LA DESIGUALDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EN EL PERÚ Orígenes históricos y dinámica política y económica Carlos Contreras, José Incio, Sinesio López, Cristina Mazzeo y Waldo Mendoza Con la colaboración de José Luis Flor, Stephan Gruber y Janneth Leyva La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú Orígenes históricos y dinámica política y económica La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú Orígenes históricos y dinámica política y económica © Carlos Contreras, José Incio, Sinesio López, Cristina Mazzeo y Waldo Mendoza, 2015 © Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015 Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú Teléfono: (51 1) 626-2650 Fax: (51 1) 626-2913 feditor@pucp.edu.pe www.fondoeditorial.pucp.edu.pe Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP Primera edición: noviembre de 2015 Tiraje: 600 ejemplares Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015-15395 ISBN: 978-612-317-142-1 Registro del Proyecto Editorial: 31501361401133 Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú Índice Introducción 11 Capítulo 1. Los orígenes históricos de la desigualdad en el Perú 21 1. Marco conceptual e historiográfico 22 2. El legado colonial de la desigualdad 29 3. La evolución demográfica y las diferencias salariales durante la posindependencia 34 3.1. Salarios del campo y de la ciudad a fines del siglo XVIII en el Perú 41 3.2. Salarios a mediados del siglo XIX 45 4. El acceso a las actividades económicas bajo el período colonial 46 4.1. La distribución de la tierra 49 5. La evolución de la desigualdad después de 1930 56 6. Reflexiones conclusivas y propuesta de periodización 62 Anexo 1. Distribución de la propiedad agraria 66 Anexo 2. Los valles de Lima hacia 1838 69 Anexo 3. Cuadros estadísticos 76 Anexo 4. Evolución de los precios de la tierra y del salario rural en Arequipa (1850-1950) 96 Anexo 5. Evolución de los precios de la tierra y del salario rural en Ayacucho (1850-1950) 99 Anexo 6. Evolución de los precios de la tierra y del salario rural en Cajamarca (1850-1950) 102 Capítulo 2. La política y la desigualdad de ingresos en el Perú 107 Introducción 107 1. Ciudadanía y desigualdad de ingresos 112 1.1. La ciudadanía social y la desigualdad de ingresos 112 1.2. Ciudadanía efectiva y desigualdad de ingresos 119 1.3. Tipos de ciudadanía y desigualdad de ingresos 125 2. Movimientos sociales y desigualdad de ingresos 127 2.1. Movimientos sociales antiguos 130 2.2. Nuevos movimientos sociales 165 3. Partidos políticos y desigualdad de ingresos 173 3.1. Perú: de los partidos de notables a la volatilidad electoral 174 3.2. La incorporación populista de los trabajadores por los partidos 180 3.3. Políticas macroeconómicas: keynesianos y liberales 186 3.4. La representación política en la era neoliberal 188 3.5. Ganar con el POS y gobernar con el POE 193 4. Estado y desigualdad de ingresos 204 4.1. Formas de Estado y desigualdad de ingresos 204 4.2. Densidad estatal y desigualdad de ingresos (la brecha territorial del Estado) 207 5. A modo de conclusión 210 Anexo. Construcción del Índice de Ciudadanía Efectiva 218 Capítulo 3. La distribución del ingreso en el Perú (1950-2010) 225 Introducción 225 1. Crecimiento económico y distribución del ingreso 226 2. Los determinantes de la desigualdad 228 2.1. El caso general 229 2.2. El caso del Perú 231 3. La desigualdad en el Perú 233 4. Marco de análisis 245 4.1. La distribución funcional del ingreso 245 4.2. La distribución del ingreso por grupos de empleo, según Figueroa (1993) 246 4.3. El coeficiente de Gini corregido por cuentas nacionales 247 4.4. La T’-Theil como aproximación a la T-Theil 249 5. Principales resultados 254 5.1. La distribución funcional del ingreso 255 5.2. Ingresos de los trabajadores del campo y de la ciudad 261 5.3. Brecha del 1% superior de la distribución 266 5.4. Corrección del coeficiente de Gini 271 5.5. La evolución de la T’-Theil 276 6. La evolución de la desigualdad en el Perú entre 1950 y 2010: un balance 289 7. Las causas de la desigualdad en el Perú 293 7.1. El modelo de crecimiento económico 293 7.2. El rol del Estado 296 7.3. La liberalización comercial 306 7.4. Productividad, empleo y mercado 309 8. Conclusiones e implicancias para la política económica 315 9. Apéndices metodológicos 318 9.1. Apéndice metodológico 1. Sobre la metodología empleada por el BCRP para la construcción de las series 318 9.2. Apéndice metodológico 2. Sobre la metodología empleada para desagregar el excedente de explotación 319 9.3. Apéndice metodológico 3. Los ingresos de los trabajadores asalariados y autoempleados 322 9.4. Apéndice metodológico 4. El rol del Estado 329 9.5. Apéndice metodológico 5. La evolución de las cifras de pobreza 332 9.6. Apéndice metodológico 6. Resultados de la corrección del coeficiente de Gini 333 9.7. Apéndice metodológico 7. Evolución sectorial del empleo y la productividad (1960-2005) 334 9.8. Apéndice metodológico 8. La magnitud de la brecha entre cuentas nacionales y las encuestas de hogares 336 9.9. Apéndice metodológico 9. Métodos empleados para la corrección de la información de las encuestas de hogares 1997Q4-2003 mayo/diciembre 337 9.10. Apéndice metodológico 10. Cálculos del coeficiente de Gini para el ingreso de otros autores, usados en el gráfico 3.23. 339 Conclusiones 341 Referencias bibliográficas 351 Sobre los autores y colaboradores 369 Introducción El Perú de inicios del siglo XXI aparece como un país líder del crecimiento econó- mico, de la baja inflación y de la reducción de la pobreza en América Latina, hasta el punto de hablarse del «milagro peruano». Sin embargo, nuestro país sigue siendo profundamente desigual. No obstante la considerable disminución de la desigualdad ocurrida en los últimos catorce años, el Perú actual todavía se parece mucho al que encontraron Richard Webb y Adolfo Figueroa a mediados de la década de 1970. Las cifras de la distribución del ingreso (ingreso aproximado a partir de las cuen- tas nacionales y de los ingresos reales promedio de los trabajadores —independientes y autoempleados, del campo y de la ciudad, del sector privado y del sector público—) muestran que el Perú de hoy es un país tan desigual como el de 1975. De la misma forma, la distribución del ingreso (medida con las series del coeficiente de Gini que, a su vez, han sido corregidas con información de las cuentas nacionales) denota un resultado similar. El Gini de 2010 es exactamente igual al de 1980: 0,60. ¿Cuáles son las razones que explican este alto grado de desigualdad? ¿Cuál ha sido el papel de la herencia que, en esta materia, dejó el régimen colonial al produ- cirse la independencia? ¿Cuál ha sido la relación entre algunas dimensiones de la política (la ciudadanía, los movimientos sociales, los partidos políticos y el Estado) y la diferencia de ingresos desde mediados del siglo XX hasta ahora? ¿Cuál ha sido la evolución de la desigualdad en la distribución del ingreso y cuáles sus causas durante las últimas seis décadas en el Perú? Este libro tiene como propósito dar una respuesta interdisciplinaria a estas inte- rrogantes, desde la historia, la ciencia política y la economía. En la búsqueda de los orígenes históricos de la desigualdad nos encontramos con el problema de la escasez de cifras en el Perú, para épocas anteriores a la primera mitad del siglo XX, acerca de elementos claves tales como el valor de los recursos naturales, los salarios de los trabajadores o las ganancias de los propietarios. Ello nos obligó a recurrir, al menos en parte, a un enfoque cualitativo y a echar mano, imaginativamente, de las pocas cifras disponibles que pudimos rescatar de archivos y de la bibliografía existente. La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú 12 En cierta forma esa misma carencia de cifras expresaba un hecho real —y que hubiera sido necio obviar para nuestros propósitos—: antes del siglo XX la economía peruana no se basaba en una sociedad capitalista, en la que la población percibiese sus ingresos a partir de rentas derivadas de su patrimonio, ganancias de sus empresas o salarios entregados por sus empleadores. La mayor parte de las familias vivía en el campo y llevaba adelante economías agrarias en las que se combinaban la agricultura, la ganadería y la recolección de elementos de la naturaleza con las tareas domés- ticas que permitían el mantenimiento del hogar y el trabajo asalariado estacional en emplazamientos cercanos. Solo un pequeño número de pobladores se afanaba en actividades de exportación, que se concentraban, básicamente, en los renglones de la minería y en cierta agricultura, como la plantación en los valles del litoral. Los cen- tros exportadores enfrentaban tremendos problemas para proveerse de trabajadores permanentes; por ello, cuando este tipo de mano de obra era indispensable, como en la extracción del guano, recurrían a sistemas de esclavitud o a la servidumbre por deudas a través de la migración internacional. El régimen colonial legó un tipo de sociedad bastante desigual, no solo en térmi- nos cuantitativos, sino, sobre todo, en sus fundamentos ideológicos y culturales, que determinaban un orden cimentado en jerarquías verticales. Los  colonos españoles y sus descendientes fueron una minoría en el conjunto demográfico peruano, con lo cual se cumplió lo que podríamos llamar la ley inmigracionista de los historiado- res institucionalistas norteamericanos: mientras menos europeos llegasen en relación con el número de nativos, peor sería la desigualdad. Al Perú arribaron los españoles a cuentagotas. Los conquistadores fueron poco más de un centenar; los encomende- ros no llegaron a mil y nunca hubo en el virreinato peruano más de cincuenta mil peninsulares a la vez. En el marco de una población que, en promedio, se mantuvo alrededor del millón de habitantes, la cifra de peninsulares representó siempre unos pocos puntos porcentuales. Pero, con ser pocos, ese «puñado» de peninsulares tuvo un control político, eco- nómico y sobre todo ideológico del virreinato que le permitió gobernarlo casi sin fuerzas armadas. La superioridad de los blancos fue aceptada en todos los campos: religioso (se consideraba que ellos habían traído la religión correcta, de cuya práctica eran modelos por seguir), político (eran los que gobernaban y sabían cómo hacerlo), económico (dominaban la tecnología más avanzada para la producción y estaban familiarizados con las prácticas comerciales), cultural (hablaban la lengua franca: el castellano y su arte literario eran asumidos como modelos por imitar) y social (sus hábitos y costumbres eran los que daban la pauta de buena conducta y morali- dad al resto de la población). Introducción 13 Dicho patrón de dominación fue tan fuerte que, al final del período colonial, las leyes eran apenas necesarias para discriminar a los no blancos de las actividades económicas más lucrativas. No  fueron disposiciones escritas las que alejaron a los mestizos, indios y negros de las actividades comerciales de más provechoso giro, de las tierras más productivas y mejor ubicadas o de las minas que rendían los más pingües beneficios, sino los trámites que se debían seguir (hechos solo para gente que supiese escribir el castellano) y el control que detentaban quienes debían conceder los permisos correspondientes. De  todos modos, ninguna sociedad puede perdurar sin ofrecer algún tipo de canal de ascenso a los de abajo. Así, durante el período colonial, aunque con mayor fuerza a partir del siglo XVIII, los sectores no blancos, encabezados por los mestizos, fueron infiltrándose eficazmente en ocupaciones como la militar y la eclesiástica, que demostrarían ser muy efectivas para el ascenso económico en los tiempos que siguie- ron a la independencia. Adicionalmente, el propio juego del mercado colonial, en el que la mano de obra indígena se volvió un factor escaso y valioso, facilitó el enrique- cimiento de ciertos personajes, como los caciques, los arrieros y los hombres ladinos en los idiomas quechua y castellano, que tenían una clara ventaja para manejarse en la frontera entre las economías española e indígena. Por otro lado, hemos establecido tres grandes épocas en materia de evolución de la desigualdad a partir de la independencia, a saber: los períodos 