que se demanda haga insolvente al deudor.

25	Para la presentación de este breve párrafo y los posteriores, que tienen una intención meramente 
sintética y descriptiva, se consultaron los siguientes textos a los que se remite para mayor comprensión 
y detalle del asunto: Former i Delaygua (2000); Benabént (2003, pp. 572 y ss.); Bigliazzi Geri et al. 
(1996, pp. 120 y ss.); Borda (1998, pp. 368 y ss.); Breccia (2003, pp. 456 y ss.); Carvajal Arenas 
(2006); Claro Solar (1937, pp. 587 y ss.); Díez-Picazo (1996, pp. 754 y ss.); Labaure Casaravilla 
(2006); Larroumet (1997, pp. 863 y ss.); Llambías (1997, pp. 187 y ss.); Malaurie y Aynès (2005, 
pp. 625 y ss.); Mélich Orsini (2007, p. 216); Ospina Fernández (1998, pp. 165 y ss.); Sautonie-
Laguionie (2008).



483

Édgar Cortés

Sobre los efectos de la acción, la doctrina coincide en afirmar que no se trata 
de una acción de nulidad (como se consagra en los CC de Brasil o México), ni de 
rescisión como se expresa en algunos otros CC (como el de Bello)26, sino que lo 
que busca es la ineficacia del acto a favor de los acreedores demandantes.

Toda vez que se trata de un daño causado al acreedor, en términos generales, 
la acción pauliana es una de responsabilidad, pero no se adelanta como tal; esta 
es una acción original, pues permite considerar los actos celebrados en fraude al 
acreedor como inoponibles a él. Si se trata, por ejemplo, de un acto de disposi-
ción por parte del deudor, no significa que el bien vuelva a su patrimonio, pues 
dicho acto resultará plenamente eficaz entre el deudor y el tercero pero no podrá 
oponerse al acreedor quien, en caso de ser necesario, podrá perseguirlo dentro de 
su acción ejecutiva. Del mismo modo, los acreedores que no fueron parte de la 
acción, tampoco podrían beneficiarse de esa declaratoria por tratarse de una acción 
personal que, por ende, no produce efectos erga omnes. Por eso se ha dicho que la 
acción pauliana es más una excepción al principio de oponibilidad de los contratos 
que al del efecto relativo de ellos (Chazal, 2000, pp. 75-76).

8. Rasgos básicos de la acción de simulación27

Con la simulación, las partes emiten una declaración de voluntad que no se corres-
ponde con la realidad. En otras palabras, si las partes quieren que tal declaración 
sea una mera apariencia, que carezca de toda función; es decir, si no quieren la 
producción de ningún efecto, entonces se habla de simulación absoluta. Si, por 
el contario, esa declaración oculta un compromiso negocial distinto que es el 
realmente querido, se habla de simulación relativa.

Con la simulación, el ordenamiento les reconoce a los particulares un amplio 
margen para desplegar la autonomía contractual, pues permite incluso que las 
partes regulen sus intereses aun ocultándolos al externo, pero esa libertad, para 
que sea merecedora de tutela, se debe atemperar con la protección de los terceros 
(especialmente los acreedores y los causahabientes de las partes) que se podrían 
ver afectados con la simulación, si ella es fraudulenta.

26	Ya de tiempo atrás la doctrina más autorizada ha explicado el alcance de la acción en el entendido 
de que se trata de una declaratoria de ineficacia, cfr. Claro Solar (1937, p. 629).
27	Benabént (2003, pp. 210 y ss.); Bianca (2000, pp. 695 y ss.); Bianchi (2003); Bigliazzi Geri (1995, 
pp. 917 y ss.); Breccia (2003, pp. 295 y ss.); Claro Solar (1937, pp. 647 y ss.); González de Cancino 
(2007, pp. 362 y ss.); Larroumet (1997, pp. 865 y ss.); López Santa María (2005, pp. 382 y ss.); 
Malaurie y Aynès (2005, pp. 375 y ss.); Montechiari (1999); Ospina Fernández (1998, pp. 187 y ss.); 
Roppo (2001, pp. 693 y ss.).



484

La tutela del crédito

La cuestión está en saber qué acto prevalece ya entre las partes, ya frente a los 
terceros. Y, aunque la cuestión ha ocupado de tiempo atrás y ampliamente a la 
doctrina, la opinión hoy es casi generalizada en los siguientes términos:

−Respecto de las partes, es opinión prevaleciente que entre ellas prima el acto 
disimulado, a condición de que sea válido, pues es el que contiene su voluntad real.

−Respecto de terceros, en principio, las partes no pueden hacer valer frente a 
ellos el acto disimulado u oculto; es decir que frente a ellos prima el simulado; pero 
los terceros sí pueden hacer valer el acto oculto, si así lo quieren y lo conocen, 
y, entonces, probada la simulación respecto de ellos, valdrá el acto oculto y se 
descartará el ostensible.

−Pero puede suceder que haya terceros a quienes interese mantener el acto 
ostensible y otros que prefieran mantener el disimulado. Así, en caso de conflicto 
entre terceros, dice la doctrina comparada mayoritaria, se debe dar prevalencia al 
acto ostensible, en aras de proteger a los terceros de buena fe que creyeron en la 
seriedad del acto que era solo simulado. Es decir, si bien los terceros pueden hacer 
valer la contraescritura, ese poder encuentra un límite en la regla que protege la 
confianza no culpable de otros terceros en la situación de apariencia.

No obstante, para los efectos presentes, vale recordar que es la simulación ilícita 
o fraudulenta la que es reprochable, y que lo es por perjudicar a los terceros las 
más de las veces, queriendo distraer el patrimonio que puede ser perseguido, de tal 
manera que la simulación bien puede caber dentro de los actos de reintegración 
del patrimonio del deudor, aunque, sin duda, tiene un espectro mayor.

