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dc.contributor.authorGarcía Chávarri, Abrahames_ES
dc.date.accessioned2014-10-17T18:27:12Z
dc.date.available2014-10-17T18:27:12Z
dc.date.issued2008es_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/39771es_ES
dc.description60 p.es_ES
dc.description.abstractTema importante para el Derecho Constitucional es el de la determinación de la responsabilidad de los altos funcionarios por parte del Congreso. El modelo peruano de determinación de responsabilidad contemplaba, además de la comisión de delitos en el ejercicio de las funciones, una causal más amplia e indeterminada. La infracción de la Constitución estuvo presente desde el texto de 1823 hasta la actualidad, pero -salvo la Ley de 17 de junio de 1834, de corta vigencia y ninguna aplicación- sin alcances siquiera delimitados. Sin embargo, con la aprobación de la Carta de 1993, diferentes autores encontraron en ella la introducción de elementos propios de la figura del juicio político en nuestro tradicional modelo de antejuicio. Un claro ejemplo de lo anotado es el establecimiento de las sanciones de destitución e inhabilitación política por parte del Congreso, al margen de que la judicatura ordinaria haya determinado la responsabilidad penal del alto funcionario acusado constitucionalmente. Esta percepción se vio fortalecida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, en la que el juicio político quedaba previsto para las infracciones de la Constitución y por consideraciones de índole política, mientras que el antejuicio se reservaba para los delitos cometidos en el ejercicio del cargo y bajo consideraciones, en principio, jurídicas. Sin embargo, dentro de los parámetros de un Estado Constitucional (supremacía y vigencia de la Constitución, control y limitación del poder, tutela de los derechos fundamentales), las previsiones establecidas por el Tribunal Constitucional peruano pueden resultar insuficientes. Por lo tanto, es necesario asegurar una serie de elementos que no se agotan en el cumplimiento de un procedimiento sino que deben tener como preocupación central el respeto de los distintos derechos fundamentales y, en particular, del derecho a un debido proceso en cada una de las diferentes etapas del desarrollo de una acusación constitucional.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perú, Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídicaes_ES
dc.relation.ispartofseriesCuaderno de Trabajo del CICAJ;N°9es_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perúes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/es_ES
dc.sourcePontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - PUCPes_ES
dc.subjectDerecho Constitucionales_ES
dc.subjectJuicio político y antejuicioes_ES
dc.subjectImpeachmentes_ES
dc.subjectTribunal Constitucionales_ES
dc.subjectInformación públicaes_ES
dc.titleAcusación Constitucional, Juicio Político y Antejuicio desarrollo teórico y tratamiento jurisprudenciales_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaperes_ES


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