1821-1890, 1890-1945 y 1945-1990. Las fechas con que inician y cierran estas etapas son, por supuesto, aproximadas y no precisas. Uno de nuestros hallazgos fue que la indepen- dencia resultó un revulsivo social más profundo de lo que la historiografía había admitido. En el Perú no hubo una revolución haitiana que expulsase totalmente a los amos blancos; sus descendientes criollos consiguieron mantener el control del Estado y preservar el statu quo, pero a condición de permitir el ascenso de los mestizos, con quienes debieron compartir el poder político y social. En el terreno económico, la pérdida de legitimidad y capacidad punitiva del Estado republicano, en comparación con el Estado colonial, favoreció una distribución más equitativa de la propiedad, puesto que su defensa corría básicamente ahora en manos de las propias personas. Si contásemos con un indicador Gini de la desigualdad hacia 1870, no sería claro, sin embargo, que este hubiese aminorado desde la independencia, puesto que las exportaciones de guano produjeron una concentración de la riqueza en pocas manos con una velocidad inédita en la historia peruana. La guerra del salitre provocó, no obstante, la pérdida de gran parte de esa riqueza y una reestructuración del Estado peruano, el cual, a fines del siglo XIX e inicios del XX, modernizó los derechos de propiedad en sintonía con una economía capitalista y desarrolló los instrumentos logísticos y organizativos que le permitirían hacerlos La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú 14 respetar con alguna eficiencia. Esto complicó mucho el panorama de la distribución de la riqueza, puesto que, de un lado, los recursos productivos quedaron más concen- trados en pocas manos, pero, de otro, el nuevo despliegue organizativo estatal creó una masa de empleados públicos (policías, militares, jueces, maestros, enfermeros, telegrafistas, ingenieros) que, con su concentración urbana, sus salarios monetarios y su capacidad de movilización, marcaron el nacimiento de una clase media en el Perú. A partir de entonces, esta clase sería el nuevo revulsivo en materia de distribución de la riqueza, puesto que presionaría constantemente al Estado por una redistribución que le permitirse compartir una porción más jugosa de la torta de la economía. No obstante, el relativamente pequeño tamaño de esta clase media hasta finales del siglo XX hizo que la distribución del ingreso no mejorase significativamente en términos cuantitativos. De este modo, si asumimos que sus miembros eran los obre- ros asalariados del sector moderno de la economía, así como los empleados públicos, los empleados del comercio y de las finanzas privadas, diríamos que, en vísperas de la gran depresión de la década de 1930, esta clase constituiría solo un cuarto, aproxima- damente, de la población peruana. En adelante, el juego de la política económica en materia de distribución de la riqueza consistiría en un tira y afloja entre los sectores de la élite y de esta clase media, pero dejando de lado a un 70% de la población que vivía en el campo relativamente fuera de la economía de mercado. Después de la depresión de la década de 1930 comenzó una tercera etapa que estuvo fuertemente influida por la explosión demográfica y la progresiva monetiza- ción de la economía. La explosión demográfica provocó que, entre 1930 y 1980, la población se multiplicase por tres y que creciera, sobre todo, la porción más pobre y aislada. Así, la pobreza de sus recursos agrarios obligó a este grupo de personas a migrar a las ciudades de los mestizos, donde constituyeron una mano de obra de reserva que presionó los salarios hacia la baja. Por tanto, la remuneración al trabajo —que durante épocas anteriores se había mantenido más o menos estable o incluso con mejoras en relación con la renta de la tierra— perdió terreno frente al surgimiento del empleo informal urbano y de lo que los sociólogos llamaron la marginalidad. El  deterioro de los salarios fue, además, posible debido al fin del régimen de moneda metálica que tuvo el Perú hasta 1930. La difusión de la moneda de papel permitió la aplicación de la política inflacionaria por parte del gobierno para burlar la rigidez de los precios de costumbre. Así, entre las décadas de 1930 y 1990, ocurrió un deterioro de la distribución del ingreso que terminó, en los años finales de ese lapso, con una insurrección armada que puso en jaque al Estado. La derrota de los insurrectos, junto con un replanteamiento de la política económica y el inicio de una nueva bonanza exportadora frenaron el deterioro de los ingresos de los trabajadores hacia el final del siglo XX. Introducción 15 De este modo, durante el primer período (1821-1890) habría ocurrido un alivio de la desigualdad, que se manifestó en hechos como el robusto crecimiento demo- gráfico indígena y el ascenso del sector mestizo en la política y la influencia social. Luego, durante el segundo lapso (1890-1945) la pirámide de ingresos se habría com- plicado a raíz del surgimiento de una clase media —aunque es difícil señalar cómo habría evolucionado el Gini en medio de esa transformación—. Finalmente, durante el tercer período (1945-1990) la desigualdad habría empeorado. Ahora bien, es necesario señalar que presentamos esta periodización de forma hipotética, puesto que una precisión mayor ameritaría una investigación más dete- nida y monográfica, volcada a la reconstrucción de los indicadores, cuantitativos o cualitativos, que permitan afinar mejor las conclusiones. El otro componente importante de esta investigación es el examen de la inciden- cia de algunas dimensiones de la política en la distribución del ingreso en el Perú de 1950 en adelante. Las dimensiones examinadas son la ciudadanía, los movimientos sociales, los partidos políticos y el papel del Estado. De este último nos interesa estu- diar su distribución en el territorio (densidad estatal) y las formas de régimen. Así, las preguntas centrales que orientan el ámbito político de este libro son las siguientes: ¿Pueden las dimensiones señaladas incidir en la distribución del ingreso? ¿En qué medida repercuten en dicha distribución? ¿Su incidencia es directa en los mecanismos de distribución de las empresas capitalistas? ¿O influyen indirectamente vía los impuestos, los derechos sociales y el gasto público del Estado? Según la teo- ría de la dependencia estructural del marxismo y del neoliberalismo, la posibilidad de incidencia de estas dimensiones es limitada por la estructura del capitalismo. Pero, de acuerdo con la teoría de la acción colectiva, la posibilidad de su incidencia depende del proceso de cambio social, de las oportunidades y límites, del nivel de organización de los actores, del repertorio de la contienda, de los entramados institu- cionales y de las interacciones de los actores. Desde una perspectiva normativa, todos los peruanos son iguales ante la ley y el Estado está obligado a garantizar los mismos derechos para todos. Pero la norma difiere de la realidad sociológica, que muestra que no todos los ciudadanos tienen el mismo acceso efectivo a los derechos y a las garantías. La ciudadanía efectiva, dife- rente de la normativa, depende principalmente de la capacidad estatal para garantizar los derechos que reconoce, esto es, del nivel de democratización del Estado. A mayor democratización estatal, mayor ciudadanía efectiva. La ciudadanía social —un com- ponente importante de la ciudadanía en general que en Europa contribuyó a una mejor distribución del ingreso— en el Perú es muy deficitaria y tiende a arrastrar hacia abajo el nivel de la ciudadanía efectiva, mientras que la ciudadanía política tiende a levantarlo y mejorarlo. La ciudadanía civil, a su vez, afecta también negati- vamente al nivel de la efectiva, pero en menor medida que la social. La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú 16 Los  estudios sobre movimientos sociales distinguen entre los movimientos sociales «viejos» y los «nuevos». Los primeros surgieron como expresiones y repre- sentaciones de clases sociales o segmentos de ellas enfrentados a la explotación de la mano de obra dentro del sistema capitalista, organizados según el modelo sin- dical y frecuentemente subordinados a, o influenciados por, los partidos políticos. Los segundos han surgido en defensa de la identidad y la cultura frente a la discri- minación y la exclusión, enfrentan la desposesión de sus bienes, recursos naturales y medios de vida con nuevos modelos organizativos y se presentan como formas alternativas y, a veces, competitivas de representación a las de los partidos políticos (Bebbington, Scurrah & Bielich, 2011). Los movimientos sociales antiguos estuvieron más cerca de la producción y de la distribución del ingreso. Este es el caso del movimiento obrero clasista, que fue el único movimiento social que, gracias a su capacidad de negociación centralizada, logró un impacto positivo en la distribución del ingreso. El  movimiento campe- sino, en cambio, se movió en torno a la distribución de la propiedad de la tierra y su incidencia en la distribución del ingreso fue indirecta y limitada. Los nuevos movimientos sociales tuvieron que ver más bien con el consumo colectivo e indirec- tamente con la distribución del ingreso (movimientos socioambientales). Pese al creciente peso electoral de los partidos populistas estos nunca pudieron desplegar a plenitud sus políticas macroeconómicas: en unos casos porque fueron bloqueados para acceder al gobierno por la oligarquía y sus aliados (APRA, entre 1931 y 1945), en otros porque no tuvieron la fuerza suficiente para aplicarlas una vez que accedieron al gobierno y se constituyeron en partidos de gobierno (Fernando Belaunde, 1963-1968) y en otros porque, habiendo ganado con un programa basado en la promoción del empleo, la distribución del ingreso y el rol activo del Estado terminaron gobernando con un programa neoliberal (Alan García, 2006-2011 y Ollanta Humala, 2011…). El general Juan Velasco Alvarado desplegó una política de reformas económi- cas y medidas radicales, acabó con la oligarquía y el gamonalismo, promovió la industrialización, el empleo, la distribución del ingreso y fortaleció el Estado, pero todas estas acciones no tuvieron un impacto distributivo, como lo han demostrado Richard Webb (1977) y Adolfo Figueroa (1973), puesto que fue una distribución intrasectorial más que de sector a sector. Solo la reforma agraria tuvo un reducido impacto en el sector tradicional. Figueroa muestra que una transferencia del 50% del total de la tierra de cultivo implicaría una movilización de no más del 1% de ingreso nacional a la población rural pobre, insuficiente para lograr una variación significativa de la estructura nacional del ingreso. Como dictadura que desplegó un corporati- vismo inclusivo, el gobierno de Velasco Alvarado tuvo la fuerza y la capacidad para Introducción 17 desplegar un programa keynesiano (que reclamaban los partidos populistas desde 1930 en adelante). Entre 1968 y 1974 el salario real creció en casi 40%. A partir de 1974 comenzó un lento descenso en lo que restaba de este período gubernamental. Hasta 1973 la masa salarial estuvo por encima de las utilidades. Posteriormente, el primer gobierno de García (1985-1990), que contó con toda la fuerza política y toda la capacidad del Estado para aplicar su programa popu- lista, tuvo, sin embargo, resultados catastróficos. Ello se explica, de un lado, por su inexperiencia de gobierno, que le impidió establecer ciertos equilibrios macroeconó- micos básicos y, de otro, por el agotamiento de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) como modelo de desarrollo, por la crisis de la deuda externa y por la violencia terrorista que asolaba al país en esa década. Desde mediados de la década de 1980 los sistemas de partidos en Latinoamérica enfrentaron una grave crisis económica que los forzó a lidiar con el colapso de los modelos de desarrollo dirigidos por el Estado y con la difícil transición al liberalismo de mercado. Según Roberts: [E]l colapso de la ISI y el surgimiento de la era neoliberal no solo representan una divisoria de aguas en la historia económica de Latinoamérica sino que también constituyen una «coyuntura crítica» en la trayectoria del desarrollo político en la región. Esta