9. Rasgos básicos de la acción subrogatoria28

Por la acción oblicua o indirecta o subrogatoria el acreedor sustituye al deudor 
que deja de ejercer las acciones y derechos que le competen. Así, la acción la ejerce 
el acreedor a nombre de su deudor, de tal modo que las resultas favorables de 
ella van a parar a la esfera jurídica de este último, lo que no le quita a la acción 
que el interés tutelado por ella sea el del acreedor, el cual ve en riesgo la garantía 
patrimonial que respalda su crédito; aquí está pues el fundamento de la figura. 

Así, los requisitos de la acción son: a) que el accionante sea acreedor de aquel 
a quien sustituye; b) que el deudor tenga un derecho frente a terceros, siempre 
que se trate de un derecho de contenido patrimonial del que resulte una ventaja 
inmediata para el deudor, si el derecho que se persigue representa para el deudor 
además de un interés patrimonial uno personal que se sobrepone, no procederá 

28	Benabént (2003, pp. 569 y ss.); Bigliazzi Geri, et al. (1996, pp. 109 y ss.); Borda (1998, pp. 222 y ss.); 
Breccia (2003, pp. 450 y ss.); Claro Solar (1937, pp. 580 y ss.); Llambías (1997, pp. 169 y ss.); Malaurie 
y Aynès (2005, pp. 632 y ss.); Ospina Fernández (1998, pp. 189 y ss.); Mélich Orsini (2007, p. 215).



485

Édgar Cortés

la acción; c) que el no actuar del deudor sea injustificado; d) y que esa inercia le 
cause daño al acreedor (eventus damni).

La acción oblicua exitosa tiene como efecto incrementar o mantener el patri-
monio del deudor con beneficio para todos los acreedores que podrán perseguir ese 
patrimonio fortalecido. De este modo, el acreedor que ha intentado exitosamente 
la acción a nombre del deudor, en la concepción tradicional, no tiene ninguna 
preferencia sobre los bienes que eventualmente, por su actuar, hayan entrado al 
patrimonio del deudor. Se permite también al acreedor ejercer los derechos del 
deudor de manera extrajudicial.

10. Rasgos básicos de la acción directa29

En virtud de la llamada acción directa, el acreedor puede pedir el pago al deudor de 
su deudor hasta concurrencia de su crédito. A diferencia de la acción subrogatoria, 
en la cual la actuación del acreedor repercute en la esfera jurídica del deudor, en 
la directa, y de ahí su nombre, el éxito de la acción beneficia inmediatamente 
al acreedor que puede llegar a ver satisfecho su crédito. Es decir que el acreedor 
obra por él mismo y no a nombre de su deudor evitando, así, los inconvenientes 
que se puedan derivar de la acción oblicua.

La finalidad o el interés que persigue la acción directa es simplificar los pagos, 
al hacer el camino más dúctil, para hacer en uno, un procedimiento que se debería 
hacer en dos tiempos. Es otras palabras, la acción directa permite saltar un paso 
de la cadena y evitar la insolvencia del anillo intermedio, por tanto, se ve que 
su finalidad es de protección al acreedor, en cuanto asegura la efectividad de la 
garantía general que ofrece el deudor, y, por ende, también se ve su importancia.

La acción directa tiene carácter excepcional: procede solo allí donde hay un 
texto que expresamente la ha consagrado, de tal manera que a pesar de ser un 
instrumento importante y práctico, resulta hoy un instrumento muy limitado 
por lo que se podría pensar en consagrarlo como regla general (aunque así lo hace 
el proyecto Catala).

En fin, la acción directa se ofrece como una facultad, en cuanto el acreedor 
no está obligado a hacer uso de ella y, demandado el deudor, este no podría alegar 
que se le pida primero a su deudor, es decir que se agote primero la acción directa.

29	Benabént (2003, pp. 188 y ss.); Borda (1998, pp. 254 y ss.); Larroumet (1997, pp. 901 y ss.); 
Llambías (1997, pp. 182 y ss.); López Santa María (2005, pp. 367 y ss.); Malaurie y Aynès (2005, 
pp. 433 y ss., y 636 y ss.); Mélich Orsini (2007, p. 215).



486

La tutela del crédito

Anexo de normas 

Códigos latinoamericanos

Código Civil argentino

Libro segundo
De los derechos personales en las relaciones civiles

Sección segunda
De los hechos y actos jurídicos que producen la adquisición, modificación, 
transferencia o extinción de los derechos y obligaciones

Título segundo
De los actos jurídicos

Capítulo I
De la simulación en los actos jurídicos

Art. 955. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de 
un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no 
son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o 
transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes 
en realidad se constituyen o transmiten.

Art. 956. La simulación es absoluta cuando se celebra un acto jurídico que 
nada tiene de real, y relativa cuando se emplea para dar a un acto jurídico una 
apariencia que oculta su verdadero carácter.

Art. 957. La simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica 
ni tiene un fin ilícito.

Art. 958. Cuando en la simulación relativa se descubriese un acto serio, oculto 
bajo falsas apariencias, no podrá ser este anulado desde que no haya en él la 
violación de una ley, ni perjuicio a tercero.

Art. 959. Los que hubieren simulado un acto con el fin de violar las leyes o de 
perjudicar a un tercero, no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro, 
sobre la simulación, salvo que la acción tenga por objeto dejar sin efecto el acto 
y las partes no puedan obtener ningún beneficio de la anulación.

Art. 960. Si hubiere sobre la simulación un contradocumento firmado por 
alguna de las partes, para dejar sin efecto el acto simulado, cuando este hubiera 
sido ilícito, o cuando fuere lícito, explicando o restringiendo el acto precedente, 
los jueces pueden conocer sobre él y sobre la simulación, si el contradocumento 
no contuviese algo contra la prohibición de las leyes, o contra los derechos de 
un tercero.



487

Édgar Cortés

Solo podrá prescindirse del contradocumento para admitir la acción, si mediaran 
circunstancias que hagan inequívoca la existencia de la simulación. 

Capítulo II 
Del fraude en los actos jurídicos 

Artículo 961. Todo acreedor quirografario puede demandar la revocación de 
los actos celebrados por el deudor en perjuicio o en fraude de sus derechos.

Artículo 962. Para ejercer esta acción es preciso: 
1. Que el deudor se halle en estado de insolvencia. Este estado se presume 
desde que se encuentra fallido; 

2. Que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo del deudor, o que 
antes ya se hallase insolvente; 

3. Que el crédito, en virtud del cual se intenta acción, sea de una fecha anterior 
al acto del deudor.

Artículo 963. Exceptúanse de la condición 3 del artículo anterior, las enajena-
ciones hechas por el que ha cometido un crimen, aunque consumadas antes 
del delito, si fuesen ejecutadas para salvar la responsabilidad del acto, las cuales 
pueden ser revocadas por los que tengan derecho a ser indemnizados de los 
daños y perjuicios que les irrogue el crimen. 

Artículo 964. Si el deudor por sus actos no hubiere abdicado derechos irrevo-
cablemente adquiridos, pero hubiese renunciado facultades, por cuyo ejercicio 
hubiera podido mejorar el estado de su fortuna, los acreedores pueden hacer 
revocar sus actos, y usar de las facultades renunciadas. 

Artículo 965. La revocación de los actos del deudor será solo pronunciada en 
el interés de los acreedores que la hubiesen pedido, y hasta el importe de sus 
créditos. 

Artículo 966. El tercero a quien hubiesen pasado los bienes del deudor, puede 
hacer cesar la acción de los acreedores, satisfaciendo el crédito de los que se 
hubiesen presentado, o dando fianzas suficientes sobre el pago íntegro de sus 
créditos, si los bienes del deudor no alcanzaren a satisfacerlos. 

Artículo 967. Si el acto del deudor insolvente que perjudicase a los acreedores 
fuere a título gratuito, puede ser revocado a solicitud de estos, aun cuando 
aquel a quien sus bienes hubiesen pasado, ignorase la insolvencia del deudor. 

Artículo 968. Si la acción de los acreedores es dirigida contra un acto del deu-
dor a título oneroso, es preciso para la revocación del acto, que el deudor haya 
querido por ese medio defraudar a sus acreedores, y que el tercero con el cual 
ha contratado, haya sido cómplice en el fraude. 



488

La tutela del crédito

Artículo 969. El ánimo del deudor de defraudar a sus acreedores por actos que 
les sean perjudiciales, se presume por su estado de insolvencia. La complicidad 
del tercero en el fraude del deudor, se presume también si en el momento de 
tratar con él conocía su estado de insolvencia. 

Artículo 970. Si la persona a favor de la cual el deudor hubiese otorgado un 
acto perjudicial a sus acreedores, hubiere transmitido a otro los derechos que 
de él hubiese adquirido, la acción de los acreedores solo será admisible, cuando 
la transmisión de los derechos se haya verificado por un título gratuito. Si fuese 
por título oneroso, solo en el caso que el adquirente hubiese sido cómplice en 
el fraude.

Artículo 971. Revocado el acto fraudulento del deudor, si hubiere habido 
enajenaciones de propiedades, estas deben volverse por el que las adquirió, 
cómplice en el fraude, con todos sus frutos como poseedor de mala fe. 

Artículo 972. El que hubiere adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude 
de los acreedores, deberá indemnizar a estos de los daños y perjuicios, cuando la 
cosa hubiere pasado a un adquirente de buena fe, o cuando se hubiere perdido.

Sección tercera
De las obligaciones que nacen de los contratos

Título I
De los contratos en general
Capítulo IV. Del efecto de los contratos

Artículo 1195. Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente 
a los herederos y sucesores universales, a no ser que las obligaciones que nacie-
ren de ellos fuesen inherentes a la persona, o que resultase lo contrario de una 
disposición expresa de la ley, de una cláusula del contrato, o de su naturaleza 
misma. Los contratos no pueden perjudicar a terceros.

Artículo 1196. Sin embargo los acreedores pueden ejercer todos los derechos y 
acciones de su deudor, con excepción de los que sean inherentes a su persona.

Código Civil boliviano

Libro tercero 
De las obligaciones

Parte segunda
De las fuentes de las obligaciones

Título I
De los contratos en general



489

Édgar Cortés

Capítulo VII
De la simulación

Artículo 543.- Efectos de la simulación entre las partes
I. En la simulación absoluta el contrato simulado no produce ningún efecto 
entre las partes.
II. En la relativa, el verdadero contrato, oculto bajo otro aparente, es eficaz 
entre los contratantes si reúne los requisitos de sustancia y forma, no infringe 
la ley ni intenta perjudicar a terceros.

Artículo 544.- Efectos con relación a terceros
I. La simulación no puede ser opuesta contra terceros por los contratantes. 
II. Los terceros perjudicados con la simulación pueden demandar la nulidad o 
hacerla valer frente a las partes; pero ello no afecta a los contratos a título one-
roso concluidos con personas de buena fe por el favorecido con la simulación.

Artículo 545.- Prueba de la simulación
I. La prueba de la simulación demandada por terceros puede hacerse por todos 
los medios, incluyendo el de testigos.

II. Entre las partes solo puede hacerse mediante contradocumento u otra prueba 
escrita que no atente contra la ley o el derecho de terceros.

Libro quinto
Del ejercicio, protección y extinción de los derechos

Título II
De la garantía patrimonial de los derechos

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1335.- Derecho de garantía general de los acreedores
Todos los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros del deudor que se 
ha obligado personalmente constituyen la garantía común de sus acreedores. 
Se exceptúan los bienes inembargables.

[…]

Capítulo VII
De los medios para la conservación de la garantía patrimonial

Artículo 1444.- Medidas precautorias
Todo acreedor, incluso el que tenga su crédito a condición o a término, puede 
ejercer, conforme a las previsiones señaladas en el Código de procedimiento 
civil, las medidas precautorias que sean conducentes a conservar el patrimonio 
de su deudor, tales como:



490

La tutela del crédito

1. Inscribir su hipoteca o su anticresis.
2. Interrumpir la prescripción.
3. Inventariar los bienes y papeles de su deudor difunto o insolvente y sellarlos.
4. Intervenir en la partición a que fuere llamado su deudor, y oponerse a que 
ella se realice sin su presencia.
5. Demandar el reconocimiento de un documento privado.
6. Intervenir en el juicio promovido por el deudor o contra él.