coyuntura crítica es asociada con un conjunto de desafíos políticos y económicos que son experimentados de maneras diferentes por los diversos escena- rios nacionales, produciéndose así resultados políticos divergentes (2003, p. 205). La centralidad de los partidos como agentes de representación política ha sido reducida por la modernización social y tecnológica. Los sistemas de partido han dife- rido dramáticamente en su capacidad de adaptación a un nuevo panorama político y socioeconómico (2003). El Estado republicano solo ha logrado superar la brecha político-social (Estado republicano en una sociedad de siervos y esclavos) de las tres brechas con las que nació. La brecha étnico-racial y la territorial se mantienen en pie. Esta supervivencia explica muchas de sus características actuales. Es un Estado débil, capturado por los poderes fácticos, antidemocrático (sus políticas públicas y la ley no llegan a todo el territorio), hemipléjico (solo funciona el aparato económico mientras el social fun- ciona mal), ineficiente, centralizado. En sus diversas formas (oligárquico, populista y neoliberal) no ha podido superar, con la política impositiva ni con los gastos sociales, las desigualdades que la economía genera. En resumen, los factores políticos analizados no han logrado superar la desigual- dad de ingresos que la economía genera. Solo la ciudadanía efectiva y el movimiento sindical clasista han logrado amainar parcialmente dicha desigualdad. La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú 18 Por último, en el terreno de la economía, una de las características más resaltan- tes de la distribución del ingreso es la persistencia de un alto grado de desigualdad. El valor de largo plazo de la desigualdad de ingresos se ha mantenido en torno a 0,60, medido por el coeficiente de Gini, una de las cifras más altas en el ámbito mundial. En el largo período comprendido entre la segunda mitad del siglo XX y la pri- mera década del siglo  XXI podemos encontrar tres ciclos nítidamente diferentes: a) el período 1950-1975, de crecimiento económico; b) el período 1975-1990, de crisis; y c) el período 1990-2010, de recuperación y crecimiento económico. En el primer período, según las cifras de la distribución funcional del ingreso, el problema distributivo empeoró, especialmente en la década de 1960. En el decenio de 1950 el empeoramiento relativo de la posición de los trabajadores independientes tuvo como contrapartida el aumento en la participación de la masa salarial respecto del total del ingreso doméstico, lo que contrasta claramente con lo ocurrido en la década siguiente, cuando el empeoramiento de los trabajadores independientes tuvo como contrapartida una creciente participación de las utilidades, mientras que la participación de la masa salarial se estancaba. En el primer lustro de la década de 1970, la evolución de la desigualdad no se revirtió. De hecho, a pesar de los impor- tantes cambios institucionales que atravesó el país durante el primer período de la dictadura militar, la desigualdad de ingresos aumentó. Entre 1960 y 1975 la consolidación de sectores de mucha productividad pero con escaso empleo del factor relativamente más abundante (es decir, la mano de obra no calificada y rural que eleva la desigualdad) fue compensada solo parcialmente por el importante desplazamiento de mano de obra desde el sector menos productivo hacia los sectores solo ligeramente más productivos, hecho que redujo la desigualdad. Esta dinámica macroeconómica no fue modificada desde el Estado. Según Webb y Figueroa, las políticas redistributivas de inicios de 1970 tuvieron escasos efectos sobre la desigualdad económica en el país (1975). Las reformas más importantes del gobierno militar de Velasco Alvarado solo transfirieron aproximadamente entre el 2% y el 3% del ingreso nacional y la redistribución únicamente afectó al 25% más rico de los hogares. En el período entre 1975 y 1990 la economía sufrió la crisis macroeconómica más severa del siglo  XX: el PBI per  cápita se redujo en 32% en términos  reales. A pesar de que a lo largo de este período los indicadores de la desigualdad tuvie- ron grandes fluctuaciones, como tendencia, la desigualdad empeoró. La explicación fundamental reside en que las «políticas de estabilización», es decir, los ajustes perió- dicos del precio del dólar y el precio de los combustibles, los famosos «paquetazos», llevaron al alza a la inflación y deterioraron los salarios reales como nunca antes en la historia peruana contemporánea. Introducción 19 La década de 1990 fue de una recuperación importante del crecimiento, inte- rrumpido por la crisis internacional de 1998. En esta década, mientras que en el primer quinquenio la desigualdad en ingresos se mantuvo relativamente estable, en el segundo aumentó. Finalmente, la primera década del año 2000 muestra una reducción sostenida de la desigualdad en ingresos, la que resulta consistente con una reducción importante de la pobreza monetaria durante la época de intenso crecimiento económico. Aunque no es seguro afirmarlo, dada la poca disponibilidad de información, los diez años durante los cuales la desigualdad en ingresos se ha reducido constituyen uno de los períodos más largos de esta reducción sostenida. Un elemento redistributivo recien- temente importante es la persistencia de políticas sociales de amplio alcance, las que han sido efectivas en la reducción de la pobreza monetaria en el país. Evidentemente, en la medida en que la pobreza siga reduciéndose, especialmente en zonas rurales, la desigualdad seguirá disminuyendo. A pesar de esta importante reducción de la desigualdad no parece haberse alte- rado la evolución de sus niveles de largo plazo. La reducción reciente solo ocurrió después de una elevación en el cambio del siglo y, a su vez, luego de niveles más altos de desigualdad durante la década de 1990. Hay, entonces, todavía un largo camino por recorrer para continuar reduciendo el grado alto de desigualdad. Quizás la ruta sea la de ir modificando gradualmente el estilo de crecimiento económico de una economía abierta fundamentada en la expor- tación de productos primarios y cambiar, a través de la política fiscal, la distribución del ingreso generada por el mercado a través de una política impositiva y de gasto público progresiva. Este libro es fruto de la investigación llevada a cabo por dos historiadores, un sociólogo, un politólogo y un economista como parte del proyecto de investigación interdisciplinaria «La desigualdad en el Perú: herencia colonial, economía y política», auspiciado por la Dirección Académica de Investigación de la Pontificia Universi- dad Católica del Perú (PUCP). El texto está organizado en tres grandes capítulos. En el primero abordamos el tema de los orígenes históricos de la desigualdad desde la historia económica. En el segundo indagamos acerca de la incidencia de algunas dimensiones de la política sobre la desigualdad desde la sociología y la ciencia polí- tica. Finalmente, en el tercero examinamos el comportamiento de largo plazo de la desigualdad de la distribución de los ingresos desde la economía. El libro culmina con una sección de conclusiones acerca del rol de la historia, la política y la economía en la distribución del ingreso. Los autores Capítulo 1. Los orígenes históricos de la desigualdad en el Perú Carlos Contreras y Cristina Mazzeo* Los  trabajos sobre la desigualdad en América Latina han coincidido en señalar el carácter elevado y persistente que este fenómeno tiene en el subcontinente, a la vez que han postulado su origen histórico. En consonancia con este planteamiento, pro- ponemos que el patrón de fuerte desigualdad se originó en el Perú durante el período colonial. Desde entonces, más que ingresar a una tendencia declinante, la desigual- dad ha ido variando en sus manifestaciones a lo largo del tiempo. De un país dividido entre indios colonizados y blancos colonizadores se pasó a una república de ricos y pobres, sin que la asociación entre colonos blancos y riqueza, por un lado, e indios colonizados y pobreza, por el otro, haya desaparecido. Pero no es fácil llevar un registro histórico cuantitativo de la desigualdad. Incluso, si nos restringiéramos a la desigualdad económica, no toda ella es mensurable y, aun cuando lo fuera, dichos datos no son conocidos. En este trabajo hemos recurrido a la información demográfica aportada por los censos, a los datos de los precios de la tierra y del trabajo que pueden recogerse en los protocolos notariales y en los archivos de la propiedad inmueble y a algunas estadísticas aparecidas esporádicamente en rela- tos de viajeros y disposiciones fiscales. La investigación se realizó a escala nacional: tomamos en cuenta los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y Lima como representativos de la realidad peruana. Este capítulo está organizado en tres partes: en la primera se realiza un balance de la historiografía y se precisan las categorías que empleamos en el texto. En la segunda parte realizamos un recorrido por la historia del Perú entre los siglos XVIII y XX, y nos detenemos en los hitos significativos para el tema de la desigualdad. Asimismo, hemos procurado recoger la información que nos permitiese evaluar el grado de desigualdad presente en la población (apartados 2, 3, 4 y 5). Finalmente,  en  la  tercera  parte * En la investigación documental colaboraron Christopher Cornelio, Stephan Gruber y Marcelo Rochabrún. La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú 22 esbozamos unas reflexiones conclusivas y ofrecemos una periodización de la desi gualdad en el Perú republicano: el período de la posindependencia (1821-1890), marcado por una disminución de la desigualdad; el período oligárquico (1890-1940), caracterizado por la aparición de una clase media y una complicación de la pirámide de la riqueza, y el período moderno (1940-1990), marcado por un incremento de la desigualdad a raíz de la depreciación del trabajo —provocado, a su vez, por la explo- sión demográfica, primero, y, luego, por la disminución del crecimiento económico desde la década de 1970—. 1. Marco conceptual e historiográfico La desigualdad económica es un concepto relacional, a diferencia de la pobreza, que mide la cantidad de personas que están por debajo de cierto estándar de bienestar. La desigualdad es una medida de dispersión del bienestar alrededor de la media, cuya existencia certifica la convivencia de niveles de pobreza y riqueza en un mismo terri- torio. A mayor acentuación de estos desniveles se reportará una mayor desigualdad o su empeoramiento. Cuando hay desigualdad de ordinario sucede que también hay pobreza, pero las causas de ambas no tienen por qué coincidir. Las razones de la desigualdad económica fueron un tema que motivó la reflexión de los científicos sociales y la acción de los líderes políticos de diversas épocas. Las grandes revoluciones de Francia y Rusia, a finales del siglo XVIII e inicios del XX, respectiva- mente, ocurrieron, en gran medida, como una reacción frente a lo que era percibido como un grado intolerable de desigualdad, y sus dirigentes se propusieron construir un nuevo orden que aboliese las diferencias entre los hombres. Pero estas no tardaron mucho en reaparecer. Murió la aristocracia «feudal», pero emergió una élite capitalista. Aunque algunos se consolaban pensando que, igual, esto era ganancia, puesto que en la sociedad capitalista, a diferencia de la sociedad del «antiguo régimen», todos podían aspirar a ser parte de la élite, otros estudiosos, como Wilfredo Pareto (1848-1923), consideraron que las élites eran no solo inevitables, sino necesarias (1968). Hoy en día la mayoría de los estudiosos siguen pensando que la desigualdad eco- nómica entre los hombres descansa más en las circunstancias históricas que estos han enfrentado que en su distinta capacidad o fortuna. En cualquier caso, el consenso al que terminó arribándose hacia finales del siglo XX fue que si bien cierta dosis de desigualdad era inevitable, o incluso conveniente, una desigualdad por encima de dicho nivel —digámoslo así— «óptimo» perjudicaba el bienestar y el progreso de una sociedad (Alesina & Perroti, 1996). Como ya hemos adelantado, el propósito de este capítulo es reflexionar acerca de los orígenes históricos de la desigualdad económica en el Perú, un país que se conformó Los orígenes históricos de la desigualdad en el Perú / Carlos Contreras y Cristina Mazzeo 23 a partir del virreinato que el imperio español organizó, desde del siglo XVI, sobre el sustrato de la civilización inca. Muchas de las naciones que surgieron como tales después de una experiencia colonial han padecido de elevados grados de desigualdad; al parecer el peso del pasado ocupa un lugar importante entre sus causas. La correlación entre desigualdad y pasado colonial puede resultar, de primera impresión, fácilmente comprensible si tomamos en cuenta que los sistemas colonia- les se formaron a partir de la expansión de sociedades habituadas a los acuerdos y prácticas comerciales y con una mayor tecnología industrial sobre sociedades agríco- las o preagrícolas, las cuales practicaban una economía de autoconsumo y disponían de una tecnología industrial inferior. Cuando en el seno de estas sociedades agrícolas o preagrícolas se instalaron los colonos de la civilización comercial, con el fin de explotar los recursos naturales, que por su alto valor podían ser transportados a los mercados de las metrópolis, la desigualdad rápidamente se abrió paso. Ahora bien, este rápido incremento de la desigualdad no se debió a un empeoramiento de la situación económica de los nativos tras la colonización —aunque esto sí podía ser cierto respecto a la antigua clase gobernante y, eventualmente, incluso podía ocurrir para todos—. El cambio en la distribución de ingresos se debió a que en esa nueva época los nativos vivían al lado de los colonos blancos, quienes tenían rentas mucho más altas, derivadas del comercio de materias primas. Las dificultades geográficas, medioambientales, de logística y política que padecían las migraciones de hombres libres entre los siglos XVI y XVII hacían que los empresarios venidos de la metrópolis fuesen relativamente pocos. A partir de ello, empezó a conformarse en las colonias un mundo bipolar, en el que no solo los niveles de riqueza y bienestar eran harto distintos entre colonos y nativos sino también sus capacidades y derechos. De este modo, esa grave desigualdad inicial ocurrió, ya sea que se usase a los nativos como mano de obra en la extracción de los recursos naturales o que para ello se trajese a población (en condición de esclavos, generalmente) desde otras partes del mundo (Wolf, 1987). Lo que puede resultar sorprendente, sin embargo, en el caso de América Latina, es por qué después de dos siglos de cancelado el dominio colonial, la desigualdad en la mayor parte de países que la componen no se ha disminuido, sino que aún se ha acrecentado y consolidado1. Históricamente la relación entre desigualdad, pobreza y atraso económico se ha presentado de forma bastante compleja. De un lado, pareciera que en las sociedades desiguales el crecimiento económico se hubiera visto obstaculizado por la propia desigualdad, con lo cual se dificulta la erradicación de la pobreza entre sus miembros. 1 En su libro La sociedad sigma, Adolfo Figueroa (2003) explica la persistencia de la desigualdad en América Latina por la fuerza que llegan a cobrar las condiciones iniciales. La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú 24 Las extremadas diferencias de bienestar, capacidades y derechos entre la población vuelven difícil el logro de acuerdos para el bien común y complican la acción colectiva y el respeto a los derechos de propiedad y las normas de comportamiento económico. Las sociedades altamente desiguales se vuelven así conflictivas, difícilmente predecibles y muy inestables (Alesina & Perroti, 1996; Ravallion, 2001; Rodrik, 1998 y Figueroa, 2003). De  otro lado, sobre la base del estudio de los ciclos económicos, autores como Simón Kuznets creyeron detectar una asociación histórica entre aumento de la desigualdad y crecimiento económico. De acuerdo con lo que se conoció luego como la curva de Kuznets, el fenómeno del crecimiento aumentaba la desigualdad en una sociedad durante una primera fase de su desarrollo o modernización industrial, pero la reducía en una segunda (1955). Las investigaciones realizadas sobre la desigualdad en América Latina apuntan a distintas concepciones, aunque coinciden todas en que se trata de un subcontinente marcado por un fuerte desarrollo del fenómeno. Durante la década de 1970 la teoría de la dependencia y la escuela marxista de la articulación de modos de producción argumentaron que la extremada desigualdad registrada en el subcontinente era el resultado de la convivencia entre diferentes estructuras económicas y sociales, arcaicas y modernas. Dicha coexistencia entre los nuevos modos de producción, traídos por los colonos o las empresas de las metrópolis, y aquellos arcaicos, representados por la civilización de los nativos, permitían la emergencia en los países de la periferia, de burguesías industriales o financieras «modernas», pero cuya acumulación se lograba sobre la pervivencia de modos de vida feudales o tradicionales en las áreas de donde se surtían de trabajadores. Tales modos de producción arcaicos determinaban estilos de consumo austeros y primitivos y, por tanto, salarios sumamente exiguos2. La persistencia de formas de trabajo forzado o casi forzado en América Latina (como la esclavitud, la servidumbre por deudas o el pago de tributos en trabajo) hasta épocas tan tardías (en relación con Europa) como las postrimerías del siglo XIX o la primera mitad del XX, expresaron la dificultad para la conformación de un mer- cado laboral libre; dificultad que, a su vez, era la consecuencia de la segmentación (clasificación en compartimentos estancos, con poca relación entre sí) de la pobla- ción en diferentes modos de producción (Carmagnani, 1976; Chiaramonte, 1984 y Bonilla, 1981). La concentración de la riqueza en manos de una pequeña élite defor- maba el desarrollo económico de las colonias o excolonias, puesto que promovía un consumo suntuoso en la cúspide, al lado del de autosubsistencia de la mayor parte 2 José Carlos Mariátegui ya planteaba este juego de ideas en 1928 en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Asimismo, podríamos citar a autores más contemporáneos vinculados a la teoría de la dependencia, como Oswaldo Sunkel y Pedro Paz (1970), André Gunder Frank (1974) y Fernando H. Cardoso y Enzo Falleto (1969). Los orígenes históricos de la desigualdad en el Perú / Carlos Contreras y Cristina Mazzeo 25 de la población. El desarrollo industrial «hacia adentro» era inhibido por la desigual- dad en la distribución de la renta. Las burguesías coloniales procuraban, naturalmente, mantener el statu quo antes que remover las estructuras tradicionales, al tiempo que la población popular enfren- taba tremendos problemas de organización y comunicación entre sí para luchar por sus intereses, debido a su propia división en modos de producción distintos. La defensa de las élites de esa convivencia de lo moderno con lo antiguo, junto con la desarticulación de los de abajo (la idea del triángulo sin base, planteada para el Perú por Julio Cotler en 1978), explicaría, desde el punto de vista de esos autores, la per- sistencia de la desigualdad. El modelo de sociedad dual del economista Arthur Lewis, presentado originalmente en una revista inglesa en 19553 y que inspiró en los años posteriores muchos estudios como los de Shane Hunt (1980) y Albert Berry (1989) para el Perú, podría entenderse como una variante de este argumento. Desde fines de la década de 1990 se popularizó el enfoque institucionalista de autores como Stanley Engerman, Kenneth Sokoloff y Daron Acemoglu, quienes creyeron ver en las «instituciones» del «tiempo fundador» las causas de la persis- tente desigualdad de América Latina. Trayendo un enfoque alternativo a la teoría de la dependencia, los institucionalistas plantearon, principalmente, que la historia demuestra que el atraso de Latinoamérica no se debe al actual dominio del capital y las empresas extranjeras, sino a las consecuencias de instituciones de larga data. Las instituciones, que son el marco de normas y costumbres que da sentido y forma a la vida económica y social de la población, fueron especialmente distintas entre las naciones desarrolladas y las menos desarrolladas: mientras en las primeras garantiza- ron los derechos de propiedad de las mayorías e incentivaron la competencia, en las segundas erigieron una sociedad centralizada que defendía los derechos de propiedad de una minoría y, en su afán de conseguirlo, terminaban bloqueando las vías del desarrollo económico (Acemoglu, Johnson & Robinson, 2000). La cuestión aquí es qué causó esta diferencia institucional; qué pecado original nos bifurcó en esto que los institucionalistas han llamado la dependencia del camino (que quiere decir que una vez que se ha tomado un sendero, se vuelve muy difícil cambiarlo). Las razones para que en Latinoamérica se hayan consolidado instituciones más desiguales y menos exitosas que en las Western Off Shoots (asentamientos también coloniales, pero dominados numéricamente por población europea, como los de Norteamérica, Australia y Nueva Zelandia) son varias y sus orígenes tienen distintas explicaciones en estos autores. Engerman y Sokoloff, en un ensayo ya famoso (1999)4, 3 Hay una edición en español (Lewis, 1963). 4 Ver también Ferranti, Perry, Ferreira y Walton (2004). La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú 26 propusieron que fue la «dotación de recursos», sean estos naturales o humanos (mano de obra), en el momento de la conquista europea, los que determinaron la institu- ción que ahí cobraría vida. Por ejemplo, en el caso de América Latina se encontraron ricos yacimientos mineros, así como grandes extensiones de tierra idóneas para una agricultura tropical; esto hizo que fuese óptimo para los colonizadores la utilización de mano de obra esclava o forzada, en grandes plantaciones o minas; mientras la pro- piedad de los recursos era concentrada en pocas manos, al presentarse una situación de «economía de escala». Aun cuando la mano de obra esclava llegaba a tener un alto costo, la elevada ren- tabilidad de la plantación (cuya cosecha se exportaba) permitía su funcionamiento. En otras ocasiones la colonización europea encontró en los territorios conquistados densas poblaciones indígenas de agricultores sedentarios acostumbrados a tributar a sus gobernantes. Este escenario redundó en la creación de instituciones como la encomienda o la mita, desiguales por estructura, ya que expropiaban el excedente económico de cientos de miles de nativos para ponerlo en las manos de unos pocos miles, o aún solo unos cuantos cientos, de colonos. Estos tampoco competían por la titularidad de las encomiendas o de los mitayos, ya que estas se asignaban por decreto real; la competencia era, en cualquier caso, política y no económica. En cambio, en el caso de las colonias inglesas de Norteamérica ni dotación de recursos (no había minas ni tierras aptas para grandes plantaciones, la disponibilidad de un gran con- tingente de mano de obra para esclavizar, o de cuyo trabajo aprovecharse por medio de la fuerza o del tributo) favoreció la difusión de pequeñas unidades agrícolas, que redundaron en instituciones más igualitarias. Otra teoría que comparte el argumento institucional pero que encuentra otros orígenes en las instituciones, es la de Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson (2002). Ellos observaron que, históricamente, cuando los grupos coloni- zadores eran pequeños en relación con la población nativa, se crearon «instituciones extractivas» que descansaban en el uso de la fuerza para reclutar operarios, buscaban un beneficio a corto plazo y, deliberadamente, excluían a las mayorías del poder. Esta situación se debía, generalmente, a que las zonas como América Latina eran más peligrosas para los conquistadores, por la existencia de imperios organizados, como el incaico o el azteca, y por las epidemias que el clima tropical favorecía, de modo que fueron pocos los que se atrevieron a arriesgar su vida conquistando esas tierras. Si lo hacían, la idea era cobrarse el sacrificio o el riesgo lo antes posible. Por el contra- rio, las regiones con menos mortalidad atrajeron a más colonizadores europeos, que pronto