Artículo 1445.- Acción oblicua
I. El acreedor, para preservar sus derechos, puede ejercer en general, por la vía 
de acción judicial, los derechos que figuren en el patrimonio de su deudor 
negligente, excepto los que, por su naturaleza o por disposición de la ley, solo 
puede ejercer el titular.
II. El acreedor, cuando accione judicialmente, debe citar al deudor cuyo derecho 
ejerce contra un tercero.
III. La acción oblicua favorece a todos los acreedores.

Artículo 1446.- Acción pauliana
I. El acreedor puede demandar que se revoquen, declarándose ineficaces respecto 
a él, los actos de disposición del patrimonio pertenecientes a su deudor, cuando 
concurren los requisitos siguientes:
1. Que el acto impugnado origine un perjuicio al acreedor provocando o 
agravando la insolvencia del deudor.
2. Que el deudor conozca el perjuicio ocasionado por su acto al acreedor.
3. Que, en los actos a título oneroso, el tercero conozca el perjuicio que el acto 
ocasiona al acreedor, no siendo necesario este requisito si el acto es a título 
gratuito.
4. Que el crédito sea anterior al acto fraudulento, excepto cuando el fraude 
haya sido dispuesto anticipadamente con miras a perjudicar al futuro acreedor.
5. Que el crédito sea líquido y exigible. Sin embargo no se tendrá el término 
por vencido si el deudor resulta insolvente o si desaparecen o disminuyen las 
garantías con que contaba el acreedor.
II. No es revocable el cumplimiento de una deuda vencida.

Artículo 1447.- Llamamiento en causa del deudor
La acción paulina debe dirigirse contra el tercero adquirente; sin embargo el 
deudor puede ser citado para los efectos de la cosa juzgada.

Artículo 1448.- Efectos
I. La acción pauliana favorece al acreedor diligente, pero solo en la medida de 
su interés.



491

Édgar Cortés

II. El deudor queda obligado frente al tercero con quien celebró el acto revocado. 
III. La ineficacia del acto no perjudica los derechos adquiridos a título oneroso 
por los terceros de buena fe.

Código Civil brasileño

Livro III
Dos fatos jurídicos

Título I
Do Negócio Jurídico

Capítulo IV
Dos defeitos do Negócio Jurídico

Seção VI
Da Fraude Contra Credores

Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, 
se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda 
quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como 
lesivos dos seus direitos.
§ 1. Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.

§ 2. Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a 
anulação deles.

Art. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insol-
vente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida 
do outro contratante.

Art. 160. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago 
o preço e este for, aproximadamente, o corrente, desobrigar-se-á depositando-o 
em juízo, com a citação de todos os interessados.
Parágrafo único. Se inferior, o adquirente, para conservar os bens, poderá 
depositar o preço que lhes corresponda ao valor real.

Art. 161. A ação, nos casos dos arts. 158 e 159, poderá ser intentada contra o 
devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada 
fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé.

Art. 162. O credor quirografário, que receber do devedor insolvente o paga-
mento da dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor, em proveito do 
acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores, aquilo que recebeu.

Art. 163. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias 
de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor.



492

La tutela del crédito

Art. 164. Presumem-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indis-
pensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural, ou industrial, ou 
à subsistência do devedor e de sua família.

Art. 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá 
em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores.

Parágrafo único. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos 
preferenciais, mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará 
somente na anulação da preferência ajustada.

[...]
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, 
se válido for na substância e na forma.

§ 1. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I- aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às 
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II- contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III- os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do 
negócio jurídico simulado.

Código Civil chileno

Libro cuarto
De las obligaciones en general y de los contratos
Título XXI. De la prueba de las obligaciones

Art. 1707. Las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo 
pactado en escritura pública, no producirán efecto contra terceros.

Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado 
razón de su contenido al margen de la escritura matriz cuyas disposiciones se 
alteran en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero.

Título XLI. De la prelación de créditos

Art. 2465. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su 
ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes 
o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el 
artículo 1618.

Art. 2466. Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas 
por razón de dominio, y existan en poder del deudor insolvente, conservarán 
sus derechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los derechos reales que 
sobre ellos competan al deudor, como usufructuario o prendario, o del derecho 



493

Édgar Cortés

de retención que le concedan las leyes; en todos los cuales podrán subrogarse 
los acreedores.
Podrán asimismo subrogarse en los derechos del deudor como arrendador o 
arrendatario, según lo dispuesto en los artículos 1965 y 1968.
Sin embargo, no será embargable el usufructo del marido sobre los bienes de la 
mujer, ni el del padre o madre sobre los bienes del hijo sujeto a patria potestad, 
ni los derechos reales de uso o de habitación.

Art. 2467. Son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente a los 
bienes de que ha hecho cesión, o de que se ha abierto concurso a los acreedores.

Art. 2468. En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o la 
apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes:
1. Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos, 
y las hipotecas, prendas y anticresis que el deudor haya otorgado en perjuicio 
de ellos, estando de mala fe el otorgante y el adquirente, esto es, conociendo 
ambos el mal estado de los negocios del primero.
2. Los actos y contratos no comprendidos bajo el número precedente, incluso 
las remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, pro-
bándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores.
3. Las acciones concedidas en este artículo a los acreedores expiran en un año 
contado desde la fecha del acto o contrato.

Art. 2469. Los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo 1618, 
podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta concurrencia de 
sus créditos, incluso los intereses y los costos de la cobranza, para que con el 
producto se les satisfaga íntegramente si fueren suficientes los bienes, y en caso 
de no serlo, a prorrata, cuando no haya causas especiales para preferir ciertos 
créditos, según la clasificación que sigue.

Código Civil colombiano

Libro cuarto
De las obligaciones en general y de los contratos

Título XXI. De la prueba de las obligaciones

Art. 1766. Las escrituras privadas, hechas por los contratantes para alterar lo 
pactado en escritura pública, no producirán efecto contra terceros.

Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado 
razón de su contenido al margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se 
alteran en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero.



494

La tutela del crédito

Título XL. De la prelación de créditos
Art. 2488. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su 
ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o 
futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 
1677.

Art. 2489. Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas 
por razón de dominio, y existan en poder del deudor insolvente, conservarán 
sus derechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los derechos reales que 
sobre ellos competan al deudor, como usufructuario o prendario, o del derecho 
de retención que le concedan las leyes; en todos los cuales podrán subrogarse 
los acreedores.
Podrán, asimismo, subrogarse en los derechos del deudor, como arrendador o 
arrendatario, según lo dispuesto en los artículos 2023 y 2026.

Art. 2490. Son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente a los 
bienes de que ha hecho cesión, o de que se ha abierto concurso a los acreedores.

Art. 2491. En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o a la 
apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes:
1. Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos, 
y las hipotecas, prendas y anticresis que el deudor haya otorgado en perjuicio 
de ellos, siendo de mala fe el otorgante y el adquirente, esto es, conociendo 
ambos el mal estado de los negocios del primero.
2. Los actos y contratos no comprendidos en el número precedente, incluso las 
remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, probándose 
la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores.
3. Las acciones concedidas en este artículo a los acreedores, expiran en un año, 
contado desde la fecha del acto o contrato.

Art. 2492. Los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo 1677, 
podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta concurrencia de 
sus créditos, incluso los intereses y los costos de la cobranza, para que con el 
producto se les satisfaga íntegramente, si fueren suficientes los bienes, y en caso 
de no serlo, a prorrata, cuando no haya causas especiales para preferir ciertos 
créditos, según la clasificación que sigue.

Código Civil ecuatoriano

Libro cuarto
De las obligaciones en general y de los contratos
Título XXI. De la prueba de las obligaciones



495

Édgar Cortés

Art. 1724.- Las escrituras privadas hechas por los contratantes, para alterar lo 
pactado en escritura pública, no surtirán efecto contra terceros.
Tampoco lo surtirán las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado 
razón de su contenido al margen de la escritura matriz cuyas disposiciones se 
alteran en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero.
Título XL. De la prelación de créditos

Art. 2367. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de hacerla efec-
tiva en todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, 
exceptuándose solamente los no embargables, designados en el Art. 1634.

Art. 2368. Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas 
por razón de dominio, y existan en poder del deudor insolvente, conservarán 
sus derechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los derechos reales que 
sobre ellos competan al deudor, como usufructuario o prendario, o del derecho 
de retención que le concedan las leyes; en todos los cuales podrán subrogarse 
los acreedores.
Podrán, asimismo, subrogarse en los derechos del deudor como arrendador o 
arrendatario, según lo dispuesto en los Arts. 1906 y 1909.
Sin embargo, no será embargable el usufructo legal, sea de la sociedad conyugal 
o de los padres sobre los bienes de los hijos, ni tampoco los derechos reales de 
uso o de habitación.

Art. 2369.- Son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente 
a los bienes de que ha hecho cesión, o de que se ha abierto concurso a los 
acreedores.

Art. 2370.- En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o la 
apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes:
1.- Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos, 
y las hipotecas, prendas, anticresis o constitución de patrimonio familiar, que el 
deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, estando de mala fe el otorgante y el 
adquirente, esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero;
2.- Los actos y contratos no comprendidos bajo el número precedente, incluso 
las remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, pro-
bándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores; y,
3.- Las acciones concedidas en este artículo a los acreedores expiran en un año, 
contado desde la fecha del acto o contrato.



496

La tutela del crédito

Código Civil mexicano – México DF

Libro cuarto
De las obligaciones

Primera parte
De las obligaciones en general

Título cuarto
Efectos de las obligaciones
II. Efectos de las obligaciones con relación a terceros

Capítulo I
De los actos celebrados en fraude de los acreedores

Artículo 2163.- Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor, 
pueden anularse, a petición de este, si de esos actos resulta la insolvencia del 
deudor, y el crédito en virtud del cual se intenta la acción, es anterior a ellos.

Artículo 2164.- Si el acto fuere oneroso, la nulidad solo podrá tener lugar en 
el caso y términos que expresa el artículo anterior, cuando haya mala fe, tanto 
por parte del deudor, como del tercero que contrató con él.

Artículo 2165.- Si el acto fuere gratuito, tendrá lugar la nulidad aun cuando 
haya habido buena fe por parte de ambos contratantes.

Artículo 2166.- Hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del 
deudor, estimados en su justo precio, no iguala al importe de sus deudas. La 
mala fe, en este caso, consiste en el conocimiento de ese déficit.

Artículo 2167.- La acción concedida al acreedor, en los artículos anteriores, 
contra el primer adquirente, no procede contra tercer poseedor, sino cuando 
este ha adquirido de mala fe.

Artículo 2168.- Revocado el acto fraudulento del deudor, si hubiere habido 
enajenación de propiedades, estas se devolverán por el que los adquirió de mala 
fe, con todos sus frutos.

Artículo 2169.- El que hubiere adquirido de mala fe las cosas enajenadas en 
fraude de los acreedores, deberá indemnizar a estos de los daños y perjuicios, 
cuando la cosa hubiere pasado a un adquirente de buena fe, o cuando se 
hubiere perdido.

Artículo 2170.- La nulidad puede tener lugar, tanto en los actos en que el deudor 
enajena los bienes que efectivamente posee, como en aquellos en que renuncia 
derechos constituidos a su favor y cuyo goce no fuere exclusivamente personal.

Artículo 2171.- Si el deudor no hubiere renunciado derechos irrevocablemente 
adquiridos, sino facultades por cuyo ejercicio pudiere mejorar el estado de su 



497

Édgar Cortés

fortuna, los acreedores pueden hacer revocar esa renuncia y usar de las facul-
tades renunciadas.

Artículo 2172.- Es también anulable el pago hecho por el deudor insolvente, 
antes del vencimiento del plazo.