superaron numéricamente a la población indígena y crearon instituciones que buscaban proteger los derechos de propiedad de esa mayoría. Los orígenes históricos de la desigualdad en el Perú / Carlos Contreras y Cristina Mazzeo 27 El argumento de Acemoglu, Johnson y Robinson (2002) también toma en cuenta el tema de los recursos naturales o de la estructura de gobierno preexistente. Esto los lleva a la conclusión, luego de un ejercicio econométrico, de una reversal of fortune (‘inversión del éxito’), en la que, justamente, las regiones que hacia el año 1500 eran las más prósperas (entre las no europeas), terminaron siendo las menos prósperas hacia 1900, y viceversa. Esto se debería, precisamente, a que en las sociedades en las que ya existían imperios o economías organizadas era más fácil para los europeos crear las instituciones extractivas, como es el caso del virreinato del Perú, donde fue posible la utilización de fórmulas como la mita incaica o la organización de los indí- genas a través de los curacazgos para el control de la población. Acemoglu, Johnson y Robinson (2002) y Figueroa (2003) argumentan, además, que mientras el desarrollo de una economía industrial requiere el logro previo de una mínima homogeneidad social y política y el despliegue de una «amplia clase media», las economías basadas en la extracción de recursos primarios, como los metales preciosos o el petróleo en el caso de América Latina pueden operar bajo condiciones de gran desigualdad, debido al carácter de enclave de estas operaciones extractivas. El producto se exporta y su extracción y refinación no requieren cantidades masivas de mano de obra y, menos aún, de una mano de obra calificada. En estos enfoques no parece ser el hecho colonial en sí el factor que explica o desencadena la desigualdad, como en el modelo marxista y dependentista, sino el tipo de migración que él trae consigo. Si esta es pequeña en relación con la población del territorio colonial, como en América Latina, ocurrirá la desigualdad debido al carácter cerrado y privilegiado de la élite de colonos; en cambio, si ella es grande y masiva, como en Norteamérica, la desigualdad será menor. Estas teorías han desatado críticas. John Coatsworth, por ejemplo, ha propuesto una lectura alternativa a la relación entre desigualdad y crecimiento económico (2008). En primer lugar, descarta una lectura tan uniforme como la que presentan los autores anteriormente citados. En cambio, considera que la dotación de factores no permitiría analizar la desigualdad en América Latina, porque estos varían mucho de un lugar a otro. De la misma manera, cree que lo propuesto por Acemoglu (relación entre baja mortalidad y mejor desarrollo posterior) no se cumple para ejemplos como los centroamericanos. En segundo lugar, Coatsworth propone que la relación entre desigualdad y pobreza es más bien inversa: una desigualdad inicial sirve para el des- pegue de una revolución industrial, que luego puede traer altos ingresos e igualdad (el argumento de Kuznets); así que el problema del atraso económico parece haber sido provocado, más bien, por la inestabilidad política de la posindependencia en las anti- guas colonias españolas y portuguesas (imperios débiles como los llama este autor), La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú 28 así como también se refiere a las actuales interferencias del «ruido político» que afec- tan el flujo de inversiones a los países en vías de desarrollo. Las condiciones en que ocurrió la independencia de América Latina, por omi- sión o debilidad de las metrópolis española y portuguesa, y no por la madurez de las colonias, perjudicó sus posibilidades económicas. Estas condiciones congelaron, por largo tiempo, a la región en una situación de economías de subsistencia atravesadas, de cuando en cuando, por polos de extracción primaria que están conectados al mercado mundial. Otros autores, sin embargo, consideran que la estabilidad política no necesa- riamente impulsa el crecimiento (Haber, Maurer & Razo, 2003). Sea como fuere, la crítica de Coatsworth es útil al destacar la relevancia del período de la posinde- pendencia y no quedarse atascado tanto en el principio del path dependence, como sostiene también Luis Bértola (en Bértola, Castelnovo, Rodríguez & Willebald, 2008). Si  bien la desigualdad puede tener sus raíces en la etapa colonial, ella se sostiene en un proceso de larga duración, especialmente durante la primera globali- zación que él ubica a finales del siglo XX. La aplicación de estos enfoques sobre la desigualdad para el caso peruano mues- tra algunas debilidades o desajustes. En el caso del modelo marxista/dependentista, no es posible decir que el recurso a la mano de obra coactiva haya ahorrado costos a los empresarios de los sectores de exportación. Los sistemas laborales forzados proba- ron ser muy costosos por la necesidad de invertir en el traslado de los trabajadores y en la vigilancia necesaria para el cumplimiento del trabajo y para que los operarios no fugasen de los campamentos. A pesar de este cuidado, el grado de productividad de los trabajadores forzados solía ser muy bajo, al no estar especializados y al no existir la amenaza del despido. Cuando podía conseguirse un rendimiento aceptable de la mano de obra, era gracias a que los empresarios aceptaban compensar a los trabajado- res con parte de lo producido o con algún otro tipo de remuneración5. En ocasiones eran los jefes étnicos de los nativos u otros sectores de la economía, como el Estado o la propia sociedad nativa quienes debían subsidiar a las empresas de exportación, lo que haría que en el largo plazo el sistema no pudiese subsistir (Assadourian, 1979). Ciertamente, la vigencia de instituciones de trabajo forzado, como la mita andina, creó privilegios y formas de renta entre los propios empresarios, lo que enfila, más bien, a favor de la validez del marco interpretativo del institucionalismo. En cuanto a este segundo enfoque, podríamos decir que, en líneas generales, parece calzar con los hechos de la historia peruana. El Tahuantinsuyo era un país densamente poblado de indios con capacidad de producir un excedente económico y acostumbrado 5 Ver por ejemplo, para el caso de la minería andina, Tandeter (1992). Los orígenes históricos de la desigualdad en el Perú / Carlos Contreras y Cristina Mazzeo 29 a tributar a sus gobernantes. Por este motivo hubo incentivos entre los conquista- dores para repartirse a los indios entre ellos e instaurar economías de renta. Además, el Tahuantinsuyo disponía de tesoros mineros que propiciaron el desarrollo de ins- tituciones «extractivas» (que arrancan rentas de otros y desconocen sus derechos de propiedad) en vez de instituciones defensoras de una propiedad democráticamente repartida. Pero llama la atención que en la región, que por el tipo de clima y de facti- bilidad de cultivos era más proclive al asentamiento europeo —como era la sierra—, hubiera menos desarrollo económico que en la región más tropical, donde, por lo mismo, se implantaron economías de plantación. Tal vez esto haya sido así porque en la sierra sobrevivieron muchos más indios que en la costa, hecho que, de acuerdo con el esquema institucionalista, habría sido la causa de su desventura. Es curioso, y hasta moralmente execrable decir que la sobrevivencia de personas sea causa de una mala evolución económica, pero la ciencia económica ya nos tiene acostumbrados a este tipo de perversidades. 2. El legado colonial de la desigualdad No  es fácil conseguir indicadores cuantitativos de la desigualdad económica para períodos históricos anteriores al siglo XX y, menos todavía, en países como el Perú, cuya vida estadística comenzó tardíamente. Hasta el siglo XIX inclusive, la desigual- dad económica, social y política entre la población fue juzgada en países como el Perú, no como un defecto por remediar, sino como la base del ordenamiento y la estabilidad social. La aspiración por el ascenso social de las clases bajas, traducida en formas de emulación de los hábitos y los usos de las clases superiores, era denunciada como huachafería, concepto que ha funcionado como una sutil pero eficaz censura al ascenso económico de las clases bajas, incluso hasta la actualidad. En el antiguo régimen las jerarquías sociales eran el principio ordenador de los derechos económicos y políticos de la población. Se trataba de sociedades, como las latinoamericanas entre los siglos XVI al XVIII, en las que la carencia del cemento integrador, que en una economía moderna es el mercado, era compensada por ele- mentos como la religión católica, la fidelidad a la monarquía ibérica y la noción de pertenencia a un «cuerpo social» organizado jerárquicamente. Recordemos, a propósito, el sermón de Bartolomé Herrera en la Catedral de Lima, un cuarto de siglo después de la independencia, en el que señalaba que en el género humano unos habían nacido para mandar y otros para obedecer. Pretender que todos tuviesen los mismos derechos sería introducir el caos, ya que si a todos alcanzase la facultad del mando, no habría quien obedezca (1929). La pretensión de igualdad era percibida como un peligro antes que como una virtud; se consideraba que la caridad del rico La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú 30 aliviaba la miseria del pobre, mejor que lo haría un sistema de impuestos y subsidios dirigido por el Estado. La igualación social y económica era, en todo caso, un asunto que concernía más a la propia sociedad civil que al Estado. Lo que, en todo caso, cabía a este y, sobre todo, a la Iglesia, era facilitar y, en cierta medida, orientar la lar- gueza de la clase afortunada. En consonancia con dicho planteamiento, durante el período colonial en el Perú el goce de derechos que permitían una vida económica activa y lucrativa dependía del estatus que se poseyese. Las gentes de más elevado estatus eran los colonos, veni- dos de la península ibérica como autoridades políticas o religiosas o como hombres allegados a estos. Pero sus privilegios no se justificaban, al menos abiertamente, por este origen, cuanto por la confianza religiosa que inspiraban: eran «cristianos viejos», lo que implicaba ser hijo y nieto de cristianos. Solo los cristianos viejos podían llegar a ser miembros del alto clero, prominentes oficiales del Ejército o una autoridad de elevada jerarquía; solo ellos podían aspirar a gozar de la posesión de una encomienda o del permiso para ejercer el comercio ultramarino, o ser titulares de una mina y de la partida de mitayos (trabajadores indígenas forzados) que esta podía implicar. Debido su reciente conversión religiosa, los indios eran cristianos nuevos, cuya fe no era aún confiable; por ello no podían ser depositarios de dichas gracias (Estenssoro, 2003). Así, los españoles y sus descendientes gozaban de ventaja para acceder a los recursos como las minas, las tierras próximas a las ciudades de los españoles y al ejercicio de los cargos que permitían la acumulación de riqueza, de influencia y de poder. Máxime todavía, si tales bienes se conseguían de ordinario por asignación estatal antes que por transacciones en el mercado. Por otro lado, los mes- tizos y los negros, que eran los otros grupos raciales, se encontraban en una situación parecida, o peor, a la de los indios. Los mestizos padecían de la imagen de ser gente levantisca y rebelde y, por tanto, poco confiables. Su origen era casi siempre dudoso (nacidos fuera del matrimonio o como fruto de una relación ilícita vinculada, por ejemplo, al poco celo por el voto de castidad entre los sacerdotes de los pueblos remo- tos del interior) y en el ordenamiento legal que clasificaba separadamente la república de indios de la de españoles, representaban un dolor de cabeza para las autoridades. Los negros eran esclavos en su mayoría, lo que implicaba carecer de derechos eco- nómicos elementales y cuando alcanzaban el estatus de libertos padecían las mismas limitaciones que los indios, pero tenían que cargar adicionalmente con la infamia de su origen esclavo. El sistema no era, sin embargo, tan rígido como para que concluyamos en una simple ecuación: blancos = ricos; indios, mestizos y negros = pobres. Hasta la rebe- lión de Túpac Amaru II, en 1780, la legislación guardó diversas consideraciones hacia la aristocracia indígena, que hicieron que este grupo pueda gozar de algunas Los orígenes históricos de la desigualdad en el Perú / Carlos Contreras y Cristina Mazzeo 31 posibilidades de acumulación y riqueza. Ciertas actividades económicas, como la arriería, por ejemplo, o el comercio de la coca, dependían del acceso a la mano de obra y a los recursos de los indígenas, los cuales podían ser controlados por los caciques indios con mayor facilidad que los españoles, quienes debían depender del apoyo del burocratizado Estado colonial (Glave, 1998). De otro lado, cuando eran reconocidos y criados por su propio padre español, los mestizos alcanzaban a ser tratados como criollos para ciertos efectos, como los que concernían a la propiedad o a las actividades económicas. En estos casos su dominio del castellano (simultánea- mente, a veces, del quechua o el aimara) y de la escritura les abría posibilidades para ser recaudadores locales de tributos y ejercer el comercio interior. Por ello, una distribución racial de la población al finalizar el período colonial podría funcionar como una aproximación algo burda, pero al menos válida refe- rencialmente, al cuadro  de la desigualdad en el Perú de dicha época. Al  finalizar el siglo XVIII se llevó a cabo un censo por el virrey Gil de Taboada. Sus cifras fue- ron revisadas y actualizadas en 1812, durante el virreinato de Fernando de Abascal. El siguiente cuadro presenta las cifras de la población según las razas, tal como fueron recogidas en dichos censos: Cuadro 1.1. La población del virreinato peruano según las razas en los últimos censos coloniales (1791-1812) Indios Mestizos Españoles Pardos Esclavos Otros Negros libres Total 1791 (1) 608 912 244 437 136 311 41 404 40 337 5596 --- 1 076 997 1795 (2) 648 615 244 313 140 890 --- 40 385 --- 41 004 1 115 207 1812 712 494 243 837 136 401 41 404 40 337 6196 --- 1 180 669 (1) Virrey Gil de Taboada. Fuente: Puente Candamo (1959). (2) Estimación de Fisher (2000, p. 108). Cuadro 1.2. La población del virreinato peruano según razas en los últimos censos coloniales (%) (1791-1812) Año Indios Mestizos Españoles Pardos Esclavos Otros Negros libres Total* 1791 (1) 57% 23% 13% 4% 4% 1% --- 100% 1795 (2) 58% 22% 13% --- 4% --- 4% 100% 1812 60% 21% 12% 4% 3% 1% --- 100% (1) Virrey Gil de Taboada. Fuente: Puente Candamo (1959). (2) Estimación de Fisher (2000, p. 108). * Debido al redondeo, los porcentajes no suman 100%. La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú 32 Gráfico 1.1. La población del virreinato según las razas en los últimos censos coloniales (1791, 1795 y 1812) 1791 (1) Indios Mestizos Españoles Pardos Esclavos Otros Negros libres Indios Mestizos Españoles Pardos Esclavos Otros Negros libres Indios Mestizos Españoles Pardos Esclavos Otros Negros libres 1795 (2) 1812 (1) Virrey Gil de Taboada. Fuente: Puente Candamo (1959). (2) Estimación de Fisher (2000, p. 108). De acuerdo con los datos, la población que disfrutaba de los mayores derechos econó- micos, la de los «españoles», reunía solamente al 12,7% en 1791, el 12,6% en 1795 y el 11,6% en 1812. Vale decir que eran aproximadamente un octavo de la población. Aunque se les llamaba «españoles» esta categoría incluía tanto a los estrictamente peninsulares o nacidos en la península ibérica, cuanto a sus hijos «criollos» nacidos en América. Los criollos padecían de cierta discriminación para ocupar los cargos de gobierno. Los virreyes y los intendentes, por ejemplo, fueron siempre peninsulares. Se  acusaba a los criollos de padecer de una moral laxa, que los hacía fácilmente corruptibles y, debido a sus vínculos de parentesco y de paisanaje con la población Los orígenes históricos de la desigualdad en el Perú / Carlos Contreras y Cristina Mazzeo 33 del medio, proclives a practicar un gobierno nepotista, orientado por las relaciones de amistad y de sociedad con los particulares6. Cuando los criollos eran tales desde hacía varias generaciones, sufrían, además, la sospecha de contener algún grado de sangre «impura», india o negra, por lo cual era importante para ellos poder exhibir rasgos físicos y culturales que los confundiesen con los peninsulares. Unos cabellos prietos, una piel demasiado morena o unos hábitos poco católicos en la mesa podían crear fuertes sospechas acerca del verdadero estatus de una familia que presumía de criolla. Los censos no incluyeron el dato de cuántos españoles eran peninsulares, pero se conocía que una mayoría eran criollos, por lo que el tamaño de la élite más exclusiva, la de los peninsulares, no debía representar más de un 4% o 5% de la población total, aproximadamente el mismo tamaño que las encuestas de opinión de hoy adju- dican al así llamado sector A. Los  españoles criollos, con un tamaño aproximado del 8% representarían al sector B. Las familias criollas aspiraban a casar a sus hijos con españoles peninsulares, lo que era más fácil de conseguir si se trataba de una familia adinerada. El intercambio de fortuna material por prestigio social en las alian- zas matrimoniales  era parte de la escena social en el Perú, como en otros lugares (Rizo-Patrón, 2000). Los mestizos representaron un porcentaje que osciló entre el 20,7% y el 22,7% del total, seguidos de la gran masa de indígenas cuyo tamaño relativo iba del 56,5% al 60,3% entre los censos de 1791 y 1812. Cerraban la pirámide social los pardos (mulatos) y negros, cuyo peso porcentual era el más débil (alrededor del 5%). A nivel de distribución de la riqueza y de las ocupaciones, podríamos señalar que los «españoles», peninsulares y criollos eran quienes poseían las tierras más aprecia- das, que eran las de los valles de la costa, por su posibilidad de embarcar las cosechas por vía marítima, o las cercanas a las ciudades de españoles, donde podían venderse los cultivos alimenticios y los animales de beneficio. Los peninsulares podían, ade- más, ser autoridades del más alto nivel, tanto en el plano político cuanto religioso y militar. Los «españoles» se dedicaban también a la actividad comercial, siendo los peninsulares quienes virtualmente eran los únicos, como más adelante veremos, que podían ejercer el comercio ultramarino, que era uno de los rubros más lucrativos de la economía (Mazzeo, 1994). Los  «españoles» también se desempeñaban en otros rubros de la economía, como en la minería, donde fungían de titulares de minas o dueños de haciendas «de beneficio» (establecimientos para refinar los minerales) (Contreras, 1996). En  cualquier caso, la población «española» era básicamente urbana; en las ciudades actuaban también como artesanos y funcionarios públicos. 6 También solían tener menor formación académica (Lavalle, 1993). Ver también Hamnett (1978). La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú 34 Gruesamente, podríamos decir que la mitad de la escasa población urbana del Perú de la época era de clase «española». Los mestizos se desenvolvían en los mismos rubros que los españoles, pero en calidad de segundones: eran pequeños comerciantes o agricultores de parcelas solo medianas o aún más reducidas; también eran arrieros, artesanos o auxiliares de las autoridades locales. En  las décadas finales del régimen colonial la formación de las  milicias para organizar la defensa del virreinato abrió una vía para el ascenso social de los mestizos y aun de los indios. Ante la poca oferta de españoles para tomar las armas, los batallones fueron completados con gentes de sangre mezclada, que irían ascendiendo en el escalafón militar hasta llegar, algunos, al grado de coroneles y generales. Entonces se pasarían al bando de los patriotas y se alzarían con los puestos de gobierno después de la independencia (Sánchez, 2011). Los  indígenas eran sobre todo campesinos de autosubsistencia que cultivaban bienes de panllevar en pequeñas parcelas. Obligados a pagar un tributo en moneda al Estado, también acudían a trabajar a los asientos mineros por temporadas o a los obrajes y latifundios próximos a sus pueblos. Se  trataba básicamente de una población rural, casi siempre carente de documentos escritos que acreditasen su pro- piedad agraria, la de su vivienda o sus animales. Su analfabetismo y su, en general, desconocimiento del idioma castellano los proscribían para los puestos públicos y dificultaban sus transacciones con el sector blanco/mestizo. Sin embargo, algunos lograron un nivel de especialización en el trabajo minero como barreteros u oyaricos (maestros amalgamadores) y así se integraron a la economía monetaria y ascendieron económicamente al grado de «mestizos» (Rivero, 1857, volumen II). Dentro de la población india rural, desde el siglo XVIII pudo advertirse una pequeña pero inicial apertura al mercado, a través de la compra de productos de fierro, añil, aguardiente y pólvora (Tschudi, 2003). 3. La evolución demográfica y las diferencias salariales durante la posindependencia Hace algunos años Paul Gootenberg reconstruyó las cifras de un censo de población realizado en el Perú en 1827, que, junto con los censos de Gil de Taboada de 1791 y los realizados en 1850, 1862 y 1876, permiten comparar la vitalidad demográfica de las distintas regiones del Perú antes y después de la independencia (1995). En las sociedades del antiguo régimen se cumplía la máxima malthusiana, según la cual el crecimiento económico alentaba el crecimiento demográfico, de tal manera que este vendría a funcionar como un indicador de la prosperidad material y el bienestar de la población. El cuadro 1.3 compara la dinámica demográfica en los diferentes Los orígenes históricos de la desigualdad en el Perú / Carlos Contreras y Cristina Mazzeo 35 departamentos del Perú entre 1791-1876. La  delimitación de los departamentos (intendencias hasta 1821) atravesó por cambios durante ese prolongado arco tem- poral; por ello hemos agrupado los departamentos existentes hasta 1876, de acuerdo con la demarcación de las siete intendencias que comprendía el virreinato peruano en 1791. La octava intendencia (Puno) no fue empadronada en 1791, por hallarse incluida en ese entonces en el virreinato del Río de la Plata. Los estimados de su población para dicho año varían entre 100 000 y 156 000 habitantes para 1797. Hemos preferido esta última (pero rebajándola, levemente, a 150 000 habitantes) siguiendo la opinión de Gootenberg (1995, p. 7). Para el cálculo de la tasa de cre- cimiento anual hemos elegido solo las fechas extremas de 1791 y 1876, que además de darnos el dato para el período más amplio, nos llevan a trabajar con las cifras más confiables, como son las de los censos del virrey Gil de Taboada y del presidente Manuel Pardo. Cuadro 1.3. Población en el Perú por departamentos (1791-1876)* Departamentos 1791 1827 1850 1862 1876 Tasa de incremento anual 1791-1876 (%) Lima-Ica 149 112 160 828 189 275 240 545 320 517 0,90% Junín-Áncash- Huánuco 201 259 263 111 401 501 523 045 573 580 1,24% La Libertad- Lambayeque- Piura- Cajamarca 192 061 245 762 261 533 492 535 582 435 1,51% Amazonas- Loreto 38 906 58 174 39 074 83 980 96 189 1,07% Puno 150 000 200 250 286 148 205 328 259 449 0,65% Cusco- Apurímac 216 382 250 447 346 211 310 652 361 557 0,61% Ayacucho- Huancavelica 142 476 177 671 206 188 345 215 245 284 0,64% Arequipa- Moquegua- Tarapacá 136 801 160 450 196 801 214 939 260 065 0,76% Totales 1 239 197 1 516 693 2 001 123 2 416 239 2 699 076 0,92% Fuente: Gootenberg (1995). *En 1876 aún no existían los departamentos de Tumbes (que era parte por entonces de Piura), Pasco (que estaba comprendido dentro de Junín), Madre de Dios (comprendido dentro del Cusco) y Ucayali (dentro de Loreto). La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú 36 Gráfico 1.2. Población del Perú por departamentos (1791-1876) 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 1791 1827 1850 1862 1876 La Libertad- Lambayeque- Piura- Cajamarca Junín- Áncash- Huánuco Amazonas- Loreto Lima-Ica Arequipa- Moquegua- Tarapacá Puno Ayacucho- Huancavelica Cusco- Apurímac Fuente: Gootenberg (1995). Gráfico 1.3. Tasa anual de crecimiento (1791-1876) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Tasa de incremento anual, 1791-1876, en % La Libertad- Lambayeque- Piura- Cajamarca Junín- Áncash- Huánuco Amazonas- Loreto Totales Lima-Ica Arequipa- Moquegua- Tarapacá Puno Ayacucho- Huancavelica