Artículo 2173.- Es anulable todo acto o contrato celebrado en los treinta días 
anteriores a la declaración judicial de la quiebra o del concurso, y que tuviere 
por objeto dar a un crédito ya existente una preferencia que no tiene.

Artículo 2174.- La acción de nulidad mencionada en el artículo 2163 cesará 
luego que el deudor satisfaga su deuda o adquiera bienes con qué poder cubrirla.

Artículo 2175.- La nulidad de los actos del deudor solo será pronunciada en inte-
rés de los acreedores que la hubiesen pedido, y hasta el importe de sus créditos.

Artículo 2176.- El tercero a quien hubiesen pasado los bienes del deudor, puede 
hacer cesar la acción de los acreedores satisfaciendo el crédito de los que se 
hubiesen presentado, o dando garantía suficiente sobre el pago íntegro de sus 
créditos, si los bienes del deudor no alcanzaren a satisfacerlos.

Artículo 2177.- El fraude, que consiste únicamente en la preferencia indebida a 
favor de un acreedor, no importa la pérdida del derecho, sino la de la preferencia.

Artículo 2178.- Si el acreedor que pide la nulidad, para acreditar la insol-
vencia del deudor, prueba que el monto de las deudas de este excede al de 
sus bienes conocidos, le impone al deudor la obligación de acreditar que tiene 
bienes suficientes para cubrir esas deudas.

Artículo 2179.- Se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso 
hechas por aquellas personas contra quienes se hubiese pronunciado antes 
sentencia condenatoria en cualquiera instancia, o expedido mandamiento de 
embargo de bienes, cuando estas enajenaciones perjudican los derechos de sus 
acreedores.

Capítulo II
De la simulación de los actos jurídicos

Artículo 2180.- Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan 
falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas.

Artículo 2181.- La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene 
de real; es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que 
oculta su verdadero carácter.

Artículo 2182.- La simulación absoluta no produce efectos jurídicos. Descu-
bierto el acto real que oculta la simulación relativa, ese acto no será nulo si no 
hay ley que así lo declare.



498

La tutela del crédito

Artículo 2183.- Pueden pedir la nulidad de los actos simulados, los terceros 
perjudicados con la simulación, o el Ministerio Público cuando esta se cometió 
en transgresión de la ley o en perjuicio de la Hacienda Pública.

Artículo 2184.- Luego que se anule un acto simulado, se restituirá la cosa o 
derecho a quien pertenezca, con sus frutos e intereses, si los hubiere; pero si la 
cosa o derecho ha pasado a título oneroso a un tercero de buena fe, no habrá 
lugar a la restitución.

También subsistirán los gravámenes impuestos a favor de tercero de buena fe.

Tercera parte
Título primero

De la concurrencia y prelación de los créditos

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 2964.- El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones 
con todos sus bienes, con excepción de aquellos que, conforme a la ley, son 
inalienables o no embargables.

Código Civil paraguayo

Libro segundo
De los hechos y actos jurídicos y de las obligaciones

Título I
De los hechos y actos jurídicos

Capítulo II

De los actos jurídicos en general
Sección III. De la simulación en los actos jurídicos

Art. 305.- La simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica 
ni tiene un fin ilícito.

Art. 306.- Se podrá anular el acto jurídico, cuando por la simulación se perju-
dica a un tercero o se persigue un fin ilícito. En tal caso, los autores de aquella 
solo podrán ejercer entre sí la acción para obtener la nulidad, con arreglo a lo 
dispuesto por este Código sobre el enriquecimiento sin causa.

Art. 307.- Si hubiere un contradocumento firmado por alguna de las partes, 
para dejar el acto simulado, cuando este hubiere sido ilícito; o cuando fuere 
lícito, explicando o restringiendo el acto precedente, los jueces pueden conocer 
sobre él y sobre la simulación, si el contradocumento no contuviese algo contra 
la prohibición de las leyes, o contra los derechos de un tercero.



499

Édgar Cortés

Art. 308.- Los terceros perjudicados por un acto simulado tienen acción para 
demandar su anulación, pero los efectos de la sentencia no afectarán la vali-
dez de los actos de administración o enajenación celebrados a título oneroso 
con otras personas de buena fe. Esta disposición se aplicará igualmente a la 
anulación declarada judicialmente o efectuada por acuerdo de las partes que 
otorgaron el acto simulado.

Art. 309.- La simulación no podrá ser opuesta por los contratantes a los acree-
dores del titular aparente que de buena fe hubieren realizados actos de ejecución 
sobre bienes que fueron objeto del contrato simulado. Los acreedores del que 
simuló la enajenación podrán impugnar el acto simulado que perjudique sus 
derechos y, en el conflicto con los acreedores quirografarios del adquirente 
simulado, serán preferidos a estos si su crédito fuere anterior al acto simulado.

Art. 310.- La prueba de la simulación será admisible sin limitación si la demanda 
fuere promovida por terceros y cuando fuere destinada a invocar la ilicitud del 
acto simulado, aunque fuere promovida por las partes.

Sección IV. De los actos celebrados en fraude de los acreedores

Art. 311.- Los actos de disposición a título gratuito practicados por el deudor 
insolvente, o reducido a la insolvencia por causa de dichos actos, pueden ser 
revocados a instancia de los acreedores.

Art. 312.- Serán igualmente revocables los actos onerosos practicados por el 
deudor insolvente, cuando la insolvencia fuere notoria, o hubiese fundado 
motivo para ser conocida del otro contratante, y el crédito en virtud del cual 
se intenta la acción sea anterior al acto fraudulento.
Si por virtud del acto se tratare de eludir la responsabilidad derivada de la comi-
sión de un delito penal, no hará falta que el crédito sea anterior a dicho acto.

Art. 313.- Si el deudor renunciare derechos, aunque no fueren irrevocablemente 
adquiridos, con lo que pudo mejorar el estado de su fortuna o impedir la dis-
minución de ella, podrá el acreedor obtener la revocación de dicha renuncia y 
ejercer los derechos o acciones renunciados.