Cusco- Apurímac Fuente: Gootenberg (1995). Los datos aportados por Seminario (2011) son algo diferentes: un total de población para 1791 de 1 247 997 habitantes; para 1827, igual, y para 1850 una pequeña diferencia, 2 033 554 habitantes. Las  cifras de estos censos indican que la tasa de crecimiento anual entre 1791 y 1827 fue de 0,56%; entre 1827 y 1850 fue de 1,21% y entre 1850 y 1876 fue de 1,16% (1995, p. 27). La menor velocidad del período 1791-1827 reflejaría las perturbaciones económicas y sociales provocadas por las guerras de independencia. Todo el período 1791-1876 arrojaría una tasa de incremento anual de 0,92%. De otra parte, el cuadro muestra un fuerte contraste entre el crecimiento de las regio- nes del norte y la sierra central, con las cifras más modestas de las regiones del sur. Los orígenes históricos de la desigualdad en el Perú / Carlos Contreras y Cristina Mazzeo 37 En promedio aquellas crecieron a una velocidad del doble que estas, mientras Lima y la costa central se ubicaron exactamente en el promedio. La  desagregación por raza del censo de 1827 reporta un ligero aumento del tamaño relativo de la población indígena, la que llegó a alcanzar el 62% del total; esto es, por encima del promedio alcanzado entre 1791-1812. Este robustecimiento de la población indígena se debería a la expulsión y emigración de españoles ocurrida con la independencia, que no fue compensada por el arribo de algunos escasos inmi- grantes ingleses y de otras naciones europeas después de 1821. El  ligero aumento de esta inmigración, además de la más numerosa venida del Asia, durante el apogeo del guano (1840-1879), llevó a que en 1876 los indígenas retornasen al porcentaje de 58% que representaron en los años finales del siglo XVIII. De cualquier manera, el ciclo 1791-1876 sería uno durante el cual, como ya lo han destacado los historia- dores norteamericanos George Kubler (1952) y Paul Gootenberg (1995), por única vez en la historia moderna del Perú, los indígenas no decrecieron su tamaño relativo en el conjunto de la población. Siguiendo nuestra hipótesis malthusiana, ello expresaría que, al menos en térmi- nos absolutos, la situación material de los indígenas no empeoró, sino que hasta podría haber mejorado a lo largo de los primeros tres cuartos del siglo XIX. Al constituir ellos la parte mayoritaria de la población, esto habría implicado una disminución de la desigualdad. En verdad, entre 1791 y 1876 ni la distribución racial ni ocupacional de la población sufrió una transformación importante. Los indígenas se mantuvie- ron, como vimos, alrededor del 58%; los blancos y los mestizos crecieron apenas en un 1% y un 2%, respectivamente: los primeros del 12,7% al 13,8%, los segundos, del 22,7% al 24,8%. Los negros y mulatos descendieron del 6,7% al 1,9%, creciendo en cambio la población asiática o de «otras razas», del 0,5% al 1,9% (cuadro 1.4) (Lesevic, 1986). Pero el no descenso de los indígenas dentro del cuadro de la distri- bución racial fue el verdadero cambio digno de registro en términos dinámicos. Cuadro 1.4. Distribución racial de la población peruana (1791-1940) Razas 1791 1827 1876 1940 Blanca 13%   --- 14% 52% Mestiza 23%   --- 25% India 57% 62% 58% 46% Negra   6%   ---   2%   1% Otros   1%   ---   2%   1% Fuente: Lesevic (1986) y Gootenberg (1995). La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú 38 Gráfico 1.4. Distribución racial de la población peruana (1791, 1876 y 1940) 0 10 20 30 40 50 60 70 1791 1876 1940 Blanca°° Mestiza°° India Negra Otros Fuente: Lesevic (1986) y Gootenberg (1995). Que los indígenas no hayan empeorado, sino incluso mejorado su bienestar mate- rial, no implica necesariamente que la desigualdad haya disminuido durante dicha época. Si los otros grupos raciales hubiesen gozado de una mejoría todavía mayor, esta incluso podría haber aumentado. Varios hechos históricos ocurridos durante ese lapso explicarían, sin embargo, el suceso de un cierto descenso de la desigualdad: primero, la Constitución de 1812 introdujo una legislación que tendía a equiparar los derechos económicos de más de un 95% de la población del virreinato. Dicha constitución consideró como «españoles» no solo a los peninsulares y a sus descen- dientes criollos y mestizos sino también a los indígenas (dentro de la población peruana solamente excluyó a los negros)7. Aunque esta constitución fue abolida en 1814, después de la independencia, las nuevas constituciones hechas por el Estado republicano prosiguieron el impulso liberal e igualador del documento gaditano. En  segundo lugar, el proceso de la independencia implicó una redistribución de los activos y, en tal sentido, de la riqueza, entre los peruanos. La fortuna de los españoles peninsulares fue «secuestrada» (expropiada) por el Estado y los jefes mili- tares patriotas, quienes en los años posteriores la fueron distribuyendo poco a poco entre la clase gobernante y sus allegados. No se ha hecho aún un estudio acerca de 7 También había una exclusión de género, que en este caso no hemos tomado en cuenta, ya que las mujeres gozaban del estatus económico de los miembros masculinos de sus familias. Los orígenes históricos de la desigualdad en el Perú / Carlos Contreras y Cristina Mazzeo 39 si el reparto de este botín económico de la independencia mejoró el Gini (es decir, si las fortunas pasaron de un corto número de personas a una cantidad más amplia), pero es presumible que esa podría haber sido la dirección8. El tema amerita ser inves- tigado, ya que otras formas de transferencia política de bienes ocurridas a raíz de la independencia, como la expropiación sufrida por las órdenes religiosas, pudieron tener un signo redistribuidor opuesto. En  el caso de la expropiación de las órde- nes religiosas, se despojó de su propiedad a comunidades de decenas o centenas de religiosos que, al menos en teoría, los empleaban en procura del bien común, para entregarlas a familias compuestas de ordinario por pocos individuos, que presunta- mente utilizarían los bienes en provecho solamente personal. Un tercer hecho en la línea de mejorar la distribución de la riqueza fue la abo- lición de la esclavitud. De  un lado, implicó una pérdida de activos para la clase propietaria, que perdió la posesión del trabajo de los esclavos; de otro, dotó a estos de propiedad sobre sí mismos, incluyendo los frutos de su trabajo. La experiencia inter- nacional en materia de abolición de la esclavitud ha mostrado que los efectos que la manumisión tiene sobre la desigualdad en el reparto de la renta ocurren, empero, solo a largo plazo. La metamorfosis de los esclavos en trabajadores asalariados fue de ordinario compleja y, en el corto y mediano plazo, los libertos no siempre pudieron proveerse una vida mejor que la que en términos materiales les daban sus antiguos amos (Aguirre, 1993). Junto con la manumisión de los esclavos ocurrió la erradicación del tributo indígena. Este había venido disminuyendo en términos nominales y  reales desde la independencia. A partir de 1855 fue abolido, sin ser reemplazado por otra carga fiscal sobre los mismos contribuyentes. Hubo algunos intentos para su restauración, el más serio de los cuales ocurrió entre 1887 y 1895 bajo el nombre de contribu- ción personal, pero en líneas generales fracasaron (Contreras, 2005). La desaparición de este impuesto sobre la población campesina o les dejó más dinero en el bolsillo, que pudieron destinar a un mayor consumo, o les permitió un mayor tiempo de ocio, que mejoró su bienestar. Un último hecho digno de mención fue que el Estado posindependiente careció del poder de imponer la ley y el respeto a la propiedad que tuvo el Estado virreinal. La capacidad punitiva del Estado virreinal era temible como para que los desposeídos se animasen a desafiarla (recuérdese la represión, el juicio y la condena impuesta a los tupamaristas), mientras que el Estado republicano careció de presencia real en buena parte del territorio, de modo que su capacidad represora, tanto física como por la vía de la administración judicial, era pálida en comparación a la época previa 8 Acerca de la decadencia de la aristocracia de origen colonial véase Rizo-Patrón (2000). La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú 40 a la independencia. Este cambio desfavoreció a la gran propiedad, agraria o minera, ya que dejaba en manos de los propios dueños la defensa de su patrimonio. Asedia- dos por las comunidades indígenas que los rodeaban, dichos propietarios debieron muchas veces resignarse a compartir sus recursos con los campesinos9. Según el trabajo de Gootenberg (1995, pp. 17-21) sobre los datos del censo de 1827, los indios tuvieron por entonces un promedio de ingreso de 22.8 pesos por cabeza, contra uno de 45.5 pesos (es decir, el doble) de los no indios. Esto parece bastante menos desigualdad de la que habría existido antes de la independencia. En cualquier caso, los factores igualadores que ella trajo podrían haber sido com- pensados por los efectos del boom del guano desatado un cuarto de siglo después de la independencia. Dicha bonanza creó una fuente de riqueza que rápidamente se concentró en pocas manos en virtud del mecanismo de las consignaciones, que eran contratos mediante los cuales el Estado pactaba con un empresario privado la extrac- ción y comercialización del guano, considerado propiedad del Estado. La extracción del guano demandaba relativamente pocos trabajadores. Estos no eran asalariados en el sentido moderno de la palabra, sino trabajadores enganchados, esclavos o, en general, personas que no podían negociar el pago de su trabajo debido a su inferio- ridad social y legal (se trataba de extranjeros, como los culíes chinos o los nativos de las islas de Pascua y la Polinesia). El Estado absorbió, sin embargo, la mayor parte del excedente del guano y lo redistribuyó al resto de la población por vías como el aumento de la burocracia civil y militar, la corrupción de los funcionarios públicos y el emprendimiento de algunas obras públicas. Aunque el aumento del gasto del Estado debió favorecer a la élite de origen euro- peo, por su dominio del castellano, su condición de alfabetos y su conexión con la red de burócratas que nombraba a los funcionarios y autorizaba los contratos, permi- tió también el ascenso de los mestizos. El fin del régimen colonial atenuó su imagen de raza «impura»; varios presidentes de la República después de la independencia habían sido indudables mestizos, como Andrés de Santa Cruz, Ramón Castilla o José de San Román, lo que había dignificado su imagen. Los puestos públicos que más crecieron durante el apogeo del guano fueron los del Ejército y la Gendarmería, que reclutaron sus hombres entre la clase mestiza más que entre los blancos. En la medida en que indios y mestizos mejoraron su posición en el reparto de la riqueza 9 Un ejemplo de esto fue lo sucedido con la mina de mercurio Santa Bárbara, en Huancavelica, que durante el período colonial fuera propiedad del Estado, llamándosele la más preciada «joya de la Corona» en el reino. Después de la salida de los españoles, la mina fue ocupada por los mineros indí- genas, conocidos como «humaches», quienes la mantuvieron en una explotación a la que el Estado no podía acceder ni para cobrar impuestos ni para un mínimo registro. Los intentos del Estado de retomar el control de la mina, ya sea para explotarla él mismo o para entregarla en concesión a empresarios par- ticulares, fracasaron hasta una fecha tan tardía como 1901 (Contreras & Díaz, 2008). Los orígenes históricos de la desigualdad en el Perú / Carlos Contreras y Cristina Mazzeo 41 y los recursos después de la independencia, podemos decir que durante el siglo XIX ocurrió una atenuación de la desigualdad. Desafortunadamente no nos resulta posible reconstruir un indicador Gini que nos permita confrontar la desigualdad entre momentos como los años 1791 y 1876. En ambos hubo censos de la población, pero recogieron información tan distinta que resulta difícil compararla en términos que nos permitan evaluar la desigualdad cuantitativamente. El censo de 1791 clasificó a la población básicamente según razas y territorios de residencia; el de 1876 añadió a esta información, las ocupaciones y el grado de competencia en la lectura y escritura (alfabetismo). Si el registro de la «raza» indicaba calidad de vida, lo que hasta cierto punto era cierto, entonces podríamos decir que, durante ese lapso de 85 años, la desigualdad no había variado sustancialmente. La pequeña variación habría sido en todo caso positiva (es decir, una reducción de la desigualdad), puesto que, a ojos de los empadronadores de la población, había un poco más de mestizos y de blancos (la hipótesis es que un indio acomodado pasaba por mestizo y que un mestizo rico pasaba por blanco). Algunos datos de la investigación histórica nos permiten confrontar los dife- rentes niveles de salarios recibidos en el Perú del siglo XVIII. Una referencia con la que contamos respecto al nivel de renta necesaria para la subsistencia a fines del siglo XVII es que una monja necesitaba para vivir «dignamente» una renta mínima anual de 200 pesos (Espinoza, 2012), situación que no debe haber cambiado mucho en el siguiente siglo, dada la estabilidad de precios que en general caracterizó a la economía colonial10. Según Bruno Seminario, el PIB per cápita en el Perú a fines del siglo XVIII osciló en torno a los 38 pesos11. Entre la vida «digna» de una monja de convento y un peón del campo existió, evidentemente, una brecha muy amplia, pero que igual nos iluminan acerca del significado que tenían las cifras salariales que ofrecemos a continuación. 3.1. Salarios del campo y de la ciudad a fines del siglo XVIII en el Perú Salarios del campo En  los trapiches y haciendas de Lima, el negro esclavo no recibía dinero alguno por su trabajo, pero había jornaleros libres y usualmente eran ellos los que traba- jaban en las chacras arrendadas. Los negros podían ser alquilados, dado que había negros especializados en determinados menesteres, como artesanos. Los  esclavos que se alquilaban fuera de sus casas recibían un jornal que se pagaba regularmente 10 Durante la época colonial la moneda eran discos de plata; por ello la estabilidad en el precio de este metal se trasladó a una marcada estabilidad en los precios del mercado. 11 Seminario, Bruno, 2012. «Las cuentas nacionales del Perú, 1700-2011» [manuscrito], p. 59. La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú 42 por semanas y tomaban las características de siervos o aquellos que no eran manteni- dos: unos 6 reales diarios (8 reales hicieron un peso hasta 1863, cuando se adoptó el sistema decimal y los pesos de 8 reales fueron reemplazados por los soles de 10 reales o 10 dineros). Los dueños sacaban un interés mensual de más del 5%, dado que valorizaban al esclavo en 400 pesos (Hunefeldt, 1987). En el Pleito de Labradores, de 1780, se consignó el jornal de varios trabajadores de las chacras y haciendas de Lima. Mientras que el salario de un capellán variaba entre 84 y 217 pesos, un médico podía recibir entre 196 y 1000 pesos, según la cantidad de personas que atendiese. Por ejemplo, en la chacra Cacahuasi se declaró, por las curaciones de negros, 40 reales. Un licenciado, que tan solo aparece ocasional- mente, podía recibir 720 pesos, como se consigna en la chacra Buena Vista y Villena en Pachacámac. Estos profesionales debieron ser españoles y posiblemente recibieran un trato especial. En cuanto al mayordomo, que era un administrador, su sueldo oscilaba entre 300 y 400 pesos mensuales. En la hacienda de la Condesa de Vista Florida, en Magdalena, y la de Macas de Francisco Moreno, en Carabayllo, los caporales ganaban 1 peso por semana, mien- tras que los guardianes de río consignados en Magdalena, Surco, Ate, Pachacámac, Lurigancho y Huachipa recibían una paga de 4 a 5 pesos por semana. Un jornalero del campo en 1780 recibía 2 reales y podía llegar a 5 reales en el caso de ser un trabajo eventual. En muchas haciendas no se especifica el salario individual sino que se establece el monto pagado por la cantidad de trabajadores. Por ejemplo, en la chacra de Puente y en la de Cacahuasi y el Platanar, anexa a la primera, se menciona que se pagaron 4800 pesos en jornales a 50 negros, más alimentación, que se calcula en 1 real dia- rio, es decir, 45 pesos y 5 reales al año, por negro (Vegas de Cáceres, 1996, p. 141). Por salario al artesano como al carpintero en la chacra El Cerro y Zambrano y en el trapiche La  Molina pagaron 200  pesos sin especificar concepto ni por cuánto tiempo12. Entre los salarios más altos (720 pesos anuales) y más bajos (40 pesos anua- les aproximadamente) existía una brecha de dieciocho veces. Jornaleros indígenas El jornal de los trabajadores indígenas que laboraban en las minas, obrajes y hacien- das variaba de una región a otra de acuerdo con las tareas y a la coerción ejercida para la realización de su trabajo. Según el Arancel de los Jornales del Perú del Duque de la Palata, citado por Macera (1972) y Golte (1980, p. 66), del año 1689, el virreinato 12 Esta información ha sido recogida del Pleito de Labradores de Lima trabajado por Ileana Vegas de Cáceres (1996). Los orígenes históricos de la desigualdad en el Perú / Carlos Contreras y Cristina Mazzeo 43 se subdividía en tres zonas según los salarios. Según dicha fuente, el salario más alto era de 4 reales y se pagaba únicamente en las provincias cercanas a Lima, así como en Angares y en Jauja. En la costa sur, entre Ica y Arica, se pagaban 3 reales, al igual que en Santa y Piura. En la costa norte: Lucanas, Parinacochas y Condesuyos, así como en las provincias serranas al sur de Sicasica era de 2 reales y en las demás provincias era de 1 real (Golte, 1980, p. 67). A esto habría que añadirle la alimentación diaria, que más o menos se calculaba en 1 real. En cuanto al jornal en las minas e ingenios, Golte supone que debía ser el mismo en todo el virreinato, considerando 4  reales diarios en socavones y 3.5  reales en los trapiches y haciendas de beneficio. Sin embargo, en Huantajaya y en Arequipa podía llegar a 1 peso diario, aunque este salario debe considerarse como el máximo. La retribución era por tiempo de trabajo o a destajo. Los salarios se pagaban solo par- cialmente porque una parte era en especies como la coca y el maíz. La remuneración de la mano de obra era un 50% del valor bruto de la producción. Golte consigna un total de 8875 operarios de minas que constituían un 6% de los 139 511 tributarios del año 1789 (1980, p. 61). El salario anual en los obrajes variaba de acuerdo a la región y a la tarea. La varia- ción iba desde 56 pesos hasta los 24 pesos y 2 reales, a lo cual habría que sumarle una ración semanal de 6 libras de pescado, sal, ají o la entrega de 1 real extra para la alimentación diaria. El arriero ganaba como los otros jornaleros y se suponía que todos ganaban lo mismo, pero en la práctica los mitayos recibían menos jornal que los trabajadores libres y gran parte de la población campesina no recibía salario alguno sino el derecho de usufructuar una parcela de tierra para su mantenimiento. El  salario de un funcionario del Estado, por ejemplo, el corregidor de indios en Tarma, podía ganar, en el año 1769, 1562 pesos. Los más altos en dicha fecha fueron el de Jauja, 2187 pesos, y el de Huancavelica, 8700 pesos. Sin embargo, en el resto de los corregimientos se mantuvo entre 1200 y 1500 pesos y no hubo gran variación entre los años 1776 y 1780, prácticamente se mantuvieron los mismos salarios (Moreno, 1977). Esto significa que el corregidor podía llegar a percibir 27 veces el valor del salario de un indígena que trabajaba en un obraje. Tanto el minero como el indígena estaban lejos de obtener los 200  pesos anuales necesarios para vivir «dignamente». Aproximadamente, y sumado el salario en especies, percibían entre un 30% de esa cifra, en el caso de los trabajadores rurales, y un 70%, en el caso de los operarios de minas. Aunque en este último caso cabría hacer la con- sideración de que los precios en las plazas mineras eran más altos. Sin  embargo, una monja tenía un perfil de consumo harto distinto al de una familia trabajadora. La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú 44 Básicamente debía mantenerse solo a sí misma y, quizás, a una criada, mientras que un trabajador tenía otras obligaciones, por lo que la distancia de su nivel de consumo con el de una monja «digna» en la ciudad debió ser todavía mayor. Jornaleros de la ciudad En  1778 un sombrerero francés contrató los servicios de dos indios por cinco años. Uno de ellos, que tenía experiencia, recibió como pago 8 pesos al mes los tres primeros y 12 reales mensuales los dos últimos años, mientras que el segundo reci- bió 4 pesos al mes el primer año y 6 pesos al mes el segundo año y luego 8 pesos. Un jornal que solo le alcanzaba para sus gastos más urgentes (Quiroz, 2008, p. 192). El jornal estaba, entonces, en relación con la experiencia y capacidad en su labor. Los  jornaleros libres y esclavos andaban con sus herramientas en búsqueda de trabajo. Se ubicaban, en la mañana, en las puertas de talleres o en las esquinas a la espera de que los maestros los llamasen para trabajar. Entre 1781 y 1783, el mayor productor de sombreros en Lima, Juan Dubois tenía siete esclavos recibían el mismo trato que los jornaleros libres. Una tarea diaria que a los libres se les remuneraba 13 reales y por media tarea adicional se les pagaba 5 reales. En la fábrica de tabacos se pagaba 6 reales por la labranza de una mano de papel, que contiene cinco cua- dernillos, y 1 real por cada uno de los que labraban de más (Quiroz, 2008, p. 194). Una referencia importante es la que aporta Bruno Seminario, quien halló el ratio entre el salario y el ingreso mínimo de subsistencia. De acuerdo a su investigación, un funcionario de la alta burocracia habría ganado dieciséis veces el PBI per cápita; los trabajadores del obraje 2,6 veces el salario de subsistencia y el ingreso más bajo correspondería a un indígena jornalero en Arequipa, que ascendía a 1,1% el PIB per cápita de subsistencia, aunque, agrega, pudo haber ocurrido que el indígena tra- bajase su propia parcela de tierra, con lo cual el jornal sería un ingreso adicional13. La metodología aplicada en otros lugares consiste en confrontar la evolución de los precios de la tierra y del salario agrícola con el fin de recoger las ganancias de la clase propietaria del suelo y de los trabajadores. Se tuvo dificultad en este caso porque las transacciones de tierras que se pueden encontrar en las notarías no registran la extensión de los lotes transados, al menos hasta inicios del siglo XX. De otro lado, la mano de obra era pagada por mecanismos principalmente no monetarios; casi nunca se hacían contratos escritos sobre prestaciones de trabajo. La información de los salarios pagados por el Estado podría echar, no obstante, alguna luz sobre este elemento. 13 Seminario, Bruno, 2012. «Las cuentas nacionales del Perú, 1700-2011» [manuscrito], p. 52. Los orígenes históricos de la desigualdad en el Perú / Carlos Contreras y Cristina Mazzeo 45 A finales del período colonial, un alto funcionario, como podría ser el tesorero de la Casa de la Moneda, cobraba 4200 pesos anuales (Moreira & Paz Soldán, 1995, p. 83). Un funcionario medio, como un escribano, cobraba 600 pesos. Un portero cobraba solamente 150  pesos. Esta brecha de, aproximadamente, 30 veces entre los salarios más altos y más bajos, ¿se mantuvo a lo largo del período bajo análisis? Tras la independencia, un fiscal de la Corte Suprema ganaba 6000 pesos, al igual que un prefecto de los departamentos de Arequipa, La Libertad o Lima. Hacia los años 1837 y 1849, un fiscal percibía 4800 pesos por año; en cambio el pago a los porteros aumentó, entre 1820 y 1826, a 300 pesos, importe que se mantuvo igual en 1837 y 184914. 3.2. Salarios a mediados del siglo XIX Para 1848 un ministro de Estado ganaba 7000  pesos anuales, un contador del Tribunal Mayor de Cuentas, 3000 pesos, mientras que un portero siguió ganando 300 pesos. La estructura de las diferencias salariales se habría reducido levemente dentro del Estado a partir de la independencia, al mejorar los sueldos de los emplea- dos de menor jerarquía. Esta mejora podría estar expresando un aumento de las posibilidades económicas del sector de menores ingresos en el país, como los indíge- nas y mestizos. Para 1889 el salario de un ministro de Estado había caído hasta los 4800 soles; un general de División del Ejército alcanzaba los 3120, un capitán, 960 soles; un