Art. 314.- También procederá la revocación cuando el deudor constituyere 
derechos reales de garantía sobre sus bienes en perjuicio de sus acreedores.

Art. 315.- La revocación será pronunciada exclusivamente en interés del acreedor 
que la pidió, y hasta el importe de su crédito.
Cesará la acción del acreedor si el tercero efectuare el pago o constituyese 
garantía para el caso de ser insuficiente el patrimonio del deudor.

Art. 316.- Obtenida la revocación, el acreedor puede promover contra el tercero 
las acciones ejecutivas o conservatorias respecto de los bienes que constituyen el 
objeto del acto revocado. El cómplice en el fraude debe devolverlos con todos 
sus frutos como poseedor de mala fe.



500

La tutela del crédito

Art. 317.- El que hubiere adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude 
de los acreedores, deberá indemnizar a estos de los daños y perjuicios, cuando 
la cosa hubiere pasado a un subadquirente de buena fe, o cuando se hubiere 
perdido.

Título II
De las obligaciones

Capítulo I
De las obligaciones en general

Sección I
De los efectos
Parágrafo II. De la garantía común para los acreedores

Art. 430.- El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos 
sus bienes presentes y futuros.
Las limitaciones de la responsabilidad son admitidas solamente en los casos 
establecidos por la ley.

Art. 431.- La existencia de una obligación no priva al deudor de la facultad de 
disponer y administrar sus bienes, salvo el caso de que se hayan dictado medidas 
restrictivas, de acuerdo con las normas procesales.

Art. 432.- Si la obligación tuviere por objeto cosas que se hallaren en poder 
del deudor, el titular podrá requerir judicialmente su entrega, y ejecutarse el 
desapoderamiento por la fuerza.

Art. 433.- El acreedor podrá exigir la venta judicial de los bienes del deudor, 
pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito.
Quedan exceptuados los derechos que por su naturaleza o por disposición de 
la ley no sean transmisibles.

Código Civil peruano

Libro segundo
Acto jurídico

Título VI
Simulación del acto jurídico

Artículo 190.- Simulación absoluta. Por la simulación absoluta se aparenta 
celebrar un acto jurídico cuando no existe realmente voluntad para celebrarlo.

Artículo 191.- Simulación relativa. Cuando las partes han querido concluir 
un acto distinto del aparente, tiene efecto entre ellas el acto ocultado, siempre 
que concurran los requisitos de sustancia y forma y no perjudique el derecho 
de tercero.



501

Édgar Cortés

Artículo 192.- Simulación parcial. La norma del artículo 191 es de aplicación 
cuando en el acto se hace referencia a datos inexactos o interviene interpósita 
persona.

Artículo 193.- Acción de nulidad de acto simulado. La acción para solicitar la 
nulidad del acto simulado puede ser ejercitada por cualquiera de las partes o 
por el tercero perjudicado, según el caso.

Artículo 194.- Inoponibilidad de la simulación. La simulación no puede ser 
opuesta por las partes ni por los terceros perjudicados a quien de buena fe y a 
título oneroso haya adquirido derechos de titular aparente.

Título VII
Fraude del acto jurídico

Artículo 195.- Requisitos de la acción pauliana o revocatoria
El acreedor, aunque el crédito esté sujeto a condición o a plazo, puede pedir 
que se declaren ineficaces respecto de él los actos gratuitos del deudor por los 
que renuncie a derechos o con los que disminuya su patrimonio conocido y 
perjudiquen el cobro del crédito. Se presume la existencia de perjuicio cuando 
del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la prestación 
debida, o se dificulta la posibilidad de cobro.
Tratándose de acto a título oneroso deben concurrir, además, los siguientes 
requisitos:
1.- Si el crédito es anterior al acto de disminución patrimonial, que el tercero 
haya tenido conocimiento del perjuicio a los derechos del acreedor o que, 
según las circunstancias, haya estado en razonable situación de conocer o de 
no ignorarlos y el perjuicio eventual de los mismos.
2.- Si el acto cuya ineficacia se solicita fuera anterior al surgimiento del crédito, 
que el deudor y el tercero lo hubiesen celebrado con el propósito de perjudicar 
la satisfacción del crédito del futuro acreedor. Se presume dicha intención en el 
deudor cuando ha dispuesto de bienes de cuya existencia había informado por 
escrito al futuro acreedor. Se presume la intención del tercero cuando conocía 
o estaba en aptitud de conocer el futuro crédito y que el deudor carece de otros 
bienes registrados.
Incumbe al acreedor la prueba sobre la existencia del crédito y, en su caso, la 
concurrencia de los requisitos indicados en los incisos 1 y 2 de este artículo. 
Corresponde al deudor y al tercero la carga de la prueba sobre la inexistencia 
del perjuicio, o sobre la existencia de bienes libres suficientes para garantizar 
la satisfacción del crédito.

Artículo 196.- Presunción de onerosidad de las garantías
Para los efectos del artículo 195, se considera que las garantías, aún por deudas 
ajenas, son actos a título oneroso si ellas son anteriores o simultáneas con el 
crédito garantizado.



502

La tutela del crédito

Artículo 197.- Efectos de la revocación frente al subadquirente
La declaración de ineficacia del acto no perjudica los derechos adquiridos a 
título oneroso por los terceros subadquirentes de buena fe.

Artículo 198.- Improcedencia de la acción revocatoria
No procede la declaración de ineficacia cuando se trata del cumplimiento de 
una deuda vencida, si esta consta en documento de fecha cierta.

Artículo 199.- Acción oblicua o subrogatoria
El acreedor puede ejercitar frente a los terceros adquirentes las acciones que le 
correspondan sobre los bienes objeto del acto ineficaz.
El tercero adquirente que tenga frente al deudor derechos de crédito pendientes 
de la declaración de ineficacia, no puede concurrir sobre el producto de los 
bienes que han sido objeto del acto ineficaz, sino después que el acreedor haya 
sido satisfecho.

Artículo 200.- Procedimiento para ineficacia de actos gratuitos y onerosos
La ineficacia de los actos gratuitos se tramita como proceso sumarísimo; la de los 
actos onerosos como proceso de conocimiento. Son especialmente procedentes 
las medidas cautelares destinadas a evitar que el perjuicio resulte irreparable.
Quedan a salvo las disposiciones pertinentes en materia de quiebra.

Código Civil uruguayo

Libro cuarto
De las obligaciones

Primera parte
De las obligaciones en general

Título I
De las causas eficientes de las obligaciones

Capítulo I
De los contratos en general

Sección III
De los efectos jurídicos de los contratos

1291. Los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben 
someterse las partes como a la ley misma.

Todos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan, no solo a lo 
que en ellos se expresa, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza 
sean conformes a la equidad, al uso o a la ley.



503

Édgar Cortés

1292. Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los 
herederos y demás sucesores de las partes, a menos que lo contrario resulte 
de una disposición especial de la ley, de una cláusula de la convención o de la 
naturaleza misma del contrato.

1293. Los contratos no pueden oponerse a terceros ni invocarse por ellos, sino 
en los casos de los artículos 1254 y 1256.

1294. Las partes pueden, por mutuo consentimiento, extinguir las obligaciones 
creadas por los contratos y retirar los derechos reales que se hubiesen transferido; 
y pueden también por mutuo consentimiento, revocar los contratos por las 
causas que la ley autoriza.

1295. Podrán los acreedores pedir al juez que los autorice para ejercer todos 
los derechos y acciones de su deudor.

Exceptúanse los derechos que no ofrezcan un interés pecuniario y actual y 
aquellos que por su naturaleza o por disposición de la ley no pueden ser ejer-
cidos sino por el deudor o que a lo menos no pueden serlo contra su voluntad 
por otra persona.

1296. Podrán también los acreedores pedir a nombre propio que se rescindan 
o revoquen las enajenaciones otorgadas por el deudor con fraude y en perjuicio 
de ellos.

Consiste el fraude en el conocimiento de la insolvencia del deudor.
Si la enajenación fuere a título oneroso, deberán probar los acreedores que 
medió fraude por parte de ambos contrayentes; si fuere a título gratuito bastará 
que se pruebe el fraude respecto del deudor.
La acción de que habla este artículo, expira en un año contado desde que el 
acreedor o acreedores supieren la enajenación. Para las enajenaciones que se 
inscriban en el Registro de Traslaciones de Dominio el plazo correrá a partir 
de la fecha de su inscripción.

Título IV
Del modo de probar las obligaciones y liberaciones

Capítulo I
De la prueba instrumental

Sección I
De los instrumentos públicos

1580. Los contradocumentos surten efecto entre los contrayentes y sus here-
deros; pero no pueden perjudicar a sus sucesores por título singular, los cuales 
se consideran como terceros.



504

La tutela del crédito

Segunda parte
De las obligaciones que nacen de los contratos

Título XIX
De la graduación de acreedores y distribución de los bienes en concurso

2372. Los bienes todos del deudor, exceptuándose los no embargables, son la 
garantía común de sus acreedores y el precio de ellos se distribuye entre estos 
a prorrata, a no ser que haya causas legítimas de preferencia.
La ley no reconoce otras causas de preferencia que la prenda, la hipoteca y los 
privilegios.

Código Civil venezolano

Libro Tercero
De las maneras de adquirir y transmitir la propiedad y demás derechos

Título III

De las obligaciones
Capítulo III
De los efectos de las obligaciones

Art. 1278. Los acreedores pueden ejercer, para el cobro de lo que se les deba, los 
derechos y las acciones del deudor, excepto los derechos que son exclusivamente 
inherentes a la persona del deudor.

Art. 1279. Los acreedores pueden atacar en su propio nombre los actos que el 
deudor haya ejecutado en fraude de sus derechos. Se consideran ejecutados en 
fraude de los derechos de los acreedores los actos a título gratuito del deudor 
insolvente al tiempo de dichos actos, o que ha llegado a serlo por consecuencia 
de ellos. 
El acreedor quirografario que recibiere del deudor insolvente el pago de una 
deuda aún no vencida, quedará obligado a restituir a la masa lo que recibió. 
Presúmense fraudulentas de los derechos de los demás acreedores, las garantías 
de deudas aún no vencidas que el deudor insolvente hubiere dado a uno o más 
de los acreedores. 
La acción de que trata este artículo dura cinco años a contar desde el día en 
que los acreedores tuvieron noticia del acto que da origen a la acción, y la 
revocatoria no aprovecha sino a los acreedores anteriores a dicho acto, que  
la hayan demandado. También se consideran ejecutados en fraude de los 
derechos de los acreedores los actos a título oneroso del deudor insolvente, 
cuando la insolvencia fuere notoria o cuando la persona que contrató con el 
deudor haya tenido motivo para conocerla. Dicha acción no puede intentarse 
por un acreedor cuya acreencia sea posterior en fecha al acto cuya revocación 
demanda, a menos que se presente como causahabiente de un acreedor anterior. 



505

Édgar Cortés

Esta acción dura cinco años a contar desde el día en que los acreedores tuvieron 
noticia del acto simulado.

Art. 1280. Dicha acción no puede intentarse por un acreedor cuya acreencia sea 
posterior en fecha al acto cuya revocación demanda, a menos que se presente 
como causahabiente de un acreedor anterior.
En todos los casos la revocación del acto no produce efecto en perjuicio de 
los terceros que, no habiendo participado en el fraude, han adquirido derecho 
sobre los inmuebles con anterioridad al registro de la demanda por revocación.

Si los terceros han procedido de mala fe, quedan no solo sujetos a la acción de 
revocación, sino también a la de daños y perjuicios.

Art. 1281. Los acreedores pueden también pedir la declaratoria de simulación 
de los actos ejecutados por el deudor.
Esta acción dura cinco años a contar desde el día en que los acreedores tuvieron 
noticia del acto simulado.
La simulación, una vez declarada, no produce efecto en perjuicio de los terce-
ros que, no teniendo conocimiento de ella, han adquirido derechos sobre los 
inmuebles con anterioridad al registro de